Si se tratara de la cifra menor, en lo que va del actual sexenio los narcotraficantes habrían lavado con éxito 306 mil millones de pesos; pero si se tratara del cálculo máximo, estaríamos hablando de 1 billón 989 mil millones de pesos.

Si tomamos en cuenta que los cálculos de las autoridades suelen ser conservadores, no es exagerada la posibilidad de que los cárteles hayan lavado casi 2 billones de pesos en 3 años. Más, en un contexto de absoluta impunidad para este ilícito.

Ejemplo de ello son los resultados en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita que presenta el Tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto: frente a los miles de millones de pesos lavados por los narcotraficantes, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo logró asegurar 966.9 millones de pesos.

Según el documento, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada consiguió el aseguramiento en efectivo de 24.2 millones de pesos y 20.6 millones de dólares estadunidenses (unos 350 millones de pesos); y en cuentas bancarias se aseguraron 185.2 millones de pesos y 114.4 mil dólares estadunidenses (1 millón 944 mil pesos). Y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda decomisó otros 167.6 millones de pesos más 14 millones de dólares (238 millones de pesos), entre septiembre de 2014 y julio de 2015.

Además, indica, se iniciaron 202 averiguaciones previas; se despacharon 135 averiguaciones; se consignaron 56; se declararon 17 incompetencias; se declaró el no ejercicio de la acción penal en 24 casos; la reserva en otros 16; se acumularon 21; se libraron 35 órdenes de aprehensión; se iniciaron 15 procesos penales; se ejercitó acción penal contra 189 personas; se dictaron 14 sentencias condenatorias; se detuvieron a 15 personas y se desarticuló, según la información oficial, a una organización delictiva.

Los golpes a las finanzas de los cárteles, como se puede observar, son mínimos. Muestra de ello es también la actividad de la Unidad de Inteligencia Financiera –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público–: del 11 de octubre de 2012 al 14 de mayo de 2015, ésta presentó 202 denuncias ante la PGR por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De éstas, refiere Hacienda en la respuesta a la solicitud ciudadana 0000600216115, 190 derivaron en averiguaciones previas; sólo 11 casos fueron consignados y en uno se determinó el no ejercicio de la acción penal.

Otra muestra del mediocre combate al lavado es el número –a nivel federal– de averiguaciones previas abiertas por la PGR de diciembre de 2012 a diciembre de 2014: 895 (respuesta a la solicitud ciudadana 0001700059515).

Al retratar la realidad de este delito, el informe National money laundering risk assessment 2015 es contundente: en el caso de la cocaína, estima que los proveedores mexicanos ganan cerca de 14 centavos por cada dólar que gastan los compradores al por menor en Estados Unidos.

Para el Departamento del Tesoro, el narcotráfico es un negocio que genera unos 64 mil millones de dólares anuales (1 billón 88 mil millones de pesos) por ventas en Estados Unidos, mercado del que México es la principal fuente de suministro.

Pero ésta no es la única fuente de recursos, reconoce: “La actividad criminal asociada a estos grupos incluye el tráfico de indocumentados, el narcotráfico, la extorsión, el fraude financiero, el juego ilegal, el secuestro, la usura, la prostitución, el crimen organizado y el lavado de dinero. Algunos grupos se involucran en delitos de cuello blanco y las actividades ilegales se mezclan con comercios legítimos”.

Según el análisis del Departamento del Tesoro, de cada dólar gastado en drogas ilegales la mayor porción se queda en los peldaños más bajos de los distribuidores y vendedores ambulantes.

Aunque señala que es difícil estimar con precisión la cantidad de dinero que los cárteles mexicanos ganan por el tráfico de drogas, “las estimaciones van desde un mínimo de 6 mil millones a un máximo de 39 mil millones de dólares. La gran disparidad se debe a la variación de los modelos de estimación y los diferentes supuestos sobre el consumo, la pureza y el precio de la droga”.

El informe señala que el dinero ganado por los distribuidores minoristas, por lo general, se mantiene como efectivo. “Un narcotraficante que intenta utilizar más de 10 mil dólares en efectivo [en Estados Unidos] en una transacción con un comerciante puede tratar de hacer pagos más pequeños (denominados estructuración), en un intento de evitar informar de la transacción al Financial Crimes Enforcement Network y [declarar] el impuesto sobre la renta. Alternativamente, el narcotraficante puede buscar a un comerciante cómplice que acepte el dinero en efectivo y se comprometa a no reportar la transacción. Ha habido una serie de casos de comerciantes cómplices que trabajan con los narcotraficantes para lavar dinero en efectivo”.

Agrega que mientras las ganancias de la droga comienzan y permanecen como dinero en efectivo, las del fraude rara vez comienzan así, pero pueden terminar siéndolo después de que han sido lavadas o durante la etapa de estratificación, como parte del esfuerzo para romper la pista de auditoría.

“En cada etapa de la cadena de suministro del narcotráfico, desde Suramérica hasta México, desde México hasta Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos, las compras de drogas ilícitas se pagan en efectivo.”

El informe del Departamento del Tesoro considera que el contrabando de dinero a granel es el principal método que los cárteles mexicanos utilizan para mover fondos ilícitos a través de la frontera Suroeste en México. Indica que las ganancias de la droga que se adeudan a un cártel en particular entran al país a través del área geográfica que éste controla.

“Arizona, por ejemplo, limita con Sonora, donde el Cártel de Sinaloa es dominante. Así, Arizona sirve como punto de consolidación de las ganancias de la droga que van al Cártel de Sinaloa.”

Finalmente, el Departamento del Tesoro describe parte de la ruta del dinero que se destina a pagar cargamentos de droga a los cárteles mexicanos: se canaliza a partir de células de distribución en Estados Unidos a las ciudades y pueblos a lo largo de la frontera Suroeste, y desde allí se introduce de contrabando a México.

Fuente
Contralínea (México)