En PGR, 52 averiguaciones contra casinos

Primera parte : «Casinos, negocios multimillonarios bajo la sombra y la sospecha»

De enero de 2013 a febrero de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) ha abierto 52 averiguaciones previas en contra de empresarios, gerentes, administradores, encargados y/o agentes de centros de apuestas y salas de sorteos, refiere a Contralínea la institución.

En respuesta a la solicitud de información 0001700079515, la PGR detalla que el delito perseguido en todos los casos fue el de operar en forma ilegal, previsto en la fracción I del artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, mismo que establece como sanción una multa de 500 a 10 mil pesos y prisión de 3 meses a 3 años.

Los datos oficiales indican que sólo siete de las 52 averiguaciones fueron consignadas ante la autoridad judicial. La respuesta de la PGR añade que en el sexenio de Felipe Calderón –cuando se otorgó la mayoría de los permisos para operar casinos– se abrieron apenas 49 averiguaciones previas, todas por operar fuera de la ley, de las cuales únicamente siete fueron consignadas.

De los datos oficiales se desprende que, de 2007 a 2015, ninguna averiguación ha sido por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, a pesar de que el sector es considerado altamente vulnerable a ese delito.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los casinos son susceptibles al lavado de dinero y a otros delitos financieros por el gran volumen de efectivo que reciben. Por ello, en ese país son considerados como instituciones financieras no bancarias con necesidad de desarrollar programas antilavado.

En México, actualmente 32 empresas cuentan con autorizaciones vigentes para 1 mil 38 salas de sorteos de números y centros de apuestas remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operación.

Como lo informó Contralínea en la primera parte de este trabajo (edición 466), 23 de esas empresas permisionarias obtuvieron ingresos por 16.2 mil millones de pesos tan sólo en 2014. Del resto se desconoce la ganancia, pues las nueve compañías omitieron informar sus ingresos anuales en sus estados financieros presentados a la Secretaría de Gobernación (Segob).

En términos individuales, el casino que más ganancias obtuvo en ese ejercicio fue Comercial de Juegos de la Frontera, SA de CV (4 mil 300 millones de pesos), de los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, señalados desde 2012 por las autoridades federales de estar supuestamente vinculados al robo de combustibles y al lavado de dinero para el Cártel del Golfo.

Para el doctor Carlos Flores, experto en el estudio del crimen organizado, el surgimiento masivo de industrias de juego y de casinos está directamente vinculado con intereses de delincuencia organizada, tal como se revela en diversos hechos internacionales.

“Fue el caso de Las Vegas, en su momento, y ha sido el caso de paraísos fiscales donde se puede lavar [dinero] de manera significativa, como Montecarlo, en Europa”, afirma en entrevista.

Refiere que en el caso mexicano persiste incluso otra irregularidad: la vinculación de los casineros con actores del poder que tienen intereses en ese tipo de establecimientos. Cita el caso de Abelardo Rodríguez, ligado a Miguel Alemán y a cuestiones de delincuencia organizada, que utilizaba el hipódromo de Agua Caliente para blanquear dinero.

Fuentes de servicios de inteligencia internacionales señalan que, actualmente, en México hay problemas importantes de vinculación de intereses delictivos con casinos por una estrategia de lavado de dinero, indica el investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas).

No obstante, en el país la aplicación de la ley antilavado para el caso de los centros de apuestas y salas de sorteos de números es muy laxa, tal como lo confirma el número de las averiguaciones abiertas y consignadas por la PGR, que para este ilícito en específico es cero.

Incluso, la propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) –dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– carece de investigaciones al respecto.

Al menos así lo informa en respuesta a la solicitud 0000600039315, hecha por Contralínea. En ésta, indica que sus facultades se restringen a analizar los avisos que presentan los sujetos obligados (quienes realizan actividades vulnerables, entre ellos los casinos), y a presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de la Federación sobre actos u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Advierte que “en la base de datos donde se registran las denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera formula ante la Procuraduría General de la República no existe columna o apartado para identificar cuántas denuncias se han presentado sobre posibles delitos financieros cometidos en casinos”.

Por ello, dice, no se encuentra en posibilidades de proporcionar información detallada por tipo de actividad. No obstante, refiere que del 1 de enero de 2007 al 31 de enero de 2015, la UIF ha formulado 406 denuncias ante la PGR.

En el informe Estadísticas de recepción y denuncias, presentado recientemente por la propia UIF, se indica que de enero a septiembre de 2015 se presentaron 72 denuncias, aunque tampoco da detalles del tipo de actividad que las originó.

En entrevista con Contralínea, Alberto Elías Beltrán –director de la Unidad de Implementación de Controles de Lavado de Dinero de la SHCP– menciona el registro de los casinos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como uno de los principales avances en torno a la fiscalización del sector de apuestas para el tema de lavado.

“En términos de la ley, la fracción primera del artículo 17 señala el tema de permisionarios para juegos con apuestas y dice que la obligación recae en los permisionarios. En ese sentido, están dados de alta [ante el SAT] todos los que cuentan con permisos por parte de la Secretaría de Gobernación.”

Agrega que además se han realizado visitas de verificación de cumplimiento a los establecimientos de diversos permisionarios y también de algunos operadores, que es una figura contemplada en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su ordenamiento.

Aunque la obligación recae en el permisionario para la presentación de avisos, detalla Elías Beltrán, la facultad para el ejercicio del cumplimiento de la ley también permite hacer esas visitas en el sitio donde se realiza o se practica esa actividad vulnerable, que recae no nada más en el permisionario sino también en los operadores.

“Los resultados de las visitas de verificación que realiza el SAT han sido que se está cumpliendo con las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley, con las principales obligaciones que son identificar al cliente-usuario y presentar avisos a través del portal que administra el SAT.”

De acuerdo con la circular de la SHCP sobre la “Actividad vulnerable: juegos con apuestas, concursos o sorteos”, a partir del 1 de septiembre de 2013, se deben de integrar los expedientes de identificación de clientes o usuarios cuando se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior o equivalente a 325 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal (22 mil 782.5 pesos).

Además, se debe avisar a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT, cuando el monto del acto u operación, es decir, de la apuesta, sea igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo vigente (45 mil 214.5 pesos).

Nuevas autorizaciones

A pesar de sus vulnerabilidades al lavado de dinero y otros delitos financieros, en lo que va del actual sexenio, la Secretaría de Gobernación –que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong– ha otorgado autorizaciones para el establecimiento de 55 nuevos centros de apuestas y salas de sorteos de números.

Treinta y ocho de esos establecimientos corresponden a los tres nuevos permisos que autorizan a igual número de empresas a entrar al mercado del juego. Los otros 17 centros de apuestas remotas y salas de sorteos favorecen a tres permisionarios ya existentes.

El primer permiso (DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014) se otorgó a la trasnacional Sabia Corporation, SA de CV, el 16 de enero de 2014. Esta empresa tiene entre sus accionistas al canadiense Stephane Vachon y a la mexicana Ligia Garza.

La autorización para operar un centro de apuestas remotas con sala de sorteo de números durante 10 años se dio tras dictaminarse una orden judicial por parte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (juicio DA-278/2011).

Radicada en Panamá, esta empresa es propietaria de la marca DEK, con presencia en Estados Unidos, Europa y Suramérica. En México opera el casino Fantastic, ubicado en León, Guanajuato. Su apoderado legal es Gustavo Barclay Larrabure.

En 2014, Sabia Corporation reportó ingresos totales por 6 millones 590 mil 184 pesos, mientras que fijó sus impuestos en cero pesos.

La segunda autorización otorgada fue para la empresa Operadora de Coincidencias Numéricas, SA de CV. Ésta se identificó con el folio DGJS/DGAJ/DEV/P-02/2014 y se emitió el 28 de octubre de 2014. El permiso amparó la operación de 30 centros de apuestas y tuvo una vigencia de 1 año.

El tercer permiso fue para Pur Umazal Tov, SA de CV. Se trata del DGJS/DGAFJ/DCRCA/P-03/2014, otorgado el 24 de noviembre de 2014 y con vigencia de 10 años. Según el periódico El Universal, sus socios principales serían Antonio Hawa Mahuaat y los hermanos Moisés y Jacobo Semaría Capuamo, quienes perdieron el permiso de su anterior empresa Megasport.

Por este caso, la titular de la Dirección General de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas, fue citada a comparecer a la Cámara de Diputados e incluso, a fines de 2014, dio una conferencia de prensa en la que aseguró que el permiso era legal. Dicho permiso ampara la operación de siete centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números que anteriormente pertenecían a Megasport: Capri, en Tlalnepantla, Estado de México; y los Winpot en Mérida, Yucatán; Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Puebla, Puebla; Solidaridad, Quintana Roo; y Tula, Hidalgo.

Como apoderados de la empresa aparecen Graciela Lea Cohn de Pogarelsky, Carlos Alberto Pelayo Padilla, Jorge Luis Suárez Valencia, Anuar Haua Maauad, Yesenia Rubio Cortez, Tufi Haua Maauad, Ethel Carballo Manjarrez y Santiago Basulto Hernández.

Además de estos tres permisos, la Segob autorizó la instalación de otros 17 centros de apuestas. De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400129215, 10 corresponden a Promociones e Inversiones de Guerrero, SAPI de CV; cinco a Divertimex, SA de CV; y dos a Juegos y Sorteos de Jalisco, SA de CV.

El permiso de Promociones e Inversiones de Guerrero data del 24 de agosto de 1993 y ampara a 37 casinos. Las autorizaciones otorgadas para los 10 nuevos centros de apuestas se otorgaron en 2015 (los establecimientos se ubicarán en Hermosillo y Navojoa, Sonora; Guadalajara, Jalisco; Ciudad del Carmen y San Francisco, Campeche; Mérida, Yucatán; La Paz, Baja California Sur; Ciudad Juárez, Chihuahua; San Francisco del Rincón, Guanajuato; y Colima, Colima).
Ver/ocultar tabla sobre casinos

Divertimex obtuvo su permiso el 30 de octubre de 1991 y cuenta con 12 casinos. Los permisos para los cinco nuevos se otorgaron entre octubre de 2014 y marzo de 2015 (estos se ubicarán en Playas de Rosarito, Baja California; Agua Prieta, Sonora; Los Mochis, Salvador Alvarado y Mazatlán, Sinaloa).

En el caso de Juegos y Sorteos de Jalisco, esta empresa obtuvo su permiso el 29 de noviembre de 2012 para operar 35 casinos, de los cuales sólo tiene en operación ocho. Las nuevas autorizaciones para operar dos casinos se otorgaron en octubre y diciembre de 2014 (su localización será en Matehuala, San Luis Potosí; y Chetumal, Quintana Roo).

El doctor Carlos Flores indica que uno de los mecanismos más fáciles para integrar capital ilícito en la economía formal es justamente el de casinos. El dinero sucio se justifica como ganancias obtenidas en esos espacios.

Agrega que es desconcertante que, aunque esto es sabido tanto por académicos como por la propia autoridad, no existe una supervisión significativa y directa del proceder de las casas de apuestas.

Ello a pesar de que en México, cada año, los cárteles del narcotráfico logran legalizar entre 6 mil millones y 39 mil millones de dólares (es decir, entre 102 mil millones y 663 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 17 pesos por dólar), se desprende del informe National money laundering risk assessment 2015, elaborado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El investigador del Ciesas indica que la Ley Antilavado ha sido insuficiente para enfrentar este ilícito, pues no ha tenido un impacto real. En el caso de los casinos, indica que no son lo suficientemente supervisados: los límites de juego con dinero en efectivo que debieran ser controlados no lo están. “Eso es una ventana abierta para los recursos ilícitos”.

Para el doctor Carlos Flores, el problema de delincuencia organizada y de las operaciones con recursos de procedencia ilícita que enfrenta el país tienen raíces profundas y redes más amplias, más soterradas, que lo que usualmente se presenta en el discurso oficial, donde pareciera que son sólo actores poco creativos y nada más.

“Esta maquinaria se aceita con recursos que no solamente se obtienen para esconderlos debajo del colchón, se reintegran a la economía formal, y para esto no hay otra forma de hacerlo que contar con el contubernio de actores gubernamentales significativos, que en vez de supervisar y regular las funciones de acuerdo con lo que establece la ley, mantienen esos espacios de vacío porque se benefician indirectamente de ello.”

El investigador agrega que, pese al riesgo de corrupción, no hay suficiente investigación sobre el patrimonio de los funcionarios que se encargan de supervisar los casinos. “Esto se debería atender para saber si [la ineficiencia] obedece realmente a una cuestión de falta de preparación, de falta de pericia para llevar a cabo las investigaciones o si se está protegiendo a la delincuencia organizada a partir de la inacción del Estado en esta materia”.

Finalmente, indica que la estrategia contra la delincuencia organizada se ha enfocado sólo en los aspectos operativos. La empresa criminal, advierte, implica una red que tiene una diferenciación de funciones y solamente se han focalizado a los sectores que se regeneran con más facilidad; en una lógica de condiciones socioeconómicas, son los actores que vienen de una circunstancia más vulnerable.

“A los que no son tan evidentes, quienes quizá no escuchan narcocorridos, que aprecian otro tipo de obras artísticas y que tienen otro tipo de condiciones socioeconómicas no se les toca. Y esos son los que están enquistados en las empresas mexicanas, en el sistema político y en las instituciones de seguridad y de justicia. Eso es lo que mantiene de manera permanente este conflicto sin que tenga visos de término, porque mientras se mantengan este tipo de actores, todos los demás son reciclables.”

Para la elaboración de este trabajo se solicitó, desde el 29 de octubre pasado, conocer la versión de la Secretaría de Gobernación –a través de los funcionarios Roberto Femat, Dora Angélica González y Hebert Arenas, de la Coordinación de Comunicación Social–, sin que a la fecha de cierre de edición se haya obtenido respuesta.

Segob otorgó 4 mil 100 permisos para apuestas en 2013

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013 revela que la Dirección General de Juegos y Sorteos –que depende de la Secretaría de Gobernación– otorgó 4 mil 131 permisos, de los cuales 31 fueron extendidos en ejercicios anteriores, mientras que los 4 mil 100 restantes se entregaron en el ejercicio revisado, es decir, en el primer año del actual gobierno.

La recaudación por concepto de participaciones en ese año ascendió a 846 millones 717 mil 900 pesos (ver cuadro).

En su fiscalización, la Auditoría Superior de la Federación seleccionó una muestra de 16 permisionarios a quienes les fueron otorgados 59 permisos, por 460 millones 552 mil pesos en total.

De ello se desprende que el permisionario que más pagó fue Promociones e Inversiones de Guerrero, con 89 millones 848 mil 800 pesos; le sigue Operadora Cantabria (propiedad de la española Codere), con 77 millones 618 mil 500 pesos; luego Apuestas Internacionales, con 65 millones 717 mil 900; Comercial de Juegos de la Frontera, con 61 millones 377 mil; Administradora Mexicana de Hipódromo, con 54 millones 539 mil 800; Atracciones y Emociones Vallarta, con 42 millones 566 mil 800; Hipódromo de Agua Caliente, con 41 millones 757 mil 300 pesos.

Además, Entretenimiento de México, con 561 mil 200 pesos; Enseñanza e Investigación Superior, AC, con 19 millones 547 mil 300; Tiendas Departamentales Liverpool, con 2 millones 372 mil 400; Sabritas, con 1 millón 22 mil 300; Autofinanciamiento de Automóviles Monterrey, con 581 mil 700; Folklor la Tapatía, con 1 millón 233 mil 100 pesos; Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, con 1 millón 61 mil; una persona física sin identificar, con 746 mil 600 pesos, y Sabia Corporation, con cero pesos.

Según la Auditoría, los 16 permisionarios involucraron 59 permisos. En cuanto a sus vigencias, indica que destacan plazos de 40 y 75 años, e incluso por tiempo indefinido, debido a que en el periodo en que fueron otorgados no se establecía regulación alguna al respecto.

Sólo 45 inspecciones a casinos en 2013

La Secretaría de Gobernación (Segob) realizó 3 mil 262 inspecciones relacionadas con su facultad de fiscalizar el tema de juegos y sorteos en 2013, indica el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2013.

De éstas, sólo 45 correspondieron a casinos, 53 a juegos, y 3 mil 164 a sorteos. Del análisis de la Auditoría Superior de la Federación se desprende que la Segob estableció en el Programa de Inspecciones 2013 una meta de 150 inspecciones a casinos, de las cuales sólo se efectuaron 45, el 30 por ciento; con ello se cubrió apenas el 11.9 por ciento del total de los 377 casinos que operaron en el país.

Asimismo, detalla que de las 53 inspecciones realizadas a juegos, entre los que se encuentran las peleas de gallos, las carreras de caballos y las ferias, se constató que superaron en 8.8 veces las seis inspecciones incluidas en dicho programa.

El Informe señala que ninguna de las 3 mil 164 inspecciones efectuadas a sorteos estaba programada, ya que son solicitadas en el momento de su celebración y existe la obligación de que un inspector de la Secretaría certifique el evento.