México ejecuta extrajudicialmente

El Estado mexicano asesina a quienes ejercen su derecho a la protesta o disienten de las políticas llevadas a cabo por funcionarios de los tres órdenes de gobierno. Además, garantiza impunidad para los perpetradores. Son las conclusiones a las que, por separado, llegan organizaciones defensoras de derechos humanos mexicanas, pero también internacionales y hasta dependencias de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La privación arbitraria de la vida y la impunidad siguen siendo problemas graves de México”, apunta el relator especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns.

En el Informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del seguimiento a su misión en México se asienta que el Estado mexicano no pudo cumplir a cabalidad siquiera una de las recomendaciones que el organismo internacional realizó luego de su anterior visita hace 2 años. Lo más que hizo el gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, fue a aplicar “parcialmente” algunas de ellas.

“Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando la vida, en particular, de las personas vulnerables. Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces”, concluye el documento.

Fechado en mayo pasado y con número de oficio A/HRC/32/39/Add.2, el informe se dio a conocer apenas un par de días antes de que en Nochixtlán, Oaxaca, la Policía Federal intentara disolver una protesta con el uso de armas de fuego. El saldo, hasta el momento es de 10 manifestantes asesinados, aunque el número podría incrementarse en los próximos días debido a que algunos manifestantes se encuentran postrados y en estado grave tanto en hospitales públicos como en comunidades de la sierra mixteca.

El documento se emite 2 años después de que el relator visitara México para atestiguar la situación de vulnerabilidad de grupos e individuos ante las ejecuciones extrajudiciales que, desde el sexenio de Felipe Calderón, se venían cometiendo en el país. En aquella ocasión, el relator estuvo en México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013. A más de 25 meses, el Estado mexicano no pudo presentar avances sustanciales en la aplicación de las recomendaciones para revertir el problema.

Lo que el relator observó durante su visita a México fue que “el derecho a la vida estaba en grave peligro en el país como resultado de diversos factores, entre ellos las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico, la militarización de la policía, la falta de disposición o de capacidad de la policía y los fiscales para iniciar investigaciones, la desconfianza de la ciudadanía hacia el Poder Judicial y la falta de rendición de cuentas por violaciones cometidas”.

Gabriela Carreón Lee, colaboradora del área de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), coincide en que “no hay un avance real en esta materia”. Y para remarcar la importancia del problema, recuerda que, al hablarse de ejecuciones arbitrarias, es que están involucrados actores estatales: el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Policía Federal, principalmente.

No ha sido el único informe reciente en el que el Estado mexicano es señalado directamente como violador de derechos humanos. La Open Society Initiative hizo público un estudio, el cual, desde su título, describe el terror que se vive en México y las responsabilidades de las autoridades: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.

Luego de documentar cientos de casos de violaciones graves a los derechos humanos en más de 160 páginas, el informe concluye: “A más de 9 años de que el gobierno federal lanzara su estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, la crisis de asesinatos, desapariciones y tortura continúa, alimentada tanto por el crimen organizado como por la respuesta de mano dura por parte del Estado mexicano”.

Agrega: “Existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad en México”.

El demoledor informe apunta a las responsabilidades servidores públicos: “La crisis de impunidad en México es el resultado de una falta de liderazgo político. Los altos funcionarios del gobierno han negado y minimizado las dimensiones de la crisis, han acusado sin fundamento a víctimas del crimen y han buscado desacreditar tanto a las organizaciones de la sociedad civil como a observadores internacionales que han alertado sobre los problemas”.

Esta actitud de los tres niveles de gobierno se ha traducido en, señala el informe de la Open Society Initiative, “políticas oficiales desacertadas consistentes en ocultar y falsear información respecto a las atrocidades y su responsabilización, aceptar la tortura como base para la investigación penal, detener a personas inocentes dejando libres a los verdaderos autores, oponerse a la rendición de cuentas de la milicia, militarizar a la policía con el resultado de una mayor comisión de delitos y no su resolución, no aislar los servicios forenses y la protección de testigos de la manipulación indebida, y no simplificar la burocracia, cuya complejidad ha dejado al sector justicia propenso a una mayor manipulación”.

Otros organismos, estos multilaterales y por separado, también han condenado el actuar de las autoridades mexicanas: el año pasado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), señala que, en específico, los casos de ejecuciones extrajudiciales se viene presentado desde hace varios años.

“Hay una continuidad histórica en las acciones represivas del Estado. Y hay un aprendizaje de acción: crear escenarios de estados de excepción para ir a reprimir a quienes están reclamando derechos legítimos.”

El defensor de derechos humanos señala que en la entidad federativa donde el Frayba tiene su sede, Chiapas, se han documentado 87 casos de ejecuciones extrajudiciales. En estos crímenes han participado tanto policías como militares y se han llevado a cabo en el marco del conflicto interno más fuerte que tiene el país, entre el Estado mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Señala que, por supuesto, Chiapas no es el único estado de la república con estas estadísticas. Recuerda casos como el de El Charco, en Guerrero, cuando el 8 de junio de 1998 el Ejército Mexicano presentó como un “combate” con guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente el asesinato de milicianos y pobladores desarmados. Estos casos señalan que en todo el país y desde hace varios años se cometen ejecuciones extrajudiciales.

“Y si nos vamos más atrás, pues tenemos las masacres de estudiantes en 1968 y 1971”, destaca.

Carlos Ventura, colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señala que el uso de la fuerza pública, tanto civil y militar, es recurrente y generalizado en diferentes partes de la república. Este abuso ocurre, además, en medio de una crisis de derechos humanos y de una conflictividad producto de un malestar social constante.

“Y el uso arbitrario de la fuerza ha tenido como una de sus peores expresiones las ejecuciones arbitrarias”. Lo grave es que el Estado hace uso de estos mecanismos para ejercer un “control social”, explica.

Recomendaciones de la ONU, ignoradas

Luego de su visita en 2014 y darse cuenta de la crisis que vive México en materia de derechos humanos, y específicamente en la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, el relator especial de la ONU emitió siete recomendaciones generales: “establecer un marco jurídico y de políticas para la protección del derecho a la vida; promover la rendición de cuentas por las vulneraciones de los derechos humanos pasadas y presentes; poner fin a la militarización de la seguridad pública; aplicar la jurisdicción civil en los casos de vulneraciones de los derechos humanos; adoptar normas exhaustivas sobre el uso de la fuerza por los agentes del orden; proteger los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada; y proteger el derecho a la vida de los grupos vulnerables”.

De éstas se derivan otras más de carácter específico. De todas, ninguna cumplió a cabalidad el Estado mexicano.

Una de las recomendaciones que el relator especial de la ONU emitió con más énfasis fue la desmilitarización del país. Ahora, a más de 2 años, “lamenta que no se haya avanzado en la aplicación de la recomendación”. Por el contrario, señala “una serie de trágicos acontecimientos” en las que las Fuerzas Armadas Mexicanas se han visto involucradas. Y se trata de hechos nada menos que de ejecuciones extrajudiciales. Cita el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde en junio de 2014 murieron 22 civiles. “Si bien las autoridades mexicanas declararon que todas las muertes se habían producido como parte de un ‘tiroteo’, los documentos militares revelaron que existía una orden explícita de ‘matar a criminales’. Posteriormente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que, al menos, 12 de las víctimas, y posiblemente hasta 15, fueron privadas de la vida extrajudicialmente tras ser capturadas”.

También cita el caso de Calera, Zacatecas, donde en julio de 2015 militares se vieron involucrados en la desaparición forzada y asesinato de siete personas. Y el de Santa María Ostula, Michoacán, lugar donde fue asesinado un niño de 12 años cuando militares intentaron disolver una protesta.

Al respecto, Carlos Ventura, del Centro Vitoria, señala que “el uso del Ejército en labores de seguridad pública ha generado un incremento mayor de violaciones a derechos humanos. Y que el Ejército siga en estas labores es un caso de falta de voluntad política: claro que el Poder Ejecutivo podría generar ya programas o un plan de acción para las Fuerzas Armadas se vayan retirando a los cuarteles”.

Lo que es necesario, dice Ventura, es cambiar el actual modelo de seguridad pública por uno de “seguridad ciudadana o seguridad humana basado en el respeto y garantía de la dignidad de las personas”.

Gabriela Carreón, del Centro Prodh, explica que las ejecuciones extrajudiciales que se presentan en México tienen varias modalidades: están las que se realizan en un contexto de represión, como en Nochixtlán, Oaxaca; pero también suceden en otros contextos, como cuando las víctimas están recluidas o son retenidas por actores estatales, o cuando son torturadas. Es decir, el hecho es tan generalizado que se presenta en varias situaciones.

Uso de la fuerza

Ya en su visita de 2013, el relator había expresado su “preocupación” por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden público en las manifestaciones o en las detenciones. Entonces observó que en el país “no existía un marco jurídico coherente en ese ámbito”.

Al momento de presentar el informe, no tenían lugar aún los hechos de Nochixtlán, Oaxaca, pero la ONU ya había sido informada de varios casos de uso excesivo de la fuerza en los últimos meses durante manifestaciones o reuniones. En el documento se destaca el ocurrido en julio de 2014, cuando la policía disparó contra manifestantes en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla. En esos hechos un niño había resultado muerto y seis personas habían sido heridas.

Otro caso a destacar es el de Iguala, Guerrero, cuando en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y tres personas fueron asesinadas. Son los saldos, asienta el informe, de “unas operaciones conjuntas de la policía municipal y diversos hombres armados contra 80 estudiantes”.

También, en enero de 2015 murieron 10 personas y 21 resultaron heridas durante una manifestación en Apatzingán, Michoacán. “Si bien las autoridades habían indicado que las víctimas habían muerto en un enfrentamiento entre grupos de autodefensa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que los agentes habían cometido graves violaciones a los derechos humanos y que, como resultado de ello, se habían producido cinco casos de privación de la vida y una ejecución extrajudicial”.

En este rubro “el relator especial lamenta la falta de aplicación de la recomendación y los consiguientes episodios de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales por el Ejército y la policía”.

También se constató que las autoridades mexicanas siguen manipulando las escenas de delitos. Y siguen sin conservar ni transferir adecuadamente restos mortales.

Para Gabriela Carreón se trata de todo un patrón de conducta de las autoridades posterior a las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias: “Aparecen con un comunicado de prensa diciendo que las personas que murieron eran delincuentes o que murieron en un enfrentamiento; generalmente se dice que se repelió una agresión. Entonces ya hay una estigmatización de las víctimas de ejecución”.

Y lo que sigue es una serie de falencias en el proceso de investigación: “Es común que no se recaben todas las pruebas al momento de la ejecución y todo el proceso es obstaculizado. No se investiga a los actores que participaron, ni la cadena de mando, existe la manipulación de las escenas…”

Asimismo, el Estado mexicano hizo caso omiso de la de recomendación de la ONU para que “las ejecuciones extrajudiciales y las masacres” cometidas durante el periodo de la Guerra Sucia “fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada”.

Los defensores de derechos humanos coinciden en que no basta con que México suscriba tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos para que se respete en el país la dignidad de las personas. Incluso, tampoco basta con que se aprueben leyes federales y locales sobre este tema.

México dice adoptar los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza. La ONU recomienda tajantemente que el accionamiento de armas de fuego sea el último recurso en el uso de la fuerza. Además, a nivel local se cuenta con instrumentos jurídicos, como las reforma en materia de derechos humanos de 2008 y de 2011, que buscan proteger a las personas y garantizar sus derechos.

Sin embargo, observa Carlos Ventura, “hoy hay muchos actos contrarios al espíritu de esa reforma y al de los tratados internacionales en materia de derechos humanos”. Todo porque se hace un “uso faccioso de la ley, un uso de manera arbitraria, que se amolde a los intereses de algunos grupos en el poder”.

De acuerdo con Pedro Faro, director del Frayba, los derechos humanos son para el Estado mexicano “un discurso y un eslogan; vacía de contenido el concepto. Por ello tenemos un marco normativo importante en materia de derechos humanos, pero que no corresponde con la realidad”.

El asunto de fondo en la falta de concordancia de las leyes en materia de derechos humanos con lo que pasa en la realidad es “que las autoridades mexicanas, sobre todo el Poder Ejecutivo, quiere controlar a la población”, dice Carlos Ventura.

Agrega que la situación sólo cambiará cuando la sociedad obligue a las autoridades a “cambiar el paradigma de seguridad”. Porque incluso, se pueden aprobar leyes acerca de los derechos humanos que terminan siendo contrarias a éstos.

Un ejemplo es el de la conocida como ley bala, en Puebla: una ley local para el uso de la fuerza pública que en realidad lo que auspiciaba era la habilitación de la represión.

“Por ello tenemos un gran reto también en materia conceptual para construir una legislación y una normatividad que verdaderamente controle el uso de la fuerza”, observa Ventura.

Gabriela Carreón concluye que nada justifica la violación de los derechos humanos, ni la lucha contra la delincuencia organizada: “no puede defender derechos humanos violando otros derechos humanos”.