Se calcula que en México el costo de la corrupción asciende al 4 por ciento del producto interno bruto anual: alrededor de 740 mil millones de pesos (La Jornada, “La corrupción destruye; cuesta al año 4% del PIB: Julio A Millán”, 27 de octubre de 2015).

Quizá por ello, nuestro país es considerado en el extranjero como uno de los más corruptos. Algunos ejemplos que han impactado aun más en esta imagen son los protagonizados por las trasnacionales que han incurrido en actos delictivos, como OHL, Banamex, HSBC y Walmart.

En la corrupción doméstica también hay botones de muestra: uno de ellos es el de Grupo Higa, que ha hecho parte de su fortuna gracias a sus nexos con políticos, que incluyen al propio presidente. También Oceanografía, involucrada en fraude financiero y lavado de dinero para el crimen organizado. Y el de la sociedad ICA-Alstom-Carso, que incurrió en irregularidades durante la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Ni de lejos, la lista de empresas deshonestas acaba ahí: cientos de casos de corrupción corporativa manchan las sociedades público-privadas que, se supone, salvarían a México de la crisis económica que enfrenta. Pero esto no es nuevo: recordemos los multimillonarios rescates de la banca, del sector carretero y del azucarero –actualmente en subasta–, producto de las primeras privatizaciones.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, elaborado por la organización Transparencia Internacional, México obtuvo 35 puntos en una escala de cero (muy corrupto) a 100 (poco corrupto). Por ello es insuficiente que el presidente Enrique Peña Nieto declare que es sensible ante la exigencia de la sociedad de frenar y erradicar la corrupción y la impunidad.

Ante los empresarios que debería estar investigando su gobierno, el pasado 9 de junio dijo: “Tampoco soy omiso en reconocer que hoy hay una demanda por combatir la corrupción y la impunidad.

“Y para eso, desde el inicio de mi administración, y hoy, en el gobierno, impulsamos dos pilares fundamentales: un Sistema Nacional de Transparencia, que obliga a más sujetos, a más poderes, a más entes políticos, a que tengan que rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, o de cómo dedican, o a qué dedican los recursos públicos.

“Y, por el otro lado, la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que yo espero y hago votos porque en breve el Congreso, en su periodo extraordinario, esté en aptitud de poder aprobar.”

Pero han sido su propio partido –el Revolucionario Institucional– y su aliado incondicional –Verde Ecologista de México– los que han obstaculizado estas iniciativas (ejemplo de ello es lo ocurrido con la Ley 3 de 3), por lo que no habría voluntad política real.

Y es que si en verdad existiera un compromiso para terminar con este flagelo, ya habrían acciones contundentes en contra de todos aquellos que incurren en este tipo de ilícitos, que tanto daño hacen a la sociedad. En especial, en contra de empresarios, banqueros, políticos y servidores públicos de primer nivel (en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno).

En el tema de los funcionarios corruptos, entre 2013 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) apenas abrió 1 mil 526 averiguaciones previas por 11 ilícitos previstos en el Código Penal Federal. Ni una de ellas fue por tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos extranjeros, concusión e intimidación.

Frente a la magnitud del problema, las averiguaciones sólo involucran a 3 mil 388 probables responsables consignados, revela el oficio SJAI/DGAJ/04372/2016, de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR.

La información oficial detalla que el delito “más” investigado por la Procuraduría es el de peculado, al sumar 429 averiguaciones previas abiertas en el primer trienio de Peña Nieto, con 879 probables responsables consignados.

Le siguen el ejercicio indebido del servicio público, con 338 averiguaciones y 641 consignados; abuso de autoridad, con 287 averiguaciones y 814 consignados; cohecho, con 177 averiguaciones y 280 consignados; delitos contra la administración de justicia, con 130 averiguaciones y 227 consignados; y extorsión, con 127 averiguaciones y 260 consignados.

Y los delitos menos investigados son: uso indebido de atribuciones y facultades, con 27 averiguaciones previas y 69 probables responsables consignados; enriquecimiento ilícito, con sólo 16 averiguaciones en 3 años, y 19 consignados; desaparición forzada de personas, con 11 averiguaciones y 134 consignados; ejercicio abusivo de funciones, con cuatro averiguaciones y 15 consignados; y coalición de servidores públicos, con tres averiguaciones y 50 consignados.

Éste es el retrato de la sensibilidad que ha tenido el gobierno federal respecto de un tema que lastima todo el desarrollo de los mexicanos, pues permite, entre otras cosas, la operación del crimen organizado.

Nancy Flores
Fuente
Contralínea (México)