La crisis de autoridad y la reforma educativa

Lo que se mostró en las pasadas elecciones fue una manifestación de hartazgo, de repudio al partido político en el poder y a la forma en cómo éste ha conducido a la nación, a sus políticas antidemocráticas y medidas regresivas de los alcances populares que se habían logrado en los procesos históricos del siglo XX, mismos que constituyeron cierta estabilidad en la vida de los ciudadanos.

La alternancia partidista que la oligarquía mexicana pactó en varias entidades del país, tenía como objetivo canalizar el descontento social hacia la jornada electoral, pero sin poner en riesgo sus intereses, de ahí que se generaran expectativas de cambio, que finalmente favorecieran la alianzas entre la misma derecha proneoliberal.

Se trataba de desviar o evitar un posible levantamiento social de alcances nacionales, que atentara contra la viabilidad del proyecto oligárquico impuesto a través de las reformas estructurales, el cual ha puesto en marcha el desmantelamiento de la soberanía económica, energética, territorial, educativa y política de México.

En este ambiente, si bien un sector del magisterio disidente tuvo una participación relevante, incluso colectiva y organizada, en favor de la izquierda progresista que se manifestó por echar abajo la reforma educativa, no agotó en la vía electoral sus posibilidades de lucha contra esta medida; la lógica inherente a los maestros continúa desde el terreno político, por la vía no institucional, sino de la movilización social.

Sin embargo, la lucha magisterial agudizó la crisis de hegemonía en el sistema político mexicano, no sólo porque debilitó al partido gobernante o porque ha cimbrado sus principales figuras presidenciables; también evidenció su incapacidad para generar un clima de gobernabilidad en medio de diversos conflictos sociales que ellos mismos dejaron crecer.

Las demandas por la estabilidad laboral que encabeza la CNTE, y que por supuesto son legítimas, han visibilizado otras inconformidades que no aparecían en el escenario político; detrás de la respuesta represiva al magisterio se dejan ver los proyectos de privatización, eso avispa a todos los actores educativos y a la misma sociedad civil, unas veces en la manifestación social y otras en formas de solidaridad que garantizan las condiciones de lucha por la defensa de la escuela pública; entonces, junto a las muestras masivas de movilización popular, también hay una red de inconformidad que deposita en los maestros, más que en los partidos políticos, sus anhelos de tener una vida mejor.

Un elemento que aparece en este ambiente de descontento generalizado y que hace crisis no sólo en el partido hegemónico sino en todo el sistema de partidos, se refleja en los procesos de organización de gobiernos populares que han encontrado fortaleza en el movimiento magisterial, los cuales advierten en la desfiguración del estado mexicano y sus desgastadas estructuras de poder, así como en sus fallidas políticas antidemocráticas, la necesidad de desconocer los gobiernos locales y, en su lugar, edificar formas de poder emanadas desde la voluntad colectiva.

Nochixtlán no ha sido el único caso en medio de este conflicto, en el que se haya decidido conformar poderes alternos; en varias poblaciones de Chiapas, donde los maestros tienen fuertes raíces, las comunidades indígenas que decidieron respaldar a sus profesores y encabezar las más radicales acciones de presión contra la reforma educativa, ya discutían o habían iniciado la conformación de autonomías.

La idea de crear gobiernos autónomos más allá de las geografías locales hasta escalar a nivel estatal, se hace posible para las comunidades chiapanecas en la medida en que las movilizaciones magisteriales y populares son tan nutridas y de tal magnitud que potencializan una respuesta organizativa mayúscula capaz de derrocar al gobierno de Velasco, pero que ha sido contenida con las fuerzas represivas federales que han ensayado ahí y en Oaxaca la cara más dura de la dictadura en México.

En esta crisis política, el gobierno mexicano ha optado por el endurecimiento de su postura, siempre negativa a derogar o siquiera modificar la reforma educativa. Prefiere provocar un preámbulo violento que le permita un margen muy estrecho para ceder ante una eventual negociación con el movimiento magisterial y popular que no toque los principios de ninguno de los pilares de su proyecto neoliberal.

La masacre de Nochixtlan; la criminalización, persecución y encarcelamiento de los defensores de la educación pública; el uso constante de toda la logística contrainsurgente por parte de los cuerpos policíacos y militares para combatir a los maestros y los brotes de rebelión popular, pero también la represión administrativa traducida en despidos y descuentos salariales indiscriminados a los trabajadores de la educación, son escenarios maquinados por el Estado.

La estrategia gubernamental se propone, en primera instancia, detener la amenaza de un levantamiento civil y, en segundo plano, trazar una salida pactada al conflicto magisterial sin tocar la reforma educativa, pero ofertando en la mesa de diálogo ponerle un freno a su plan de aniquilamiento masivo y selectivo contra la CNTE como moneda de cambio.

Son tiempos de decisiones difíciles para las y los maestros mexicanos; por ello tendrán que optar por una salida que les permita resolver en el corto plazo la estabilidad de su relación laboral, sostener la confianza en que la lucha organizada es el camino para que ningún trabajador sea excluido del sistema educativo por culpa de una ley injusta. Además, deberán caminar en la ruta de la organización multilateral con la sociedad harta de políticas fallidas, trabajar en la construcción de un consenso mayoritario que eche a los neoliberales del poder sin perder su independencia política y encausar los procesos que empujan desde abajo la ruptura con un estado que suplanta la voluntad popular.