El otro 68, el de los normalistas rurales

Primero por la cerrazón informativa y luego por el centralismo que priva incluso entre los activistas, hoy se recuerda al movimiento estudiantil de 1968 como un asunto casi exclusivo de los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Por supuesto que los contingentes de estas dos instituciones fueron los más numerosos y los que, por ello, decidían el rumbo que tomaba la emergente organización de estudiantes. Pero en las protestas participaron muchas otras escuelas y universidades. Y no nos referimos a las públicas (como las de Bellas Artes) y privadas (como la Iberoamericana) del centro del país, que también lucharon.

Nos referimos a las escuelas normales rurales que, desde las regiones donde se encontraban, se movilizaron y pusieron en jaque al gobierno federal. De hecho, a través de su Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), los normalistas rurales eran los únicos que podían darle un carácter realmente nacional al movimiento. Varias de las marchas que entonces se realizaron en la Ciudad de México fueron nutridas también por contingentes de normalistas rurales. Otras movilizaciones que se realizaron en la capital del país tuvieron réplicas en los estados de la república, organizadas y encabezadas por los estudiantes campesinos.

La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco cortó de tajo las protestas y la organización. Pero no fue el único ni el último golpe ejecutado contra los estudiantes. Todavía no se lavaba la sangre de la plaza y las calles aledañas, cuando Díaz Ordaz ya había lanzado a los militares y a la Dirección Federal de Seguridad (DFS) contra los normalistas rurales.

Poco se ha dicho de lo que vino después de ese 2 de octubre: en lo que restó de 1968 y a lo largo de 1969 las tropas se enfrentaron con los estudiantes que se negaban a desalojar sus escuelas. Los operativos estuvieron a cargo de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Luis Echeverría; la Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de Marcelino García Barragán, y la DFS, cuyo mando era el capitán Fernando Gutiérrez Barrios.

Para octubre 1968, 31 instituciones estaban organizadas bajo las siglas de la FECSM: 29 escuelas normales rurales y dos centros normales regionales. El Diazordacismo cerró 16. Literalmente, a sangre y fuego. Si poco se sabe de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, menos de las que ocurrieron para contener a estudiantes insumisos como los normalistas rurales en regiones apartadas de la amplia geografía de la República Mexicana.

En la Galería 1 del Archivo General de la Nación (AGN) se integró, a petición nuestra, una versión pública de todo lo que los agentes del régimen espiaron de los estudiantes de la FECSM entre 1962 y 1987. Se compone de más de 10 mil fojas apiladas en 31 legajos. Y más allá del lenguaje rupestre e ideologizado de los policías, se puede leer cuáles escuelas y centros regionales cerró el régimen: La Huerta, Michoacán; Galeana, Nuevo León; Champusco, Puebla; Palmira, Morelos; Santa Teresa, Coahuila; Huichapan, Hidalgo; Reyes Mantecón, Oaxaca; Salaices, Chihuahua; San Diego Tekax, Yucatán; Tamatán, Tamaulipas; Xocoyucan, Tlaxcala; Zaragoza, Puebla; Jalisco, Nayarit, y Perote, Veracruz; y Ciudad Guzmán, Jalisco, e Iguala, Guerrero.

Se puede saber, asimismo, que la intención del régimen era cerrar todas las escuelas. Sólo desapareció las que pudo en ese momento y dejó para después la supresión de las demás.

En las fichas también se advierte la estrategia que llevaron a cabo las autoridades ante escuelas de suyo insumisas. Buscaron minar la relación de ayuda mutua entre los planteles y las poblaciones aledañas. La priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) sirvió para condicionar apoyos a pobladores que se opusieran al cierre de las escuelas y para gestionar premios a favor de quienes ignoraran el llamado de los estudiantes.

En los reportes de los agentes se consignan cuántos poblados podrían acudir en auxilio de los estudiantes, cuántos hombres y mujeres se esperarían, qué capacidades de resistencia podrían aglutinar, con qué herramientas de trabajo cuentan y qué cantidad de alimentos podrían disponer.

Cuando Díaz Ordaz y Luis Echeverría tuvieron la lista de la situación de cada normal, echaron a andar los operativos. Formaron grupos de policías y soldados a los que disfrazaron de “campesinos de la CNC” y los trasladaron a las afueras de los planteles. Ahí iniciaban las luchas campales por la disputa de las escuelas. Las tropas aguardaban para que, armadas, “disolvieran” las peleas y ocuparan las instalaciones. No hay registros, en los archivos del AGN, de cuántos estudiantes murieron, cuántos fueron detenidos y qué proceso llevaron ni si hubo desaparecidos. La estructura de la FECSM tuvo que pasar totalmente a la clandestinidad. En 1972 regresó a la semiclandestinidad, condición que mantiene hasta el día de hoy.

Desafortunadamente la agresión del 26 de septiembre de 2014 contra normalistas rurales en Iguala no fue la primera ni será la última. El Estado ha decidido desaparecer ese modelo educativo. No ha podido, gracias a la defensa que realizan los estudiantes y a la solidaridad de las comunidades campesinas que los respaldan. Los normalistas rurales saben que el vínculo escuela-comunidad es vital para la sobrevivencia de las escuelas. Fortalecerlo, es una de las tareas que no pueden relegar.

En esta misma semana se conmemoran dos de las innumerables agresiones contra los normalistas rurales: la de hace 2 años (por la que exigimos la presentación con vida de los 43 y el castigo a los perpetradores intelectuales y materiales) y la de hace 48 años, que concluyó con el cierre de 16 planteles y un número indeterminado de víctimas. En 1968 los militares también se ensañaron con los estudiantes campesinos. No olvidamos. No olvidemos.