En ambos casos los sudcalifornianos se han manifestado en contra, y han tomado activa participación en la búsqueda de alternativas, antes que la cancelación de los espacios. Con respecto de la primaria, a diferencia de lo expuesto por las autoridades estatales, el ingeniero José Farah de Anda señala que el edificio no representa riesgo para los alumnos. Incluso solicitó al Colegio de Ingenieros Civiles de Baja California Sur una inspección de la estructura del inmueble. Se conformó una comisión especial que lo inspeccionó y concluyó que no tiene daño estructural y que está muy bien construido. Y recomienda que se le dé mantenimiento correctivo. Farah de Anda le ha hecho oficialmente la propuesta al gobernador de hacerse cargo de las reparaciones recomendadas para la primaria, sin cargo al erario estatal. La convocatoria de Farah ha congregado a un gran sector de la sociedad paceña, incluidos empresarios, que quieren apoyar en especie y con mano de obra. Hasta el momento Farah no ha tenido respuesta favorable del gobernador.

Lo que ha ofrecido el gobierno estatal es la reubicación de los alumnos en otras escuelas, sin aclarar el destino que tendría el inmueble y el terreno, cuando lo lógico es, de ser cierto lo del daño estructural irreparable, llevar a cabo la demolición de la construcción y la edificación de una nueva para la primaria. Los padres de los niños y un sector paceño creen que el motivo del intento de cierre se debe a que la primaria está en el corazón del puerto, a menos de una cuadra del malecón en la zona turística, la de mayor plusvalía en la ciudad. Y que cuando abandonen la escuela el espacio se destinará a algún negocio.

En cuanto a la Casa del Estudiante Sudcaliforniano el conflicto ha ido más lejos. Incluso en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en La Paz, agentes estatales y municipales uniformados y vestidos de civil reprimieron violentamente a padres de los universitarios y simpatizantes que se manifestaban en contra del cierre del albergue estudiantil. En este caso el gobierno ha justificado su decisión de cancelar el edificio con base en el dictamen de la empresa consultora Análisis y Diseño Estructural (Andes), que señala que la propiedad presenta una grave situación estructural. Por su parte la Dirección de Protección Civil de la capital del país, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y la Coordinación de Regulación Territorial de la Delegación Iztapalapa, mediante estudios técnicos, han catalogado al inmueble como de “riesgo bajo”, lo que contradice a las autoridades de Sudcalifornia; aunque la respuesta de éstas fue que los dictámenes de las autoridades capitalinas no son científicos.

El 20 de septiembre de este año, Dione Anguiano Flores, jefa delegacional de Iztapalapa, envió a Mendoza Davis el oficio 928/2016, en el que –de acuerdo con la inspección técnica practicada por Protección Civil– el inmueble “conserva estabilidad, por lo que se considera con Nivel de Riesgo Bajo, para conservar las instalaciones en buen estado…” (sic). Las declaraciones del gobernador y de la delegada se contraponen, y evidentemente alguien está equivocado. Ante la controversia generada, el gobierno sudcaliforniano ha señalado que pedirá un dictamen al Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal (ISCDF) y que de acuerdo con el resultado se procederá o no con el cierre. Lo que parece raro es que el gobierno de Baja California Sur haya acudido a una empresa privada para el dictamen, y no lo solicitara en primera instancia a las autoridades capitalinas; las cuales por obvias razones, tienen la mayor experiencia en el país con respecto a daños estructurales y riesgos en inmuebles. Justo el 19 de septiembre se conmemoraron 31 años del sismo de 1985. Desde entonces las autoridades en materia de prevención y seguridad se han tomado muy en serio su labor.

Afortunadamente para Mendoza Davis se ha dado esta controversia, pues de otra manera se hubiera visto en la necesidad de clausurar el albergue sin una segunda o tercera opinión; bajo la premisa de que los estudiantes están en riesgo, ya que ha dicho que ese es el único motivo para la clausura. Ahora será el dictamen del ISCDF el que pondrá en tela de juicio lo expresado por la empresa privada o por las autoridades de la delegación Iztapalapa. En el segundo, caso el ISCDF –como parte del gobierno de la Ciudad de México– pondría en entredicho no sólo a la delegación, sino al gobierno de Miguel Ángel Mancera, estableciendo que las autoridades capitalinas competentes al caso no hacen bien su trabajo y que una empresa privada les tiene que corregir la plana.

Desafortunadamente en los dos casos –primaria y casa albergue– el gobierno no ha hecho propuestas para restituir los edificios en sus predios o el ofrecimiento de otros inmuebles. Pues trasladar a los niños a otras primarias es una solución burda. Y dar becas para que los universitarios renten en la capital del país es un retroceso en su modo de subsistencia; la justificación es que los estudiantes que van a otros estados tienen menos privilegios que los de la capital. Entonces, ¿el gobierno de Mendoza Davis busca homologar a la baja la situación de los estudiantes sudcalifornianos y no mejorarla? Más allá de dictámenes el gobierno de Baja California Sur determinará si su política es contra la educación o de interés educativo.

Roberto E Galindo Domínguez
Fuente
Contralínea (México)