Ingenuo y falto de oficio, el panista Lozano Gracia, quien fue procurador general de la República en el gobierno del priísta Ernesto Zedillo –lo cual no lo convierte de facto en un buen abogado como lo demostró al entregar a su cliente–, creyó que las autoridades no habían previsto el amparo que el abogado llevaba bajo el brazo y por ello el Ministerio Público Federal consiguió de un juez federal otra orden de aprehensión por un delito distinto, lo que les permitió encerrar al gobernador corrupto y prepotente para enfrentar en prisión dichas acusaciones.

Y digo prepotente porque cómo no recordar el maltrato que les dio a los indios de la tribu Yaqui, a quienes les sustrajo el agua de sus tierras para abastecer otras áreas de su interés, como aquella presa particular que construyó con dinero público.

Pero no sólo el exgobernador pagó caro haber depositado su confianza en un abogado que carece de experiencia para litigar en tribunales y la sustituye por negociar asuntos en lo oscurito, tal y como le enseñó su maestro y jefe Diego Fernández de Cevallos, quien es un experto en presionar a jueces, magistrados y ministros para ganar los casos.

La inexperiencia del exprocurador panista quedó confirma cuando “olvidó” verificar si había otra orden de aprehensión en contra de algún miembro más de la familia Padrés, lo que le permitió al Ministerio Público Federal ejecutar la detención en contra del hijo del exgobernador, Guillermo Padrés Dagnino.

A pesar de los hechos, la esposa de Padrés sostiene que mantiene la confianza en el inexperto abogado y que la detención es una injusticia en contra de su marido, una acción con fines políticos; por supuesto que la familia del detenido tiene todo el derecho a creer y decir lo que quiera, pero lo cierto es que el exmandatario cometió muchas tropelías al frente del gobierno de Sonora y ahora es justo que pague por ello.

Donde sí hay problemas de injusticia es con todos aquellos gobernadores priístas corruptos que andan libres y deberían también estar en prisión, porque no se trata solamente de quienes tienen órdenes de aprehensión o averiguaciones previas en su contra, son muchos más gobernadores a los que la autoridad federal se niega a investigar a pesar de contar con pruebas de su enriquecimiento ilícito, como lo han informado oportunamente la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación ante el Ministerio Público Federal. Esos órganos fiscales que han reunido evidencias de la corrupción de muchos políticos que hasta ahora gozan de impunidad y del beneplácito presidencial. Éstos sí son actos de injusticia e impunidad.

Mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto mete a prisión a un exmandatario panista, los exgobernadores del partido oficial siguen libres por más que la PGR nos diga que los busca y que hasta da recompensa a quienes revelen sus paraderos. Esto nadie lo cree.

Lo curioso en las pifias del abogado Lozano es que cuando ocupó la oficina de titular de la PGR, él mismo operó una acción parecida a la detención de Padrés, hecha con engaños y ocultamiento de información a los abogados.

Me refiero a la detención de Raúl Salinas de Gortari. En aquella ocasión, el fiscal que investigaba al hermano del expresidente era Pablo Chapa Bezanilla, quien en contubernio con el entonces procurador Lozano Gracia convenció al famoso abogado Juan Velázquez para que presentara a declarar a su cliente Raúl Salinas y así poder cerrar su expediente ministerial.

Velázquez, apodado Abogado del Diablo –ha de ser por la defensa que hacía de Carlos Salinas–, confió en el fiscal Chapa Bezanilla porque él lo había recomendado para ocupar el cargo en la PGR y seguro estaba que no lo iba a traicionar. Grave error, pues el fiscal esperó a que se presentara a declarar el hermano del expresidente y allí mismo le mostraron la orden de aprehensión y le pusieron las esposas para llevarlo a prisión, en donde se mantuvo más de 10 años. Aunque finalmente fue absuelto.

Esa operación policial hecha con engaños y mentiras fue producto de una conspiración orquestada por Lozano Gracia y el abogado perdedor fue Juan Velázquez, quien durante los 10 años que tardó el litigio de su cliente Raúl Salinas no cobró un solo peso, pues estaba consciente que era responsable de su detención y lo pagó con trabajo.

Es ese mismo exprocurador que operó con mentiras la detención del llamado hermano incómodo y a quien la familia Padrés le confió la defensa del exgobernador, quien ahora ha sido chamaqueado por los fiscales de la Procuraduría General de la República que capturaron al mismo tiempo a los dos Padrés, sin que su abogado defensor pudiera hacer algo para impedirlo.

Puntos suspensivos… Es tal la corrupción en los gobiernos estatales que es muy difícil encontrar algún estado que esté libre de ella. Un ejemplo es la investigación que hizo la reportera Nancy Flores sobre las omisiones de la PGR para actuar en contra de 15 gobernadores acusados de fraudes al erario. ¿Cómo explica el gobierno la aprehensión del gobernador Padrés cuando muchos gobernadores priístas con denuncias ante el Ministerio Público Federal siguen impunes? De hecho, explica ese trabajo periodístico, la Procuraduría tiene en la congeladora 82 denuncias penales por simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación, que por lo menos suman 8 mil millones de pesos. Como creer así en la justicia del actual gobierno priísta y en sus llamados a la población para que ahora sí confíen en las autoridades.

Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)