Margarita Zavala, los Mouriño y la corrupción

Si las encuestas publicadas recientemente sobre preferencias rumbo a las elecciones presidenciales de 2018 fueran verídicas –y no manipuladas por el poder corruptor de los políticos en contienda–, y Margarita Zavala Gómez del Campo fuera la favorita, entonces se confirmaría eso de que carecemos de memoria histórica.

Desde Los Pinos, Zavala apoyó incondicionalmente al gobierno corrupto de su marido Felipe Calderón. Es cierto que ella, formalmente, no tomó ninguna decisión en ese sexenio, pero acompañó todas las acciones y omisiones de ese gobierno. Ahora hasta se regodea de ellas.

Incluso su familia se benefició del poder: hay que recordar que su prima Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, socia de la guardería ABC –en Sonora–, fue encontrada no responsable del incendio que provocó la muerte de 49 bebés, el 5 de junio de 2009, pese a que otros socios sí fueron condenados por esos hechos.

Además, su riqueza familiar, herencia para sus hijos, la amasó al amparo de la Presidencia de la República y, antes, de la Secretaría de Energía. Parte de esa fortuna es la propiedad que posee junto con su esposo en el exclusivo complejo Campeche Country Club, desarrollado por la familia Mouriño. Aunque ahora le pese admitirlo.

Margarita Zavala se acompaña de su “experiencia” como primera dama para mostrarse como la precandidata más apta para su partido. Durante su campaña proselitista, ha asegurado: “Estoy segura que alcanzaré la candidatura de Acción Nacional; estoy segura, convencida de que la Presidencia es por supuesto un lugar donde la vida me preparó para ese momento, conozco a nuestro país, conozco sus familias, su manera de actuar, sus tradiciones, el espíritu con que trabaja todos los días, su sentido de trascendencia, estoy convencida de que seré presidenta [sic]” (Rosa Santana, Apro, 21 de noviembre de 2016).

Esa vida que supuestamente preparó a Margarita Zavala incluye uno de los peores y más dolorosos momentos del México actual: la reedición de la llamada Guerra Sucia, a la n potencia.

Oficialmente se le nombró “guerra contra el narcotráfico”, pero en realidad es una de las peores tragedias humanitarias contra el pueblo de México, de la que la panista es cómplice. Como lo he demostrado en mis investigaciones, la “guerra” no golpeó en ningún sentido al crimen organizado, si bien algunos delincuentes están en la cárcel.

Y es que en 10 años de vigencia, las autoridades omitieron –y lo siguen haciendo– desmantelar las redes de lavado de dinero, motor de la delincuencia: en este sexenio, los cárteles han lavado unos 2 billones de pesos; en el sistema financiero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha detectado más de 155 mil millones sucios, pero la Procuraduría General de la República apenas ha decomisado 1.3 mil millones.

En el sexenio calderonista se consolidaron nueve organizaciones criminales y bajo su mando surgieron 80 grupos y células dedicadas no sólo a trasegar drogas, sino a secuestrar, cobrar piso, extorsionar, traficar personas, animales, maderas, y hasta masacrar migrantes.

Para ellos, esa época –la de la “guerra” de Calderón– fue sin duda la mejor: los cárteles desplazaron a poderosas organizaciones, como las mafias colombiana e italiana y se convirtieron en los proveedores de los narcóticos en el mundo.

Mientras tanto, el pueblo, nuestro pueblo, pagó con muertos: más de 100 mil civiles fueron asesinados en el contexto de la violencia que desató el presidente panista. Violencia que lamentablemente aún no cesa: en el actual sexenio van más de 60 mil civiles asesinados.

La guerra no es lo único que Margarita aprendió: también está la corrupción. Como se recordará, en el segundo sexenio panista se dispararon los índices de este flagelo y de su percepción. Como nunca, Petróleos Mexicanos –que desde siempre ha sido víctima de intereses ilegales– fue saqueada para beneficiar a los amigos de los Calderón Zavala: la familia Mouriño y los contratos con Ivancar eran sólo la punta del iceberg de la corrupción.

La lista de beneficiarios incluyó al ahora caído en desgracia Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, quien sin tener una flota verdadera se convirtió en uno de los principales arrendadores de embarcaciones. También los socios del consorcio Blue Marine, encabezados por Juan Antonio Marcos Issa, exasesor de dos directores de la petrolera. Y la ahora quebrada empresa de remediación Saint Martin, por citar algunas.

Pero todo eso parece fuera del radar de la precandidata, cuyo cinismo es igual al del resto de los poderosos. Muestra de ello es el paseo que dio el pasado 21 de noviembre, junto a su familia, en un yate del empresario Carlos Mouriño Atanés, padre del fallecido Juan Camilo Mouriño.

A éste no sólo la une la amistad, sino también los negocios. Como lo reveló Contralínea en 2012, su marido Calderón sería uno de los inversionistas del Campeche Country Club, desarrollo inmobiliario-turístico propiedad de la familia Mouriño.

Fuentes allegadas al proyecto aseguraron en aquel momento que “el mandatario es dueño de cuatro áreas exclusivas, donde se ubicaría una casa de descanso equipada especialmente para los Calderón Zavala. El complejo se localiza a 14 kilómetros del centro histórico de Campeche y ha sido señalado por la presunta violación de normas ambientales. Una playa ‘privada’, entre sus características”.

Ese mismo desarrollo es actualmente investigado por la PGR por estar relacionado al exgobernador Javier Duarte, quien habría usado una empresa para adquirir los terrenos ejidales donde se edificó parte del conjunto inmobiliario.

La prensa no dejó pasar el dato: consultó a Margarita sobre esta situación (Apro, 21 de noviembre de 2016). Ella, además de enojarse, amenazó con lo que cree una real posibilidad: será la próxima habitante de Los Pinos. Eso, si a los mexicanos se nos borra la memoria.