El pillaje de los políticos

Aunque no se acredita la fuente de dicho material periodístico –la presentadora habla en portugués–, la narración de algo más de 2 minutos explica cómo en Suecia, a pesar de ser una monarquía, el rey desde hace tiempo perdió todos los poderes y quien decide el rumbo del país es precisamente la clase política, la cual no tiene derecho al lujo ni a los privilegios, porque su función es servir al pueblo.

La presentadora comenta que los legisladores suecos viven en apartamentos personales muy austeros, de apenas 40 metros cuadrados, que les proporciona el Estado para que vivan en la capital durante la semana de trabajo. Ese pequeño espacio lo utilizan como sala y dormitorio. Ninguno de esos cuartos tiene lavadora, pues hay una lavandería comunitaria y los diputados tienen que apuntarse en una lista y esperar turno para limpiar su ropa sucia.

Pero no es todo, algunos otros diputados tienen aún menos espacio, apenas 18 metros cuadrados, y la cocina es comunitaria; no hay empleados domésticos y las reglas son rígidas, como se lee en un cartel pegado en la pared: “Deje todo limpio.”

Hasta la década de 1990, continúa el video, los apartamentos funcionales no existían en Suecia, y los parlamentarios dormían durante la semana en sofás-cama en su propio despacho del Parlamento, también de sólo 18 metros cuadrados.

Algo verdaderamente sorprendente –ante el derroche al que nos tiene acostumbrados el Poder Legislativo de México– es el hecho de que ningún parlamentario sueco tiene secretario ni ayudante particular, tampoco asesores, ni siquiera el derecho a un automóvil con chofer.

Eso es el primer mundo, en donde aquellos que trabajan para el servicio público tienen como principio la austeridad, pues saben que su salario se los paga el pueblo y no deben despilfarrar los recursos públicos. Algo muy contrario a la práctica mexicana, en donde históricamente quienes llegan a ocupar la silla presidencial, una curul del Congreso o una responsabilidad en el Poder Judicial creen que las partidas presupuestales que les asignan son para despilfarrarlas y abusar de ellas; para beneficiar a parientes, amigos y compadres; desviar los recursos a cuentas personales o de prestanombres; vivir en la opulencia.

A los políticos mexicanos, todos, no les importa la miseria extrema de millones de personas que todos los días sufren para conseguir alimentos, y ya ni hablar de las carencias de escuelas y maestros, de centros de salud y doctores. Esa despreciable clase política corrupta se alimenta cada 6 años de nuevos recursos que salen de los impuestos de los mexicanos y del endeudamiento del país, ante la complacencia del presidente, de senadores y diputados y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El pasado 1 de diciembre leía en la nota principal del diario El Universal que nuestros diputados mexicanos se autorizaron un bono secreto sólo porque es fin de año. La información denuncia que

“los 728 integrantes del Congreso se alistan para recibir este mes 419,6 millones de pesos por dietas, aguinaldos y apoyos, y en el caso de los diputados federales un ‘bono navideño’ extra que se mantiene en la opacidad”.

Mientras en Suecia los políticos entienden que su labor es eminentemente social, en México asumen el poder con antifaz y alforjas para llenarlas de dinero mal habido que sale de las arcas públicas y que pertenece a todos los mexicanos.

La avaricia y prepotencia de nuestros políticos es escandalosa. En un análisis de Marcos Chávez sobre los abusos de políticos publicado a principios de año en Contralínea se sostiene que

“el derroche del financiamiento público en los congresos nacional y estatales, en los partidos y los órganos electorales se convirtió en una fuente de corruptelas y de enriquecimiento: las altas percepciones legales, claras o ambiguamente definidas en su cuantía (salarios, compensaciones, prestaciones, seguros, automóviles, telefonía, gastos en alimentos y otros conceptos), y las clandestinas, desviadas de otras partidas presupuestales o de origen desconocido; el ‘agujero negro’ de las llamadas ‘subvenciones’ ordinarias y extraordinarias del Congreso, convertidas en opacas cajas chicas de los coordinadores de los grupos parlamentarios, usadas y repartidas arbitrariamente, sin comprobación nítida, sin el riesgo de penalización económica, inhabilitación de la función pública o juicio penal –se estima que éstas sumaron 6 500 millones de pesos entre septiembre de 2012-agosto de 2015–; la compra de conciencias y de votos de dirigentes de los partidos, de vulgares y ambiciosos legisladores levantadedos y sus líderes parlamentarios –a billetazos, en especie, con favores, obras públicas o empleos a amigos o parientes, con cuotas de poder e impunidad– para que aprueben determinadas leyes, sin cambios significativos, anheladas por el Ejecutivo –al cabo, directa o indirectamente, de él dependen sus carreras políticas, incluso los de la oposición– y en beneficio de los empresarios –la reprivatización energética, la laboral, etcétera– o blanqueen los ilícitos de las cuentas públicas de los diferentes órdenes de gobierno que se convierten en quebrantos y adeudos que la sociedad pagará”.

Antes de que se acaben más al país, es urgente un cambio de políticos en el gobierno, para que todos aquellos que abusen del cargo público sean enviados a prisión y los nuevos funcionarios tengan como principios la honestidad y la austeridad ante un país de 80 millones de pobres.