Arrecia el espionaje gubernamental

Escudada en el conflicto interno de seguridad que vive México, la administración de Enrique Peña habría recurrido al empleo indiscriminado de software maliciosos que espían sin ningún sustento legal a los ciudadanos.

Para este espionaje de comunicaciones no media orden judicial en la cual las autoridades “justifiquen” la necesidad de recurrir a esas intervenciones; así que cualquiera puede ser objeto de estas intromisiones. Ahora mismo, y sin que hayamos infringido alguna ley, podríamos ser víctimas en nuestros teléfonos, computadoras y demás dispositivos electrónicos.

Los espías del gobierno tendrían acceso a nuestros archivos digitales, conversaciones de correo electrónico, mensajería instantánea, llamadas telefónicas, contenido privado en nuestras redes sociales, servicios de hospedaje en la nube, etcétera.

Algo de esto sabe el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, quien el pasado 30 de noviembre alertó que

“México gasta casi el doble en software que invade la privacidad, mucho más que otros países”.

Durante su participación en la edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, señaló que no sólo los servicios de inteligencia han adquirido este tipo de software, sino también otras autoridades:

“Cuando van y buscan quién compró qué en México, encontrarán que no solamente son servicios de inteligencia los que compraron el software, sino también las agencias de la ley, la justicia, la policía, las autoridades financieras, las autoridades fiscales, y todos parecen creer que este software es útil”.

Las palabras del relator sin duda encienden las alertas, pues no todas las autoridades tienen permitido vigilarnos. De hecho, las que sí están facultadas sólo pueden hacerlo en ciertas circunstancias y deben obtener una autorización judicial para ello.

Esto, porque el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege nuestra privacidad, al garantizarnos el derecho a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Por ello, alarma que haya tantas autoridades interesadas en comprar herramientas de espionaje –como señala el relator de la ONU– y, sobre todo, en emplearlas contra nosotros.

Y es que resulta que sólo la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas, la Comisión Nacional de Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tienen permitido solicitar autorización para realizar intervenciones de este tipo.

La propia Constitución les exige “justificar” el espionaje:

“exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.

“La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.”

Es este marco legal el que estaría ignorando el gobierno federal, al permitir que sus instituciones adquieran, a diestra y siniestra, software maliciosos para intervención de comunicaciones.

Ya en 2015 Amnistía Internacional había alertado sobre el espionaje contra periodistas en diferentes países. La organización identificó a Hacking Team, Gamma International, Lockheed-Martin, BAE Systems y Raytheon como las empresas desarrolladoras de esta tecnología.

Otras compañías dedicadas al negocio de las tecnologías de espionaje son Trovicor, Amesys y Blue Coat. El trato que podría tener el gobierno mexicano con todas ellas se desconoce, pues por “seguridad nacional” se oculta esta información.

Por ello, en el Portal de Obligaciones de Transparencia sólo se da cuenta de dos contratos entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Lockheed-Martin, que datan de 2011 y 2012. En el primer caso, para servicios técnicos especializados para permitir la extensión de la vida útil del satélite Solidaridad-2. Y en el segundo, para la consultoría especializada para efectuar maniobras y evaluación necesarias para continuar con la extensión de la vida útil de ese mismo satélite.

Pero esto no significa que no existan los contratos. El propio relator de la ONU nos advierte de su existencia y no podemos ignorar esa declaración. Además, en las propias páginas de Contralínea se han documentado los negocios que han establecido Hacking Team con el Cisen y BAE Systems con la Secretaría de la Defensa Nacional, que por cierto no está facultada para espiar.

Además, en febrero pasado revelé que los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones recibieron 1 582 solicitudes de intervención de comunicaciones en 2015.

Esos juzgados especializados también atendieron 27 peticiones “relativas a la autorización para solicitar información a las empresas de telecomunicaciones”, que se refieren al momento en que, por orden judicial, las compañías privadas como Telmex, Maxcom, Axtel, Telcel, Izzi, AT&T, se ven obligadas a colaborar con las investigaciones; es decir, a entregar toda la información que posean sobre sus clientes.

Según el Informe anual de labores 2015 del Consejo de la Judicatura Federal, las “autoridades investigadoras” presentaron, en total, 3 712 solicitudes de medidas cautelares a los Juzgados Federales Penales Especializados. De éstas, 2 270 estuvieron relacionadas con cateos y 76 con arraigos.

Con tanto espía por ahí, no nos queda más que tener mucho cuidado con lo que decimos, escribimos, guardamos e incluso fotografiamos, pues nuestras comunicaciones son extremadamente vulnerables.