En una más de sus acostumbradas fechorías, los legisladores federales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, un sector del de la Revolución Democrática y sus membretes comparsas, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro Social, decidieron hacer añicos el contenido de la fracción 14 del Artículo 123 constitucional, que establece la responsabilidad de los patrones a sufragar las indemnizaciones por los accidentes y las enfermedades inherentes a la actividad laboral de sus trabajadores, que puedan provocar su incapacidad permanente, temporal o su muerte.

De hecho, y como en su momento lo alertaron especialistas en la materia, la reforma laboral –aprobada el 30 de noviembre de 2012– ya anunciaba malos presagios, en tal sentido, para la clase trabajadora, al establecer en su artículo cuarto transitorio: “la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes, en un término de 6 meses contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto”.

El término de 6 meses se prolongó a 4 años para que el engendro terminara de incubarse al gusto de la clase empresarial, dejando de lado el papel que constitucionalmente debía jugar el Poder Legislativo en la adecuación de las referidas tablas. Abonando uno más de sus extravíos, los diputados que votaron por la afirmativa renunciaron a su obligación contemplada en el artículo 515 de la LFT, para ceder la determinación de las enfermedades laborales y el monto de las indemnizaciones a una comisión tripartita, integrada por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Coconasst), el Ejecutivo representado a través de la Secretaría del Trabajo y los sindicatos de las centrales oficiales.

Como es fácil de apreciar, millones de trabajadores no tendrán voz ni voto en el nuevo modelo, ni contrapeso alguno que los represente por lo que la nueva asignación de las enfermedades laborales será determinada al libre albedrío de los patrones con la complicidad del charrismo sindical, teniendo la anuencia legal para reclasificarlas al rango de “enfermedades generales”, eximiendo la responsabilidad de los empresarios a pagar el ciento por ciento de los salarios durante el periodo que contemple la recuperación del trabajador. Al quedar en manos del capital la determinación del monto de los pagos, los mismos podrán reducirse a un 60, 40 por ciento, o tal vez menos, pues no habrá nada que lo impida.

El trabajador que desde la puesta en marcha de la reforma laboral ha visto minados sus derechos, ahora deberá conformarse con las migajas que tengan a bien allegarle los miembros de la comisión tripartita en las nuevas “tablas del oprobio”, pues se dejará fuera de tal determinación la opinión de verdaderos expertos en la materia y, claro está, la voz de los directamente afectados.

Esta abominación legislativa pasa a formar parte de la extensa lista de ataques a la clase trabajadora orquestados desde los organismos internacionales y avalados por la tecnocracia liberal en el poder que viene alentando desde hace décadas un capitalismo salvaje donde lo que menos importa es el bienestar de las mayorías. La clase política reafirma dentro del esquema de las doctrinas neoliberales, que la función rectora del Estado, marcada puntualmente en la Constitución, tiende cada vez más a desaparecer.

De otra manera no puede explicarse cómo es posible que se deje en manos de los patrones y de un órgano como la Coconasst (Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo), que ha demostrado a lo largo de los años su total parcialidad hacia los intereses de las empresas, la determinación de un tema de tales dimensiones y alcances sociales, como lo es la definición de las enfermedades laborales.

Para abogados laboristas, investigadores y expertos en la materia no ha pasado desapercibido otro elemento en esta iniciativa presentada a modo por la diputada priísta Ana Georgina Zapata, nada menos que hija del sempiterno líder de la CTM en Chihuahua, Doroteo Zapata. El valor de los órganos del cuerpo humano que a futuro puedan resultar con afectaciones, dañados o mutilados por la naturaleza de la labor desempeñada y sus riesgos de trabajo, también se establecerá por la comisión tripartita, con lo que la indemnización correspondiente será determinada con base en las valoraciones de las nuevas tablas.

El asunto deberá ventilarse en el Senado, pero todo apunta a que como aconteció con la aprobación de las reformas estructurales, la cámara alta más que aduana será mera oficialía de partes y votará con los consabidos partidos a favor. La iniciativa, no hay vuelta de hoja, fue diseñada y elaborada para beneficiar a los intereses de la clase empresarial que ahora podrá aplicar la ley a su conveniencia, ahorrándose millones a costa de la salud y la vida de sus trabajadores, pues como lo señalamos líneas antes, no serán especialistas en la materia los que decidan cuáles serán las enfermedades a ser contempladas en las “tablas del oprobio”.

Y si bien la clase política, los empresarios, las centrales charras y los medios masivos tratan de que un asunto de tal gravedad pase desapercibido para millones de mexicanos, los sindicatos independientes y las organizaciones sociales debemos alertar a la clase trabajadora para que esté informada, y se movilice en contra de este nuevo atentado que ahora intenta tasar el precio de la salud y la vida con criterios administrativos y fines mercantilistas, gracias a la ineptitud y connivencia de nuestros mal llamados representantes populares.

Martin Esparza Flores