Jóvenes infractores, bajo tortura sistemática

La violencia contra los menores infractores es sistemática. Los niños y jóvenes denuncian, en un 57 por ciento, haber sido torturados, severamente golpeados y maltratados al momento de su detención y durante interrogatorios a los que fueron sometidos por elementos policiacos o castrenses antes de ser presentados ante una autoridad judicial. También señalan golpizas en los centros de internamiento del país.

“Son prácticas muy arraigadas que se registran de manera sistemática en el país, a pesar de la intervención de organismos de derechos humanos”, advierte Elena Azaola, coordinadora del estudio Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Soldados la golpearon, la colgaron de los pies y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza. Es una adolecente de Sonora, cuyo relato describe la tortura a la que fue sometida hasta el desmayo en varias ocasiones. La joven fue entregada a la policía estatal, cuyos efectivos le vendaron los ojos y la golpearon hasta fracturarle varias costillas. “Estuve 4 días detenida antes de presentarme ante el agente del ministerio público, quien me pidió declararme culpable mientras me golpeaba en la cara, pero me negué y me amenazaron con culpar a mi papá”.

A pesar de que la tortura y los malos tratos se apartan de las leyes y los tratados internacionales, los adolescentes confirmaron a los especialistas del CIESAS que se trata de prácticas arraigadas en las instituciones, que ocurren de manera sistemática y que son tan frecuentes, que para los adolescentes constituyen el comportamiento “normal” o el que cabe esperar por parte de las policías.

Un adolescente de Veracruz, señaló: “Me detuvo la Policía Ministerial, me torturaron con agua y me pusieron una bolsa en la cabeza para que me ahogara. También me dieron toques con una chicharra de las que utilizan para las vacas durante 5 días”.

Otro chico de Veracruz, dijo: “Me detuvo la policía estatal, me ponían las chicharras y me golpeaban sin importarles que estuviera herido, con dos balas en mi cuerpo fui a parar 2 meses en el hospital”.

Un joven de Veracruz, detenido por un grupo de marinos, dijo: “Me golpearon, me enterraron una navaja en la espalda, me pisotearon y me echaron tehuacán en la nariz. Luego me llevaron a Veracruz y me dieron toques con la chicharra eléctrica durante 5 días, hasta que me hicieron firmar declaraciones falsas de delitos que no cometí”.

De los 730 adolescentes entrevistados por los especialistas, el 84 por ciento ya había obtenido una sentencia condenatoria, mientras que 16 por ciento se hallaba en proceso.

“Este último porcentaje es preocupante –señala el informe especial–, ya que los adolescentes se encontraban privados de su libertad sin que todavía se les hubiera comprobado su participación en algún delito, siendo que, en ocasiones, los procesos pueden demorar más de 6 meses, lo cual incumple con uno de los estándares internacionales más importantes que recomienda que los procesos sean expeditos y que sólo se interne a los adolescentes como último recurso y por el menor tiempo posible.”

El estudio muestra con detalle que, a las condiciones de vulnerabilidad primaria, se agregan las que tienen lugar cuando los adolescentes entran en contacto con las instituciones de seguridad y justicia, a las que los autores del informe denominan como condiciones de vulnerabilidad secundaria, para referirse a las dificultades que muestran estos sistemas para operar, en todas sus fases, dentro del marco de la ley y proporcionar, así, a los adolescentes una experiencia de legalidad y de ejercicio de sus derechos.

Desafortunadamente, los elementos que les brindan los centros de internamiento, no siempre les permiten hacerse cargo de su responsabilidad, comprender a fondo su situación y estar en condiciones de reparar los daños físicos y emocionales que han sufrido y que han hecho padecer a otros.

Cuando los adolescentes traumatizados violan las leyes y se involucran en actividades delictivas, incluso de manera repetida, ellos aun necesitan y merecen la ayuda por parte de los adultos. Los sistemas deben tener la capacidad para reconocer la pesada carga que algunos niños y adolescentes llevan, y ayudarlos a transitar hacia una adultez saludable y productiva, proveyéndoles servicios que tomen en cuenta los daños que les ha provocado el haber estado expuestos a la violencia. Con mucha frecuencia los sistemas de justicia se apoyan en respuestas punitivas y hacen juicios que resultan tan dañinos como inefectivos para los adolescentes infractores.

Al respecto, el doctor Héctor Castillo Berthier, de la Red Mexicana para los Derechos de la Infancia (Redim) señala que el fenómeno de la delincuencia juvenil forma parte de un sistema socioeconómico que el gobierno busca perpetuar a costa de las mayorías empobrecidas del país, y en donde la lucha contra el narcotráfico ha creado vacíos legales que hacen presa fácil a los jóvenes que cometen ilícitos.

El fundador del programa de atención juvenil El Circo Volador, refiere que “el sistema político mexicano ya dio de sí todo lo que tenía que dar y la falta de continuidad en las políticas públicas ha dado al traste con la aplicación de la ley”.

En entrevista, expresa que desde la década de 1980 los adolescentes en condición de pobreza han sido estigmatizados como violadores, asaltantes y homicidas. A la distancia, dice, y luego de recorrer 24 estados del país, los expertos de la Redim recogieron experiencias de políticas públicas que repiten los mismos esquemas de estigmatización de los jóvenes.

Castillo Berthier argumenta que son varios factores en las que se inscribe la violencia que padecen los adolescentes: el abandono escolar, ya que el 50 por ciento de los adolescentes abandonan la escuela a los 15 años porque el sistema educativo del país no está pensado para los jóvenes pobres de México.

El segundo elemento es el empleo. De cada 10 empleos 6.7 son informales, entre los que destaca el crimen organizado que les paga más por hacer llamadas o tomar fotografías –es decir sin que estén cometiendo algún delito, pero que sirven a la delincuencia organizada para secuestrar, cobrar derecho de piso–, por ejemplo. Esta informalidad, que ha crecido de manera exponencial, empieza a darle un sentido a la vida laboral de muchos jóvenes.

Otro argumento tiene que ver con los valores tradicionales que se aprenden en la familia como la responsabilidad, el respeto, el sentido de futuro y hasta el de nacionalismo. Pero en México hay grandes porciones de la población con familias separadas, madres solteras, trabajadoras que dejan a sus hijos en la casa, donde no hay nadie que los atienda, los adolescentes se vinculan con sus pares del barrio, cuyos valores son el robo, el asalto.

Finalmente, el doctor Héctor Berthier señala que los adolescentes pobres han quedado al margen de la “alta cultura” que durante muchas décadas se definió así a la que representan los universitarios, los intelectuales, escritores. Esta visión de cultura los jóvenes la conocen, pero no la respetan, crean sus propios códigos de valoración entre ellos y es más fácil de identificarse en grupos, bandas o pandillas urbanas que encuentran en esa forma de comunicación peyorativa.

Un chico de Veracruz, a quien lo detuvo la Policía Federal, dijo: “Me pegaron en la cabeza, nos pusieron bolsa con agua y nos pegaban en las costillas y nos insultaban muy feo. Nos llevaron a la Seido [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] y ahí nunca nos pusieron ningún abogado”.

Un adolescente Zapoteca, de Oaxaca, dijo: “Los de la Policía Federal me torturaron con bolsa en mi cabeza, me golpearon, me amarraron y me dieron de cinturonazos; duraron así como 4 horas”.

Otro chico de Oaxaca, explica: “Me detuvieron los marinos, me dieron golpes y toques eléctricos durante 2 días, luego me tuvieron arraigado 30 días para investigación en una casa de seguridad”.

La detención y debido proceso

El informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, del CIESAS, señala que un alto porcentaje de adolescentes refieren haber sido golpeados y maltratados por la policía en el momento de su detención. Y, aunque la etapa del juicio ocurre regularmente con apego a las normas del debido proceso, existen prácticas de tortura por parte de la policía, a pesar de que de los 730 adolescentes entrevistados, el 16 por ciento dijo ser inocente del delito que le imputaron.

Asimismo, la encuesta reveló que son muy bajas las cifras del cumplimiento de derechos de los adolescentes en el momento de su detención, ya que a menos de la mitad de los adolescentes le informaron del delito que del que le acusaban; qué derechos tenía o del derecho a contar con un abogado, y tampoco fue presentado de inmediato ante el ministerio público.

En contraste, la gran mayoría de los adolescentes refirieron haber sido informados de sus derechos por los jueces durante las audiencias. Es decir, en más de la mitad de los casos, ésta parece haber sido la primera experiencia de legalidad que tuvieron desde su detención, en contraste con el trato que la mayoría recibió por parte de la policía y del ministerio público.

A las condiciones de pobreza, marginación e indefensión, se suma el trato discriminatorio que los adolescentes sufrieron por su condición étnica. Por su desconocimiento de las leyes, de sus derechos y de la manera como opera el sistema de justicia, no fueron tomados en cuenta durante el juicio. Tampoco, en la mayoría de los casos, contaron con traductores, a pesar de que tenían dificultades para entender y expresarse en español.

Muchos indígenas señalaron que cuando fueron detenidos, hablaban y comprendían muy poco español, muy pocos contaron con traductores durante su juicio. Dijeron que no comprendían las explicaciones que los jueces les dieron durante las audiencias y que, sólo tiempo después de estar en el centro de internamiento, fueron poco a poco entendiendo el significado de los términos jurídicos que emplearon para juzgarlos y las razones por las que los privaron de su libertad.

Es decir, los testimonios reflejan que, más allá de si los adolescentes son responsables o no de los delitos que les imputan, es que existen fallas importantes en la aplicación del principio de presunción de inocencia. También queda claro que, en algunos casos, los adolescentes pueden ser llevados ante la justicia como una manera de saldar cuentas por conflictos o rivalidades inter e intrafamiliares, lo que, sobre todo, se observa en los casos en que fueron acusados de violación.

Asimismo, señala que son varios los casos en los que los adolescentes dicen haber sido presentados ante la justicia, sólo porque la policía los tenía ubicados por haber cometido previamente otros delitos. También llama la atención que algunos adolescentes explicaron que se encuentran privados de su libertad, a pesar de no haber cometido el delito, debido a que no pudieron probar su inocencia.

Aparentemente, para ellos no es suficiente que las autoridades no hubieran logrado probar su responsabilidad, sino que ellos se sentían obligados a probar su inocencia. En cualquier caso, lo que queda claro es que, lo que prevalece entre los adolescentes, es la convicción de que su palabra no tiene valor, no fue escuchada y no tuvieron la posibilidad de expresarse en un juicio que se les siguió a pesar de su silencio.

Ello, a pesar de que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio establece para los adolescentes las garantías del debido proceso y estipula que la privación de la libertad de los adolescentes sólo debe emplearse como último recurso y por el menor tiempo posible. En tanto que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, de 2016, señala que éstos deben estar en espacios diferentes a los de los adultos, lo cual en la práctica no se cumple.

Los centros de internamiento

En el país hay 54 centros para adolescentes en conflicto con la ley, que albergan a población de adolescentes privados de libertad. En 34 de ellos existen grupos de población vulnerable: 161 mujeres, entre las que se encuentran nueve internas junto con sus hijos; 123 indígenas; 57 extranjeros; 17 discapacitados, y 5 “infecto-contagiosos”.

Los testimonios de los adolescentes refieren malos tratos y golpes, especialmente por parte de los custodios, así como castigos de aislamiento por tiempos prolongados, o bien que les obligan a caminar con las manos atrás y la cabeza agachada.

El 68 por ciento de los jóvenes entrevistados por los expertos de CIESAS dijeron que, antes de ingresar al centro de internamiento, consumían drogas diariamente (en su mayoría, mariguana), sin embargo, otros consumían frecuentemente también cocaína, piedra, solventes y pastillas. Sólo unos cuantos habían llegado a consumir heroína o LSD.

Los autores del estudio señalan que la gran mayoría de los adolescentes (69 por ciento), dijo que, cuando llegaron al centro de internamiento, se sintieron muy mal, pues estaban asustados y preocupados, mientras que sólo el 17 por ciento dijeron que se sintieron bien en aquel momento y 13 por ciento regular. Sin embargo, al preguntarles cómo se sentían al momento de realizar la entrevista, después de un cierto tiempo de estar internos, los porcentajes se invirtieron ya que 68 por ciento dijeron que se sentían bien, 10 por ciento mal y 22 por ciento regular.

Por otra parte, el 30 por ciento de los adolescentes dijeron haber recibido golpes por parte de sus compañeros internos y el 22 por ciento reportaron que sus compañeros les han robado pertenencias, sin que la institución tome medidas ni los proteja adecuadamente, ya que el 20 por ciento señaló que no obtienen apoyo.

En lo que se refiere a los alimentos, la mayoría los adolescentes refirió que la comida que les proporcionan es insuficiente y pasan hambre. La comida es repetitiva y poco variada. En una buena parte de los centros de internamiento, los adolescentes refirieron que les dan de cenar entre las 4:30 y las 6 de la tarde, y después de esa hora, los encierran en sus dormitorios sin posibilidad de recibir alimentos sino hasta el día siguiente.

Las diferencias entre los centros son muy significativas; por ejemplo, hay instituciones que cuentan con diversos niveles de enseñanza, desde la primaria hasta la preparatoria, pero, en la gran mayoría de los casos, el número de horas que dedican a la educación es insuficiente, ya que los adolescentes asisten, regularmente, durante un par de horas dos o tres veces a la semana.

Es decir, en pocas instituciones cuentan con maestros que acudan regularmente y durante una jornada completa a impartirles clases, de manera que la mayor parte de las veces, sólo se les inscribe en los sistemas de enseñanza abierta y con poco apoyo o supervisión por parte de maestros y con poco o nulo material escolar.

Todo esto indica que, en los hechos, no se considera que estos adolescentes tengan el mismo derecho a la educación que quienes no se hallan privados de su libertad. Lo anterior, señala el estudio, tendrá por resultado que esta población permanezca en situación de desventaja en relación con los jóvenes de su generación y ello, a su vez, continuará limitando sus oportunidades, tanto para el desarrollo pleno de sus habilidades y capacidades, así como para su inserción en mejores condiciones en el mercado laboral.

En la mayoría de los centros de internamiento que recorrieron los especialistas los talleres son insuficientes, inapropiados y no cuentan con el material y/o las herramientas que requieren. Los funcionarios a cargo de las instituciones invariablemente argumentan que no cuentan con recursos para poder impartir esta clase, por lo que los adolescentes terminan elaborando artesanías o productos que no tienen demanda en el mercado ni les permitirán obtener un empleo más adelante.

La mayor parte de los establecimientos se encuentran en situación de abandono, sin que cumplan con los requerimientos mínimos ni se invierta en el mantenimiento, lo cual envía un claro mensaje a los adolescentes del poco interés que las autoridades tienen por dotarlos de una vida digna.

José del Tronco Paganelli, doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que prevenir situaciones de riesgo en la infancia implica la procuración de mejores condiciones de vida para la población más joven para reducir la inseguridad, inversión económica en múltiples programas preventivos que garanticen la disminución de conductas de conflicto social y apoyo técnico y financiero a las iniciativas de la sociedad civil organizada que trabajan en la prevención y atención de este fenómeno.

Estima necesario la creación de un sistema de justicia juvenil basado en la doctrina de la protección integral reflejada en los diversos convenios y tratados signados por el Estado mexicano. Bajo esta premisa, dice, es necesario homologar la edad penal a los 18 años en todo el país y modificar legislaciones, normas y procedimientos que atenten contra los derechos de la infancia y no garanticen su apropiada rehabilitación.

Mientras que para la Red Mexicana para los Derechos de la Infancia las medidas que prevalecen para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley derivan aún de una doctrina tutelar que no garantiza sus derechos de acuerdo con las normas internacionales en la materia y por el contrario les coloca en un mayor riesgo de incorporación a la dinámica de la delincuencia.

Se trata de abrir espacios de participación a los jóvenes interesados en pensar lo que está sucediendo en el país, así como actividades para fortalecer ejes de valores, de autoestima y generar agrupaciones a pesar del panorama sombrío, que entiendan que hay distintas aspiraciones a través de conocerse en espacios comunes, señala el doctor Héctor Berthier.

Dice que los vacíos que se han conformado en la lucha contra el narcotráfico, es difícil la realidad que viven los jóvenes, fatal y que requieren de programas de atención en los centros de reclusión para trabajar con ellos, pero dándole continuidad que el gobierno no tiene, como el Programa Nacional de Atención a la Violencia que tenía la Secretaría de Gobernación que inauguró Enrique Peña Nieto con millones de pesos y hoy parece con cero pesos y cero actividades realizadas, lo cual es un golpe del Estado contra la sociedad.

Hay muchas actividades del gobierno, pero orientadas a perpetuarse en la reproducción de un sistema político que les ha traído beneficios económicos y ha dejado en el olvido a la mayoría de la población. Y es que el sistema político mexicano como está conformado ha dado ya todo de si hasta donde pudo abusar con gobernadores prófugos, presos, funcionarios públicos corruptos que no deberían existir.

A manera de conclusión, los expertos del CIESAS alertan que México tiene mucho por hacer para brindar mejores condiciones a sus adolescentes, especialmente a aquellos que se encuentran en circunstancias de mayor vulnerabilidad, así como para que los sistemas de justicia logren proporcionarles las herramientas que requieren para poder efectuar el tránsito hacia la edad adulta en las mejores condiciones posibles y reducir su situación de desventaja en relación con otros jóvenes del país.

“De no hacerlo, se les estará condenando a vivir de manera permanente en condiciones de desventaja, sin que logren desarrollar todo su potencial y sus capacidades y sin que tengan la oportunidad de aportarlos en beneficio de ellos mismos y de la sociedad.”