El foro convocado por el senador Fernando Mayans Canabal, presidente de la Comisión de Seguridad Social del órgano legislativo, sirvió para que sindicatos independientes como el Mexicano de Electricistas externaran su punto de vista conminando a los miembros del Congreso a asumir la responsabilidad que la Constitución les confiere en su calidad de representantes populares para elaborar leyes que beneficien a las mayorías y no a los intereses de los empresarios nacionales y extranjeros.

Bajo cualquier óptica, resulta inaceptable que de manera irreflexiva los legisladores aprueben leyes que representen un retroceso a las conquistas de la clase trabajadora como fue el caso de la reforma laboral que ha traído más perjuicios que beneficios a los asalariados. Pero es doblemente censurable que los diputados consientan en ser desplazados de sus obligaciones estipuladas en la Constitución para actuar como factor de equilibrio entre los poderes de la Unión, como ocurrió con las reformas a los artículos 476, 513 y 515 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), a la que se adicionó un nuevo artículo, el 515 bis.

La reforma a la LFT coloca al margen de la instrumentación de las tablas al Poder Legislativo, dejando su emisión y actualización al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría del Trabajo. Y es preocupante que se excluya de un tema de tanta importancia para los trabajadores a representantes de organismos encargados de prestar la atención médica a los trabajadores del apartado “A” como del “B”; es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cediendo su sitio a los patrones y a los sindicatos corporativos, fusionados en una Comisión Tripartita y sujetos a las decisiones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).

Mediante la vía del mayoriteo, en San Lázaro se dio luz verde a estas modificaciones sin llevar a cabo un foro de consulta donde pudiera escucharse la voz de los verdaderos trabajadores y no de líderes acostumbrados a ir de la mano con los empresarios en la defensa de sus intereses. Pero lo que realmente sorprende es que los diputados aprobaran aminorar a los patrones una responsabilidad establecida en la fracción 14 del 123 constitucional, y al votar en pro de las modificaciones ellos mismos quedaran deslindados de su responsabilidad de velar por los intereses de los asalariados.

¿Acaso creen los miembros del Congreso que los líderes cetemistas defenderán las indemnizaciones de los obreros y empleados por enfermedades o accidentes de trabajo? Desde que el gobierno de Miguel de la Madrid estableció la política de los topes salarios, ellos hicieron eco a la política neoliberal bajo el argumento de que la contención salarial regulaba la inflación. Año con año, la pérdida del poder adquisitivo de las familias de menores recursos es consecuencia directa de los mini salarios y los micro aumentos permitidos por la mayoría de los legisladores.

Este sindicalismo corporativo tampoco movió un dedo cuando la administración de Ernesto Zedillo modificó el sistema de pensiones para entregar los ahorros de los trabajadores a los banqueros a través de las Afores, que desde hace 20 años han sangrado los millonarios recursos excusándose en las llamadas “minusvalías” (pérdidas autorizadas). Este modelo que fracasó rotundamente en países como Chile no garantiza un retiro digno a millones de mexicanos y es boleto seguro a la miseria para quienes se jubilarán en la próxima década.

Los partidos mayoritarios defendieron en su momento a la Reforma Laboral como el mecanismo que detonaría el empleo al flexibilizar el mercado laboral y traería mejores prestaciones a la clase trabajadora. Han pasado cinco años desde su puesta en marcha y las cosas no han pintado nada bien para los asalariados, sobre todo jóvenes que bajo el esquema de los contratos de prueba y la legalización de las outsuorcings, no tienen garantizada su estabilidad en el empleo y carecen del acceso a la seguridad social.

Por eso, en el Senado planteamos en la mesa de análisis de las tablas de enfermedades y riesgos de trabajo, la urgente reflexión para que senadores y diputados se pregunten si es aceptable que en un país que se pregona como democrático y respetuoso de los derechos fundamentales del ser humano, como lo es el derecho al trabajo, sea permisible la pérdida sistemática de derechos laborales.

Y cuestionar ¿dónde ha quedado el papel de los legisladores en la defensa del estado de derecho a través de la expedición de leyes más justas?

De acuerdo con las cifras del IMSS, anualmente se registran en México 1 mil 412 muertes por riesgos laborales y 411 mil accidentes de trabajo; es decir, que de ratificarse en el Senado las modificaciones hechas a la Ley Federal del Trabajo, casi medio millón de mexicanos estarán en riesgo de perder una indemnización justa agudizando con ello su precariedad y la de sus familias.

Las autoridades hablan de que se ha dado un incremento en los puestos de trabajo, basados en los datos del Seguro Social, pero no dicen que estas nuevas plazas son de salarios precarios que al menos en el caso de 21 millones de empleos, estos no rebasan los dos salarios mínimos al mes. De ahí la trascendencia de que los legisladores estén conscientes de las consecuencias sociales que puede traer la aprobación al vapor y de manera irreflexiva de ordenamientos que permitirán menoscabar los ingresos de la clase trabajadora en su conjunto, vía las indemnizaciones por enfermedad o por accidentes.

Por si esto no bastara para echar marcha atrás a este retroceso en la seguridad social, en la Comisión Tripartita encargada de la elaboración de las nuevas tablas no está presenta la legítima voz de los trabajadores. No puede aceptarse dejar la determinación del monto de las indemnizaciones en manos de los empresarios, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo y los líderes charros. ¿Quién les cuidará las manos y vigilara que los porcentajes no sean reducidos de forma caprichosa y bajo criterios netamente administrativos?

La cámara alta tiene ahora la facultad de convocar a especialistas en el tema y a organizaciones sindicales ajenas a la esfera corporativista, para que la actualización y revisión de las tablas deriven en indemnizaciones más justas para millones de mexicanos. Es momento de que los legisladores decidan si realmente asumen su papel como representantes populares o se colocan públicamente la capucha de verdugos de la clase trabajadora.

Martin Esparza Flores