La Segunda Sala de la Cámara Federal de la justicia argentina confirmó las acciones legales del juez Claudio Bonadio en el caso contra la ex presidente de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus colaboradores.

Esa Cámara se negó a tener en cuenta la solicitud del ex director de INTERPOL, Ronald Noble, quien anunció estar dispuesto a prestar testimonio a favor de los acusados.

Aunque no ha habido ningún tipo de condena anterior, los jueces Martin Irurzun y Eduardo Farah confirmaron las órdenes de arresto preventivo contra la ex presidente –quien actualmente goza de inmunidad parlamentaria–, su ex ministro de Exteriores Héctor Timmerman –bajo prisión domiciliaria por razones de salud– y contra Carlos Zannini, Luis D’Elía y Fernando Esteche, 3 colaboradores de la ex presidente.

Todos están acusados de «obstaculizar la acción de la justicia, abuso de autoridad y encubrimiento agravado» pero se retiró la acusación de «alta traición», figura legal utilizada por última vez en Argentina contra el ex presidente Juan Domingo Perón, en 1955.

Todo este absurdo caso se basa en la afirmación, nunca demostrada, de que los atentados de Buenos Aires, perpetrados contra la embajada de Israel y la asociación israelita AMIA, en 1992 y 1994, fueron cometidos por el Hezbollah libanés por orden de Irán.

Según los magistrados, Cristina Fernández de Kirchner abría abusado ulteriormente de su autoridad como presidente de la República Argentina para poner fin a las acciones legales contra varios ministros iraníes. Pero toda la tesis sobre la supuesta culpabilidad del Hezbollah y de Irán se derrumbó hace 15 días, desde que el FBI estadounidense presentó pruebas de ADN que desmienten lo que hasta ahora se daba por sabido.