En 1968, cuando Israel y la monarquía iraní mantenían excelentes relaciones, ambas partes crearon una empresa conjunta –la Eilat Ashkelon Pipeline Company– para administrar el oleoducto Eilat-Ascalón, también llamado EAPC, por las siglas del joint venture israelo-iraní.

Después del derrocamiento del shah y del establecimiento de la República Islámica, Israel nacionalizó el oleoducto. En 2015, un tribunal suizo fijó la compensación que Israel tendría que pagar a Irán en 1 100 millones de dólares, suma que Tel Aviv nunca pagó.

Actualmente el oleoducto cuenta con una segunda tubería, paralela a la anterior, que permite utilizarlo en ambos sentidos y la empresa administra dos terminales petroleras.

Israel mantiene toda la información sobre el oleoducto Eilat-Ascalón bajo estricta censura militar. Toda publicación sobre la compañía que lo administra, como la que incluimos al final de esta breve información, se castiga en Israel con 15 años de cárcel.

La concesión del oleoducto expira en 2018 y el gobierno de Netanyahu autorizó discretamente su renovación. Pero una nueva empresa, denominada EAPC-B, ha reemplazado la antigua EAPC. Mientras tanto, la comisión de Relaciones Exteriores del parlamento israelí ha renovado todo el dispositivo de censura militar sobre cualquier información vinculada a esa empresa.

En definitiva, a pesar de las declaraciones oficiales de ambas partes, el oleoducto EAPC sigue siendo una empresa de derecho público cuya propiedad comparten, a la mitad, Israel e Irán.

Ver también, «¿Hay que tomar en serio la política de Estados Unidos contra Irán?», por Thierry Meyssan, Al-Watan (Siria), Red Voltaire, 17 de octubre de 2017.