Como tantos pueblos indígenas, hoy está bajo asedio la comunidad de San Lorenzo Azqueltán. El pasado jueves 19 fueron levantados por hombres armados el concejal de este pueblo tepecano ante el Concejo Indígena de Gobierno, Catarino Aguilar Márquez, y el también comunero Noé Aguilar Rojas.

No es la primera vez que delincuentes armados, entrenados e impunes actúan contra comunidades indígenas y en favor de mineras, terratenientes, desarrolladores de “polos turísticos” y funcionarios. Tan cotidiana es esta alianza, que ya los pueblos que resisten a un despojo saben que deben prepararse para hacer frente a autoridades, empresarios y delincuentes.

Un caso paradigmático, no el único, que viene inmediatamente a la memoria es el de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán. Los comuneros han tenido que resistir a soldados, marinos, policías federales, estatales y narcotraficantes. Todos coordinados para destruir la organización, resquebrajar la identidad de los pobladores y la vida comunal.

Otro caso es el de La Parota, en Guerrero, donde también los campesinos tienen que sortear las políticas de división diseñadas para hacer estallar las comunidades contra sí mismas y las incursiones armadas de cuerpos legalmente constituidos y aquellos ilegales. Aquí el “megaproyecto” está a cargo de los gobiernos federal y estatal que quieren construir una represa y matar el ecosistema del río Papagayo.

Son apenas dos casos de un modus operandi de despojo que se instrumentó durante el sexenio de Ernesto Zedillo pero que se generalizó a partir del sexenio de Felipe Calderón.

Los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada (como los traficantes de órganos humanos, de maderas preciosas, de minerales) son empresas capitalistas que no dudan en actuar contra comunidades organizadas políticamente. Estos delincuentes son aliados naturales de empresarios y gobiernos que intentan imponer a toda costa la lógica del dinero en los pueblos indígenas y campesinos donde la lógica es la de la comunalidad.

Es indignante que a pesar de las denuncias previas de las amenazas y el acoso que padecen los pobladores de San Lorenzo Azqueltan, los delincuentes se regodeen en su impunidad y hayan levantado, es decir, secuestrado sin la intención de pedir un rescate, a un concejal junto con otro integrante de la comunidad. ¿A qué obedece esta agresión? Veamos.

San Lorenzo de Azqueltan se encuentra dentro del municipio de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco. Está en lucha por la recuperación de su territorio. Los indígenas –tanto tepehuanos como wirrárikas– gestionan legal y políticamente el reconocimiento y titulación de sus bienes comunales. Como legítimos dueños, tienen un título virreinal de 1733.

Aunque las propias instancias judiciales no han tenido de otra más que reconocerles sus derechos, el trámite de reconocimiento se detuvo gracias a un amparo interpuesto por los terratenientes que han invadido su territorio.

Desde hace meses, la situación de la comunidad de San Lorenzo se agravó con amenazas de muerte contra sus autoridades. Supuestos integrantes de la delincuencia organizada han ido a amedrentar a los representantes comunales.

Catarino Aguilar Márquez, como representante agrario, ha mantenido una lucha firme: sin dejarse amedrentar, sin venderse y sin claudicar. Ha asumido con entereza el mandato que le dio su comunidad: llevar el proceso de titulación y confirmación de los bienes comunales.

San Lorenzo Azqueltan ha instaurado un gobierno agrario, encabezado por el comisariado autónomo de los bienes comunales. La comunidad ha sido agredida por varios frentes: el de los terratenientes, el de dos cárteles de la droga (Jalisco Nueva Generación y del Golfo) y las autoridades municipales.

Como decíamos, en el territorio indígena de Azqueltan conviven los pueblos wirrática y tepehuano. Uno de los tres idiomas de los tepehuanos, en este caso, el tepecano, tiene su último refugio en esta comunidad. De concretarse el despojo, se estaría cometiendo también un etnocidio.

Las acciones abiertas de las autoridades municipales contra la comunidad van desde negarle cualquier tipo de apoyo a los que los comuneros tienen derecho hasta suspender el transporte para los estudiantes del pueblo.

María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, denunció –con información directa de la comunidad de Azqueltan– que el municipio han actuado como juez y parte en este conflicto. En la sesión 3 del conversatorio Miradas, escuchas, silencios: ¿Prohibido pensar?, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Marichuy denunció que en estos tres frentes que atacan a la comunidad están las mismas familias, los mismos grupos poderosos de la región.

El secuestro ocurrió a las 13:00 horas del día 19. Hasta el momento de redactar estas líneas (día 20) no se sabía nada del paradero de los dos indígenas. Catarino y Noé fueron interceptados en el municipio de Temastián, Jalisco. Un grupo de personas armadas los subieron a una camioneta Toyota Hilux, color gris, con doble cabina. Tomaron el rumbo a San Martín de Bolaños, Jalisco.

El Congreso Nacional Indígena y el EZLN exigen la presentación con vida del concejal Catarino Aguilar Márquez y de Noé Aguilar Rojas, de la misma comunidad y hermano del concejal Gabriel Aguilar Rojas.

La brecha que separa la realidad de los pueblos indígenas con la de los políticos (de cualquier signo) parece infranqueable. Apenas salió de la contienda electoral Marichuy, políticos y medios de comunicación hegemónicos se olvidaron de las comunidades indias. Volvieron a sus tiempos, sus realidades y sus intereses. Ninguno de ellos va a demandar la presentación con vida de los activistas tepecanos.

La organización que teje el Congreso Nacional Indígena es la esperanza de que sus comunidades y el país entero tengan viabilidad.

El presidente municipal de Villa Guerrero, Jalisco, es el panista Aldo Gamboa Gutiérrez. Es imprescindible que diga lo que sabe acerca del secuestro de los indígenas.

Zósimo Camacho