Lo peor es que no se trata de casos aislados. Es una situación generalizada que cada vez se recrudece más y que tiene su origen en políticas públicas erróneas, de control social o francamente de despojo y represión.

La gran mayoría de los perpetradores ni siquiera son molestados con una investigación, ya no hablemos de un juicio o una condena. Se regodean en la impunidad. Saben que sus decisiones, omisiones y comisiones que generaron muertos, desaparecidos, víctimas, no les traerán consecuencia alguna.

Ahí tenemos al nunca juzgado expresidente Felipe Calderón que, a falta de legitimidad, declaró una “guerra” para justificar la militarización del país y desató una ola de terror para desmovilizar a una población que no lo aceptaba como gobernante. Tan impune se sabe que pretendió gobernar de nueva cuenta por medio de su esposa. La Calderona tiene la cara tan dura como para pregonar que ella aplicaría de nueva cuenta las mismas políticas de su marido. Ésas que fortalecieron a los cárteles mexicanos, que enlutaron a cientos de miles de familias y que incrementaron la violencia a niveles no vistos desde la época de la Revolución.

Incluso Genaro García Luna, el supersecretario del sexenio anterior, recordado por utilizar recursos públicos para armar shows televisivos, cree que puede venir al país a presentar un libro y dar lecciones de políticas de seguridad. Como si nadie se acordara de su fracaso y sus complicidades.

Del actual sexenio mencionamos por el momento sólo un número como un doloroso botón de muestra: 43.

Hablamos de los últimos 2 sexenios, porque son los más recientes y porque mantuvieron una idéntica política de supuesta guerra contra las drogas. Se trata de regímenes militaristas que sacaron a soldados y marinos de sus cuarteles y generalizaron la violación de derechos humanos.

Pero claro que no son los únicos impunes. Sólo para no dejarlos pasar, ahí está el languarico Fox (el de la embestida policiaca contra Atenco que dejó un muerto, decenas de mujeres violadas sexualmente y cientos de heridos). Está el american Zedillo (el de las masacres de Acteal, El Bosque, El Charco…). También el padrino, el antiguo innombrable Carlos Salinas (el de no los veo ni los oigo… pero bien que les atino).

Regresando a los dos últimos gobiernos federales (los de Calderón y Peña), este 3 de mayo la fundación Open Society presentó un nuevo informe sobre México. Se titula: Corrupción que mata. Por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad. En la elaboración del mismo participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, Piedras Negras/Coahuila; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y PODER Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. En realidad, este estudio es continuación de otro publicado en 2016, titulado Atrocidades innegables.

El documento de este 2018 concluye que la situación del país es cada vez peor. En 2017, México vivió una violencia inédita, con más de 25 mil homicidios (superando, incluso, a los de 2011). Los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos se han vuelto parte de la cotidianidad. Más de la mitad de todas las personas desaparecidas han sido reportadas en los últimos 6 años. La tortura sigue siendo una práctica rutinaria y “generalizada” a nivel estatal y federal, como reafirmó a principios de año el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura.

Esta violencia no viene sola. No se desató espontáneamente. Es parte de una situación en la que no existe la rendición de cuentas. El informe señala que: “De hecho, la impunidad ha sido una parte deliberada de la política del gobierno mexicano: los crímenes atroces han florecido, en parte, debido a la incapacidad de investigar y procesar de manera efectiva a los responsables, en especial cuando estos pueden ser funcionarios públicos”.

En este país la impunidad todavía es mayor cuando los crímenes cometidos por los cárteles de la droga se perpetraron en colusión con funcionarios corruptos.

El informe Corrupción que mata ahonda en la impunidad y la corrupción como las garantías de que la violencia no se detenga y, por el contrario, se profundice. Ejemplifica con dos casos concretos, igualmente indignantes, estrujantes. Ambos se cometieron en el estado de Coahuila. Uno es la masacre de 2011 en la ciudad de Allende en la que 300 personas (hombres, mujeres, niños) fueron asesinadas en sólo 3 días. Este exterminio sólo pudo haber ocurrido con la participación de autoridades del Estado mexicano. El otro es el los 150 homicidios y desapariciones ejecutadas al interior de la cárcel de Piedras Negras, entre 2009 y 2012. Entonces esa prisión servía como centro de operaciones de Los Zetas.

El informe concluye que “hay evidencia fiable de que algunos funcionarios públicos, incluyendo a oficiales de policía, empleados penitenciarios y funcionarios electos, pudieron haber coludido en estos crímenes con el cártel de los Zetas”.

Las organizaciones autoras del documento señalan: “Ahora, México tiene la obligación de investigar de manera independiente y competente a todas las personas responsables de estas y otras atrocidades, hasta donde sea que la evidencia pueda conducir”.

Para que ello sea posible, demandan “establecer un mecanismo de justicia independiente con participación internacional, donde expertos mexicanos y extranjeros puedan trabajar en conjunto de manera imparcial y sin presiones de partidos políticos para combatir los crímenes atroces y la corrupción que los permite”.

Temo que dicho informe se tope, otra vez, con la realidad mexicana. Los candidatos a la Presidencia andan en otra cosa muy distinta.

El asunto es que en pleno proceso electoral el pacto de impunidad está más vigente que nunca. No sólo no está a discusión, sino que se fortalece. Todos los candidatos (sistémicos los cinco, a fin de cuentas) hacen esfuerzos por ver quién promete mejor que la impunidad se mantendrá.

Con total desparpajo aseguran que no habrá persecución contra quienes hayan cometido corrupción, violación de derechos humanos o se hayan enriquecido ilícitamente. Es la garantía para acceder al poder.

Sólo una sólida organización social más allá de los procesos electorales detendrá esta tormenta.

Zósimo Camacho