Especialistas en temas socioambientales reconocen la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República como “un cambio histórico en el país”, a través del proceso electoral. Reconocen su legitimidad. No obstante, también dudan que lleve a cabo un verdadero cambio en beneficio de las clases más protegidas: los pobres, los indígenas, que han sido desplazados de sus territorios a causa de la imposición de megaproyectos y se han enfrentado al abuso, despojo, desapariciones y hasta la muerte.

Francisco López Bárcenas, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), dice que “es importante” la victoria de López Obrador, pues en principio genera un ambiente distinto al que se tenía con los últimos gobiernos, desde Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Con el arribo del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dice el especialista, también hay ambiente distinto para las luchas sociales; pero “creo que no hay que poner mucha esperanza en un cambio con el nuevo gobierno, a menos que la gente lo obligue a eso. No hay que olvidar que dijo que iba a impulsar a la minería canadiense, lo cual sería gravísimo por el impacto que deja este modelo de extractivismo”.

López Bárcenas, autor del libro La vida o el mineral. Los cuatro ciclos de despojo minero en México, ha documentado que el 28.58 por ciento del territorio mexicano (el equivalente a 51.76 por ciento de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) estaba concesionado a empresas mineras, la mayoría de capital trasnacional y en su mayoría canadienses.

El experto y defensor de los pueblos indígenas, indica en su obra que las actividades mineras y sus efectos se oponen a los campesinos, porque destruyen las tierras donde viven y obtienen sus alimentos, contaminan ríos y mantos acuíferos; los pueblos indígenas las rechazan porque destruyen sus territorios, sus lugares sagrados y sus formas de vida; la sociedad en general sabe que indebidamente se apropian de los recursos naturales que pertenecen a los mexicanos.

Entre sus colaboradores, dice López Bárcenas en entrevista, se encuentra el líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia; el empresario Alfonso Romo, que durante años se dedicó a las plantaciones forestales de tabaco, y el propuesto para titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Víctor Villalobos, quien también ha impulsado la siembra de transgénicos.

Para el académico, hay un dato que podría marcar el rumbo de “por dónde va a ir” esta nueva administración. Hace algunas semanas hubo una reunión en la Ciudad de México de líderes indígenas con futuros secretarios de Estado, entre ellos, Adelfo Regino, propuesto para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi); Román Guillermo Mayer, para la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu); María Luisa Albores González, para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Alejandra Fraustro Guerrero, para la de Cultura.

“Sí, está bien –dice López Bárcenas– porque ellos se dedican a atender políticas sociales; pero faltaban los de Economía, que son los que dan las concesiones para la explotación de hidrocarburos, fracking, minería y los de Energía. Con esto se va marcando por dónde van a ir el proyecto”. El asistencialismo para los pueblos indígenas pero no los temas de fondo.

Por ello, agrega el especialista, “es importante que las comunidades vean que hay otro escenario, pero que eso no resuelve los problemas que enfrentan. Es necesario tejer nuevas relaciones con el gobierno, pero también son importantes las alianzas comunitarias para posicionar sus luchas y defender sus derechos”.

El lema de “Primero los pobres” que ha enarbolado el candidato electo a la Presidencia de la República podría estar enfocado sólo en la atención a pobres a través de programas sociales y asistenciales. De ser así, estaría en contravención de los programas extractivistas, “sería el saqueo de los recursos natrales de los pueblos; a cambio, tendrían un bienestar en términos asistencialistas pero no un futuro propio”, arguye López Bárcenas.

Hay que mirar claro que no es un cambio cualquiera; tampoco es un cambio fuerte en términos de las políticas que se han llevado hasta ahora, “pero creo que no hay que esperar todo del gobierno y hay que organizarse para posicionar la agenda de los pueblos”.

Miguel Ángel Mijangos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) comenta que esta organización se mantuvo al margen de participar con alguna postura o candidato durante el proceso electoral. Mantuvieron el trabajo con las comunidades que están en la defensa del territorio pero no se pronunciaron por algún partido ni fincaron expectativas en el triunfo de candidato alguno.

Explica que las comunidades asumieron de manera independiente su propia decisión ante el proceso electoral recién concluido. Sin embrago, menciona que durante la campaña, López Obrador generó expectativas, refrendadas el 1 de julio.

Desde la Rema, “consideramos que esas expectativas cruzaron toda una gama de problemáticas que se viven tanto en las comunidades como en el resto del país, que ahora la gente esperará sean atendidas y resueltas.

“En algunas comunidades nos preguntaron qué pensábamos de las posiciones de López Obrador en el contexto de los bienes naturales y el modelo extractivo. Les comentamos que nuestra perspectiva y expectativa son poco alentadoras, pues durante su campaña refrendó la continuidad del modelo extractivo, posicionó a un cuestionado líder sindical minero [Napoleón Gómez Urrutia], afianzó su postura de realizar consultas, no mostró un discurso fuerte hacia los pueblos indígenas, ni siquiera con la participación de Marichuy [María de Jesús Patricio Martínez, candidata independiente propuesta por el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional] a la que al inicio golpeó políticamente porque la supuso contrincante; y, finalmente, no se negó a rechazar la reforma energética, salvo una revisión de los convenios y contratos.”

Con todo, reconoce que “quedó claro que los pueblos ven una oportunidad de cambio para bien en él”.

El riesgo del movimiento social

Hasta la actual administración, los movimientos sociales opositores a los megaproyectos han sido considerados “foco rojo” para la estabilidad del país, de los que detentan el poder y de las clases privilegiadas.

Así lo ha evidenciado la Agenda Nacional de Riesgos, documento de carácter confidencial elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien entregará el mando a López Obrador el próximo 1 de diciembre.

La Agenda Nacional de Riesgos, obtenida y publicada por Contralínea en un reportaje seriado en la segunda mitad de 2016 (), hace un análisis de lo que llama “conflictividad regional”, y explica que hay una obstrucción a proyectos de infraestructura (hidroeléctricos, eólicos, termoeléctricos, aeropuerto y refinería), bajo el argumento de “supuesto daño al entorno ecológico y la desatención a las necesidades de las comunidades”.

Manifiesta que en el país hay un rechazo a la explotación minera por afectaciones al medio ambiente y saqueo de los recursos naturales, lo que implica la focalización de estos grupos opositores a los procesos extractivos como de interés para la seguridad nacional.

Jorge Tadeo Vargas, biólogo y coordinador de del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, comenta que las transiciones siempre son buenas porque nos permiten, incluso, oxigenan a las propias resistencias y a las propias luchas comunitarias.

Además, “que haya ganado una persona que por ahí coquetea un poco con la izquierda también nos dice que es posible que tengamos un poco más de apertura ante algunos proyectos”.

Lo que si preocupa, “bastante”, a muchas comunidades y organizaciones que están resistiendo contra megaproyectos es que, al menos, hasta ahorita este nuevo gobierno encabezado por López Obrador ha mostrado poca sensibilidad con respecto a las resistencias.

“El hecho de que él hable de refinerías como parte de su proyecto para sacar adelante al país, sabiendo todos los impactos socioambientales que tiene para las comunidades cercanas donde se instalan, nos dice de su poca cercanía con respecto a las comunidades y sus afectaciones.

“Que haya hablado de reactivar las presas hidroeléctricas como fuente de energía limpia, indica que no conoce bien sobre algunos temas, por ejemplo, con respecto a la supuesta energía limpia de las hidroeléctricas que son responsables del 18 por ciento de los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global y el cambio climático”, expone el especialista.

López Obrador, dice, ha hablado de la libertad empresarial, en un país en donde sabemos que las empresas son las que deciden el futuro de las comunidades, y “teniendo un presidente que habla de la libertad empresarial, pues nos dice que la situación no va a cambiar mucho. Espero estar equivocado”.

Los retos del lopezobradorismo

Por todo el país, el gobierno federal de Peña Nieto tiene proyectados más de 740 proyectos de significativa infraestructura: autopistas, gasoductos, centrales eólicas, presas hidroeléctricas que, además de implicar una inversión pública y privada por más de 7 billones 750 mil millones de pesos, significaron desplazamiento y despojo de comunidades enteras donde se iniciaron, desabasto de agua y pérdida de cosechas y ganado.

Francisco Cravioto Lagos, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, dice que después de la llegada de López Obrador hay optimismo entre la gente y, posiblemente, haya una mayor apertura para comenzar a discutir temas vinculados a las amenazas en términos de afectaciones sociales y ambientales a los territorios del país por parte de megaproyectos.

No obstante, dice, “hay que reconocer que éste no es uno de los temas centrales de la agenda de López Obrador y, hay un problema que no es exclusivo de él, sino de toda la clase política: no existe integralidad en sus programas de gobierno, que significa que diferentes sectores están desvinculados de sus programas. Se manejan de manera aislada la política energética, de comunicaciones y transportes, de fomento al turismo, desarrollo agrario. Todas tienen como principal parámetro de éxito fomentar el crecimiento económico del país y, a la par, está bajo una planeación distinta”.

—¿Podría haber un equilibrio entre el respeto a los pueblos y el desarrollo económico? –se le pregunta.

—Sí, demos el beneficio de la duda y digamos que no sabemos cuál de estas políticas va a ser la principalmente beneficiada; las prerrogativas económicas han estado por encima de los temas ambientales y de derechos humanos.

“Una política de desarrollo integral planeada transversalmente debería contemplar todos estos objetivos en conjunto. Se puede lograr el crecimiento económico con respeto a derechos humanos, al medio ambiente y al territorio. Se puede incluir en el proyecto de desarrollo a las comunidades más marginadas del país, tanto en el ámbito rural como en el urbano.”

Cravioto Lagos esperaría que cuando se revisen las concesiones mineras se revise también el impacto en el uso del agua, los abusos laborales, las repercusiones al medio ambiente, las violaciones de derechos humanos. Es decir, las razones de ser de los movimientos en defensa del territorio.

Explica que en el caso de los hidrocarburos, hay una contradicción importante en el programa del próximo gobierno. Por un lado, encuentra dos puntos positivos: el establecimiento de una moratoria en la entrega de contratos en la iniciativa privada y la revisión de en qué condiciones se entregaron estos contratos. “Esto atiende temas de posible corrupción y conflicto de interés”, reconoce. Son embargo, “no está en el centro de esta propuesta el interés de las comunidades que habitan en los territorios donde se desarrollan este tipo de proyectos”, destaca.

Érika Ramírez