El 16 de julio pasado, el adolescente Phillip Junior Webb, de San Diego, California, se declaró culpable ante un tribunal federal estadunidense no sólo de traficar con drogas ilegales, sino también de reclutar a otros adolescentes con ese mismo objetivo y traficar indocumentados.
El estudiante de secundaria convencía a sus propios compañeros de escuela –Castle Park High School, ubicada en Chula Vista– para involucrarlos en el contrabando de metanfetaminas y fentanilo, una de las drogas de moda en el vecino país.
Según sus propias declaraciones, cursaba el último año de secundaria cuando delinquió, por lo que ahora –a sus 18 años de edad– ha enfrentado cargos de conspiración para distribuir drogas y de trata de persona.
De acuerdo con datos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, decenas de jóvenes están contrabandeando para distintos cárteles del narcotráfico en ambos países.
“El número de incidentes en los que se decomisaron drogas a menores [de edad] en los puertos de entrada en el Distrito Sur de California ha aumentado significativamente en los últimos años.”
El Departamento agrega que “hubo un aumento de 153 por ciento en las incautaciones de drogas de 2016 a 2017, de 39 a 99. Mientras que en los primeros 4 meses de 2018, el ritmo se ajustó al de 2017, con un nuevo giro preocupante: los menores contrabandean fentanilo, [una droga] ultra mortal. Algo que no había sucedido en años anteriores”.
Además, datos de la Agencia Antidrogas (DEA, por siglas en inglés) refieren que en una misma semana fueron arrestados cinco menores en el cruce de San Ysidro, cuando intentaban introducir en Estados Unidos “cantidades significativas de fentanilo”. Los hechos ocurrieron en marzo pasado.
La Agencia ha detectado muchos incidentes de drogas con menores de edad, como el caso de una adolescente que conducía un vehículo en el cual ocultaba un cargamento de fentanilo y cocaína.
Según la DEA, en cuatro ocasiones diferentes, también en San Ysidro, otros adolescentes intentaron ingresar por las vías peatonales con más de 2 kilogramos de fentanilo atados a sus cuerpos.
Para la autoridad, 2 kilogramos de fentanilo implican un grave riesgo para la vida de los jóvenes que sirven como mulas, pues tan sólo consumir de 2 a 3 miligramos podría causar depresión respiratoria y posible muerte.
Por ello, se han prendido las alarmas en el vecino del Norte y el mismo 16 de julio, cuando Webb se declaraba culpable de traficar drogas y enrolar a otros adolescentes, las autoridades estadunidenses lanzaron una estrategia informativa en ambos lados de la frontera.
En San Diego e Imperial, así como en Tijuana, arrancó la campaña que busca evitar que los estudiantes de secundaria y preparatoria actúen como mulas de drogas para los cárteles.
Según el Departamento de Justicia estadunidense, se trata de vallas publicitarias en las que se advierte a los menores que el contrabando de drogas podría costarles su libertad y su futuro: “no vale la pena arriesgarse por los pocos cientos de dólares que los cárteles les ofrecen”.
La campaña es financiada por la DEA y por el High Intensity Drug Trafficking Area, un programa de prohibición de drogas administrado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.
Para las autoridades del vecino país, “los narcotraficantes aprovechan la naturaleza ingenua de los jóvenes y los atraen con incentivos como el dinero y la electrónica, a cambio de cruzar ilegalmente drogas a Estados Unidos. Muchos de estos niños son reclutados en sus escuelas secundarias y algunos están siendo reclutados por sus compañeros de clase”.
De acuerdo con los datos oficiales de la Fiscalía de Distrito de San Diego, “en menos de 1 año, al menos 70 jóvenes fueron arrestados en el puerto de entrada tratando de pasar de contrabando metanfetamina, cocaína, heroína y el mortal fentanilo al condado”.
Para la administración federal estadunidense, tanto los tutores como los administradores escolares y los propios niños y jóvenes deben ser conscientes de que los esfuerzos de reclutamiento de los traficantes representan una amenaza constante.
“Se sabe que reclutan niños en las escuelas, pero también pueden acercarse a ellos en funciones extraescolares, campamentos, bibliotecas, transporte público, a través de redes sociales y comunicaciones electrónicas, como las de las consolas de videojuegos, los mensajes de texto y las salas de chat. Los reclutadores podrían ser otros niños, padres, adultos conocidos o completos extraños.”
El caso mexicano
En México serían miles de menores integrados a las filas del crimen organizado. Según México Evalúa, México SOS y Cauce Ciudadano, al menos 75 mil jóvenes habían sido cooptados por los cárteles del narcotráfico en 2012.
Actualmente, los números podrían ser mucho más dramáticos porque en la cadena de este ilícito se emplean desde campesinos, mulas y halcones –que son los puestos más bajos–, hasta sicarios, distribuidores, narcomenudistas, reclutadores, lavadores de dinero, vigilantes de casas de seguridad, etcétera.
A ello se suman los adolescentes y jóvenes ligados a otros grupos delincuenciales, como los secuestradores. Al respecto, un caso terrible sucedió el pasado 22 de julio, cuando un niño de 13 años fue detenido en la Basílica de Guadalupe tras cobrar el rescate de un plagio de otro menor de 5 años de edad.
Pero aquí los ejemplos abundan, como el emblemático caso de Édgar Jiménez Lugo, el Ponchis, detenido el 3 de diciembre de 2010 en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos, cuando intentaba escapar hacia la frontera con Estados Unidos.
Como se recordará, el Ponchis –de tan sólo 14 años de edad– era un sanguinario sicario del Cártel de los Beltrán Leyva, que confesó haber participado en cuatro decapitaciones.
Pero aquí, ni por la gravedad del caso del Ponchis se activaron las alarmas: el Estado mexicano ha sido totalmente omiso al problema. Los niños, adolescentes y jóvenes están en la total indefensión y sin oportunidades de un futuro alejado del crimen.
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