A esos 11 togados se agregan también los exministros de la Corte, como la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lejos de aceptar los principios de austeridad que ha marcado su jefe López Obrador como una directriz imperante de su gobierno, se inclina por defender los intereses de sus colegas ministros y los de ella misma, pues ha dicho que ya le explicó al presidente electo que no se puede reducir el salario de los ministros porque es un derecho constitucional.

Pero por qué Sánchez Cordero defiende con tanta pasión el ingreso mensual de 600 mil pesos que gana cada miembro de la Corte, pues simplemente porque también ella, como todos los exministros vivos, recibe un salario similar con todas las prestaciones y derechos incluidos que actualmente ganan quienes dicen defender la legalidad y la constitucionalidad del país.

Es decir, que Sánchez Cordero también recibe una jugosa pensión sin trabajar. La duda ahora es si esta exministra ganará además de los 600 mil pesos mensuales de pensión, los 108 mil pesos del sueldo como secretaria de Gobernación.

Por lo pronto ésta es la primera contradicción que el próximo gobierno va a enfrentar, cuando la encargada de atender la política interna del país rechaza desde ahora las disposiciones del próximo presidente de la República para reducir los cuantiosos salarios y pensiones de la burocracia.

Es momento de considerar si tiene sentido mantener en un puesto clave del próximo gobierno a una persona convencida de que debe existir una élite política que obtengan del erario sueldos individuales por 7.2 millones de pesos al año, mientras que millones de obreros y campesinos apenas sobreviven con un salario mínimo anual de 32 mil 233 pesos.

En esta confrontación legal que ya vislumbra el propio López Obrador, destaca que es precisamente la Suprema Corte de Justicia la responsable de analizar y decidir sobre la constitucionalidad de los artículos que refieren sobre el salario.

Eso convierte a los 11 ministros en juez y parte, pues por un lado ellos alegan que el salario no debe reducirse porque es un derecho constitucional, mientras que López Obrador buscará también que se cumpla la Constitución, que mandata que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, y como él bajará su salario al 50 por ciento, a 108 mil pesos mensuales, entonces nadie debe percibir cantidades superiores a ese monto.

Como seguramente los ministros determinarán mantener su voluminoso ingreso, entramos al terreno de lo inmoral y grotesco que resulta que un grupo de burócratas que se dicen “servidores públicos” consideren justo que el pueblo tiene la obligación de pagarles tanto dinero porque dicen impartir justicia.

La corrupción del Poder Judicial
Sin embargo, este tema salarial no es, por mucho, el principal problema al que se enfrentarán los dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, pues la corrupción, como también lo ha mencionado López Obrador y todos los mexicanos lo sabemos, es también el talón de Aquiles de jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Ha sido sumamente doloroso y grotesco observar cómo la burocracia de los tres Poderes se llena de dinero las alforjas cada 6 años y con cada cambio de gobierno siempre aparece una nueva clase política enriquecida ilícitamente.

En ese sentido observamos como miembros del Poder Ejecutivo roban literalmente dinero público: son muchos los casos y ejemplos ya mencionados en medios de comunicación. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo, en donde diputados y senadores tienen elevados salarios y múltiples canonjías y privilegios que no se obtienen ni en países desarrollados.

Pero sin duda que el mayor agravio para la población es la corrupción del Poder Judicial, porque cada juez, magistrado o ministro que se corrompe pone en juego la vida, la libertad y el patrimonio familiar de acusados y víctimas. Pero el máximo tribunal de justicia del país no hace nada por combatir la corrupción.

Así que los elevados salarios que defienden hoy los ministros de la Corte son totalmente contrarios a la impartición de justicia, la cual sigue siendo una aspiración y una exigencia de la población. Entonces, por qué pagarles esas fortunas cuando han sido incapaces de proporcionarnos justicia.

Puntos suspensivos… Hace unos días se llevaron a cabo foros en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que López Obrador y miembros del que será su gabinete escucharan las demandas y denuncias de familias de decenas de miles de víctimas de asesinato, secuestro y desaparición. Con todo el dolor y desesperanza de familiares que han perdido a padres, hermanos, hijos, cónyuges, quienes integrarán la nueva burocracia gubernamental el próximo sexenio escucharon atónitos las terribles narraciones. Todo avanzaba de acuerdo con lo previsto hasta que a López Obrador se le ocurrió hablar de “perdón” ante esas víctimas. Aunque entiendo el interés del presidente electo por pacificar de alguna forma el país, la exigencia de justicia para esas víctimas que han vivido el homicidio en sus familias, la desaparición o el secuestro de algunos de sus miembros, no puede ser negociable. Mucho menos se les puede pedir que otorguen perdón a los victimarios. ¿O a quién se refiere López Obrador cuando les dice a estas víctimas ni olvido pero sí perdón? Si revisamos la estructura de esos crímenes tenemos que el asesinato, secuestro o desaparición la cometió uno o varios sicarios; arriba de él está quien los contrata y les paga, lo que lo hace responsable directo, y en la punta de la cúspide criminal aparece el autor intelectual, que bien pueden ser narcotraficantes, políticos, autoridades de los tres niveles de gobierno, jefes policiacos o militares. ¿A quién de éstos propone López Obrador perdonar? Por supuesto que a nadie de éstos se puede perdonar; entonces, ¿para qué escuchar a estas familias de víctimas si lo que se les va a pedir es algo que con justicia no están dispuestos a aceptar? Urge que le expliquen cuándo y dónde puede emplear esas palabras que lejos de dar esperanza de justicia causan más dolor, desconfianza e indignación.

Miguel Badillo