Impuesto “ecológico”: permiso para destruir el medio ambiente

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó legal la aplicación de un “impuesto ecológico” que pagarán las empresas relacionadas con el modelo extractivo depredador en el estado de Zacatecas. En los hechos, el aval a este impuesto significa la justificación y un intento de legitimación de un modelo extractivo que múltiples estudios e investigaciones han demostrado que destruye la vida.

Con estos tenues e irreales paliativos verdes, como el aprobado recientemente, se envía un mensaje distorsionado y mentiroso para que la opinión pública crea que en Zacatecas hay un gobernador –Alejandro Tello– preocupado por el medio ambiente. La realidad es que se sigue imponiendo una visión de desarrollo en la que se usa la naturaleza de forma barata.

Nuevamente se propaga el grito de que “el que contamina paga”, a pesar de ser una fórmula nacida –y ya oxidada–, en el zedillismo. Y que, sin embargo, para varios políticos y magistrados continúa siendo vigente. Todo a pesar del desastre socioambiental en el que nos encontramos.

Este gobernador y el resto de los gobernadores del país, en lugar de simular políticas públicas verdes, deberían impulsar la aplicación de procesos para la rendición de cuentas, y no para compensar o resarcir daños, que, además ni siquiera el Estado está capacitado para determinarlos.

Si a la actividad minera se le agregara en su costo de producción el costo generado por daño ambiental y por daños a la salud de la población, sería una práctica económica inviable, porque los daños que ocasionan son desproporcionadamente mayores a la inversión orientada a esa supuesta atención.

Lo que los pueblos y la sociedad demandan es justicia socioambiental. En consecuencia, se debe prohibir la minería a cielo abierto y de tumbe y relleno, porque esta práctica pondera una visión de “progreso y desarrollo” que hace creer que podemos tener un crecimiento económico infinito (cuando el planeta es finito). Este modelo, además, profundiza la desigualdad; concentra y privatiza las ganancias, y deja en manos de la sociedad más vulnerable los costos y prejuicios socio-ambientales. Insistimos en que se deben responder tres preguntas básicas ante los proyectos mineros: 1) desarrollo para qué y 2) para quiénes; y 3) si, bajo esa lógica, tal desarrollo será de largo aliento.

Giancarlo Delgado, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con estudios de maestría y doctorado en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (España) e investigador titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y también integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su publicación Metabolismo social y energía, hace referencia al costo ecológico del actual modelo, y nos explica lo que significa sacar 1 gramo de oro en la mina Cerro San Pedro, de San Luis Potosí.

Cada gramo de oro de esa mina trae consigo una carga ecológica de por lo menos 4 millones de gramos de desechos sólidos de diverso grado de toxicidad y 2 millones de gramos de agua altamente tóxica. ¿Será que el gobernador de Zacatecas tiene idea de lo que sucede con ese tema en la mina de Mazapil?

Esta carga, conocida como “mochila ecológica”, de manera inmediata hace ver que la actividad minera actual es insostenible y ayuda a entender que el “impuesto ecológico” establecido por la Suprema Corte raya en la burla y el desconocimiento de fondo de la problemática minera.

El gobernador Tello cree que el maquillaje verde podrá perpetuar la rapacidad e impacto de las empresas extractivas. Cree también que con este impuesto salvará al estado de no entrar de lleno a una crisis socioambiental sin precedentes. Falta ver las reacciones en contra de esta nueva tributación que, por supuesto, las empresas –por cierto, varias con amparos en la bolsa– podrán discernir para que su aplicación, si es que no la pueden esquivar, sea por lo menos subrepticia, oculta, oscura, para que no se le pueda dar seguimiento, tal como sucede con el Fondo Minero.

Tampoco es real que con el dinero que se recaude mediante ese impuesto, se podrán atender los problemas que históricamente ha presentado el extractivismo minero, cervecero y monoagroalimentario relacionados con los daños a la salud, la contaminación y agotamiento de recursos hídricos, el despojo y desplazamiento forzado y la destrucción de formas de vida campesinas.

Lo paradójico que raya en el cinismo es que a quienes se les quiere responsabilizar a los campesinos, los pueblos y las comunidades de no ser solidarios con los bienes naturales que demandan las megaurbes (que siguen creciendo sin planeación de futuro).

Decir que los “impuestos ecológicos” son sinónimo de justicia, reciprocidad y beneficio para el estado, significa acentuar la asignatura pendiente que se tiene con los pueblos que son saqueados y violentados.

Esta iniciativa verde centrada en el ecoeficientismo es sólo un discurso. Y es aberrante hablar de “minería sustentable”, cuando la esencia de ésta es la lógica capitalista de acumulación de ganancia por desposesión.

Hay que hacer énfasis en que la minería que predomina en América Latina, México y Zacatecas es una megaminería tóxica centrada en la extracción de metales y en la acumulación de desechos tóxicos como pasivos ambientales. Predomina también la acumulación de ganancias como sucedió en 2017, cuando el total del valor de la extracción minera fue de 417 mil millones de pesos, pero de los cuales el Estado sólo recaudó 4 mil 973 millones de pesos. Es decir, el 1 por ciento del total, que equivale sólo al 0.35 por ciento del total de los ingresos del gobierno federal.

Antes de aprobar impuestos ecológicos “por remediación ambiental de la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento de residuos”, tanto el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, como los legisladores y las instancias de procuración de justicia, deberían concentrar sus esfuerzos en la reivindicación para las y los zacatecanos que históricamente han sido agraviados por la actividad minera.

Los funcionarios del gobierno que hoy encabeza Tello mucho tienen que decir del despojo y desplazamiento forzado en el municipio de Noria de Ángeles; en Salaverna, Nuevo Mercurio y las comunidades aledañas al complejo Peñasquito en Mazapil; en la Colorada y la cabecera municipal en Chalchihuites; en Vetagrande, en San Martín y San José de Canutillo en Sombrerete… sólo por mencionar algunas de las varias experiencias que falta citar.