Declaración del Secretario de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos ha dispuesto la aplicación de sanciones a tres ciudadanos paraguayos por su participación en mecanismos de corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades relacionadas que están implicadas en esos mecanismos, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 13818. Este Decreto Ejecutivo amplía e implementa la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) y actúa contra responsables de graves violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción en todo el mundo.

Las medidas de hoy confirman nuestro esfuerzo continuo para imponer consecuencias a los actores corruptos y proteger el sistema financiero estadounidense de la posibilidad de abuso. Adoptadas en coordinación con la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional, estas acciones representan una iniciativa con participación de todas las instituciones gubernamentales para combatir la corrupción en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Estados Unidos está comprometido a apoyar los esfuerzos de Paraguay destinados a combatir la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes menoscaban las instituciones gubernamentales. La corrupción amenaza el Estado de derecho, debilita las economías y frena el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa los conflictos, priva a civiles inocentes de derechos humanos fundamentales y mantiene un nexo intrínseco con el lavado de dinero y la falta de transparencia financiera.

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Declaración del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres ciudadanos paraguayos, Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán González, por su participación en hechos de corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades asociadas que están vinculadas con sus maniobras de corrupción. Estas personas y entidades han sido designadas por aplicación de la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13818, que amplía e implementa la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) y actúa contra responsables de graves violaciones de derechos humanos y hechos de corrupción en todo el mundo. La corrupción amenaza el Estado de Derecho, debilita las economías y frena el crecimiento económico, socava las instituciones democráticas, perpetúa los conflictos, priva a civiles inocentes de sus derechos humanos fundamentales, y mantiene un nexo intrínseco con el lavado de dinero y la falta de transparencia financiera. La medida de hoy vuelve a confirmar el esfuerzo continuo del gobierno de los Estados Unidos para imponer consecuencias concretas y significativas a los actores corruptos a fin de proteger el sistema financiero estadounidense de la posibilidad de abusos.

“Estas designaciones adoptadas conforme al programa de sanciones Magnitsky Global confirman que hemos asumido el compromiso de combatir la corrupción y promover que rindan cuentas los funcionarios cuyo accionar debilita a las instituciones gubernamentales”, expresó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “El Departamento del Tesoro seguirá usando las facultades con las que cuenta para impedir que actores ilícitos y sus sociedades pantalla abusen del sistema financiero internacional en perjuicio de personas en todo el mundo que sí cumplen las normas”.

Las medidas de hoy se llevaron adelante en coordinación con la División de Campo de Miami del Departamento de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), el Centro de Operaciones contra el Narcoterrorismo (Counter-Narcoterrorism Operations Center, CNTOC) de su División de Operaciones Especiales, la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA y la oficina de Long Island, NY, de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI). El gobierno estadounidense está utilizando todos los mecanismos disponibles para identificar hechos de corrupción y promover la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos e interrumpir su acceso al sistema financiero estadounidense e internacional.

PREOCUPACIÓM POR EL FINANCIAMIENTO ILÍCITO EN LA TRIPLE FRONTERA

Esta medida destaca los riesgos y actividades de financiamiento ilícito en la Triple Frontera donde convergen Argentina, Brasil y Paraguay. Históricamente, la Triple Frontera ha sido un contexto financiero propicio y permisivo para las actividades delictivas y terroristas. Esta región se caracteriza por una gran cantidad de casas de cambio no registradas, lavado de dinero basado en operaciones de comercio mediante actividades minoristas de importación y exportación en los sectores electrónico y automotriz, el desconocimiento con respecto a los tipos de blanqueo de capitales y las modalidades de financiamiento del terrorismo y el riesgo en el sector privado, el uso intensivo de fondos en efectivo por parte de empresas y personas, y un gran volumen de transferencias a jurisdicciones de alto riesgo.

El papel de los despachantes en la corrupción

Los despachantes son personas con gran habilidad para tratar con la burocracia local y nacional empleando sus redes cada vez más extensas de funcionarios públicos dispuestos a ayudarlos en sus actividades. La complejidad de la burocracia pública, combinada con la falta de transparencia y rendición de cuentas en países como Paraguay, genera oportunidades para que estas personas se muevan con facilidad en los procesos administrativos engorrosos y costosos del gobierno central y/o los gobiernos locales con fines lícitos e ilícitos. Históricamente, los despachantes se han abocado a usar sus redes dentro de los organismos aduaneros para acelerar el procesamiento de bienes importados y exportados a través de las fronteras de los países; sin embargo, más recientemente, esta práctica se ha ampliado y ahora abarca a varias otras operaciones gubernamentales.

Se sabe que los despachantes que actúan ilegalmente tienen una gran habilidad para sobornar a funcionarios aduaneros, fraguar facturas de mercadería entrante, evitar la tributación y/o las inspecciones y asegurar el tránsito seguro de bienes ilícitos que llegan a Paraguay. Muchos despachantes estarían implicados en pagos a funcionarios gubernamentales para agilizar ciertos procesos, una práctica que es ilegal y que, a menudo, señala a esas personas como blanco de investigaciones sobre corrupción.

La red HIJAZI

Kassem Mohamad Hijazi (Kassem), que opera como despachante en Paraguay al menos desde 2017, dirige y controla una organización dedicada al lavado de dinero con sede en Ciudad del Este, Paraguay, que actúa a escala global y tiene capacidad para blanquear cientos de millones de dólares. Kassem tiene vínculos estrechos con políticos paraguayos, policías, fiscales y varios agentes de cambio de Ciudad del Este que facilitan sus actividades y le brindan la seguridad, las garantías y el poder económico que le permiten operar en la zona desde al menos 2018. También mantiene vínculos con funcionarios del gobierno paraguayo que le permiten proteger a su organización de lavado de dinero del alcance de las autoridades de aplicación de la ley. Por ejemplo, Kassem dirige a funcionarios de civil del Departamento de Investigaciones y Grupo Especial de Operaciones de la Dirección de Policía de Alto Paraná, quienes realizan actividades para él a cambio de pagos mensuales.

En su función como despachante, Kassem utiliza sociedades de importación y exportación, como España Informática S.A. (España) —que tiene a Khalil Ahmad Hijazi (Khalil) como Presidente— para importar mercadería de Estados Unidos a través de puertos de ingreso en Paraguay y comercializarla en el país. Lo percibido por medio de estas operaciones luego se mueve a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este hacia Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otros lugares. La red de sociedades pantalla y relaciones comerciales con que cuenta Kassem le permiten circular ganancias ilícitas alrededor del mundo con facilidad, y su red se extiende incluso hasta Estados Unidos, América del Sur, Europa, Medio Oriente y China.

Kassem utiliza a España para coordinar con proveedores basados en Estados Unidos y China la importación de equipos electrónicos a Paraguay, empleando diversos métodos y a otros despachantes para evitar pagar impuestos y blanquear capitales a través de la importación de estos productos. Kassem coordinó con una sociedad en Florida operaciones de envío de bienes, para las cuales fraguó facturas que presentó en un banco paraguayo con el fin de efectuar una transferencia bancaria nuevamente a la sociedad de Florida. La factura fraguada expresó para los bienes transportados un valor sustancialmente inferior al real con el propósito de evadir la tributación, y permitió que Kassem además blanquera las ganancias de sus operaciones de importación/exportación. Se estima que el volumen de bienes importados a Paraguay fue de varios cientos de millones de dólares.

Kassem ha sido designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera que ha prestado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico sustanciales, o bienes y servicios, a fines de corrupción o en apoyo a esta, incluida la apropiación indebida de activos estatales, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.

La OFAC ha designado también a la siguiente sociedad inscripta en Paraguay que se encuentra bajo la propiedad o el control de Kassem: España Informática S.A.

Khalil ha sido designado conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera que ha brindado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico sustanciales, o bienes o servicios, a Kassem o en apoyo de este.
La OFAC ha designado también a las tres sociedades inscriptas en Paraguay que se encuentran bajo la propiedad o el control de Khalil: Emprendimientos Inmobiliarios Misiones S.A., Apolo Informática S.A. y Mundo Informático Paraguay S.A.

Liz Paola Doldán González

Una de las socias de Kassem en la Triple Frontera, Liz Paola Doldán González (Doldán), también fue identificada como intermediara que trabaja con mercancías enviadas desde Estados Unidos; los intermediarios pagan sobornos a trabajadores portuarios, despachantes y funcionarios aduaneros paraguayos para que gestionen el paso de importaciones y exportaciones a través de la aduana paraguaya. En 2008–2009, el entonces director general de Aduanas de Paraguay amplió y formalizó un sistema de sobornos por medio del cual los intermediarios debían pagar a funcionarios aduaneros paraguayos. Este sistema controlaba que se pagara a cada funcionario aduanero.

En julio de 2019, como parte del “Operativo Llamada”, Doldán y su red fueron investigadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción. Esta institución actuó en coordinación con la Unidad Especializada de Delitos Económicos, la Secretaría Nacional Antidrogas y la Unidad de Prevención del Contrabando para realizar 15 allanamientos simultáneos en Ciudad del Este y en Asunción, Paraguay. El objeto de estos allanamientos fue desarticular una presunta maniobra por la cual se importaban artículos electrónicos de alta gama desde Estados Unidos y, posteriormente, se indicaba un valor inferior al real en las declaraciones fiscales para evadir impuestos.

Doldán utilizó su sociedad con sede en Paraguay, Mobile Zone International Import-Export S.R.L. (Mobile Zone), para adquirir bienes para una sociedad establecida en Miami, Florida, que luego enviaba los artículos a varias sociedades pantalla en Paraguay. Cuando los bienes ingresaban en el país para estas sociedades pantalla, la Aduana paraguaya identificaba los teléfonos celulares como artículos de valor inferior, como impresoras o tóneres, con el objeto de simular que se importaban bienes de menor costo. Esta práctica permitía a Mobile Zone pagar menos impuestos sobre las importaciones. Según informes de prensa, este mecanismo generó al menos USD 675 millones.

Doldán ha sido designada conforme a la Orden Ejecutiva 13818 por su carácter de persona extranjera que ha prestado asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico sustanciales, o bienes y servicios destinados a fines de corrupción o en apoyo a esta, incluida la apropiación indebida de activos estatales, actos corruptos vinculados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o sobornos.

La OFAC ha designado a la siguiente sociedad inscripta en Paraguay que se encuentra bajo la propiedad o el control de Doldán: Mobile Zone International Import-Export S.R.L.

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas indicadas precedentemente que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca, en forma directa o indirecta, a una o más personas alcanzadas por bloqueos. A menos que lo autorice una licencia general o específica emitida por la OFAC, o que exista algún otro tipo de dispensa, las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas designadas o alcanzadas por otras medidas de bloqueo. Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona alcanzada por un bloqueo, o recibir cualquier contribución o aporte de fondos, bienes o servicios de tal persona.

MAGNITSKY GLOBAL

Tomando como base la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), la Orden Ejecutiva 13818 se emitió el 20 de diciembre de 2017, en reconocimiento de que la prevalencia de las violaciones de derechos humanos y la corrupción que tienen su origen, en forma total o en gran parte, fuera de Estados Unidos habían alcanzado una magnitud y gravedad tales que amenazaban la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales. Las violaciones de derechos humanos y la corrupción mellan los valores que son parte esencial de las sociedades estables, seguras y con un sano funcionamiento; tienen consecuencias devastadoras para las personas; debilitan las instituciones democráticas; menoscaban el Estado de derecho; perpetúan los conflictos violentos; facilitan las actividades de personas peligrosas y socavan los mercados económicos. Estados Unidos se propone establecer consecuencias tangibles y significativas para quienes cometan graves violaciones de derechos humanos o participen en actos de corrupción, además de proteger al sistema financiero estadounidense de la posibilidad de abuso por parte de estas mismas personas.