Paraguay enjuicia a su Congreso

Un episodio especialmente singular, en medio de la crisis política y social que vive actualmente Paraguay, acaba de concretarse con la celebración del juicio público llevado a cabo por un Tribunal Ético integrado por personalidades y juristas de esa nación.

Ellos respondieron a un llamado de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, instancia abocada al papel de articular criterios y acciones de sectores representantes de diversos estamentos populares del país.

La convocatoria no fue producto de una simple operación política preparada por grupos opositores al gobierno paraguayo, diputados y senadores de ese poder del Estado.

Desde hace años, según encuestadoras y análisis de opinión publicados, el Parlamento acapara el nada envidiable criterio de ser una de las instituciones con menor nivel de prestigio en la sociedad, siempre señalado por las acusaciones de turbios negocios a los cuales estaban atadas las leyes aprobadas o rechazadas.

El pasado reciente contribuyó con creces a tal criterio adverso por el papel fundamental jugado por el Congreso en el pacto con los partidos tradicionales, que desembocó en el juicio político en junio pasado contra el presidente constitucional Fernando Lugo. Éste culminó en su destitución del cargo ostentado por elección popular.

La función de freno a los intentos de una tímida reforma agraria, la aprobación de los acuerdos con las empresas multinacionales y su desconocimiento de los tratados regionales integracionistas ya firmados por la nación, constituyeron parte de la conducta más reciente de los legisladores, censurada por buena parte de la opinión pública.

De este modo surgió la convocatoria de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia para la realización del juicio ético, figura poco apelada en la historia política paraguaya.

Durante unos 60 días, este Tribunal Ético encabezado por un expresidente de la Corte Suprema de Justicia recibió y consolidó en cuatro grandes temas el legajo de denuncias procedentes de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, defensoras de derechos humanos y otras.

Esos cuatro grandes grupos de denuncias se refirieron a la actitud de los parlamentarios en la sanción de leyes contrarias al interés público, incumplimiento de deberes constitucionales, uso clientelar e indebido de cargos, influencias y otras prácticas antiéticas, y utilización arbitraria de la figura del juicio político.

Las denuncias y protestas acumuladas con relación con estos cuatro grandes temas fueron convertidas en siete causales o fundamentos para basar la acusación de la fiscalía.

Entre ellas, destacaron las acciones violatorias de la Constitución Política paraguaya, que imposibilitaron que este país sureño sea un Estado social y democrático de derecho en el que pueda gozarse de un sistema político democrático y la aprobación de leyes favorecedoras de sectores económicos a los cuales responden en exclusividad.

Por otra parte, incluye el incumplimiento del deber constitucional de garantizar la protección de la ciudadanía –en especial de los sectores más excluidos– y la grave responsabilidad en la adopción de una política activa de aislamiento del país de los principales procesos de integración regional.

Otras causales principales para el juicio fueron el uso de instrumentos de control sobre algunas instituciones estatales, con lo que se privilegió su subordinación, aun cuando existían evidencias de corrupción, y la destitución arbitraria por el Congreso del mandatario constitucional elegido por la población en abril de 2008.

Para la celebración de la vista oral y pública se escogió un lugar emblemático: la Plaza de la Democracia, situada en el centro de Asunción, y el pueblo convocado asistió representado por más de 600 personas dispuestas a intervenir, en muchos casos, en tan inédito evento jurídico.

La abogada Milena Pereira fue la encargada de presentar el alegato de la fiscalía, mientras que el jurista Guillermo Ferreiro asumió la defensa de oficio, debido a la negativa del Parlamento a designar un abogado para esa función.

Una verdadera oleada de testigos desfiló durante todo el día por el estrado: allí se narraron experiencias personales como ciudadanos afectados por las disposiciones del Congreso.

Campesinos sin tierra, trabajadores despedidos por causas políticas, personas víctimas de actividades de corrupción o de represión, mujeres discriminadas, jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo y personas carentes de asistencia médica se refirieron a casos favorecidos, según señalaron, por el incumplimiento de los deberes del Poder Legislativo.

La sentencia, emitida tras las deliberaciones del Tribunal Ético, fue explícita y recibió la aprobación de la población presente.

El Congreso paraguayo fue condenado por incumplimiento de sus deberes y por la violación de la Constitución Nacional, y todos sus integrantes fueron calificados de personas no gratas para el pueblo.