Transporte de Pacific LNG
Foto: UBV-Cooperación Técnica Sueca

En agosto de 2003, el Consejo Supremo de Defensa Nacional, COSDENA [1], encabezado por el general Carlos Weber Ortiz, recomendó al presidente Sánchez de Lozada revisar, entre otras, las leyes de Capitalización y de Hidrocarburos porque «ahí está el origen de todos los problemas nacionales, políticos y económicos que nuestro país tiene y tendrá en el futuro».

Aquella recomendación formulada por una de las más altas instancias de planificación estratégica de las Fuerzas Armadas no mereció respuesta oficial por parte de su entonces Capitán General (el Presidente de la República). Dicho documento se enmarcaba en un diagnóstico realizado por el COSDENA respecto al plan para trasvasar el gas natural de Tarija a territorio chileno.

Ya en julio del 2002, también el COSDENA, jefaturizado por el general Víctor Jemio Oropeza durante el gobierno de Tuto Quiroga, había emitido un documento preliminar donde se explicitaba la necesidad de «modificar la Ley de Hidrocarburos, mejorando el 18% de participación en las reservas de gas natural al 35% como mínimo». Otras voces menos conservadoras como la del Centro de Altos Estudios Nacionales de Cochabamba [2], planteaban abrogar la Ley de Hidrocarburos aprobada en 1996 (que crea una fraudulenta diferenciación entre «pozos antiguos» y «pozos nuevos») y restituir aquella otra Ley de Hidrocarburos que regía desde 1990 beneficiando al Estado boliviano con una tasa única del 50% por regalías sobre el valor de gas y petróleo en boca de pozo.

Es más: el 28 de noviembre del año pasado, el Séptimo Congreso Ordinario Nacional de Altos Estudios conducido por los jefes castrenses Almte. Jorge Zavala Ossio, Gral. Roberto Ramallo y los coroneles Mario Rodríguez y Guido Aracena, resolvió «proponer al gobierno la promulgación de una nueva Ley de Hidrocarburos que defienda los intereses nacionales». Estos mismos militares pedían a Sánchez de Lozada «que la venta de gas se realice después de haberse elaborado un Plan de Desarrollo Nacional, que determine la venta de este energético natural con valor agregado» [3].

Y por si fuera poco, el Centro de Altos Estudios Nacionales, Filial Cochabamba, denunció que las leyes gonistas han desarticulado la cadena hidrocarburífera boliviana entregando al capital extranjero, de manera parcelada, las fases de exploración, explotación, refinación, producción de derivados, distribución y exportación; violando flagrantemente el artículo 136 de la Constitución Política del Estado que fija como patrimonio exclusivo e intransferible del país sus riquezas en el subsuelo [4]. Los académicos castrenses sostenían que «el gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada está obligado, para enmendar sus errores, a realizar urgentemente la revisión de la Ley de Hidrocarburos», con el objetivo de revertir a favor del Estado boliviano la propiedad de las reservas y producción de gas natural y petróleo. «Esto a su vez implicaría la cancelación de los contratos de riesgo compartido, suscrito con las empresas extranjeras».

En ese mismo documento, el Centro de Altos Estudios Nacionales de Cochabamba exigía difundir información que el gobierno habría ocultado respecto a «las ofertas presentadas por una empresa del Japón y dos empresas americanas para la exportación de gas con valor agregado» (ver recuadro).

El exilio dorado de Jemio

Las sucesivas propuestas y recomendaciones de las Fuerzas Armadas para defender el interés nacional en la negociación del gas no tuvieron respuesta alguna por parte del gobierno, ni en la gestión de Tuto Quiroga ni en la de Goni.

El general Jemio fue uno de los primeros en explicitar la resistencia a negociar con Chile, según un documento que lleva el membrete del COSDENA y que se «filtró» hace algunos meses a varios medios de comunicación. Para este jefe militar, trasvasar el gas a Chile bajo las actuales circunstancias sólo potenciaría a Chile y debilitaría la posición boliviana en su demanda de acceso portuario. Con el gas boliviano, Chile no sólo incrementaría su capacidad de generación termoeléctrica para su fortalecimiento industrial y minero-metalúrgico, sino también resolvería su problema de agua potable mediante complejos sistemas de desalinización que requieren de gas natural, además que obtendría excedentes de derivados con alto valor agregado para su re-exportación a nuestro propio país [5].

«Exportar gas por territorio chileno, favorecería completamente el fortalecimiento de las regiones 1 y 2 de Chile y sus ingresos económicos se incrementarán notablemente mejorando en mucho la posición geopolítica chilena», advierte Jemio. Este fortalecimiento del norte chileno gracias al gas boliviano, decía el responsable del COSDENA, «tendrá como consecuencia fundamental eliminar para siempre el objetivo nacional permanente de recuperar la cualidad marítima del país y someter la economía general boliviana a los arbitrios del país trasandino, hechos que en el futuro merecerán el juicio implacable de la historia y el pueblo» [6].

Un acuerdo con el Perú, que contempla exportar conjuntamente gas con valor agregado, sería más beneficioso según el militar boliviano, no obstante que el gasoducto entre Tarija y el puerto de Ilo resultaría más costoso que un ducto a Chile, con una diferencia de al menos 500 millones de dólares (el gasoducto al norte chileno tendría una extensión aproximada de 800 kilómetros y al Perú de casi 1.000 kilómetros). Según Jemio ese detalle no debería preocupar a Bolivia, pues un gasoducto de mayor extensión sobre nuestro territorio impactaría con más generación de empleo y desarrollo en más poblaciones rurales sobre las que surcará el gasoducto al Perú. La diferencia del costo debería ser cubierta por las compañías trasnacionales que intermediarán en el negocio.

Empero el obstáculo mayor que anota ese primer documento del COSDENA radica en la imposibilidad jurídica de lograr soberanía plena para Bolivia en cualesquiera de los países costeros a elegir como aliado. Tanto Perú como Chile «sólo ofrecen facilidades», dice Jemio, pero «ninguno menciona en sus ofrecimientos el ejercicio de soberanía en los territorios a ser cedidos, alquilados o entregados en comodato… sin llegar a la solución definitiva de nuestro problema marítimo».

Dicha imposibilidad de soberanía plena surge de la vigencia de un Tratado impuesto por Chile a Perú y Bolivia, en 1929, que hace inviable cualquier intento de restituir territorio costero a nuestro país sin un previo acuerdo tripartito [7]. Al respecto, el general Jemio planteó desde el COSDENA que la Cancillería boliviana debería denunciar el protocolo de 1929 ante los foros internacionales, ya que la vigencia de esa restricción podría generar focos de tensión internacional.

Jemio cesó en sus funciones como Secretario General Permanente del COSDENA en agosto del 2002. El gobierno de Sánchez de Lozada lo «invitó» a representar al país como agregado diplomático ante la Junta Interamericana de Defensa (JID) con sede en Washington.

La renuncia del general Weber

Sánchez de Lozada terminó acallando sistemáticamente aquellas reiteradas voces militares, corrompiendo a los altos mandos con jugosos estipendios sustraídos de los Gastos Reservados, obsequiándoles lotes de terreno al margen de la ley y otras prebendas por el estilo, las que además de neutralizar la silenciosa resistencia castrense al saqueo gonista, subordinó el rol de las FF.AA. a la política de un régimen masacrador.

Lo que resulta inconcebible es el marginamiento al que fue sometido el Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) durante el régimen gonista, no sólo desvirtuando el papel constitucional que corresponde a esa entidad militar en la definición de temas estratégicos, al impedir sus reuniones ordinarias que debían ser convocadas por el Presidente de la República en su calidad de Capitán General de las FF.AA.

Además, de acuerdo a normas legales como el decreto supremo 16778 del 11 de septiembre de 1979, el Secretario General Permanente del COSDENA tiene rango de Ministro con facultades plenas para asistir a las reuniones de Gabinete. Sin embargo Sánchez de Lozada nunca convocó a ninguno de los ejecutivos de ese organismo.

La displiscencia y desinterés con que el anterior gobierno trató al COSDENA provocó una abrupta renuncia del general Carlos Weber Ortiz, que reemplazó a Jemio en el cargo de Secretario General Permanente de dicha entidad. Mediante sucesivas notas enviadas al Presidente, Weber exigía su participación en las sesiones de gabinete cuando se trataba el tema del gas y otros asuntos estratégicos como el del Silala. Aquel jefe militar también le pedía a Sánchez de Lozada se convoque a las reuniones intersectoriales del COSDENA; pero el Presidente nunca respondió. El general Weber, meritorio militar cruceño, presentó su renuncia irrevocable al puesto el 28 de agosto de este año, mediante una carta, dirigida a Sánchez de Lozada, cargada de indignación. Hoy se encuentra en la reserva activa. Weber Ortiz había seguido los lineamientos ya formulados por su antecesor.

Contrahegemonía militar

A partir de la gestión del general Víctor Jemio como Secretario General Permanente del COSDENA, este organismo trabajó varios informes que llegaron a configurar una especie de consenso militar con relación al tema.

Además de «recomendar» una urgente revisión de la Ley de Hidrocarburos para revertir el porcentaje de utilidades desfavorable para Bolivia, el COSDENA les sugirió oficialmente tanto a Jorge Quiroga Ramírez como a Sánchez de Lozada:

1.- Industrializar el gas en nuestro territorio para satisfacer primero todas nuestras necesidades energéticas, crear empleos y potenciar al país «porque el efecto multiplicador es muy grande».

2.- Vender el excedente de gas y derivados "a los cinco países vecinos, generando ingresos que serían mayores que vendiendo más lejos, pero con convenios justos".

3.- En caso de que el país decida, en este orden, exportar gas o sus derivados a mercados transmarítimos como los de California o México, el gobierno boliviano tendría, según el enfoque militar, tres opciones de tránsito portuario:

a) Negociar con Chile una franja territorial con soberanía marítima a cambio de gas y agua.

b) En caso de que Chile rechace, como es previsible, esa opción de devolverle a Bolivia su cualidad marítima, se debe concertar con el Perú la conformación de una empresa binacional (tal como propuso el presidente Toledo) en Ilo o Matarani, para la industrialización y exportación conjunta del gas de Camisea y de Tarija.

c) Si Chile aceptara la soberanía marítima de Bolivia en sus costas, es probable que Perú tuviera que invocar el Tratado de 1929 que estipula la participación peruana en un virtual arreglo territorial boliviano-chileno. En tal caso deberá optarse por el puerto de Arica con soberanía trinacional compartida y «bajo la tutela de Naciones Unidas».

Asimismo, el documento del COSDENA entregado a Sánchez de Lozada antes de la renuncia de Weber, instaba a ese gobierno «mantener informado al pueblo boliviano acerca de todas las negociaciones, antes de la firma de cualquier convenio que afecte los intereses de Bolivia» [8]. Esta corriente militar también se inclinó por el Referéndum al sostener, según el documento elaborado por Weber, que se debe "consultar al pueblo de Bolivia sobre la futura salida del gas; de no hacerlo así, no existirá paz interna y sería exponer a nuestro país a una intervención externa" [9].

Los aportes de Gil Quiroga

El sucesor de Weber Ortiz en el cargo de Secretario General Permanente del COSDENA es el general José Antonio Gil Quiroga, quien en las jornadas de abril del año 2000 conocidas como la «guerra del agua» fue comandante de la Séptima División de Cochabamba. Este militar se había destacado en ese momento por apoyar la salida del consorcio «Aguas del Tunari» a fin de impedir un mayor baño de sangre que se pudo haber desatado por la indolencia con que actuaron las autoridades civiles del entonces gobierno de Banzer [10].

Poco antes de asumir la Secretaría General Permanente del COSDENA, Gil Quiroga fue Director de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. «No tengo mucho que informarle, asumí esta función hace apenas quince días», nos explicaba el general Gil Quiroga pocas semanas antes del estallido de la revuelta de octubre.

«Lo que está claro es que Bolivia tiene en sus manos la oportunidad de oro para revertir definitivamente la relación de dependencia que nos liga a Chile desde el Tratado de 1904», afirmó el nuevo ejecutivo del COSDENA. «Somos una potencia gasífera en Latinoamérica y eso a Chile le preocupa ciertamente».

Reticente a entrar en detalles, una vez que le exponemos nuestra documentación con las diferentes recomendaciones de sus antecesores, Gil Quiroga admitió que la base de su diagnóstico sobre la materia serán precisamente los documentos ya elaborados durante las gestiones de Jemio y Weber. Y entonces se animó a precisar: «Creo que debemos separar nítidamente, por un lado la posibilidad de exportar el gas a Norteamérica o México, y por otro la eventualidad de venderle ese recurso a Chile; son dos cosas que no deben mezclarse jamás, en caso de que el país decida exportar».

A partir de ese criterio, una mayoría de militares a los que consultamos coinciden en las siguientes pautas:

– En el tema específico de una posible exportación a California y México, lo más conveniente sería usar la vía peruana estableciendo la empresa binacional propuesta por el gobierno de Lima.

– Si Chile desea obtener el gas boliviano para potenciar su territorio norte [11], se debería construir un segundo gasoducto, negociando paralelamente la venta de agua de los manantiales del Silala y condicionando todo ello a una salida soberana al mar para el país.

Respecto a ese segundo gasoducto ligado al asunto del Silala, se debe contemplar que Chile, por sus naturales carencias, necesita de Bolivia no sólo el gas para electrificar su economía, sino también recursos hídricos para proveerse de agua potable y riego en sus salinizados territorios. «Eso significa otro tipo de negociación y contratos totalmente diferenciados de los que se tratarán con los posibles compradores norteamericanos», señala a propósito Gil Quiroga.

Para Chile, dice el jefe militar, «el gas es una cuestión de potenciamiento y el agua es un asunto de sobrevivencia».

Custodiar los campos gasíferos

José Antonio Gil intentó transmitir esos criterios al presidente Sánchez de Lozada pero los conflictos de octubre obstaculizaron el trámite.

El general Gil Quiroga se proponía, además, sugerir que las utilidades de una futura venta de gas a Norteamérica, y de gas y agua a Chile, «deben ser prioritariamente destinados a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones indígenas del país». Este jefe militar es autor de una tesis que plantea convertir los cuarteles rurales y fronterizos en unidades educativas.

El responsable del COSDENA había esperado que el Presidente de la República convoque a sesión ordinaria de este organismo, como estipula la ley, para tratar el tema del gas; pero nunca lo hizo hasta el día en que huyó a Washington. Incluso pocas horas antes de la renuncia de Goni, el militar le reiteró al Presidente la necesidad de reunir al COSDENA para abordar una solución eficaz a la crisis de octubre. En una carta fechada el pasado 16 de octubre [12], Gil Quiroga le recomendaba a Goni reorientar el papel represivo que en ese momento desempeñaban las FF.AA. y entregar a la institución castrense la custodia de los yacimientos de gas natural para impedir su exportación, «hasta que el pueblo decida qué hacer con este recurso», lo cual implicaba un lapso para definir un nuevo marco legal (abrogación de la Ley de Hidrocarburos), todo ello acompañado de un decreto para «la reorganización y vigencia de YPFB». Pero Sánchez de Lozada ya estaba en otra.

¿Escuchará Carlos Mesa, el nuevo Presidente, esas voces discretas pero firmes y lúcidas de los militares bolivianos?

Wilson García Mérida

Propuestas que el gobierno ocultó al país

El 12 de febrero de este año, el Centro de Altos Estudios Nacionales, filial Cochabamba, emitió un documento oponiéndose al trasvase de gas boliviano a Chile y al mismo tiempo se denunciaba un hecho que el gobierno nunca esclareció oficialmente.

Según los académicos militares, la administración de Sánchez de Lozada habría recibido otras ofertas, distintas a las de Pacific LNG y Sempra, que contemplaban la posibilidad de industrializar el gas de Bolivia para la exportación de derivados con alto valor agregado. Tales ofertas eran las siguientes:

Propuesta de Syntroleum:

Producir 90.000 barriles diarios de diesel sintético instalando una planta de licuefacción de gas, con una inversión aproximada de 2.100 millones de dólares y en base a un volumen de 900 millones de pies cúbicos, cantidad similar a la que se exporta al Brasil. El precio de gas natural como materia prima es de 0.70 centavos de dólar por cada metro-pie cúbico. El barril de diesel sintético (alto valor agregado del gas) se vende en 7 dólares, frente a los 35 dólares del diesel de petróleo que es altamente contaminante.

Propuesta de Rentech:

Esta compañía planteaba convertir a Bolivia en pionera en la producción de biodiesel a partir del gas natural, produciendo un combustible de exportación limpio y adicionalmente generando energía eléctrica. Se proponía instalar una planta con capacidad de 10.000 barriles diarios, de las que 8.000 serían diesel para cubrir la demanda nacional y el saldo para exportar. La segunda planta tendría capacidad de producir 75.000 barriles diarios de diesel para exportar.

Propuesta Mitsubishi:

Planteó la intención de asociarse con el Estado boliviano para establecer plantas petroquímicas para producir gasolina de aviación y nafta, mediante sofisticados procedimientos de transformación físico-química.

Ninguna de estas propuestas fue discutida ampliamente en el país y el gobierno optó a ojos cerrados por el contrato expoliador con Pacific LNG.

[1] El COSDENA, organismo de las FFAA dependiente del Capitán General que establece acciones del Estado en materia de seguridad y defensa territorial, «con capacidad de proponer políticas y normas» según el artículo 5 de la Ley 2446 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), está conformado por el Alto Mando Militar y el gabinete presidencial, a la cabeza del Presidente de la República.

[2] Dicho centro académico-militar propugna «diseñar, aprobar e implementar un nuevo marco jurídico que cancele al que está vigente, y en ese nuevo marco reconsiderar los temas que están en el debate nacional: la propiedad, precios, mercados, industrialización, puertos y otros».

[3] Resoluciones del VII Congreso Ordinario Nacional de Altos Estudios. La Paz, noviembre 28 del año 2002.

[4] Centro de Altos Estudios Nacionales, Filial Cochabamba: Revisión de la Ley de Hidrocarburos y Exportación del Gas con Valor Agregado, Cochabamba, febrero 12 del año 2003.

[5] Evidentemente existen planes para que Chile venda a Bolivia electricidad e incluso derivados de gas natural y petróleo, una vez consumado el gasoducto a Patillos o Mejillones (ver El Juguete Rabioso, No 88).

[6] Análisis para una propuesta coherente sobre las posibilidades bolivianas de proponer el puerto específico para la exportación de gas a Norteamérica. Fotocopia. COSDENA, La Paz, julio del año 2002.

[7] Mediante ese Tratado, Chile «devolvió» al Perú el territorio de Tacna y consolidó su dominio sobre Arica. Respecto a Bolivia «(Chile y Perú) no podrán sin previo acuerdo entre ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de los territorios (disputados durante la guerra de 1879, nr) que quedan bajo sus respectivas soberanías». Este dispositivo bloquea todo intento de negociación bilateral que intente Bolivia para recuperar su acceso soberano al océano Pacífico.

[8] El gobierno de Goni había anunciado una inversión de 2.5 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial y la CAF, para la "campaña de socialización" del proyecto Pacific LNG (La Prensa, septiembre 17 del 2003). Se desconoce si esa millonaria campaña publicitaria tomarba en cuenta criterios como el del COSDENA.

[9] Documento de Recomendaciones del Consejo Supremo de Defensa Nacional (COSDENA) elevado al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La Paz, agosto del año 2003.

[10] Entonces el prefecto de Cochabamba, por órdenes directas de Banzer, dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas a fin de abrir fuego contra la población que exigía la expulsión de «Aguas del Tunari». El general Gil dio la contraorden y replegó a sus tropas contribuyendo así a la ruptura con la voraz trasnacional.

[11] En 1994, también gobierno de Goni, el entonces presidente de YPFB Mauricio Gonzáles intentó consumar la venta de gas a Chile en sociedad con la trasnacional BHP y el grupo Gas Atacama. Un pronunciamiento de los militares en retiro, la presión del Brasil que tenía avanzada la negociación vía Petrobras y la ausencia de certificación de reservas probadas impidieron ese primer intento chileno de apropiarse del gas boliviano, según explica Andrés Soliz Rada en su libro La soberanía enclaustrada.

[12] En dicha carta, Gil Quiroga efectúa un preciso diagnóstico de la coyuntura y le recomienda a Sánchez de Lozada, entre otras medidas de reconciliación nacional, "se comprometa a no emplear las Fuerzas Armadas salvo en situaciones que impliquen el asalto a cuarteles o instalaciones de servicios básicos esenciales o empresas estratégicas, y en apoyo a la Policía Nacional para casos de saqueos a la propiedad privada o pública".