Juicio de residencia a esta dictadura

Este régimen no tiene nada de democrático. Salió legítimamente de las urnas, pero, no por eso es un sistema que tenga esa categoría. Es una dictadura. Viaja con el salvoconducto de demócratas una serie de individuos sin biografía al servicio de la libertad. Han aparecido por ensalmo saliendo a los cincuenta años de sus consultorios y estudios y de su desocupación y anonimato. Pero, jamás estuvieron en una comisaría por libertarios. Incluso vivieron a costillas de la burguesía o fueron lacayos del imperialismo. Y lo que es peor: algunos parlamentarios; articulistas termocefálicos; “puritanos” entrevistadores de TV, son doctrinariamente fujimoristas pero renegados hoy por oportunismo. Han desertado del establo, pero están marcados con ese yunque.

Este es un sistema que ha acentuado el abismo entre la Nación y el Estado. La mitocracia de Toledo ha exacerbado a las masas. Ha hecho más por la revolución social que el MRTA o Sendero porque ha puesto unánimemente en pie al pueblo contra un sistema caduco. Allí está el Tribunal Constitucional, en el que nadie cree y que dos veces ha canonizado la Constitución fujimorista; allí están los fiscales tiránicos; los jueces prevaricadores; y, el Parlamento totalitario, expresión de una casta odiada por el pueblo.

Este sistema es puro fujimorismo. Repito hasta la saciedad, que sometido a un test se comprueba: a) que esta economía que hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos es la que perfeccionó Fujimori; b) que la Constitución es la apócrifa de 1993; c) que el autoritarismo imperante es el mismo del decenio nefasto en todas sus versiones, judicial y parlamentaria; y, d) que hasta el primer ministro es la obra maestra del fujimorismo, la más típica expresión de las cuevas de Cambio 90. Solo una falta de casta ha permitido que Ferrero aparezca como redentor y presida sucesivamente el Parlamento y el Consejo de Ministros. ¡Que tal decadencia ética del oficialismo!

Esa es la principal deuda de Fujimori para con el Perú. Su torpeza de insistir en la segunda reelección permitió que una serie de aventureros mediocres tomaran la representación de la democracia. Les dio argumentos fáciles por su obstinación. Esos impostores con los mismos vicios del ayer están en el mando. Lo único bueno es que las masas, cualquier día de estos, los van a acorralar y echarlos de sus curules en el Parlamento, de sus sillones en el TC, en el JNE y en el Poder Judicial. Son esos aventureros falsificadores de cartas, destrozadores del Ejército, desprestigiadores de los héroes de Chavín de Huántar, doblegados a la hegemonía chilena, cómplices vergonzantes de la corrupción, agentes confidenciales de la misma, quienes han generado lo hoy vivido.

II

Es evidente que el Perú reclama y reclamaba una palingenesia, una regeneración moral y social. El espectáculo del nefasto decenio 1990-2000 fue siniestro. El destino de quienes traficaron con armas; perpetraron peculados; malversaciones; genocidios; traición a la Patria; se asociaron para delinquir; se enriquecieron ilícitamente a costa de un Estado paupérrimo, es y era ir a la cárcel, a las ergástulas. Pero, eso no exigía ni justifica tribunales ad-hoc ni leyes ex post facto; ni aplicación con efecto retroactivo de normas penales, procesales y/o penitenciarias perjudiciales al reo; vulneración de la retroactividad y ultractividad benignas; ni violación del nullum crimine nulla pena sine lege; ni desconocimiento de la presunción de inocencia durante el proceso; ni violación del plazo racional de investigación y de proceso, manteniendo a las personas en permanente estado de sospecha, sometidos a la tiranía del escritorio judicial y de sus cartularios y sayones; ni escamoteo del Habeas Corpus y del Amparo; ni arrestos domiciliarios límbicos e indefinidos en los que no se purga la pena ni se computa cronológicamente para la excarcelación; en que se denuncia por un Ministerio Público totalitario y se procesa por una judicatura sumisa e intonsa, sin indicios ni pruebas; que la probanza resulta dogmática o axiomática si se trata de un colaborador eficaz oculto tras un número; en que se aplica el arcaico y fenecido testimonio de oídas y se burla el testis unus testis nullus, un testigo no es testigo; o se da valor a la prueba prohibida, a grabaciones filmadas clandestinamente; en las que el parentesco -como en la Edad Media- genera responsabilidad penal; en que no se aplica el férreo principio democrático in dubio pro reo, sino el autocrático in dubio pro societate; en que se sentencia condenatoriamente sin parte debidamente motivada o solo formulariamente; en la que se persigue en el Parlamento a magistrados por opinar y se les somete a impeachment, juicio político y denuncia penal conforme a los totalitarios artículos 99º y 100º de la Constitución apócrifa de 1993 que obligan a fiscales y vocales claudicantes a seguir los úkases facciosos del Congreso, sin preferir la supraconstitucionalidad democrática.

III

No obstante mi odiosidad contra la seudodemocracia tartufa imperante de falsos progresistas, creo que no es solución vacar a Toledo y adelantar las elecciones. Ya se hizo así con el nipón. Y las cosas están peor porque no se han resuelto los problemas históricos de la infraestructura socioeconómica. Por eso existe Ilave y existirán decenas más. Además, ese desenlace significa que Toledo y sus cómplices marchen alegremente al extranjero a posar de mártires y a cobrar en dólares por difamar a la auténtica democracia punitiva que viene. Ya he dicho, también, que las soluciones son, además, de las que acabo de rechazar: a) el golpe militar clásico, que repudiaría el mundo y que querría restaurar el orden con genocidios; b) el golpe de Estado plebeyo con cabos y sargentos del etnocacerismo; y, c) la Asamblea Constituyente omnímoda para refundar la República, allí estarían todas las nuevas fuerzas sociales que revolucionan al Perú juntamente con el Apra. Si no tomamos el camino c), se producirán las soluciones a) o b). Aquí hay dos Perúes: el indolente Perú que bosteza y el visionario Perú que combate. ¿Qué hacer?. ¿Qué debemos hacer quienes combatimos? Hay que restaurar el juicio de residencia, procedimiento al que eran sometidos desde hace siglos los funcionarios cesantes para responder de oficio o acción popular de su conducta. El origen más remoto en Indoamérica se ubica en el 9 de abril de 1493, cuando Juan de Aguado, repostero real, recibió comisión regia para investigar, como juez pesquisador el gobierno de Cristóbal Colón, quien en algún momento volvió encadenado a la península.

IV

El Perú no ha sido un país de impunidad. De los incas solo se mencionan catorce y no a decenas más -según el cronista Montesinos, fueron más de noventa- porque la historia fue cortesana y eliminó a los malos y a los cobardes. En la Colonia los virreyes fueron sometidos a juicio de residencia. Ingresaban a Lima bajo palio y salían procesados para rendir cuentas. Pese a que eran al alter rex; una verdadera imagen del monarca, y hasta una reencarnación suprema del Estado español. Se sometió a residencia a todos los virreyes. Fueron notables la de Vaca de Castro, la de Francisco de Toledo, la del erudito Príncipe de Esquilache. Castelar fue dos veces residenciado. El santísimo Virrey Conde de Lemos murió ejerciendo el cargo y fue sometido póstumamente a este juicio. Igual el Duque de Palata, el Conde de la Monclova, Diego Ladrón de Guevara, el Marqués de Villagarcía, el muy dramático del enjuiciado Conde de Superunda, quien al volver a España, vía la Habana, se le responsabilizó por el asedio inglés de esa plaza por ser el militar de más alta graduación, pese a estar de paso. Amat, el más corrupto, tuvo que satisfacer crecidas sumas. Guirior, etc.

Durand Florez dice algo utilísimo para la reflexión de hoy: “Un americano del 1500 podía decir que si no había elegido al virrey sí lo había juzgado, en una época en que los franceses ni elegían ni juzgaban a sus funcionarios”

Esta tradición se continúa en la República. Y fueron residenciados el Triunvirato que presidió La Mar gobernó el Perú después de San Martín; el ministro Monteagudo; Riva Agüero, primer presidente de la República; el ex presidente Torre Tagle. El último intento de residencia fue en 1851 contra el ex presidente Castilla y por iniciativa, de oficio, de la Corte Suprema. Se hizo fijar edictos en lugares públicos, conforme a la Ley Primera, Título 15, Libro 5º de Indias, convocando a los quejosos. Posteriormente una ley del 23 de noviembre de 1855 dispuso el enjuiciamiento del ex presidente Echenique en los siguientes términos: “Artículo único: Quedan sometidos a juicio el ex presidente D. José Rufino Echenique, las personas que como ministros de Estado han tomado parte en su administración, los generales del Ejército y Armada y los funcionarios civiles y políticos que hayan contribuido a la desorganización de la República y a la ruina de su Hacienda”

Esa misma ley podía ser expedida hoy. Lo hará la Asamblea Constituyente o el organismo democrático que la preceda, disponiendo el arraigo de todos los residenciados.

También fueron procesados, pero ante tribunales ad-hoc, constituidos después de los hechos -como hacen hoy los toledanos- el presidente Pezet (1867) por la llamada Corte Central y el presidente Leguía (1931) por el canallesco Tribunal de Sanción Nacional, constituido por leyes posteriores a los hechos y por delitos creados ex profeso. Sí. Evidentemente el cinismo y el desbarajuste que hemos vivido exigen castigo. La tarea de la Asamblea Constituyente no solo es fabricar una Constitución vanguardista, sino construir una nueva República de trabajadores manuales e intelectuales que abomine del pasado vergonzante. Una forma de no autoincluirse en ese pasado siniestro es auspiciar el interregno depurador para que ministros, congresistas, fiscales, jueces de todo fuero que hayan actuado tiránicamente respondan ante la nación y ante la justicia. Pero, esta vez ante la justicia del pueblo.