Las reformas «estructurales» de la seguridad social de México son nefastas

Bajo la filosofía dictada por el Banco Mundial y el FMI, de reducir «costos laborales» mientras se privilegia la usura bancaria para hacer frente a la depresión económica que amaga a México, la madrugada del 5 de agosto, el Senado de la República -con la honrosa oposición de un puñado de senadores del PRI y la fracción del PRD— pasó precipitadamente una reforma que modifica dos artículos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con la que se quiebra el contrato colectivo del Sindicato de dicha Institución.

No sólo el IMSS, que es el instituto de seguridad social más importante de América Latina, sino el sistema de pensiones en general están en crisis como resultado de las políticas dictadas para desmantelar al estado nacional mismo, impuestas durante los últimos 20 años. El gobierno de Vicente Fox en vez de corregir dichas políticas, obedece los dictados de los centros financieros para instrumentar el criterio típicamente fascista de reducir las prerrogativas de los sectores laborales con mejores condiciones relativas e igualarlos a los que no tienen dichas prerrogativas. Con esto queda sepultado lo que fue la clave de la estabilidad de México durante décadas, la unidad de desarrollo con justicia social.

Aunque en apariencia se trata de una reforma que sólo afectaría a un ínfimo grupo de trabajadores, en realidad es el primer gran paso en la imposición de la fase final de las llamadas «reformas estructurales», que incluyen cambios constitucionales en el área de energía y comunicacines.

Una de las falacias que se argumentaron para imponer la reforma en mención es que «el cambio demográfico» ha alcanzado al país, porque existen más pensionados que trabajadores activos en general, y en el IMSS en particular. La realidad es muy distinta. La reducción de los trabajadores activos que cotizan en el IMSS, al que por ley en México deben estar afiliados todos los trabajadores del país, se debe a que aproximadamente el 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) está desempleada, y por ello, o bien emigra a los Estados Unidos o supervive realizando actividades en la llamada «economía informal», donde no se cuentan con servicios de seguridad social ni tampoco producen ingresos fiscales para el gobierno. Sólo 12 millones de trabajadores cotizan en el IMSS, cuando la PEA del país asciende a 40 millones.

A ello obedece la presión para degradar las prerrogativas laborales de los trabajadores del propio IMSS, ya que ahí se refleja el estado general del propio Instituto que depende de las cuotas aportadas por el gobierno, los empresarios y los trabajadores de otras ramas de producción y de servicios. Dichas cuotas están a la baja por las mismas razones que disminuyen los ingresos fiscales del gobierno: la base impositiva del país se reduce cada día más en la espiral descendente de la depresión económica, que aumenta el desempleo y el cierre de empresas nacionales. Bajo el peso de las inmensas, muchas de ellas ilegítimas, obligaciones financieras nacionales e internacionales del gobierno federal, éste, ha abandonado la inversión pública en la economía, con lo que el propio gobierno contribuye a profundizar la depresión.