Los servicios secretos de Ecuador

Como en otras naciones de la región, los aparatos de inteligencia militar, los servicios de inteligencia policial y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), toman forma durante la etapa de la “Guerra Fría” y la “doctrina de seguridad nacional” anticomunista, impulsada desde Estados Unidos (EEUU).

En el ínterin, la estructura y misión del sistema de inteligencia estuvieron determinadas por la agudización del conflicto fronterizo con el Perú hasta 1998, (fecha del acuerdo de paz y límites) asumiendo las instituciones castrenses una función primordial y casi excluyente en este campo.

Es así como en marzo de 1994, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFA) establece que la Escuela de Inteligencia (Esin), sea “el único centro de formación y perfeccionamiento de los especialistas en inteligencia de las Fuerzas Armadas”, a continuación, en febrero de 1996, se crea el Arma de Inteligencia Militar, como parte de la Fuerza Terrestre.

Hoy en Ecuador funcionan doce organismos de inteligencia, a través del CCFA, DNI, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Fuerza Naval y Policía Nacional. Según la ley de Seguridad Nacional, la DNI que pertenece a la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), es el órgano rector de la comunidad de inteligencia, encargado de producir inteligencia estratégica.

En teoría la DNI reúne los requerimientos y centraliza la información de los cuatro dominios de la seguridad nacional (militar, político, económico y social), en el ámbito externo e interno y procesa la inteligencia de más alto nivel, tanto para prevenir y afrontar amenazas, como para pronosticar escenarios. Sus análisis sirven para efectuar recomendaciones al Cosena y por su intermedio al presidente de la República.

El “Factor Manta”: militares en la inteligencia nacional

La proyección de los institutos militares -y dentro de ellos sus cuerpos de inteligencia- se sustenta en un factor exógeno: el apoyo/influencia del gobierno de EEUU, toda vez que en Ecuador funciona desde noviembre de 1999 y por diez años, un “Puesto Avanzado de Operaciones” o FOL (Forward Operating Location) “para enfrentar el tráfico ilegal de drogas que amenaza la estabilidad regional, mediante una acción conjunta internacional”.

Por ese motivo, el Servicio de Aduanas, Fuerza Aérea y Marina de EEUU, trabajan con la Fuerza Aérea de Ecuador, desde la Base Aérea “Eloy Alfaro” de Manta y el puerto del mismo nombre, con el fin de proveer apoyo a operaciones antinarcóticos realizadas en la región de responsabilidad del Comando Sur de EEUU: orientadas a la vigilancia aérea del territorio ecuatoriano, apoyo logístico a operaciones de inteligencia y rastreo de aviones o plantaciones ilegales en la zona sud- oriental de la amazonía colombiana, además del control aéreo del norte del Perú y el Pacífico Nor-occidental de América del Sur.

Buscando justificar su presencia, el gobierno de EEUU, afirma que desde Manta se han realizado 1.400 misiones de vigilancia y patrullaje antinarcóticos, por más de 10.000 horas de vuelo. Esto incluye alrededor de 600 misiones y 5.000 horas de vuelo en el 2003, contribuyendo de manera directa a la confiscación o interceptación de casi 46 toneladas de drogas valorizadas en unos mil millones de dólares.

EEUU ha invertido 67 millones de dólares en la base y su funcionamiento inyecta alrededor de 600 mil dólares al mes a la economía local y mientras el acuerdo firmado con el gobierno de Ecuador autoriza la permanencia de un máximo de 300 militares de EEUU, cerca de 160 ecuatorianos y 72 contratistas están empleados en la base.

Este complejo militar se estableció a través de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Ecuador y EEUU, “para actividades aéreas antinarcóticos”, complementado por el “Convenio Operativo” de junio del 2000, que a pesar de ser instrumentos internacionales, no pasaron por los mecanismos institucionales para su aprobación, lo cual genera constantes enfrentamientos en el Congreso Nacional ecuatoriano.

Esta coyuntura, permite que en Ecuador exista una distorsión en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a la aglutinación, manejo y difusión de los productos de inteligencia, por el predominio de los altos mandos castrenses mediante la Secretaría General del Cosena, a cargo del general de Brigada, Nelson Enríquez Gómez y el jefe del CCFA, vicealmirante Víctor Rosero Barba, quienes en la práctica son receptores de los más selectos informes de inteligencia nacional.

Aprovechando este contexto y buscando afianzar su poder, así como ganar presencia política, muchas veces estos mandos castrenses terminan informando directamente al jefe de Estado sobre temas de importancia estratégica nacional, que -por ley- deberían canalizarse mediante la DNI al Cosena y recién al presidente, quebrantando así, la estructura de la comunidad nacional de inteligencia y relativizando la importancia de las dos últimas instituciones.

Cabe precisar que los servicios secretos coordinan en dos estamentos. El primero es el Cosena, donde intervienen el presidente de la República, los ministros de los cuatro frentes y los directores de inteligencia. El segundo es la Comunidad de Inteligencia (Comin), donde se intercambia la información de temas pendientes en las direcciones de inteligencia militares, policiales y la DNI.

Servicios de inteligencia en tiempos difíciles

Con un marco de persistente inestabilidad política, donde el ex - presidente Rodrigo Borja y su partido Izquierda Democrática que preside el Congreso, insisten en la renuncia del jefe de Estado Lucio Gutiérrez y donde el ex- presidente Febres Cordero, ha anunciado el alejamiento del régimen, del Partido Socialcristiano que él lidera, y que por lo tanto, si el pueblo considera (al igual que los derrocados ex presidentes Bucaram y Mahuad), que el mandatario Gutiérrez debe retirarse, apoyarán esa voluntad.

El impacto de este viraje es significativo, pues, el partido de Febres Cordero representa el mayor bloque parlamentario y se había constituido en la principal base de apoyo político para la administración Gutiérrez, luego de su ruptura con Pachakutik y el MPD, las fuerzas políticas de izquierda que contribuyeron a su elección.

En este ambiente sombrío, la DNI todavía consigue la información en un 95% de los medios de comunicación nacionales e internacionales y el Internet (“fuente abierta”), y sólo un 5% con tareas de espionaje que efectúan otros servicios (“información cerrada”). Su “plan de búsqueda de información”, es confeccionado en base a objetivos estratégicos gubernamentales y es el Departamento de Recolección de Información, el responsable de obtener dicho insumo básico.

Esta área obtiene la información, la evalúa y la traslada al Departamento de Análisis, donde un pequeño grupo multidisciplinario de analistas (sociólogos, economistas, politólogos, administradores, militares, entre otros) recibe la información, la clasifica/procesa y la convierte en inteligencia pertinente para afrontar los graves problemas de carácter nacional y estratégico.

Sin embargo, los institutos castrenses llevan a cabo la mayor parte del trabajo para producir inteligencia estratégica -incluso en los dominios no militares- que sirve para alimentar a la DNI, cuyo personal no efectúa labor operativa. Por ello, el presupuesto de esta última entidad es muy reducido, situación que no se modificaría en breve plazo, debido a las carencias económicas que afronta el gobierno, pero sobre todo, por el renovado activismo y preponderancia de los servicios secretos militares y policiales, debido al “factor colombiano”.

De otro lado, al resultar insuficiente la planta de analistas y procesadores de inteligencia de la DNI, existen convenios con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador, la Universidad Central y otras instituciones académicas o de investigación, para que éstas proporcionen trabajos de análisis que refuercen el desempeño de la DNI.

Pese a ello, los mayores proveedores de analistas para la DNI, continúan siendo los servicios secretos castrenses, a través de oficiales en retiro, con amplia experiencia en el trabajo de inteligencia y formación en la Esin, donde además se preparan los nuevos profesionales civiles captados, profundizando su capacitación en Colombia, EEUU, Chile, Argentina y Brasil.

Principal campo de análisis de la DNI

Los servicios de inteligencia en general tenían hasta el año 1998, como principal hipótesis de conflicto externo, una guerra con el Perú. Ahora su objetivo central son los problemas de índole interna, que pueden afectar a la supervivencia misma del Estado y a su sistema democrático. En este rubro se inscribe el narcotráfico y los delitos conexos, con una tendencia a formar alianzas estratégicas con el terrorismo internacional.

No obstante, el diario peruano La Razón, informó el 22 de septiembre de 2004, que un documento secreto de la Marina, entregado al ministro de Defensa del Perú, Roberto Chiabra, por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con fecha 31 de agosto de este año, revela que las FA del Ecuador estarían financiando a la ONG Unguragui, la cual se encontraría impulsando la infiltración de indígenas secoyas y ashuar ecuatorianos a territorio peruano, con el fin de desconocer o distorsionar los acuerdos de paz firmados entre el Perú y Ecuador.

Volviendo al caso de la DNI, la pobreza y exclusión/conflicto social, también son una amenaza que puede desembocar en movilizaciones desestabilizadoras para el Estado, debido a que existe un robusto y organizado movimiento indígena, liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y subsiste una débil institucionalidad.

A partir de esa realidad, se pueden identificar las siguientes prioridades que encara la DNI: mantener bajo control no solamente a las guerrillas y los narcotraficantes, sino además a los paramilitares, el Ejército o la Policía colombianos y una actitud de prudencia frente a las actividades militares de EEUU en la región, a pesar de que la administración Gutiérrez, involucra cada vez más en el conflicto colombiano, a sus fuerzas de seguridad.

Neutralizar los efectos de un potencial desastre humanitario: refugiados, desplazados y poblaciones con su economía colapsada en ambos lados de la frontera ecuatoriana - colombiana, son secuelas inevitables de un éxito en las políticas de erradicación de cultivos ilícitos colombianos. A la vez, interesa afianzar el control del territorio, preservar la paz y cohesión social; es decir, prevenir una transferencia o “derrame” de fenómenos violentos ocurridos en territorio colombiano, hacia la porosa zona fronteriza ecuatoriana.

La DNI maneja la premisa de que Ecuador no puede ganar la guerra internacional contra las drogas por ser un fenómeno global y solamente podría tener la capacidad de mantener libre de cultivos y de narcóticos a su propio territorio. Con el peligro de que la radical eliminación de cultivos e interdicción antinarcóticos en Colombia, desplace los sembríos ilegales y la producción de droga, hacia Ecuador.

Otro asunto enfocado es la preservación del medio ambiente, ya que las campañas de erradicación se realizan en el borde de varios parques nacionales de Ecuador, caracterizados por su megadiversidad; el uso de agentes químicos puede destruir recursos naturales importantes, aunque ya afecta a poblaciones nativas al noroeste de la provincia de Sucumbios, según denuncia la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pidiendo al Ejecutivo exigir a Colombia que las fumigaciones se realicen a 10 kilómetros de la frontera. Pero la DNI tiene otras preocupaciones más.

«Operación yunque y martillo»

Diversas fuentes de oposición ecuatorianas y analistas imparciales, sostienen que el gobierno de Lucio Gutiérrez respalda una supuesta “Operación yunque y martillo”, en la cual las fuerzas militares colombianas, serían el martillo, que golpeará a los guerrilleros de su país para empujarlos violentamente hacia la frontera ecuatoriana - colombiana, donde los esperarían las Fuerzas Armadas ecuatorianas, cumpliendo la función de un
yunque que permitiría aplastarlos y aniquilarlos.

Lo cierto, es que los mayores esfuerzos de los servicios secretos ecuatorianos se orientan a cubrir requerimientos del “sistema de vigilancia de la frontera norte”, con Colombia. Donde las Fuerzas Armadas tendrían un batallón en la provincia de Carchi, tres en Esmeraldas y cuatro en Sucumbios. Cada uno con 300 efectivos, mientras cerca de la línea de frontera hay 9 destacamentos: uno en Esmeraldas, 5 en Carchi y 3 en
Sucumbíos, cada cual con 80 uniformados. Siendo la Marina quien coordina las acciones en Esmeraldas y el Ejército en Carchi y Sucumbíos; como parte de un plan estratégico que busca mantener 12.000 efectivos listos a operar en los 640 kilómetros de frontera.

Simultáneamente, la ayuda no militar de EEUU dirigida básicamente a los servicios secretos de la Policía, creció de 2 millones de dólares en el 2001, a 25 en el 2002 y a 37 en el 2003, otorgando mayor protagonismo a las acciones policiales contra el narcotráfico y el terrorismo provenientes de Colombia; en tanto, EEUU incrementó su apoyo a la Escuela Antiinsurgencia en la provincia de Orellana y a la Brigada de Selva 17 del Ejército, para la lucha antisubversiva.

Algunos sectores opinan que este mayor presupuesto busca incentivar una competencia entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por recursos a cambio de eficacia en la lucha contra los desbordes de la guerrilla y narcotráfico colombiano, lo que a su vez, propicia un aumento en las acciones conjuntas de inteligencia entre los servicios secretos de Ecuador, Colombia y EEUU.

A propósito, EEUU mantiene siete instituciones involucradas en asuntos de seguridad dentro de Ecuador, coordinadas y dirigidas por el Departamento de Estado: la USAID, a través de organismos no gubernamentales y programas de ayuda social, en la construcción de obras de infraestructura en la frontera con Colombia y el manejo de una Oficina para las Migraciones.

A ellas se añaden, la Agregaduría de Defensa, la DEA, el grupo consultivo y de ayuda militar, el Departamento de Seguridad Interna y la Agencia Nacional de Seguridad; cuya actuación es reforzada por operaciones encubiertas de la CIA y visitas continuas de los oficiales del Pentágono que supervisan y mantienen una estrecha relación de coordinación con los mandos militares ecuatorianos.

Sobre el particular, el Cosena todavía investiga la denuncia efectuada por la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, sobre el hundimiento de ocho barcos ecuatorianos por parte de buques militares norteamericanos, dentro de las 200 millas marítimas de Ecuador. Dichas naves habrían estado transportando pasajeros y mercancía de manera ilegal.

¿Operativos de inteligencia foráneos en Ecuador?

La captura del guerrillero colombiano, “Simón Trinidad” o Juvenal Ricardo Palmera, ex vocero de las FARC en las negociaciones de paz con el gobierno del ex - presidente Pastrana, producida en Quito el 2 de enero del 2004 y su deportación inmediata hacia Colombia, ha puesto en evidencia la extensión de las actividades del gobierno colombiano en territorio ecuatoriano.

Sin medir las consecuencias de sus expresiones en el convulsionado frente interno ecuatoriano, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Alberto Uribe, destacó que la detención de “Simón Trinidad” fue producto de una actuación ejemplar de la Policía y el Ejército de su país, de la importante ayuda estadounidense, así como el apoyo del Gobierno y Policía del Ecuador.

A su turno, la frágil administración Gutiérrez -presionada por una crisis política donde sectores mayoritarios rechazan una intervención en el conflicto colombiano-, afirmó que la detención se produjo en un operativo de rutina, versión que perdió credibilidad ya que en Colombia transmitieron por televisión, filmaciones de seguimiento y vigilancia realizadas en Quito por la inteligencia militar colombiana, antes de la captura del subversivo.

El diario El Universo de Guayaquil, el 5 de febrero del 2004, informó: “el ministro de Defensa colombiano, declaró que la detención de ‘Simón Trinidad’ fue producto de un operativo conjunto entre Ecuador y Colombia, con información entregada por EEUU”; por su parte, la empresa noticiosa Agencia France Press aseveró: “una alta fuente militar de Bogotá dijo que la captura se logró con el apoyo fundamental de la central de inteligencia estadounidense (CIA).”.

Sumándose a estas versiones, el influyente diario The New York Times, ratificó que sí hubo una participación del Pentágono, el gobierno colombiano y la Policía de Ecuador. Entretanto, Lucio Gutiérrez declaró, que él comunicó de la detención a su colega Álvaro Uribe y que ésta acción “ayuda a mantener la seguridad y relaciones bilaterales entre Ecuador y Colombia”.

Cuestionada política de seguridad e inteligencia

El general en retiro René Vargas (ex-jefe del Ejército ecuatoriano), el coronel en retiro Jorge Brito ex subdirector de operaciones del Ejército y protagonista del levantamiento militar contra el presidente Mahuad en el 2000 -junto al actual mandatario Gutiérrez- y Alexis Ponce, vocero de derechos humanos; integrantes de la red ciudadana de trabajo: “Grupo de Monitoreo de los Impactos del Plan Colombia” (GMIPC), denuncian que la base de Manta, no sólo sirve para proveer inteligencia electrónica en favor de operaciones antinarcóticos.

En tal sentido, precisan que se han invertido en ella unos 80 millones de dólares y reforzado su pista de aterrizaje, para que puedan aterrizar y decolar aviones Galaxy, C-130 y C-140, que son aeronaves empleadas para el despliegue rápido y masivo de tropas. Con lo que, según el GMIPC, existe la posibilidad de que Ecuador sirva como plataforma para operaciones militares en territorio colombiano.

La verdad es que el Ejecutivo ecuatoriano ha trasladado el “centro gravitacional estratégico” a la frontera norte. Si se tiene en cuenta que durante la etapa de mayor tensión con el Perú en el conflicto de febrero de 1995, las tropas ecuatorianas alcanzaron los 8 mil efectivos en la zona fronteriza, la fuerza combativa que hoy se viene desplegando en la frontera con Colombia (unos 12 mil), trasluce no sólo una estrategia defensiva sino una potencial capacidad ofensiva.

La cual se afianza con la activa cooperación de inteligencia militar desde tres bases: Manta (Ecuador), Tres Esquinas (Colombia) y Nauta en Iquitos (Perú), todas con apoyo de EEUU; complementadas por la estación terrena “Cotopaxi”, ubicada en Quito, que Ecuador posee desde 1992, para captar imágenes satelitales con un radio de acción de 2 mil 500 kilómetros hacia el norte o sur, por ejemplo, desde Quito hasta Antofagasta - Chile.

Plan estratégico ecuatoriano - estadounidense

Confirmando apreciaciones de diversos analistas y centros de investigación, el diario El Comercio de Quito, reveló en febrero del 2004, que está en marcha un plan estratégico militar de Ecuador y EEUU o “Matriz de asistencia al Ecuador”, que incluye unas 200 actividades, bajo siete ejes: el control y seguridad de la frontera norte; la interdicción marítima de migración ilegal; la seguridad de los puertos marítimos; las operaciones
antiterrorismo, junto a la recopilación y análisis de inteligencia.

Quien lideraría este plan es el jefe del Comando Sur de EEUU, general James Hill, el mismo que desde el 2002, ha sostenido cuatro reuniones de coordinación militar en Ecuador, para verificar el desarrollo de los operativos de seguridad en la frontera norte y la operatividad de la Base de Manta.

Este proyecto se habría intensificado desde que Lucio Gutiérrez llegó al poder, en enero del 2003, siendo uno de sus ejes centrales la posible ejecución de operaciones combinadas de interdicción aérea y marítima, que incluye el derribo de aeronaves que cruzan ilegalmente el espacio aéreo ecuatoriano.

Para operaciones fronterizas aerotransportadas se prevé la consecución de fondos destinados a la compra de nuevos equipos. El soporte de la inteligencia militar serán las comunicaciones, por lo tanto, se extenderá el sistema estratégico de microondas y una red telefónica de alta tecnología, como parte de un robustecimiento de la cooperación e intercambio de inteligencia entre Ecuador y EEUU.

Servicios secretos acusados por actos de represión

Organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones indígenas, medios de comunicación y el GMIPC, manifiestan que desde el 2001 y hasta fines del 2003, un grupo autodenominado “Legión Blanca” (LB), dirigido supuestamente por elementos de los servicios secretos (jefatura de inteligencia, compañía de contrainteligencia Quito y su unidad de inteligencia técnica), ha ejecutado acciones de “terrorismo blanco”, espionaje y represión política, contra individuos e instituciones opuestos a la política de apoyo al “Plan Colombia” y a la administración Gutiérrez en general.

El diputado Luis Villacís, del opositor Movimiento Popular Democrático, confirmó que LB se atribuyó el incendio de las instalaciones del Congreso ocurrido en marzo del 2003; incluso, la organización mundial Reporteros Sin Fronteras, se ha preocupado por los comunicados de LB, ya que en estos últimos amenazaban de muerte a varios periodistas nacionales y extranjeros.

Asimismo, en febrero de este año, Leonidas Iza, máximo dirigente de la CONAIE, fue atacado por extraños con armas de fuego e hirieron a sus familiares; minutos antes, Iza había llegado de Cuba, donde presentó ante un foro contrario al Área de Libre Comercio de las Américas, la oposición férrea de los indígenas ecuatorianos a la implementación de este proyecto. Anteriormente, Iza había acusado a Lucio Gutiérrez de involucrar a Ecuador en el conflicto interno colombiano.

Pero hay más hechos de violencia. El técnico de la empresa estatal Petroecuador, Patricio Campana, fue asesinado en enero del 2004, por dos sujetos mientras se dirigía a su despacho. Al día siguiente, Campana debía presentar un informe sobre el robo de combustibles en el país -delito que causa pérdidas por 200 millones de dólares-, donde acusaba a oficiales del Ejército, la Marina y de la Policía. Cabe señalar que el mandatario Gutiérrez ha nombrado a militares en actividad para dirigir instituciones y
empresas públicas.

En julio del 2004, las oficinas del Parlamento Indígena de América fueron allanadas y robadas por individuos desconocidos. Ricardo Ulcuango, presidente de dicha institución, dijo a la Fiscalía General de la Nación: “se llevaron los discos duros de las computadoras, revisaron los archivos y documentos, proceder inusual para delincuentes comunes. Este allanamiento es un atentado político por lo que responsabilizamos al gobierno de Lucio Gutiérrez”.

Ya habían sufrido robos similares, las oficinas de Ecuarunari en abril del 2003, del movimiento Pachakutik en marzo del 2004 y del Foro Social de las Américas en mayo de este año. Finalmente y reconociendo este turbio escenario, la Sociedad Interamericana de Prensa, considera que el deterioro de la libertad de expresión en Ecuador, se ha acentuado con la administración Gutiérrez, llevándola a la peor situación de los últimos 25 años.

Reflexión final

A pesar de que el tratado de paz con el Perú quitó vigencia a la hipótesis de conflicto con dicho país, las Fuerzas Armadas del Ecuador han conservado su primacía en la comunidad de inteligencia nacional, esta vez, para enfrentar a la “amenaza narcoterrorista colombiana”, con el sólido apoyo de EEUU; entretanto, se aprecia una permisividad de la administración Gutiérrez frente a una posible utilización de los servicios secretos para la represión política, panorama que podría agravarse debido a la extrema vulnerabilidad social y política del gobierno ecuatoriano.