La seguridad ciudadana y una propuesta alternativa para el Perú

En el Perú se ha producido un evidente deterioro en el ámbito de la seguridad interna: en el caso de la Policía Nacional, en 1985 el Perú tenía unos 120 mil efectivos; 16 años después (2006), existen más de 27 millones de peruanos pero sólo se cuenta con unos 92 mil policías. En definitiva, se produjo una disminución de 23.3% en la cantidad de efectivos policiales, mientras que la población aumentó en 29%. Peor todavía, de esos 92 mil, únicamente 15 mil efectivos están dedicados a la seguridad ciudadana diariamente, dada la actual distribución de personal confirmada por un ex director de la Policía Nacional.

Es así como, entre especialistas, enfermeros, músicos, médicos, secretarios y otros, suman 20 mil efectivos dedicados a servicios, al tiempo que unos 6 mil salen de vacaciones. Adicionalmente, 33 mil policías se ausentan luego de trabajar 24 horas, y la policía operativa en direcciones especializadas (contraterrorismo, antidrogas, anticrimen, seguridad del Estado, operaciones especiales y otras) suman: 13 mil; cuadros operativos trabajando en direcciones administrativas: 3 mil (logística, personal, recursos humanos, bienestar, entre otros), y en funciones administrativas de unidades operativas: 2 mil efectivos. Así se llega a la escasa cifra de 15 mil policías vigilando la seguridad ciudadana.

A propósito, los integrantes de la Policía Nacional además perciben bajas remuneraciones que afectan sus condiciones de vida y desempeño laboral, dando lugar a que la mayoría de ellos tenga que buscar un trabajo particular en sus días de descanso. Otras cifras preocupantes, considerando el aumento de la delincuencia en el Perú: frente al estándar internacional de un policía por cada 250 habitantes, el Perú tiene un policía por cada 353 habitantes y siendo el estándar internacional de 60 policías por comisaría, el Perú sólo tiene en promedio 20 policías por comisaría.

En esta coyuntura, desde el 2001, los policías que enfrentan a la extendida delincuencia carecen de un entrenamiento adecuado para hacer uso de sus armas de fuego, por falta de recursos. Y respecto a las armas, cerca el 80% del armamento de la Policía Nacional, tiene más de 30 años de antigüedad y el 20% restante cuenta con 15 años de uso. En concreto, debería haber más de 30 mil policías resguardando la integridad de los ciudadanos, por lo tanto, es necesario un rápido y creativo replanteamiento de la distribución del personal, para redireccionar unos 10 mil efectivos desde labores administrativas y de servicios hacia la seguridad ciudadana; en paralelo, se deberá captar nuevos efectivos mediante las escuelas de formación policial.

Abordando esta problemática, el presidente de la República, Alan García, confirmó que durante el 2006 egresaron 4.200 nuevos agentes de las 19 escuelas de la Policía Nacional, quienes se sumarán para consolidar las tareas de seguridad ciudadana y orden público, junto a otros 1.500 custodios que antes realizaban labores administrativas o de seguridad en dependencias públicas; mientras que a fines del 2007, habrán egresado otros 5 mil nuevos agentes, lo que permitirá contar con 10 mil policías adicionales, buscando que en los próximos 5 años se formen entre 18 y 21 mil policías.

Pero no faltan únicamente policías. Hay una carencia de 150 a 200 comisarías o puestos de auxilio rápido para copar el país y del total de 1.260 comisarías que existen en el Perú, no más de 16 tienen interconexión entre ellas, por lo que se necesitaría un programa de informatización integral y unos 10 mil equipos radiotransmisores con 20 centrales interconectadas; además, la Policía cuenta con 376 inmuebles, 314 de los cuales son propios, pero de ellos, un 30%, necesita en forma urgente trabajos de mantenimiento y reparación en sus estructuras que no se realizan por falta de recursos, lo que conlleva a su destrucción, mientras afecta la seguridad y desmoraliza al personal policial.

La cruda realidad de las cifras

El presupuesto solicitado por el Ministerio del Interior asciende a 4 mil 985 millones de nuevos soles para el año 2007 (unos 1.587 millones de dólares), y el asignado por el Ejecutivo fue 3 mil 785 millones de nuevos soles (unos 1.183 millones de dólares), de los cuales el 92% se utiliza en pagar sueldos y gastos corrientes básicamente y la diferencia es para el área logística de la Policía. Frente a esta aguda restricción de fondos, la administración García, dispuso un crédito suplementario de 67.3 millones de nuevos soles (unos 21 millones de dólares), para un acto de justicia y humanidad: pagar deudas pendientes a los policías e indemnizaciones por muerte o discapacidad en acciones de servicio.

Las cárceles: una amenaza sobre la ciudadanía

En otro plano, que igualmente afecta la seguridad ciudadana, el sistema penitenciario se encuentra en una situación crítica, el Perú tiene una de las mayores sobrepoblaciones carcelarias en la región junto con Bolivia y Brasil. Según el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (Inpe), hasta setiembre del 2006 habían 35.642 internos en los 84 penales del país, cuando la capacidad de albergue es sólo de 22.426 internos, produciéndose una sobrepoblación de 13.216 internos. Mas grave aún, es el hecho que del total de internos, el 69.8% están en situación de procesados y sólo el 30.2% sentenciados.

Este escenario se torna más caótico ya que el mal estado del 90% de la infraestructura penitenciaria y las diversas mafias que operan impunemente desde las cárceles repercute negativamente en la seguridad ciudadana, al prevalecer un elevado porcentaje de reincidencia y por que anualmente 18 mil internos son excarcelados, sin que exista una política de reinserción social. Según cifras de la Policía Nacional, al menos 500 presos de alta peligrosidad vinculados con secuestros, asaltos y robos registran más de tres ingresos a centros penitenciarios y planifican nuevos crímenes desde sus celdas.

En paralelo, de los 84 penales del Perú, 28 continúan aún bajo el control de la Policía Nacional en lo que se refiere a su seguridad interna, pero en un plazo de 3 años, se prevé que el Inpe asuma la dirección, administración y control de la seguridad integral de dichos penales. Hasta que no se concrete este proceso de transferencia, será imposible recuperar a 2.800 policías para fortalecer la seguridad ciudadana.

La corrupción policial

El problema de la corrupción debe ser abordado de manera integral, aunque, si bien es un fenómeno extendido en el ámbito policial, no ha llegado a contaminar a la estructura institucional del Ministerio del Interior ni de las dependencias de la Policía Nacional; los mayores casos de corrupción se producen en el rubro de las adquisiciones, por lo que es necesario una vigilancia más estricta en la recepción y almacenamiento de los productos comprados, sistemas electrónicos de adquisiciones, mecanismos de subasta inversa y compras corporativas; particularmente, respecto a los medicamentos para la Sanidad Policial y distribución de combustible a las unidades de la Policía Nacional.
De otro lado, existe gran preocupación por el robo de municiones y armamento, como el descubierto en setiembre de 2006 por la propia policía, al capturar una banda integrada por policías y militares delincuentes que intentaban vender un lote de armas a los terroristas de las FARC de Colombia, que incluía hasta 5 cohetes aire-tierra. También diversos policías en actividad o retiro pasan a conformar bandas de secuestradores, mientras otros corruptos agentes cobran coimas en las carreteras y puestos de control, para dejar pasar contrabando de mercaderías y drogas e insumos para la elaboración de narcóticos.
Tampoco se puede desconocer que las principales encuestas de opinión a nivel nacional, realizadas por empresas de credibilidad, continúan evidenciando que una amplia mayoría de los peruanos percibe a la Policía Nacional, como la segunda institución más corrupta del país.
Con los ojos vendados

El balance de la política de seguridad ciudadana durante el último quinquenio arroja un saldo negativo, no sólo por el hecho de que hubieron 7 Ministros del Interior durante 4 años y 8 en los cinco años de gestión gubernamental, mientras crecía la criminalidad; sino por que tampoco se creó un Sistema Georeferenciado de Información (“Observatorio del Crimen y la Violencia”), que permita establecer mapas de actos ilícitos y centralizar información de manera estadística proveniente de diferentes fuentes (policía, justicia, municipalidades, centros de salud, bomberos, entre otros) sobre los diversos delitos y faltas que se cometen a nivel nacional, incluso aquellos que no son denunciados.

Esta carencia impidió al Ministerio del Interior, así como a los gobiernos regionales y municipalidades, disponer de un conocimiento sólido para definir estrategias adecuadas tendientes a reducir o erradicar la violencia que afecta a la población. En esta coyuntura, tampoco se ha podido investigar aspectos fundamentales para comprender los perfiles psico-sociales de los grupos de riesgo a nivel nacional, los factores que intervienen en la iniciación de las personas en el delito y los impactos económicos que genera la acción criminal, entre otros temas. Recién en julio de 2006, al final del régimen de Toledo, el Ministerio del Interior inició un “proyecto piloto” en Lima, Cusco y Trujillo, para implementar un “Observatorio del Crimen y Violencia en el Perú”, con el apoyo del BID y del Instituto Cisalva, de la Universidad del Valle, Colombia.

Grave crisis por la inseguridad vial

Otros indicadores escalofriantes provienen de la inseguridad ciudadana por el caótico sistema de transporte vehicular en Lima y en el interior del Perú, el cual parece haber colapsado: según el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, en el Perú mueren cada año unas 4 mil personas y 38 mil quedan heridas o discapacitadas por accidentes de tránsito, los cuales han experimentado un aumento del 30% entre el 2005 y el 2006.

Asimismo, los daños personales sumados a la destrucción material por estos hechos, generan pérdidas superiores a los mil millones de dólares anuales, según cálculos oficiales. Habiéndose llegado a esta grave situación, debido a la débil fiscalización del gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades sobre el transporte vehicular; en un contexto donde no existe un plan nacional de seguridad vial ni un sistema de información centralizado sobre el tema. Para enfrentar esta anarquía, la administración García promulgó en octubre de 2006, una severa legislación e implementó el “Plan Tolerancia Cero”, que contiene normas y acciones de control, supervisión y sanciones, tendientes a ordenar el sistema de transporte vehicular y frenar la incontenible racha de muertes por accidentes de tránsito.

Crece la sombra del crimen

Según estudios del Banco Mundial, finalizada la etapa más crítica de la lucha contra el terrorismo en el Perú, el año 2002, la tasa de homicidios fue de 4,25 por cada 100,000 habitantes y 4,85 para el año 2003; mientras en los años 2004 y 2005 la tasa ha sufrido un incremento: 5 homicidios por cada 100,000 habitantes; estas cifras pueden variar sino se actúa preventivamente y no se incrementa la eficacia operativa de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.

Frente a este escenario, mientras en la década pasada había en el Perú unas 1.200 empresas de seguridad, datos de la Sociedad Nacional de Seguridad, confirman que ahora existen 350 empresas de seguridad (3 de ellas transnacionales), de las cuales 200 operan en Lima y 150 en provincias, agrupando a unos 50 mil vigilantes formales, mientras la cantidad de vigilantes informales bordea el 50% del total; dichas empresas facturan unos 375 millones de dólares anuales, correspondiendo el 30% de ese monto a contratos con el Estado. En perspectiva, se calcula que en la época más aguda del fenómeno terrorista, el 6% de los costos de producción de las empresas peruanas se invertía en la seguridad, hoy esa cifra llegaría sólo al 1,7%.

Percepción de inseguridad / índices de victimización

La inseguridad ciudadana preocupa cada vez más a los peruanos. En enero de 2005, 46,1% de la población limeña opinaba que la delincuencia era el principal problema de la capital, pero según otro sondeo de la Universidad de Lima, en diciembre de 2006, el porcentaje de los que creen eso, se incrementó a 66,8%. A su turno, la empresa Apoyo Opinión y Mercado S.A. -entre octubre y diciembre de 2005- efectuó 10.300 encuestas en 37 distritos de Lima Metropolitana y Callao, junto a ciudades como Arequipa, Cusco, Iquitos, Trujillo y Huamanga, en el interior del país; como parte de un “estudio de victimización” encargado por el Ministerio del Interior.

De acuerdo al sondeo, el epicentro de la delincuencia y la violencia es la ciudad de Lima que exhibe los índices de inseguridad más altos del país. En los sectores más pobres y en los conos el pandillaje es un problema grave. El sobresalto por la venta ilegal de drogas está presente en todos los niveles sociales y no es para menos, según el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro), existen más de 1.000 puntos de narco-menudeo en Lima Metropolitana, habiéndose incrementado este delito en un 25% durante los últimos cuatro años, retroalimentando la violencia.

En el estudio realizado se determina que el 89% de la población se siente insegura en las calles de Lima, mientras que el 46% tiene la misma sensación estando en sus casas. Cabe precisar, que la percepción de inseguridad se sustenta en la probabilidad subjetiva de ser víctima de un hecho delictivo en los próximos 12 meses, estableciéndose que en Lima, el 71% de la población cree que puede ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses.

Una consecuencia de la percepción de inseguridad y los índices de victimización, es el aumento considerable de las armas de fuego: según la Discamec (entidad que supervisa empresas de seguridad, armas de fuego y explosivos), entre el 2004 y 2005, la venta de armas cortas se incrementó en más de 45%, es decir, pasó de 4.250 a 6.180. Entre tanto, en el Perú existirían unas 150 mil armas de manera ilegal, multiplicando la violencia e inseguridad ciudadana. A tal punto, que según la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, en el 2005 se produjeron 5.570 casos de violencia en los que se utilizó armas de fuego.

El silencio de los inocentes

En resumen, el estudio realizado en Lima y 5 ciudades del interior del Perú sobre los niveles de victimización, ha permitido conocer que los delitos con mayor prevalencia son el robo de objetos en vehículos (20%) y la tentativa o el robo en vivienda (14%), mostrando una orientación levemente creciente respecto a estos mismos delitos perpetrados en los últimos años. Por otro lado, los delitos como el robo con violencia, ofensas sexuales, las lesiones y el secuestro, registran tasas entre 1% y 9%. Si bien se trata de cifras inferiores, son agresiones que dejan graves secuelas entre sus víctimas.

Pero la inquietud se incrementa ante las bajas tasas de denuncia: sólo un tercio de las víctimas de robo de vivienda lo denunció y únicamente el 20% de aquellos que sufrieron lesiones. La cifra negra producto del silencio de las víctimas, se da por el temor a la venganza de parte del agresor, la inacción de las fuerzas del orden y operadores de justicia, mientras que el Serenazgo municipal genera desconfianza en el 66% de la población al considerarlo incompetente y mal preparado. La falta de denuncias perturba las magras estadísticas oficiales sobre seguridad y victimización, además no refleja la incidencia real de los delitos y tiene una consecuencia nefasta: la impunidad.

La alta percepción de inseguridad ciudadana subsiste pese a la ejecución en el 2006, del Plan Telaraña, programa de patrullaje y vigilancia coordinada entre la Policía, Serenazgo y ciudadanía, que se viene ejecutando en 18 comisarías de Lima, aunque todavía sin datos oficiales sobre los avances conseguidos; a la par, pese a que el Consejo de Seguridad Ciudadana, funciona desde el 2003, logrando elaborar un “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” y constituyendo 1.800 Comités de Seguridad Ciudadana distritales; no ha podido alcanzar logros sustanciales debido a la falta de recursos y la escasa voluntad política de la mayoría de alcaldías.

Alternativa de seguridad ciudadana: la policía comunitaria

El centro de gravedad de una estrategia contra la delincuencia, debe ser la implementación de un eficaz sistema de seguridad preventiva donde el trinomio policía, municipio y la ciudadanía organizada, permita cada vez con mayor precisión, prever cuándo y dónde actuarán los criminales, para identificarlos y neutralizarlos. Esta labor requiere liderazgo político e institucional, establecer prioridades de seguridad ciudadana, invertir en infraestructura, recursos humanos especializados en análisis de información e inteligencia; formulación y ejecución de una correcta estrategia; medios logísticos, tecnología de punta y una labor organizada.

El Proyecto de Policía Comunitaria se creó por primera vez en el Perú, en la norteña ciudad de Trujillo (Región La libertad) y por iniciativa del Coronel de la Policía, Enrique Muller Solon, logrando entre octubre de 2003 y abril de 2005, aplicarlo en 55 Territorios Vecinales de Trujillo, con un total de 65 Policías Comunitarios. Cabe precisar, que la Municipalidad de Trujillo no cuenta con servicio de Serenazgo pero en su circunscripción ya se han conformado unas 600 Juntas Vecinales, bajo el esquema de la Policía Comunitaria, el cual ha recibido diversos premios y reconocimientos de la propia Municipalidad, empresas privadas, organizaciones ciudadanas y académicas.

Mayormente, los países de la región poseen sistemas de policía nacional dependientes del gobierno central, como resultado de ello, las fuerzas del orden no actúan bajo el control de gobiernos locales o municipales y por lo tanto, carecen de incentivos para afianzar buenas relaciones con los residentes. En esencia, la Policía Comunitaria innova el planeamiento y el funcionamiento de la policía, acercándola democrática y armoniosamente a la comunidad. En el caso de la ciudad de Bogotá (Colombia), resulta que en 1995, durante el primer mandato del alcalde Antanas Mockus (fue reelecto en el 2001), se empezó a romper muchos esquemas tradicionales y deficientes. Mockus se las ingenió para integrar a la policía a los servicios municipales de Bogotá, instalando el eficaz modelo del Policía Comunitario.

Gracias al financiamiento del BID, por primera vez, el presupuesto municipal de Bogotá, incluyó una partida para reforzar la logística policial y activar un proceso donde miles de policías fueron capacitados en las universidades, en asuntos vitales como: DD.HH., abuso sexual, resolución de conflictos, psicología de masas, pedagogía y metodología con adultos, conocimientos técnicos, entre otros. Bajo la siguiente premisa: lograr que la labor policial sea más preventiva que reactiva, formando un policía integral.

Concretamente, la vigilancia comunitaria se basa en una reconceptualización del servicio policial hasta llegar a la imagen del “policía amigo”, con el objetivo de implementar canales de comunicación directos y permanentes con la población, para conquistar primero su confianza y a continuación obtener información de primera fuente que sirva para contrarrestar potenciales actos delictivos y situaciones de riesgo, o dado el caso, facilitar la captura de forajidos y desarticulación de grupos delincuenciales.

Perfeccionando el modelo

La verdad, este modelo ha sido perfeccionado a través de los años, siguiendo el esquema de la “Policía de proximidad” que funciona desde 1999 en España, inclinado hacia el acercamiento e interacción entre la policía y los ciudadanos, para dar una respuesta personalizada. Igualmente, se ha tomado como referencia a la experiencia japonesa y su exitoso programa “Gestión de la delincuencia” que ha permitido a las prefecturas de Nagasaki, Omura, Isahaya y Yagama, tener los índices más altos de protección y seguridad, según estadísticas internacionales. En paralelo, se ha explotado las enseñanzas de la reforma del sistema policial de Inglaterra en 1999, que incidió en la prevención y la responsabilidad ciudadana, tanto como en fijar metas y objetivos precisos.

En el Perú, el primer objetivo de la Policía Comunitaria son las “cuadras solidarias” donde se fomentan lazos de ayuda y confianza entre vecinos, evitando el aislamiento, disminuyendo el temor y recuperando los espacios públicos urbanos. Son la base para la posterior formación de las Juntas vecinales de Seguridad Ciudadana. El objetivo de las “cuadras solidarias” es disminuir la oportunidad que tiene el delincuente multiplicando la vigilancia. El sistema se basa en una participación intensa vecinal, comienza con la organización de una cuadra, donde los vecinos, intercambiando sus números telefónicos y estrechando sus contactos aplican un procedimiento de alerta temprana ante la detección de cualquier anormalidad o actitudes sospechosas.
Un método práctico también usado por este tipo de organizaciones vecinales, descansa en el concepto del “árbol telefónico”, para alertar al vecindario sobre algún hecho anormal, acto delincuencial, una emergencia de salud o inundación; consiste en la instalación de un panel electrónico de alarma financiado por el municipio, en la casa de quien lidera el grupo (encargado de hacer sonar la sirena y llamar a la policía u otros servicios de emergencia), conectado a la vivienda de los vecinos, y para minimizar falsas alarmas se fija un sistema disuasivo de multas.

Las Escuelas de Seguridad Ciudadana, centros académicos comunitarios de formación de “Promotores en Seguridad Ciudadana”, se inauguraron en la ciudad de Trujillo, en junio de 2004, lideradas por la Policía Comunitaria en alianza estratégica con la Universidad Privada del Norte y algunas empresas del sector privado, así como del importante apoyo de la Fundación Hanns Seidel de Alemania. Las personas formadas en las Escuelas de Seguridad Ciudadana, organizan los voluntariados denominados Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Desde el 2005, funciona la Asociación de Promotores egresados de las “Escuelas de Seguridad Ciudadana”.

Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, organizadas y capacitadas en las Escuelas de Seguridad Ciudadana, inician sus funciones elaborando el “Plan de barrio para la prevención del delito”: una estrategia de la Policía Comunitaria para ser aplicada por las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a fin de identificar conjuntamente con la Policía Comunitaria y sus autoridades vecinales, los principales problemas que afectan la seguridad y el desarrollo integral del barrio. Este plan debe ser cursado al Alcalde en su condición de Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana, al Comisario policial de la jurisdicción, al representante del Defensor del Pueblo y a la Fiscalía de Prevención del Delito. Los resultados en Trujillo fueron muy satisfactorios, motivando el compromiso de las autoridades junto a la comunidad para solucionar los problemas planteados y la prevención del delito.

Desde esta perspectiva, la “Prevención proactiva del delito”, es una de las principales actividades del Policía Comunitario, por cuanto presta mayor atención a la potencial víctima, el potencial delincuente y al entorno en el que se suscitan los hechos delictivos. Teniendo la convicción que el hecho criminal se produce de acuerdo a lo que se denomina “La cadena del delito”, es decir, cuando confluyen en el tiempo y lugar, el potencial delincuente, la víctima u objeto apropiado y el entorno presenta las mejores condiciones para que se materialice el hecho, entendiendo que el fenómeno delictivo es multidimensional y pluriofensivo.

Igualmente, las horas de servicio del Policía Comunitario, pueden transcurrir recorriendo las calles en bicicleta o en moto, no a pie, para que se le diferencie de la policía tradicional; visita a los vecinos, participa en reuniones, conversa en las esquinas, atiende llamadas que ingresan a su teléfono celular o a su radio; realiza un análisis de seguridad preventiva: aprecia el barrio, reconoce factores de riesgo como viviendas y áreas abandonadas propicias para el narcotráfico o violaciones, personas de comportamiento sospechoso, obras peligrosas, lugares sin iluminar, cruces inseguros, cortes de energía o agua, situaciones insalubres para niños y adultos, asechanzas contra locales escolares, entre otros.

Claramente, la aplicación del modelo de Policía Comunitaria dentro y fuera de la región, como en Sao Paulo y Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colombia) y Villa Nueva (Guatemala); los Estados Unidos (Nueva York, San Diego, Orlando, New Yersey y Los Angeles); Londres, Bruselas, Noruega, Francia, España, Tokio o Kuala Lumpur (Malasia), han logrado reducir la delincuencia y se ha incrementado la percepción favorable de la opinión pública sobre el trabajo de la policía, estableciendo niveles de cooperación e interacción sin precedentes con la comunidad.

Reflexión final

Como resultado del análisis y evaluación de experiencias exitosas de seguridad ciudadana aplicadas en diversas ciudades de América Latina, EE.UU., Europa y Asia; sumado al conocimiento de modelos de seguridad ciudadana basados en la tecnología de punta puestos en práctica (aunque de manera parcial) en distritos peruanos que cuentan con significativos recursos económicos, como Miraflores y San Isidro (Lima), así como el sistema de Policía Comunitario en Trujillo (La Libertad); es factible formular una inédita y viable propuesta de Seguridad Ciudadana Integral.

Dicho Plan de Seguridad Ciudadana Integral, tendría como modelo la inversión en infraestructura física, equipamiento tecnológico, recursos económicos, humanos y logísticos del distrito limeño de Miraflores; todo lo cual, deberá ser complementado con un sistema alternativo de seguridad preventiva e interactiva: el Policía Comunitario, donde ciudadanos y policías nacionales, bajo el firme liderazgo del Alcalde, trabajen juntos para anticiparse al crimen y a la violencia, con el objetivo de lograr que el accionar policial sea más preventivo que reactivo, formando un policía integral, en un contexto democrático, solidario, participativo, de cohesión social y estrecha confianza e interrelación con la ciudadanía.