Debido al proceder inepto, corrupto y politizado de la administración Toledo respecto a la comunidad de inteligencia, la seguridad nacional del Perú ha sido colocada en una posición de vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas, por lo que resulta indispensable para el nuevo gobierno que asume el poder el 28 de julio de 2006, ejecutar una estrategia para poner en funcionamiento una central nacional de inteligencia eficaz, donde se cumpla cabalmente la ecuación: seguridad con vigencia de derechos civiles y políticos.

«Cuenta la fábula, que un águila atravesada por una flecha, contempló el dardo emplumado y dijo: no son otros, sino nuestro propio plumaje el que ahora nos despedaza». Esquilo, fragmentos.

Iconos de la incompetencia

La administración Toledo careció de una política coherente para lograr un funcionamiento adecuado de la comunidad de inteligencia; por el contrario, en sus cinco años de gestión, tuvo un accionar basado en el revanchismo y el temor, en un contexto de incompetencia y prejuicios sobre el tema, mientras facilitó una persistente politización del nuevo Consejo Nacional de Inteligencia (CNI); donde surgieron casos de corrupción, complots políticos, espionaje contra la prensa, y llegó a soportar ¡siete jefes! en menos de tres años y ocho durante todo el período gubernamental, convirtiendo al CNI en un lastre en lugar de una institución destinada a robustecer la seguridad nacional.

Por ejemplo: Como desenlace de su funesta participación en el CNI, el general en retiro Daniel Mora Zevallos (el sétimo jefe del CNI) fue obligado a renunciar luego del escándalo estallado, por la precisa y bien documentada investigación y denuncia del diario Correo de Lima, el 18 de marzo de 2004; donde se mostraba al director de Contrainteligencia del CNI y hombre de confianza de Mora, coronel en retiro José Valdivia Rodríguez, como el ejecutor material de un complot para difamar al ministro del Interior (¡De su propio gobierno!) Fernando Rospigliosi Capurro.

Más grave todavía, dejando al descubierto la profunda incompetencia y el ridículo en el que cayeron muchos jefes del CNI, Valdivia Rodríguez fue fotografiado, grabado y filmado cuando entregaba documentación y tramaba acciones para perjudicar al ministro Rospigliosi, desde el céntrico Café Haití de Miraflores (Lima).

Lo que pasó luego, revela la torpeza y caos administrativo en el que puede incurrir un jefe de Estado y su entorno: para reemplazar a Mora, el Presidente Toledo nombra el 20 de marzo de 2004, a quien fuera Comandante General de la Marina hasta el 2003, vicealmirante Ricardo Arbocco, que tampoco había ejercido cargos importantes en Inteligencia; pero sí tenía un proceso judicial abierto en contra, por su presunta responsabilidad en la compra sobrevalorada en 1996, de terrenos de una entidad financiera (Caja de Pensión Militar-Policial) que maneja fondos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Enterados de dicho antecedente, la mayoría de la prensa independiente, analistas y líderes políticos, descalificaron al nuevo jefe del CNI. Esta vergonzosa circunstancia produjo la renuncia de Arboccó, y en esa misma fecha (22 de marzo de 2004, es decir, a los dos días de su nombramiento), el Ejecutivo anunció algo desconcertante: la «desactivación total del CNI, incluyendo la clausura de su local»; no obstante, el CNI siguió operando, por que en su atolondramiento, el gobierno de Toledo no consideró, que para cerrar el CNI es necesaria una ley del Congreso y no basta con un decreto gubernamental.

Atrapados por una política errática

Presionado por un marcado escepticismo, el Mandatario Toledo designó una «Comisión especial de implementación de la reestructuración del CNI», integrada por un sicoanalista, un politólogo, una diplomática y el sociólogo Enrique Obando (Director de política y estrategia del ministerio de Defensa), quien poco tiempo después renunció a su cargo ministerial, atacando públicamente a su jefe el ministro de Defensa.

Oportunamente, el Coronel de la Policía Benedicto Jiménez -experto en antiterrorismo y uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso- había pedido que separen a Obando del CNI, por los nexos sospechosos que tuvo (incluida una foto para la posteridad) con Rodolfo Klien Samanez, uno de los más prominentes cabecillas del movimiento terrorista MRTA, aún prófugo de la justicia y capaz de reactivar a una parte de dicha organización criminal.

La comisión referida tuvo un plazo inicial de 90 días, que fue ampliado en 60 días más, dirigida por un «Administrador temporal» del CNI, el contralmirante en retiro Julio Raygada García, quien ya tenía tiempo trabajando en el CNI: fue coordinador de la comisión de reestructuración del CNI que instaló el general Mora en setiembre de 2003 y antes estuvo como «asesor de alta dirección», en las dos jefaturas abortadas de Panizo.

Mientras el CNI se encontraba en «reorganización» y a pesar de sus ínfimos recursos, los servicios secretos militares y policiales asumieron las funciones de esta vapuleada entidad, supervisados por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Situación actual

Aunque la presencia constante de personal con reconocida experiencia en Inteligencia Naval en la dirección del CNI (ahora DINI), durante el accidentado funcionamiento de dicha central de inteligencia nacional en los últimos cinco años, evitó que esa institución ingresara en un caos total e irreversible que condujera a su desaparición, debido a las negativas decisiones adoptadas a nivel político-gubernamental; en definitiva, uno de los más clamorosos fracasos en el ámbito de la seguridad nacional durante el régimen de Toledo, ha sido la pretendida «reforma, modernización y democratización» del sistema de inteligencia nacional y en especial, su incapacidad para conformar una central de inteligencia eficaz.

Peor aún, varios funcionarios y diferentes jefes de estratégicas áreas de lo que fue el CNI (ahora Dirección Nacional de Inteligencia-DINI), vienen siendo investigados por la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, por presuntos manejos ilegales de los fondos reservados.

En paralelo, al igual que en las demás instituciones públicas -donde en total habrían ingresado unos 150 mil empleados nuevos entre el 2001 y el 2006- otro pesado lastre que deja la administración Toledo a su sucesor, es el excesivo burocratismo en la central de inteligencia nacional: hasta julio del 2004, 583 personas laboraban en el CNI; devorando un presupuesto anual de unos 20 millones de dólares. Resulta que los numerosos jefes que ha tenido este organismo durante el gobierno toledista -ocho en total- incrementaron su planilla sin tener en cuenta la relación costo-beneficio de ese proceder nefasto.

Según información confiable, todavía laborarían en el CNI: 22 trabajadores que ingresaron durante la gestión del general Juan Campos Luque; 31 trabajadores que fueron contratados en la primera etapa del Almirante Alfonso Panizo, 184 de la administración de Juan Velit; 42 de Fernando Rospigliosi; 12 de la breve e inmoral presencia de César Almeyda; 65 de la segunda gestión de Panizo y 113 de la presidencia nefasta de Daniel Mora; pero allí, no acabaron las contrataciones de «hombres y mujeres de Inteligencia», el Jefe del CNI y después DINI, Julio Raygada, introdujo a 114 personas más hasta julio del 2005.

Cabe acotar del mismo modo, que al final del gobierno de Toledo, también se mantienen trabajando en la actual DINI, unos 10 funcionarios y empleados que ingresaron al ex SIN antes del régimen de Fujimori y algunos de ellos que empezaron a laborar durante el período fujimorista.

Esta circunstancia no sería tan grave sino fuera por que la mayoría del personal de la DINI proviene de las diversas camarillas formadas alrededor de cada jefe que dirigió el CNI y que fueron quedando rezagadas a través de los continuos cambios, habiéndose dedicado algunos a filtrar información sensible para horadar la estabilidad de directivos que no les eran afines, con la intención de asegurar su permanencia laboral, privilegios mezquinos o en venganza por un despido.

Sobre el particular, se calcula que con cada defenestración de un jefe del CNI y el ingreso de su reemplazo, se producía un movimiento (despido y contratación) superior a las 150 personas, propiciando la anarquía, la fuga de información y abortando toda posibilidad de continuidad en el trabajo de inteligencia, situación que se ha reflejado en la baja calidad de los insumos producidos, impidiendo una adecuada y oportuna toma de decisiones a nivel gubernamental.

Por otro lado, en medio de marchas y contramarchas e indecisiones en el Ejecutivo, el 4 de enero de 2006, el Congreso de la República aprobó una nueva Ley del Sistema de Inteligencia Nacional (Ley Nro. 28.664) donde entre otros aspectos, se establece que la estructura de la naciente DINI estará compuesta por tres órganos de línea: Dirección de Contrainteligencia, Dirección de Informaciones y la Dirección de Inteligencia Estratégica, encargada de producir análisis de inteligencia sobre amenazas internas y externas de manera simultánea (análisis interméstico), pretendiendo dejar de lado así, el esquema anterior donde se analizaba por separado las amenazas, tanto en el frente externo como en el frente interno.

Empero han surgido voces discordantes: el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) solicitó observar la Ley que crea el nuevo Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), alegando que la referida norma contradice la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Nº 27.806) y que en la práctica representaría un serio retroceso en materia del derecho ciudadano a este beneficio.

En realidad, este grupo de presión asume una posición sesgada (con una perspectiva prejuiciosa a partir de lo ocurrido con los servicios secretos en la década pasada) y por ello, no acepta las nuevas categorías y plazos respecto a la información clasificada como secreta por motivos de seguridad nacional y critica a la ley por establecer supuestamente unas reglas particulares de clasificación y desclasificación de información, junto a un régimen discriminatorio en favor del Sistema de Inteligencia.

En otro plano, la nueva Ley de inteligencia dispone un inédito control judicial, donde las operaciones especiales -solicitadas por el jefe de la DINI- requerirán autorización otorgada por cualquiera de los dos Vocales Superiores Ad Hoc designados por la Corte Suprema de Justicia de la República.

Sobre el particular y aunque en caso de «peligro contra la seguridad nacional y por urgencia de las circunstancias», el jefe de la DINI puede autorizar directamente una operación especial, con cargo a formalizar la solicitud ante el Vocal Superior respectivo; no se descarta que esta nueva modalidad de control afecte la inmediatez, interoperatividad y el trabajo en compartimentos estancos, que son indispensables para una ejecución eficaz de operaciones especiales de inteligencia.

Alternativas de solución

Para plasmar una propuesta de reforma viable y consistente de la comunidad de inteligencia, se deben considerar hechos determinantes: en el actual contexto regional, las hipótesis de conflicto entre naciones se han reducido gracias a que en la década pasada lograron solucionarse gran parte de los desacuerdos limítrofes y fronterizos.

Esa situación se afianzó con el proceso de globalización, expansión de la democracia y sus valores inherentes, así como el libre mercado. Sin embargo, esto no ha sido óbice para que resurjan amenazas internas y externas, que producen etapas frecuentes de ingobernabilidad, extendida inseguridad en el ámbito interno e incluso tensiones con algún país limítrofe.

Ante esa realidad, debido a una percepción distorsionada, ignorancia sobre la importancia de la seguridad nacional y hasta represalia política, la administración Toledo disminuyó radicalmente el presupuesto para la Defensa y forzó un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas, y por extensión de la comunidad de inteligencia nacional. Sin haber realizado antes un Planeamiento Estratégico para la Defensa ni haber establecido una Política de Defensa Nacional y fijado su rol de funciones.

La Proyección Estratégica de una Política de Defensa Nacional del Estado debe sustentarse en una visión objetiva para la conducción de las relaciones internacionales, cuyo centro de gravedad sea el conocimiento de los conceptos de disuasión y equilibrio estratégico, sin obviar el análisis de la teoría del conflicto, como aspecto característico de la naturaleza humana.

Por consiguiente, la Seguridad Nacional y dentro de ella, el importante rol de la comunidad de inteligencia nacional, debe ser abordada como parte de un enfoque global del Estado; es decir, con una perspectiva de largo plazo y enmarcada en una Estrategia Nacional en el campo de la Seguridad y la Defensa, que refuerce y coadyuve al Desarrollo del Perú.

Siempre conservando una estrecha ligazón y armonía con la Política Exterior, la seguridad interna y los otros ámbitos nacionales, buscando integrar y complementar las capacidades del Poder Nacional en apoyo sistemático de los Objetivos Nacionales.

Planteamientos para el corto plazo

Por la complejidad de problemas que afectan a la inteligencia nacional, es necesario un plan de acción de corto plazo: objetivo, coherente, sistemático e inteligente y de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias.

Teniendo como antecedente el innegable fracaso del gobierno de Toledo, para reestructurar el sistema de inteligencia, junto a los numerosos errores y arbitrariedades cometidas durante su gestión contra funcionarios estatales eficientes, honestos y especializados; por el sólo hecho de haber desempeñado cargos de responsabilidad en el aparato estatal en la década pasada.

Es altamente probable que en el proceso fallido por «reconstruir» o «refundar» el sistema de inteligencia, se haya producido la separación injustificada de cuadros especializados en inteligencia estratégica exentos de responsabilidad administrativa, civil o penal. Cuando lo que se debió hacer, es desarrollar un plan destinado a amalgamar el trabajo de los cuadros experimentados de inteligencia «limpios», con los recursos humanos recién ingresados. Dejando de lado prejuicios y estigmatizaciones dañinas para el sistema.

Por ejemplo, en Brasil, la central de inteligencia nacional -ABIN-, fue dirigida por una funcionaria con 25 años de servicio y trabaja aún con funcionarios que vienen desde el gobierno militar; mientras la Federación Rusa tiene un Presidente como Vladimir Putin y muchos altos funcionarios gubernamentales que proceden de la ex KGB.

En consecuencia, luego de establecer el perfil de los funcionarios de la central de inteligencia peruana, será necesario depurar al personal del CNI/DINI, conservando a los cuadros más experimentados y equipos multidisciplinarios no ligados con acciones dolosas y que hayan demostrado profesionalismo así como eficiencia en el cargo.

Toda vez que ningún servicio secreto prescinde de esta clase de personal en forma masiva (como sí lo hizo el régimen de Toledo), sin menoscabar gravemente su operatividad, por cuanto el proceso de su formación y capacitación es muy difícil y lento (demora unos siete años), debido a las características especiales del trabajo de inteligencia y por que la adaptación del personal nuevo a la idiosincrasia institucional de los servicios secretos, es complicada.

Incluso es muy común, una alta tasa de deserción e ineficacia dentro de los novatos profesionales captados, al no lograr adaptarse al nuevo y sui generis «ámbito de trabajo en inteligencia», donde se requiere elevada dosis de sacrificio, patriotismo, anonimato, conciencia de seguridad y confidencialidad, junto al profesionalismo, mística y renunciar a la privacidad en aras de la seguridad.

En todo caso, los trabajadores excedentes podrán ser reubicados en otras instituciones estatales de seguridad, para su reclasificación o cese definitivo respetando sus derechos laborales; evitando que el personal que haya tenido acceso a información sensible sobre la seguridad nacional, sea objeto de maltrato, quede resentido, abandonado e injustamente fuera del sistema de Defensa Nacional, como ocurrió en la gestión de Toledo.

Para esa tarea tendiente a reactivar la comunidad de inteligencia lo más pronto posible, el próximo gobierno podría convocar a un grupo selecto de expertos civiles, militares y policiales con amplia y comprobada experiencia directiva en el trabajo de inteligencia estratégica y operativa

Quienes -conociendo la idiosincrasia y cultura organizacional de la comunidad de inteligencia- se encargarían de seleccionar y evaluar a los equipos multidisciplinarios de profesionales y técnicos (civiles y militares, en actividad o retiro), que posean formación en centros de estudios especializados de inteligencia estratégica y operativa, además de experiencia en la producción de inteligencia estratégica y contrainteligencia, los cuales incluso podrán acelerar la capacitación y transferir su conocimiento y experiencia al nuevo personal que ingrese a la central de inteligencia, evitando que se produzca un «vacío de inteligencia», como también se produjo durante la administración Toledo.

Simultáneamente, estas acciones correctivas deberán ser supervisadas por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Inteligencia, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Parlamento y hasta que se modifiquen las normas de la central de inteligencia y la Constitución misma sobre el particular; lo más conveniente sería enviar a esta Comisión, el currículum de la persona que asumirá el máximo cargo de la central de inteligencia (para su «visto bueno» político), asegurando así, que sea un experto en el campo de Inteligencia sustentado en un consenso político adecuado.

Entretanto, a nivel universitario se deberá continuar impulsando el curso de Defensa Nacional, en cuyo contenido está la Inteligencia Estratégica, a fin de captar en el mediano plazo nuevos cuadros civiles. Adicionalmente, será indispensable relanzar una formación integral en la Escuela Nacional de Inteligencia Estratégica, a cargo de expertos en Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia.

Por último, el papel de la prensa independiente, instituciones democráticas y la ciudadanía vigilante es fundamental, y mientras estén aseguradas las libertades públicas y el periodismo de investigación pueda desarrollarse sin ataduras, éstos constituirán los mejores aliados para un control de la sociedad democrática sobre los servicios secretos y el consiguiente restablecimiento de la confianza y credibilidad en el sistema de inteligencia peruano.

Jorge Serrano Torres