El Fiscal General Juan Ashcroft intenta sepultar una de las leyes de Derechos Humanos más antiguas del mundo, la ATCA, o "Alient Torts Claim Act" (Acta de Demandas por Agravio en el Extranjero, que castigaa líderes gubernamentales, a corporaciones transnacionales y a altos jefes militares que hayan cometido abusos contra los derechos humanos en países extranjeros.

Organizaciones como Human Right Watch (HRW) se oponen vehemente a la derogación de esta ley, una de las pocas que permite a las víctimas de violaciones de derechos humanos demandar legalmente a poderes como gobiernos o corporaciones multinacionales. La tentativa de acabar con la ley comenzó menos de un año después que el Noveno Tribunal de Apelación de Circuito ordenó que la Unocal Corporation indemnizara a campesinos de Birmania afectados en sus derechos por los efectos de un oleoducto construido por la compañía. Procurando terminar con esta ley, la Administración Bush está abriendo eficazmente la puerta para que los abusos contra los derechos humanos continúen tapados por un velo en sus relaciones con el extranjero.

El ATCA existe desde que George Washington promulgó en 1789 esta legislación contra la piratería. Un resquicio poco conocido de esta ley otorga a los ciudadanos extranjeros el derecho a demandar civilmente en las cortes de Estados Unidos por violaciones del derecho internacional. Después de utilizarse sólo dos veces en sus primeros 200 años de existencia, la ley ha sido invocada en unos 100 juicios desde 1980. Ese mismo año se ordenó pagar 10 millones de dólares ala hermana de un paraguayo que fue víctima de torturas y asesinato a manos de policías de su país que vivían ilegalmente en EE.UU. La ley abrió la posibilidad de que ciudadanos extranjeros buscaran justicia en las cortes de EE.UU.

El lobby de los grupos de negocios argumenta que los abogados de derechos humanos y los tribunales interpretan con demasiada amplitud la ATCA, aplicando incorrectamente la ley. La Administración Bush, que considera a esa ley como una interferencia para su política exterior, aspira a que se archiven los juicios de ciudadanos no-estadounidenses que potencialmente podrían desconcertar a gobiernos extranjeros cuya cooperación EE.UU. necesita para su guerra contra el terrorismo.

Los críticos de las acciones recientes de la ATCA también alegan que el estatuto original no otorga ninguna autoridad real y solamente pavimenta una vía para que lo haga el Congreso, que debería definir por separado qué violaciones se podrían ventilar en las cortes.

Según un artículo del Wall Street Journal, mantener la ley podría comprometer aspectos de la guerra contra el terrorismo. "Un empleado o un contratista del gobierno de EE.UU. que trabaje aplicando la ley con alto riesgo, en operaciones militares o de inteligencia, podría ser enjuiciado por su participación", dijo Mark Rosen, un capitán de marina jubilado, especialista en publicaciones sobre defensa y seguridad interna.

La "Foreign Tort Claims Act" se ha utilizado como una herramienta importante de los activistas de derechos humanos para evitar la impunidad en abusos severos cometidos en el exterior, ordinariamente por gobiernos represivos, pero cada vez más por EE.UU. y las corporaciones que por lo menos colaboran en él, pasando por alto las prácticas abusivas de los gobiernos locales y de sus fuerzas de la seguridad. A fines de marzo, por ejemplo, un juez federal de San Francisco rehusó archivar la demanda que puede obligar a Chevron-Texaco Corporation a responder por los abusos de una plataforma petrolera nigeriana operada por una subsidiaria de la compañía. Por supuesto, Unocal y Exxon Mobil enfrentan juicios similares.

ATCA -o más exactamente la campaña contra ATCA- ha suscitado un incremento de la atención durante los últimos dos años. En los hechos, recientemente he visto algunas publicaciones del New York Times atacando a la ATCA en nombre de una coalición de corporaciones multinacionales.

Una cantidad de pleitos continúan ventilándose a través del sistema judicial federal, pero solamente uno ha llegado al Tribunal Supremo. Se trata de un juicio, que invocó la ATCA, iniciado por un ciudadano mexicano que fue secuestrado por cazadores de recompensa y trasladado a EE.UU. donde lo mantienen -indebidamente- en conexión con el asesinato de un agente de la DEA en México. El mexicano demandó al gobierno de los EE.UU. y al cazador de recompensa, amparándose en la ATCA.

Un jurado le concedió 25.000 dólares por daños. Para abundar en este caso, que podría ser muy importante para el futuro de la ATCA, recomiendo una nota de Linda Greenhouse, en el New York Times del 31 de marzo de 2004, que resume la discusión y los alegatos orales. Al mismo tiempo, Dolly Filartiga, el demandante en el primer caso ATCA a partir de 1980, mereció una publicación en el New Cork Times del 30 de marzo de 2004 titulada "Cortes Americanas, Justicia Global". El fondo del asunto también se incluye en el editorial del Washington Post publicado una semana después (4/6/04) bajo el título "Derechos Humanos en Tribunales".

El caso de Unocal fue tratado por los jueces ante las demandas que sentaron a la compañía en el banquillo hace apenas -aproximadamente- un año, pero todavía no se ha dictado sentencia. Generalmente, la decisión tarda alrededor de un año, pero hay especulación. La corte de apelaciones también desea esperar hasta que el Tribunal
Supremo decida el caso de México.

Hubo una cierta cobertura del caso de Unocal en los grandes medios de comunicación pero principalmente sobre el proceso en la corte estadal, que no confía en la ATCA. Se prestó mucho más atención a qué es la ATCA y a por qué se la ataca.

Earth Justice and the Center for Constitutional Rights (Justicia en la Tierra y el Centro para los Derechos Constitucionales) están extremadamente involucrados en la campaña contra la ATCA. Para más información, son buenas fuentes estas organizaciones, asíc omo Human Rights Watch.

Esta ley permitió también castigar civilmente a un grupo de generales de El Salvador que residen en EE.UU. y al criminal chileno Armando Fernández Larios, integrante de la Caravana de la Muerte, denunciado ante un tribunal de Florida por Zita Cabello de Barrueto, residente de California que es hermana de Winston Cabello, una de las cien víctimas torturadas y asesinadas. El fallo de culpabilidad contra Fernández de esta causa fue apelado ante el tribunal federal.

Traducción de Ernesto Carmona

Jim Lobe