Grupos de derechos humanos, de prensa e incluso el gobierno de Estados Unidos repudian la condena de prisión contra periodistas y activistas acusados de violar la ley antiterrorista en Etiopía.

En una declaración inusualmente dura contra un estrecho aliado, el Departamento de Estado estadunidense señala estar “profundamente preocupado por el juicio, la condena y la sentencia del periodista etíope Eskinder Nega, así como de siete figuras de la oposición política bajo la Proclama Antiterrorista”.

La sentencia de 18 años de prisión contra Eskinder y la cadena perpetua contra el líder opositor Andualem Arage Wale, emitidas el viernes 13 de julio por la Suprema Corte en Addis Abeba, “son extremadamente severas y alimentan nuestras dudas sobre el uso politizado de las leyes antiterroristas de Etiopía en este y otros casos”, añade.

Claire Beston, investigadora para Etiopía de la organización Amnistía Internacional, afirma que las sentencias son “emblemáticas de la determinación del gobierno etíope de amordazar cualquier voz de disenso en el país”.

La activista señala que los dos hombres, así como Nathnael Mekonnen Gebre Kidan, otro líder opositor que fue condenado en junio pasado por el mismo caso, eran “prisioneros de conciencia, enviados a prisión por sus actividades legítimas y pacíficas”.

“Deben ser liberados inmediata e incondicionalmente”, subraya.

Estas sentencias fueron emitidas luego de que el 27 de junio la Suprema Corte halló culpables a 24 periodistas, líderes opositores y otros activistas de, supuestamente, haber violado la Proclama Antiterrorista de 2009.
De los 24, Eskinder, influyente bloguero, periodista y uno de los principales defensores de las libertades básicas en ese país, es quizás el más conocido en Occidente.

Recibió el prestigioso premio PEN American Center por su lucha a favor de la libertad de prensa. Eskinder continúa en prisión, mientras que otros cinco periodistas fueron juzgados y condenados en ausencia.

Eskinder, quien había sido detenido al menos ocho veces desde 1995, según la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), es acusado de integrar un grupo terrorista, planificar atentados y “trabajar con la organización Ginbot 7”, una opositora con sede en Estados Unidos que el gobierno del primer ministro etíope Meles Zenawi calificó de grupo terrorista el año pasado.

La Proclama Antiterrorista es la última de una serie de leyes que el gobierno de Meles ha usado para reprimir el disenso político y suprimir la libertad de expresión, según varios grupos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, HRW y el Comité para la Protección de Periodistas, entre otros.

En una aparición pública conjunta en febrero, varios expertos independientes, entre ellos reporteros de la Organización de las Naciones Unidas sobre libertad de prensa, contraterrorismo y derechos humanos, alertaron sobre el uso de la Proclama para la persecución de individuos que sólo ejercen su derecho a expresarse.

El artículo de la ley que condena el respaldo al terrorismo, por ejemplo, contiene una vaga prohibición sobre el “apoyo moral”, según la cual muchos periodistas fueron acusados y condenados.

La “incitación al terrorismo”, delito por el cual fueron acusados los 24 periodistas y activistas en el último caso, incluye la publicación de declaraciones que “probablemente sean entendidas como estímulos a actos terroristas”, una definición muy subjetiva que puede ser herramienta de abusos.

“Los funcionarios (del gobierno de Meles) no sólo tienen cero tolerancia a la crítica, sino que además consideran a las personas que hablan o escriben sobre la oposición como cómplices de los terroristas”, dice Tobias Hoffman, experto en África Oriental de la Universidad de California, en una columna publicada en el diario The New York Times justo antes de que las sentencias fueran anunciadas.

La definición de “acto de terrorismo” en la Proclama es también vaga, y puede incluir diversas actividades, como organizar una marcha pacífica o una reunión.

“El gobierno etíope usa todos los medios a su disposición para anular la libertad de prensa”, dice la subdirectora para África de HRW, Leslie Lefkow.

“El uso de leyes draconianas y falsos cargos para reprimir la libertad de expresión o el disenso pacífico es una burla al imperio de la ley”, afirma.
La activista insta a los donantes de Etiopía a exigir de inmediato la liberación de los que fueron juzgados bajo la Proclama Antiterrorista, y a pedir una revisión de la ley.

Lefkow se une a varias otras organizaciones, como Artículo 19 y la Federación de Periodistas Africanos, cuyo presidente, Omar Faruk Osman, califica de “inaceptable” el juicio a los reporteros según la ley antiterrorista.

La misma postura tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya fuerte reacción es especialmente significativa, considerando que Washington es, en general, un firme apoyo para el gobierno de Meles.

De hecho, Addis Abeba ha sido uno de los tres principales beneficiarios de la asistencia estadunidense al África subsahariana en los últimos años. En 2011, recibió cerca de 800 millones de dólares, más que cualquier otra nación africana.

La Unión Europea, que también critica, aunque en forma más tenue, la condena de los periodistas y activistas, es otro importante donante de Etiopía.

Cerca de un tercio del presupuesto etíope es provisto por países donantes e instituciones financieras como el Banco Mundial, según Hoffman.
En un informe de 2010, HRW ya había criticado a los donantes por no supervisar el uso que el gobierno de Meles hacía de la ayuda.

“Occidente, más particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, cerraron un extraño pacto con Meles Zenawi: en tanto su gobierno presente estadísticas que muestren crecimiento económico, están dispuestos a financiar su régimen, sin importar sus abusos a los derechos humanos”, dice Hoffman.

Como contrapartida de esta ayuda, Washington recibe la cooperación etíope en la lucha antiterrorismo, en este caso concentrada en el grupo islamista Al Shabaab, que opera en la vecina Somalia.

Estados Unidos cuenta con una pequeña base en Etiopía para lanzar aviones no tripulados de vigilancia sobre el territorio somalí.

Jim Lobe
Fuente
Contralínea (México)