Los servicios secretos y la inseguridad en México

Evocando los controvertidos orígenes de los servicios secretos mexicanos, se puede afirmar que recién durante la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de estructurar un sistema de inteligencia capaz de hacer frente a las amenazas internas y afianzar el control de la disidencia política, pero además -por influencia de Estados Unidos (EE.UU.)- robustecer la vigilancia del movimiento migratorio, proveniente principalmente de Europa y Asia.

En ese marco, se funda el Departamento de Investigación Política y Social, que en 1947, se transforma en la Dirección Federal de Seguridad (DFS), como órgano operativo dependiente de la presidencia de la República, con la misión de informar y analizar sobre asuntos relacionados con la seguridad de la nación.

A continuación, en 1967 nace -con un nivel estratégico- la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), hasta que en 1985, se conforma la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN), con el objetivo de fusionar las tareas de la DGIPS y la DFS, buscando articular la producción de inteligencia, evitando duplicidades y dispersiones.

Estos sucesivos cambios intentaron proyectar una imagen remozada, ante el desprestigio y rechazo que inspiraban los organismos de inteligencia, convertidos en instrumentos de represión al servicio de un gobierno y cuerpo político corrupto y antidemocrático, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y que al mismo tiempo, funcionaron como brazo clandestino de la CIA, en diversas operaciones ejecutadas en el transcurso de la Guerra Fría.

De otro lado, los servicios secretos permitieron neutralizar (casi siempre violando los derechos humanos), movimientos guerrilleros emergidos o en estado larvario, en las décadas del 60 y 70. Hasta que por fin, en 1989 -durante la presidencia de Carlos Salinas- se constituye el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que se mantiene hasta la fecha como el servicio de inteligencia civil para cautelar la seguridad nacional de México.

Sin embargo y pese al discurso gobiernista, desde sus inicios el Cisen fue empleado muchas veces con fines político-partidarios, en lugar de enfocarse sobre amenazas internas y externas, en favor de la seguridad nacional; resultando inepto para advertir oportunamente, el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas, previo a la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El Cisen formal

La misión del Cisen, es operar un sistema de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa, que genere información privilegiada para la toma de decisiones, con dos propósitos básicos: alertar sobre amenazas internas y externas a la seguridad nacional y preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dentro de un sistema democrático; elaborando lineamientos generales del plan estratégico de seguridad nacional y una agenda de riesgos; en coordinación - y respetando sus fueros - con dependencias de la administración pública federal, entidades federativas, municipales y delegaciones.

Su estructura está compuesta por la dirección general; secretaría general; centro de desarrollo de recursos humanos; y las direcciones de: Análisis estratégico; contrainteligencia; investigaciones; administración y servicios; servicios técnicos; delegaciones estatales y contraloría interna.

El Cisen, con sede central en Camino Real a Contreras 35, México, D.F., cuenta con 32 delegaciones estatales y una planta de 2.700 profesionales y técnicos, así como un Consejo Interinstitucional formado por los titulares de las secretarías de Gobernación; Defensa Nacional; Marina; Seguridad Pública; Hacienda y Crédito Público; Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Procurador General de la República; donde el director general del Cisen, es el secretario técnico del consejo.

El presupuesto del Cisen para el año 2005, asciende a unos 90 millones 700 mil dólares (según información del Congreso Nacional de México, de noviembre del 2004), y está regulado por la secretaría de Hacienda y Crédito Público como «unidad de gasto autónomo», pero sus recursos no pueden ser transferidos a otras dependencias fuera de la secretaría de Gobernación - a la cual está adscrito el Cisen - cuyo presupuesto global incluye al del referido órgano de inteligencia.

Sobre el particular, todo indica que hasta la fecha el manejo de los fondos del Cisen ha sido correcto, ya que la secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, no ha encontrado actos de corrupción o de uso turbio de dineros, en sus auditorias de los últimos años y se carece de investigaciones independientes que señalen lo contrario.

A la par, el nivel profesional de su planta de analistas es aceptable y existe una metodología que permite un eficaz «compartimentaje» en el trabajo de inteligencia; aunque los documentos de análisis estratégico que producen, todavía no tienen la calidad necesaria para facilitar una correcta y oportuna toma de decisiones.

En otro plano, al tiempo que el Cisen toma parte en la «Coordinación para el diálogo y la negociación en Chiapas», no hay evidencias de que el narcotráfico o el crimen organizado hayan penetrado en la institución, que dicho sea de paso, no realiza acciones operativas propias, las cuales están a cargo de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación. Respecto a estas últimas, el gobierno ha presentado un proyecto para fusionarlas en una Policía Federal central.

Proyecto de ley de seguridad nacional y el Cisen

Luego de arduos debates, en abril del 2004, el Senado aprobó el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, que define a la seguridad nacional como: «Un conjunto de normas, valores, personas, instancias y procedimientos, que tienen por objeto inmediato y directo la condición imprescindible de mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, basada en la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, mantenimiento del orden constitucional y fortalecimiento de las instituciones, unidad nacional, cohesión social y la protección de la vida y derechos de los mexicanos».

El texto plantea que exista un control del Ejecutivo mediante el gabinete de seguridad nacional y a través del secretario de Gobernación, sobre las actividades del Cisen - a quien por primera vez, se le dará un encuadre jurídico y precisará sus competencias-, además el Poder Legislativo, tendrá facultades más amplias para solicitar información sobre su funcionamiento, acabando con la discrecionalidad en este tema.

La posición gubernamental vs. el lado oscuro del Cisen

Buscando cumplir su promesa electoral de «hacer transparente la actuación de los servicios secretos para que no vuelvan a ser utilizados con propósitos políticos», la administración Fox, dispuso en el 2003, que los archivos secretos del antiguo régimen, custodiados por el Cisen, se trasladen al Archivo General de la Nación (AGN) y se pongan a disposición del público; comprobándose que había información sobre más de tres millones de personas y organizaciones durante muchas décadas de espionaje político. Entre tanto, la secretaría de la Defensa Nacional entregó 163 mil folios al AGN.

En tal sentido, voceros del gobierno de Fox, declaran que la reestructuración del Cisen, comprendió el reemplazo de personal (incluso experimentado e idóneo venido de anteriores gestiones, que no había participado en hechos delictivos), por cuadros «altamente capacitados reclutados de las universidades mediante exigentes pruebas académicas y psicológicas, en un contexto de estabilidad y eficacia para la profesionalización en la carrera de inteligencia»; por lo que -según esta versión de parte-, el Cisen tendría una de las «fuerzas laborales mejor controladas, seleccionadas y confiables del Ejecutivo mexicano, siguiendo el modelo de la CIA de EE.UU.».

En esa línea optimista, ya en el 2000, ocho directores de servicios de inteligencia extranjeros, habían escrito en una revista mexicana, el ensayo: «Los servicios de inteligencia en el nuevo milenio», donde opinaban favorablemente sobre las perspectivas de los servicios secretos de México, de cara a la transición democrática que se iniciaría con la administración Fox. Pese a todo ello, los hechos subsiguientes mostrarían una realidad muy distinta.

¿Conflicto de intereses en el Cisen?

Aunque ya se comentaba en varios círculos de inteligencia, la revista mexicana Contralínea, reveló en octubre del 2004, un lado oscuro del actual director general del Cisen, Eduardo Medina Mora -proveniente del mexicano Grupo Desc-, al cuestionarlo por sus vínculos con el Grupo Carlyle, a través de Luis Téllez, su representante en México. Cabe explicar, que esta corporación inversora de fondos, tiene alcance internacional y es una de las principales contratistas del Pentágono.

El Grupo Carlyle, con base en Washington y activos por 16.000 millones de dólares en 164 sociedades del mundo, es señalado por la revista The Nation de Nueva York, el inglés The Guardian y numerosas fuentes confiables de EE.UU., por usar insumos de inteligencia e información privilegiada, para favorecer sus negocios empresariales, teniendo entre sus asociados al ex presidente George Bush, al ex primer ministro británico John Major, al Grupo Bin Laden, con sede en Arabia Saudita, y al ex secretario de Estado de EE.UU. James Baker, quien ahora, es enviado especial del presidente George W. Bush, para persuadir al mundo de condonar la ingente deuda de Iraq, pero al mismo tiempo, trabaja para Carlyle intentando recuperar dinero de esa nación árabe en favor de Kuwait.

Sobre este embarazoso tema, el catedrático Guillermo Garduño, conferencista del Centro Superior de Estudios Navales de México y José Luis Piñeyro, ambos especialistas en seguridad e inteligencia, no sólo confirman esta controvertida relación del jefe del Cisen, sino que también, Garduño explica que Eduardo Medina Mora, es hermano de Manuel Medina Mora, director general del emporio financiero de capitales estadounidenses, Banamex-Citigroup y presidente de la Asociación de Banqueros de México; con lo cual, existiría un notorio conflicto de intereses entre las prioridades y el uso de la inteligencia nacional y los objetivos empresariales y/o políticos, de grupos financieros e industriales establecidos en México.

Pero hay otros hechos que afectan el rol del Cisen. Medina Mora habría cedido el manejo de la institución, a Rafael Ríos - director de Análisis -, a quien le habría encargado dar más importancia a la producción de inteligencia sobre el ámbito económico nacional, junto a políticas económicas y mercados financieros internacionales; por encima de acontecimientos o posibles escenarios que afecten la seguridad nacional, mermando así, la capacidad para la toma decisiones en este campo, tanto del presidente de la República como de su gabinete.

Esta situación se estaría complicando más y generando gran descontento al interior del Cisen - caldo de cultivo para divisiones e infidencias -, justo cuando se extiende la impresión, que el jefe del Cisen (con cuatro años en el cargo), vendría usando al organismo, para impulsar la posible candidatura presidencial del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, del oficialista Partido Acción Nacional (PAN) y responsable político del Cisen.

Diversos analistas concuerdan, en que esta irregular circunstancia en el Cisen, impide diseñar y aplicar una real agenda de seguridad nacional, y por el contrario, introduce a dicha entidad - con la activa participación de Ardelio Vargas, director de Investigación y la permisividad del jefe de Contrainteligencia, almirante José Luis Figueroa-, en lo que constituye un pantano para todo servicio secreto que dice respetar el Estado de Derecho y libertades ciudadanas: inmiscuirse en la coyuntura política - partidaria nacional.

Cisen acusado de espionaje

Pero el panorama es más desolador aún. Sectores políticos y sociales de variadas tendencias, están convencidos que durante la administración Fox, el Cisen no ha funcionado como órgano de Estado al servicio de la sociedad, sino como instrumento del régimen de turno y de grupos políticos afines, con el oscuro afán de socavar el accionar de adversarios políticos y provocar condiciones de permanencia en el poder que les favorezcan.

Confirmando esta percepción y luego que en octubre de 2004, difundieran en la prensa, conversaciones telefónicas privadas efectuadas por congresistas del opositor centroizquierdista, Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la intención de demostrar su presunta participación en acciones para desestabilizar el régimen democrático; el jefe de Gobierno del Distrito Federal y líder del PRD con mayores posibilidades presidenciales, Manuel López Obrador, afirmó que el Cisen - por órdenes del Gobierno de Fox - realiza «espionaje político y chantajes» contra su agrupación y personajes relacionados con su proyecto partidario, intentando vincularlos con actos de corrupción y complots políticos.

En su descargo, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, niega de manera rotunda que el Cisen, haya intervenido llamadas telefónicas de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y diputados del PRD. «Es mentira decir que el Cisen graba o hace espionaje político», indicó Creel, y aseveró que dicho organismo se ocupa exclusivamente de la seguridad nacional. Pero las sospechas sobre el Cisen, prosiguen.

La verdad, es que ya a principios del 2004, el Cisen fue acusado por su probable participación en la filmación y filtración a la prensa, de un vídeo sobre un escándalo de lavado de dinero y soborno, donde aparece el ex secretario de Finanzas del Distrito Federal apostando en Las Vegas- EE.UU. y el ex diputado del PRD, René Bejarano -ambos ahora procesados-, recibiendo miles de dólares de Carlos Ahumada, un cuestionado empresario. Para los líderes del PRD, no hay duda que el Cisen, habría pretendido desprestigiar su labor e imagen en el Gobierno capitalino, involucrándolos en un proceder corrupto.

Este acontecimiento y otros similares, podrían interpretarse como una «colaboración» del Cisen, para exponer ante la justicia y la ciudadanía, actividades corruptas dentro de la función pública; sino fuera por que claramente, el Cisen no actúa con el mismo ímpetu para revelar supuestos casos de corrupción dentro del gobierno y el oficialista PAN; proyectando así, una imagen de aparato de inteligencia que hostiga y espía adversarios políticos de la administración Fox.

Efectos colaterales en la agenda del Cisen

Sin desconocer la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo, es previsible que en este clima turbulento y tras la reelección del presidente Bush, la inteligencia mexicana caiga en una mayor dependencia y ceda ante presiones de sus pares de EE.UU., empleando excesivos recursos para alimentar de información a los servicios secretos de dicha potencia, mediante el «Centro conjunto de inteligencia antiterrorista», instaurado por los gobiernos Fox y Bush.

No resulta extraño entonces, que el Ejército mexicano se comprometa cada vez más, en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada en general. La secretaría de Defensa precisa que 35 mil efectivos militares están dedicados diariamente a la erradicación de plantíos de droga y a la intercepción de narcóticos en todo el país. Lo que a su vez, le demandará una mayor producción de inteligencia sobre campos no militares, encajando así, en el esquema de «guerra integral contra el narcoterrorismo», impulsado por EE.UU..

La extrema inseguridad y el Cisen

En simultáneo, observadores imparciales tienen la certeza, que luego de casi cuatro años en el poder, la administración Fox ha desarrollado una gestión deficitaria frente al crimen organizado. A su turno, un informe congresal del PRD, concluye que la delincuencia organizada se asemeja a una «próspera empresa perversa», que desarticula las estructuras políticas y jurídicas mexicanas, poniendo en permanente zozobra a la ciudadanía.

Este grupo se basa en investigaciones mexicanas e internacionales, donde se advierte que el crimen organizado en México, tendría ingresos cercanos a los 60 mil millones de dólares anuales. Para vislumbrar la magnitud del fenómeno, recordaremos que el presupuesto del gobierno mexicano es de 150 mil millones de dólares.

Por su parte, la DEA y el Ejecutivo mexicano, estiman que sólo el narcotráfico, genera unos 30 mil millones de dólares anuales. La DEA especifica incluso, que 5.000 toneladas de marihuana; 300 toneladas de cocaína producidas en Colombia, Perú y Bolivia (unas dos terceras partes del consumo estadounidense); 10 toneladas de heroína y 12 de metanfetamina, son trasladadas cada año por los narcotraficantes mexicanos a través de México y hacia la frontera sudoeste de EE.UU..

Mientras se calcula que el contrabando y la piratería recolectan unos 6 mil millones, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dice que un millón de mexicanos dependen de la piratería y obtienen ganancias por casi mil 800 millones de dólares.

Otro estudio sustentado en datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.C., revela que la rama del crimen organizado dedicada al robo de automóviles en México, llega a los 400 millones de dólares por año. A ello, se añaden más prácticas criminales que producen cientos de millones de dólares: como el secuestro, robo de combustibles a la petrolera estatal (Pemex), redes de prostitución y delitos financieros, tráfico de infantes, de órganos, de migrantes y de armas.

Con esa cruda realidad de fondo, inversionistas nacionales y extranjeros aducen que la actividad criminal, eleva en más de 20% sus costos de operación, para tratar de brindar protección a sus ejecutivos y empresas; también, las instituciones estatales son presa fácil de la corrupción, generando más «costos ocultos». Asimismo, la delincuencia común ya colmó el límite de tolerancia de la población, llevándola a protestar en marchas multitudinarias en las más importantes ciudades mexicanas, durante el año 2004.

De acuerdo a estos indicadores y no obstante los esfuerzos promovidos desde el régimen de Fox, como la ejecución del «Programa emergente de acciones para afrontar el fenómeno delictivo» y la reforma del «Consejo de seguridad pública»; se puede concluir, que el Ejecutivo mexicano ha sido incapaz de poner en práctica una «política nacional contra el crimen», viable y sustentable, que articule y de coherencia a estrategias federales y locales para revertir la extendida inseguridad.

Una clave: deficiencias en la inteligencia preventiva

Frente a una tendencia de mayor sofisticación en las bandas del crimen organizado, el gabinete de seguridad del Ejecutivo, ha reaccionado ante casos ya consumados, sin disponer de un plan estratégico que se adelante y prevenga la actuación criminal. Es decir, los directivos de los cuerpos de seguridad no han llegado a comprender, que contra una delincuencia con grandes recursos financieros, la inteligencia estratégica preventiva, así como la operativa y táctica, son instrumentos esenciales para proporcionar un contexto de seguridad básica al Estado y a los ciudadanos.

Expertos en seguridad tienen la convicción, que una de las estrategias primordiales de una política de seguridad democrática, debe respaldarse en un sistema de inteligencia oportuno y eficaz, entrelazado con la cooperación de la ciudadanía y desarrollado en un adecuado nivel de interoperatividad con las demás fuerzas del orden y de aplicación de la ley, buscando siempre anticiparse a las actividades ilícitas.

La insuficiencia y descoordinación en la inteligencia estratégica y operativa del Estado, y lo que puede ser todavía peor, la rivalidad entre quienes la conducen, representa una de las principales vulnerabilidades del sistema de seguridad pública de México y de cualquier país latinoamericano.

Por consiguiente, resulta grave que el Cisen se esté alejando de uno de los fundamentales temas de su agenda: realizar inteligencia y contrainteligencia en materia de delincuencia organizada. Sobre el asunto, Francisco Labastida, ex- candidato del PRI, a la presidencia de la República y varios analistas, culpan al gobierno de Fox, por la inseguridad generalizada, al haber «desmantelado el grupo antisecuestros más importante que había en México», adscrito al Cisen, que también dejó de operar la «Dirección general contra el terrorismo» y los «Grupos de intercambio de información».

En suma, el balance del Cisen y del gobierno en general en materia de seguridad interna, es negativo; siendo el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, el responsable político por el incumplimiento de las metas del «Plan estratégico» y el «Proceso de inteligencia criminal», que debe aplicar el Cisen para luchar contra la delincuencia organizada, como parte de su agenda global de inteligencia.

La versión gubernamental

Por su parte, el mandatario Vicente Fox, asevera que su gestión sí arroja resultados concretos en la lucha anticrimen - a la que menciona como una de sus prioridades - y que su política nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, ha permitido detener a más de 32 mil personas relacionadas con el narcotráfico, cinco mil de ellas, sólo durante el 2004. Finalmente, destaca que mediante la reforma del «Consejo nacional de seguridad pública», se integrará a las instituciones del gobierno con la sociedad organizada, para disminuir el fenómeno criminal con estricto respeto de los derechos humanos.

Pero la realidad es más complicada: confirmando la crítica situación de la seguridad interna, el presidente Fox tuvo que destituir en diciembre de 2004, al secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Marcelo Ebrard y a los mandos de inteligencia de la Policía Federal Preventiva (PFP), responsabilizándolos por no actuar correctamente para evitar que una turba de pobladores linche y asesine a dos integrantes de la PFP en un barrio de la capital mexicana, ciudad donde también fue encontrado asesinado el último mes de 2004, un hermano del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari.

Comentario final

A pesar de la retórica oficial y varias medidas positivas reales, existe la sensación de que la administración Fox no ha logrado consolidar un sistema de inteligencia nacional, eficaz y transparente; el cual es objeto de críticas debido a la presunta desnaturalización de sus funciones, para beneficiar posibilidades electorales del partido gobiernista y hostilizar a sus adversarios políticos. Panorama que se agudiza aún más, bajo la presión ciudadana y de los actores políticos, por la creciente expansión de la delincuencia común y el crimen organizado que afecta a México; consecuentemente, no se descarta que en el corto plazo, el Ejecutivo se vea obligado a efectuar un nuevo reajuste en la conducción de los servicios secretos, mientras sigue necesitando perfilar una política de seguridad interna que profundice en el aspecto preventivo.