La cara del gobierno

A dos años de haber iniciado su gestión, el gobierno tiene ya una fisonomía definida. Las opciones hechas marcan los rumbos por lo menos en el actual mandato, ya sea por el peso de las declaraciones de Lula o por el papel determinante que el equipo económico y en particular el ministro de Economía, Antonio Palocci tiene dentro del Ejecutivo.

Esta fisonomía tiene en la política económica su eje fundamental. A lo largo del primer año el gobierno pasó de sus argumentos iniciales -mantenimiento de la política económica porque "no se cambia de médico en medio de una enfermedad", porque la "herencia maldita" recibida no permitía una ruptura inmediata, porque se trataba de una política de transición- a asumirla como permanente, según las palabras del propio Palocci. Una de las características del segundo año del gobierno de Lula fue la de asumir sin complejos la política económica actual como permanente.

Los eventuales cuestionamientos a la política de Palocci se debilitaron con los golpes sufridos por la imagen del jefe del gabinete, José Dirceu -eventual polo de divergencias-, a raíz de las denuncias de corrupción de su entorno conocidas como "caso Waldomiro", a comienzos de 2004. Se debilitaron igualmente conforme se fue creando, a lo largo del año, un clima de optimismo económico, a partir de la previsión de crecimiento de la economía entre el 4 y el 5 por ciento, con el aumento del empleo formal y la expansión del mercado interno.

La autonomización de las decisiones sobre la tasa de interés y las discusiones sobre el nivel del salario mínimo fueron claros indicadores de que el equipo económico -y el Banco Central en particular- tiene fuerza propia para definir las orientaciones económicas, así como se constituyeron en filtros hasta para la determinación del salario mínimo.

Este episodio fue uno de los que marcaron el segundo año del gobierno de Lula, por la simbología que tiene una decisión como ésa, especialmente en un gobierno presidido por un ex líder sindical, que adquirió su notoriedad por dirigir un movimiento de base que rompió con la rigidez de la política salarial de la dictadura militar.

Después de las reformas previsional y tributaria, en el primer año de gobierno, se anunciaron la reforma laboral, universitaria y de los partidos políticos, pero ya sea por el debilitamiento de las bases internas del gobierno, o por ser año electoral, o bien por las dificultades para conseguir apoyo a sus propuestas, el gobierno no pudo implementarlas.

Lo mismo sucedió con la anunciada propuesta de autonomía del Banco Central, que encontró fuerte oposición dentro del PT, aunque la actuación de ese banco demostró no necesitar de esa decisión para autonomizarse. Ante las acusaciones de corrupción al presidente del banco, el gobierno consiguió imponer su blindaje, para lo que debió extenderlas a los presidentes anteriores.

Elecciones Municipales

Después de una reforma tributaria inocua en términos de distribución de ingresos -en un país con las brutales desigualdades sociales que lo caracterizan-, el gobierno pasó a apostar a las llamadas "sociedades público-privadas", como alternativa para obtener recursos para las inversiones.

Esto sucede porque el mantenimiento de un superávit fiscal superior al solicitado por el FMI impide que el gobierno pueda disponer de recursos para impulsar el desarrollo. El gobierno apuesta a un financiamiento que sólo puede provenir de las inversiones de las bolsas de valores, ofreciendo tales ventajas que representarían un nuevo paso en la privatización del Estado.

Las elecciones municipales acabaron siendo el acontecimiento político más importante del segundo año del gobierno de Lula, porque permitieron medir las fuerzas de éste y la oposición, y por el nuevo escenario político que dibujan, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales, de gobernadores y parlamentarias de 2006, y en particular por el tema de la reelección de Lula.

Los balances no pueden dejar de constatar la derrota política del gobierno y el debilitamiento del PT, así como los resultados que la oposición obtuvo, con el oxígeno que recibió de la crisis gubernamental, impulsada también por los resultados electorales.

Oposición fortalecida

Desde el punto de vista político se puede decir que el hecho más importante del segundo año del gobierno de Lula fue el fortalecimiento de la oposición, correlato del debilitamiento del gobierno. En tanto en el primer año se esbozó una oposición de izquierda, quien acabó encontrando espacio para afirmarse fue la oposición de derecha.

El debilitamiento del gobierno se dio por el fracaso en su capacidad de poner en marcha políticas sociales eficientes, en elevar de forma significativa el salario mínimo, en mantener y ampliar su base de apoyo partidaria, por la proliferación de denuncias de corrupción, por las derrotas electorales -especialmente en San Pablo y Porto Alegre-, además de la incapacidad de avanzar en la reforma agraria, y de los conflictos con los movimientos ecologistas.
La derecha tradicional, centrada en el eje de alianzas partidarias del gobierno de Fernando Henrique Cardoso -el PSDB y el PFL [1]-, que había perdido iniciativa y audiencia, reapareció con fuerza a partir de las denuncias del caso Waldomiro y ganó confianza, confirmada por los resultados electorales.

Sus portavoces volvieron a ocupar generosos espacios en la prensa, comenzando por el propio Cardoso. Si antes no querían adelantar el debate presidencial, cuando Lula parecía el favorito, ahora articulan candidaturas, y percibieron, especialmente por las elecciones en San Pablo, que pueden derrotar al PT y a Lula. Polarizan por la derecha, estimulan las críticas sociales al gobierno, al Movimiento de los Sin Tierra (MST), multiplican las denuncias, al mismo tiempo que distinguen la política económica, apoyada siempre por ellos y los grandes medios, como diciendo que lo rescatable del gobierno de Lula viene de Cardoso.

Inflexión social

El resurgimiento de un polo de oposición de derecha al gobierno, animado por los resultados electorales y por la incapacidad del gobierno de movilizar sectores sociales en su apoyo, llevó también a un debilitamiento de la base de apoyo al gobierno federal. La estrategia de hacer del PMDB [2] el aliado más importante del PT en el gobierno -lo que la dirección petista había caracterizado como una alianza de centro-izquierda- fracasó, al participar la mayoría de ese partido en el polo opositor en las elecciones municipales y retirarle el pasado fin de semana el apoyo al gobierno. Lo mismo sucedió con el pequeño PPS [3] -ex Partido Comunista- que rompió con el gobierno y formalizó su alianza con el PSDB-PFL.

El resultado es que Lula tendrá grandes dificultades en la Cámara de diputados, y más en el Senado, para hacer aprobar sus iniciativas. Y el gobierno empieza a pensar en la estrategia de la campaña para la reelección de Lula con un escenario partidario negativo, que si bien no determina el voto popular, por lo menos disminuye el tiempo gratuito del partido en la televisión.

La reunión del gabinete de Lula, para conmemorar la mitad de su gobierno y proyectar las acciones para 2005, estuvo marcada por el tono de euforia por la situación económica por parte de Lula y una serie de medidas que pretenden concentrar las inversiones en infraestructura para intentar darle un impulso a la expansión actual de la economía, así como una serie de medidas en el área de la educación, la salud y la previsión social, para fortalecer los programas sociales del gobierno. Entre esas medidas se incluye un salario mínimo superior a la inflación, así como un reajuste del impuesto a la renta, destinado a favorecer a los sectores medios, considerados como los que más apoyaron a la oposición en las elecciones municipales.

La izquierda fue derrotada en las elecciones, tanto por las candidaturas que la representaban; especialmente en Porto Alegre, Belem, Caxias, Campinascomo por la polarización de la derecha contra el gobierno. La tendencia a la dispersión se acentuó, tanto por la fundación del PSOL [4] -sin que éste consiguiera canalizar el amplio descontento con el gobierno de Lula- como por la tendencia a la desafiliación de la Central Única de Trabajadores (CUT) por parte de algunos sindicatos. Las tendencias de izquierda dentro del PT también revelan fracturas internas, bloqueando su capacidad de polarizar el debate dentro del gobierno o por lo menos en el partido.

¿Otra izquierda?

Para la izquierda el problema no se reduce a su valoración del gobierno de Lula y las previsiones sobre el futuro. Más importante es la afirmación del perfil de la izquierda, dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera del PT, en el movimiento social y en otras fuerzas políticas. Se trata de definir las mejores vías para la acumulación de fuerzas de la izquierda. Las diferencias principales no se dan en el nivel de las críticas y las expectativas con relación al gobierno de Lula, sino sobre las formas de acumulación de fuerzas.

Hay propuestas de ruptura con el gobierno y con el PT, cuyo mejor ejemplo es el PSOL.

El primer paso es claro: denunciar el carácter del gobierno de Lula y proponer un espacio de acumulación externo al gobierno y al PT, contra el gobierno de Lula y contra el PT. Si el primer paso parece claro, el segundo presenta problemas, principalmente cuando la propuesta inicial de construcción de un foro que acogiese a todos los sectores de izquierda críticos fue sustituida por la construcción inmediata de un partido, tal vez condicionada por el calendario electoral.

Ese paso es menos claro, tanto porque la formación de un nuevo partido no es un simple acto, sino un largo proceso -como lo demuestra la historia del PT-, así como porque dividió, separó, distanció a los descontentos de fuera y dentro del PT o en otros partidos, en vez de unirlos.

Definió un camino claro -la construcción de otra fuerza-, pero de forma reductiva. Sus dificultades y limitaciones fueron visibles durante la campaña electoral de 2004, así como en el vaciamiento de las posiciones de izquierda en el debate político nacional, restringido a espaciados artículos en los medios.

Una iniciativa importante fue la presentación por el Colegio de Abogados y la Conferencia Episcopal del proyecto de iniciativa popular, que propone la utilización de plebiscitos y referendos populares en cuestiones esenciales desde acuerdos comerciales hasta temas de importancia estratégica como la privatización de empresas.

Esta iniciativa, además de rescatar instrumentos de participación popular, utilizados hasta ahora por el movimiento popular de forma autónoma -sobre la deuda externa, el ALCA y el Mercosur-, ha tenido un papel importante en países como Italia y Uruguay y puede abrir espacios para que la izquierda retome la iniciativa.

Cumplidos los dos primeros años del gobierno de Lula, con hegemonía liberal en la política económica y en los discursos gubernamentales, la izquierda precisa afirmar un espacio y una identidad propias. Una de las vías puede ser un plebiscito sobre la política económica y una convocatoria a la formación de un frente antineoliberal, que no sea sólo la negación de esa política sino también la formulación de una perspectiva alternativa.

Ese polo puede aglutinar a todos los descontentos con los rumbos actuales del gobierno, cruzando sectores de varios partidos, de los movimientos sociales y del propio gobierno, con la formación de un grupo parlamentario de varios partidos y una coordinación de movimientos sociales para defender esa plataforma.