El Tratado de Libre Comercio (TLC), que a nuestro juicio, es más que un simple acuerdo comercial, pues incorpora en sus contenidos una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratamientos no discriminatorios, derechos de propiedad intelectual, acceso a mercados, a licitaciones públicas y flexibilización de servicios.

En este sentido, el TLC garantiza la transformación de privilegios en derechos para las transnacionales, los cuales estarían asegurados en la medida en que su ratificación, por parte de los órganos legislativos, convierte al TLC en ley de la República, dándole mayor jerarquía jurídica que toda la legislación secundaria de los países del Área Andina.

Si tomamos como referencia lo sucedido en otros países con acuerdos bilaterales, se hacen evidentes los enormes impactos negativos generados por estos tratados en la agricultura y el medio ambiente, llevando a la desarticulación productiva y al deterioro de las condiciones laborales.

El TLC se negocia sin participación real de la sociedad y responde a una lógica transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos humanos y la sustentabilidad. Constituye un instrumento probado en su capacidad de facilitar la acumulación de capital.

Nosotros propugnamos por una negociación en bloque. La Comunidad Andina de Naciones debe definirse hacia una integración orientada a ampliar el mercado interno y propiciar la industrialización, lo que implica fortalecer el pacto andino e iniciar una negociación con MERCOSUR para luego, abordarla continentalmente.

Sobre el tema laboral, existe un capítulo que podríamos denominar como un acuerdo de buenas intenciones, pues recurre a la voluntad y a los mayores esfuerzos por hacer cumplir las legislaciones ya flexibilizadas y disposiciones laborales internacionales. No media en esta declaratoria obligatoriedad de los Estados al cumplimiento.

El enfoque dado al acuerdo, tiene más fuerza en la cooperación y la capacitación entre los países para el apoyo y el mantenimiento de leyes que no hagan bajar los estándares laborales de los países.

De otra parte, no incluye sanciones particulares en cuanto a las violaciones laborales, sino que plantea un mecanismo sumamente engorroso para llegar hasta la instancia de solución de controversias.

El documento es recurrente en indicar que los reclamos o consultas las hacen “las partes”, sin señalar quién da el visto bueno para proceder a elevarlas a la instancia laboral. Pero lo que sí es evidente, es que los reclamos no son para atender violaciones planteadas por organizaciones sindicales, sino violaciones que atenten contra las normas del libre comercio, separando así la concomitancia entre las acciones del tratado y las relaciones laborales.

La realidad es que el TLC busca que las legislaciones nacionales estén totalmente desmanteladas o en proceso y que ninguno de los derechos de los trabajadores se protejan para encontrar las mejores condiciones de obtención de ganancias por parte de las inversiones de las grandes empresas.

Así las cosas, llamamos la atención acerca de la imperiosa necesidad de evaluar los impactos del TLC, tanto por temas y sectores como por productos implicados, en aras de prever quienes serían los posibles sectores ganadores y quienes los perdedores, y si en efecto, los posibles beneficios de los sectores ganadores compensaran con creces las pérdidas de los sectores afectados por el TLC.

Se deben cuantificar los efectos sociales, al igual que los asuntos considerados más sensibles para los colombianos como el derecho a la salud en relación con la propiedad intelectual y las patentes frente a los medicamentos genéricos y el acceso al sistema de salud. El tema agrícola, los subsidios y la seguridad alimentaria, merecen un juicioso análisis, lo mismo que el derecho a la educación, los servicios públicos y los efectos fiscales del Tratado en virtud de la pérdida de ingresos del Estado por el desmonte de aranceles.

Estas razones nos llevan a invitar a los trabajadores y al conjunto de la sociedad colombiana a participar en la movilización nacional que el 10 de febrero realizaremos contra las implicaciones del TLC, lucha que enfatizaremos en Cartagena y Bogotá.

Carlos Rodríguez Díaz