Una tarea histórica que se planteó el pueblo boliviano a través de distintos movimientos, no cabe duda, es la recuperación de nuestros recursos naturales, y en concreto la nacionalización de los hidrocarburos, hoy en manos de las transnacionales, fundamentalmente norteamericanas. Conjuntamente con esta tarea, los bolivianos peleamos hasta derrocar al oligarca Gonzalo Sánchez de Losada y por una constituyente que modifique la constitución vigente hasta hoy. En ambas consignas el pueblo expresó su deseo de grandes transformaciones estructurales.
No existieron condiciones subjetivas para la creación de un poder popular, la contradicción entre clases proimperialistas y el pueblo se superó a favor de las primeras: luego de la renuncia del Goñi y la asunción del vicepresidente Carlos Mesa como Presidente, el pueblo aceptó la transición, porque Mesa prometía demagógicamente dar curso a un referéndum en defensa de los hidrocarburos y se comprometió a llevar adelante la asamblea constituyente. El pueblo aceptó esas proposiciones que eran parte de sus exigencias, sin que esto haya constituido una aspiración claudicante, porque desde ese momento en Bolivia se han intensificado el debate político y las movilizaciones por sus reivindicaciones.
Un aspecto importante en la guerra de octubre de 2003 fue la definición y demanda de una nueva política de hidrocarburos, que asuma la defensa de los recursos hidrocarburíferos y de los demás recursos naturales como elementos estratégicos en la economía del país, lo que necesariamente debe llegar a una nacionalización y a la recuperación de los recursos de las transnacionales.
Por otro lado, la Constituyente es una demanda de los movimientos sociales que emerge en la "guerra del gas", que lleva la idea de refundación del país. Esta nueva posibilidad de cambio que plantean los movimientos sociales es vista por la oligarquía como una amenaza y por lo tanto busca rápidamente controlar el proceso, para sostener su dominación de clase neoliberal e imperialista. Es decir, se pretende "hacer cambios para que nada cambie”.
El Movimiento al Socialismo (MAS), hasta octubre, bajo la dirección de Evo Morales, luchó y agitó militantemente la consigna de ¡Renuncia del asesino Goñi!, en las calles, conjuntamente con los movimientos sociales.
Desde la transición presidencial (octubre 2003), la dirección política del MAS cambió su línea, bajo él termino de ‘consensuar’, la pregunta es ¿con quién?, ¿con el gobierno? A todas luces, se impuso una línea conciliadora con el gobierno de Mesa, con la justificación de resguardar la democracia actual, utilizando el síndrome del golpe militar; bajo esta óptica se criticó a los movimientos sociales que exigían al gobierno de Mesa que cumpla con su discurso inicial. Las críticas tomaron características agresivas, rompiéndose así la unidad que con tanto sacrificio se logro en ese octubre; el MAS cambió la consigna de Nacionalización por Recuperación, en clara conciliación con el gobierno de Mesa; aceptó el referéndum, e incluso, Evo Morales, en declaraciones a la prensa dio a entender que algunas preguntas fueron formuladas por el MAS.
En octubre de 2003,los movimientos sociales se habían apoderado de la coyuntura y lo lógico era seguir luchando sin claudicaciones, hasta la nacionalización de los hidrocarburos y la constituyente, utilizando todos los espacios sociales y políticos. La salida pro-oficialista del MAS debilitó al movimiento social, trastocando el curso de la contradicción a favor del actual gobierno, que con el referéndum se legitimizó postergando las reivindicaciones sociales.
Carlos Mesa continuador de Goni
Una vez concluido el Referéndum (junio 2004), el gobierno de Mesa elaboró la nueva Ley de Hidrocarburos. Ley que no tiene cambios (respeto de la Ley Agonista) y más bien asegura la permanencia y el saqueo de las transnacionales. Por su parte, el Parlamento, por la presión popular, realizó cambios en la Ley de Mesa, que desfavorecen a las transnacionales. Mesa, a su vez, declara la defensa del modelo y de las transnacionales, resistiéndose a los cambios de su Ley.
El presidente Mesa, para proponer su Ley, primero consensúa con la oligarquía (cruceña) y las transnacionales y esta se moviliza en contra de los cambios que quisieran hacer los parlamentarios a la Ley. Por la gran presión social la aprobación de la nueva Ley queda paralizada.
Para resolver los problemas, las clases dominantes encabezadas por la oligarquía cruceña, el Gonismo (S. de Lozada), Tuto Quiroga (Banzerista), ven con temor el protagonismo del pueblo y provocan una crisis social y económica. Mesa, representante de estos sectores y asesorado por los yanquis, decreta el alza del precio de los combustibles, frente a lo cual la respuesta del pueblo boliviano fue inmediata con el paro, el bloqueo y las movilizaciones en las que se exige la renuncia del Presidente.
Por su parte, la oligarquía moviliza a sectores populares y a la pequeña burguesía de Santa Cruz, con lo que busca abortar todo proceso popular, y evitar así lla aprobación de una nueva constituyente, la Ley de Hidrocarburos y el control del latifundio. Mesa apoya estas acciones y al cabildo convocado por la reacción cruceña, el día viernes 28 de enero de 2005. Política ya diseñada con anterioridad, e ingenuamente apoyada por Evo Morales.
Así, el Comité Cívico Cruceño expresa una política latifundista y proimperialista, es el núcleo de la oligarquía agroindustrial latifundista de Santa Cruz, que hoy está pugnando por apoderarse (con el apoyo imperialista) de los hidrocarburos y las tierras del oriente boliviano, para reforzar su hegemonía y no permitir la nacionalización de los hidrocarburos y la redistribución de las tierras a los campesinos. Ese Comité Cívico encarna la voluntad política de lo más selecto y reaccionario de la oligarquía agroindustrial y latifundista de Santa Cruz.
El Presidente Mesa ha negociado para que la oligarquía cruceña lidere el proceso actual (la Constituyente), haciendo concesiones al grupo defensor de las transnacionales imperialistas y latifundistas que también se enriquecieron en la dictadura Banzerista y ahora son los principales beneficiarios de la capitalización Gonista.
Para revertir esta situación, es urgente la organización de un Gran Frente de Clases Explotadas y Naciones Oprimidas en Bolivia, que comience en la Asamblea Constituyente Popular y Nacional. Esta Asamblea debe tener la representación orgánica de todas las clases explotadas, (el proletariado urbano, de las minas y de los yacimientos petrolíferos, y del campo como jornaleros zafreros, castañeros, siringueros y otros sectores de profesionales, maestros, empleados, universitarios, y campesinos, así como de las nacionalidades oprimidas, aymaras, quechuas, guaraníes y nacionales.
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