Por: Ursula Treffer
Especial para OPCIÓN desde Managua

“La violencia contra periodistas en Nicaragua nunca ha sido una constante como en Guatemala, Colombia u otros países de América Latina”, dice el científico de comunicación Guillermo Cortés, de Managua, que también edita una revista del gremio. Por ello estremecieron tanto al país los dos asesinatos de periodistas, que ocurrieron en el año pasado.
En febrero, un sandinista militante mató a tiros a un compañero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Guadamuz, quien como presentador de televisión había vuelto a criticar a los líderes de su propio partido. El asesino fue condenado a 21 años de prisión. Los presuntos cómplices fueron declarados inocentes. Solamente nueve meses más tarde, fue asesinada a balazos la periodista independiente María José Bravo, de 26 años, mientras investigaba para los diarios La Prensa y Hoy, en el centro del país, denuncias de fraude en las elecciones municipales, que habían tenido lugar pocos días antes. A finales de enero un juez sentenció al asesino, un ex combatiente de la Contra y antiguo alcalde del partido conservador-liberal PLC, a 25 años de cárcel.
“Pero los dos asesinatos son solamente la punta de un iceberg; debajo hay una serie de hechos, que son preocupantes”, dice Cortés. Se relacionan con la corrupción en la política y la delincuencia, de manera que se puede tomar a Nicaragua como ejemplo para la situación del periodismo en muchos países latinoamericanos. Especialmente quien se ocupa de temas como la mafia de las drogas, vive en constante peligro. Colaboradoras de La Prensa, quienes habían descubierto que policías están involucrados en el narcotráfico, recibieron repetidas veces amenazas de muerte.
Igual se pone en peligro la existencia cuando se trata de intereses económicos. Un ejemplo es el consorcio de Carlos F. Pellas, sin cuyo apoyo ningún gobierno en Nicaragua se puede mantener. Para la construcción de su nueva sede social, la empresa fue exonerada de impuestos por el importe de tres millones de dólares. El informe sobre eso casi habría arruinado al periodista libre Carlos Fernando Chamorro, hijo del editor asesinado de La Prensa. Después de la publicación, el Consorcio retiró todos sus anuncios de la emisión de televisión y el semanario de Chamorro. “Si el grupo cancela su publicidad en un medio, éste se encuentra en crisis”, dice Cortés. A Pellas pertenecen, entre otros, el monopolio en la producción de azúcar y ron, empresas de seguros y de tarjetas de crédito, el distribuidor más grande de carros, tiene su negocio de exportación e importación, una agencia de publicidad y una tercera parte del monopolista de televisión por cable, que hace poco lanzó su propio canal de televisión.
Pero también los gobiernos nicaragüenses suelen aprovecharse de su poder económico para castigar a los medios de comunicación por informes críticos. Una quinta parte de toda la publicidad en el país viene de la dirección general de impuestos, de la lotería y otras instituciones estatales. La Sociedad Interamericana de Prensa desde hace años crítica que esta “política sistemática de discriminación en el otorgamiento de publicidad oficial lesiona severamente a la libertad de prensa”. El Secretario de Prensa del gobierno de Enrique Bolaños por supuesto lo ve de manera diferente: “Es una política social. Solamente tratamos de ayudar a medios, que económicamente son inestables”.

Ursula Treffer