Tercerización de la tortura

El “outsourcing” es la práctica de proveerse de un servicio o un producto a través de terceros. Según los manuales, es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que puede ser desempeñada más eficientemente por otra corporación, a la cual contrata para desarrollar esa parte.

En los últimos años la “tercerización” se aplicó en actividades periféricas -limpieza, mantenimiento, transporte- y actualmente derivó hacia actividades más importantes: manufactura, diseño, marketing y distribución.

Esta exitosa práctica también fue adoptada por algunos países llamados “occidentales” en un rubro hasta ahora inédito: la extracción de información a través de la tortura.

Como se lee: los servicios secretos de naciones consideradas democráticas “tercerizan” los interrogatorios y apremios ilegales a prisioneros políticos, sospechosos de ser terroristas, a través de organismos de seguridad de países con tradición autoritaria.

Los convenios ofrecen ventajas recíprocas. El gobierno democrático contratante no se “ensucia” las manos y el país autoritario proveedor de este “servicio” -al cual las condenas en los foros internacionales no le hacen mella- se beneficia con una módica asistencia técnica.

Desde luego que no faltan los eternos desconformes que están fuera de los circuitos productivos, comerciales y financieros. Es el caso de la siempre incómoda Human Rights Watch, con sede en Nueva York. La organización de defensa de los derechos humanos denunció en un reciente informe la práctica de extraditar a sospechosos a países donde es habitual la práctica de malos tratos.

El documento, de 91 páginas, menciona que Austria, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Suecia recurren al “outsourcing” o “tercerización” de Argelia, Egipto, Rusia, Siria, Túnez, Turquía y Uzbekistán. Los servicios secretos “democráticos” extraditan a los sospechosos conformándose con frágiles “garantías diplomáticas” de que los detenidos no serán maltratados.

El periódico The Independent, de Londres, informa que el gobierno británico es blanco de críticas por adoptar una política de “extradición a toda costa” para evitar el monitoreo a sospechosos de terrorismo en casos en que las pruebas son insuficientes para procesarlos.

La publicación sostiene que Estados Unidos también es criticado por asumir una práctica conocida como “rendición extraordinaria”, en la que los sospechosos son enviados a países que usan la tortura para extraer confesiones. La información es posteriormente entregada a los servicios de seguridad estadounidenses.

En Washington, algunos funcionarios admitieron la transferencia de prisioneros a países donde se aplican maltratos, pero alegaron que habían recibido “seguridades
diplomáticas” previas a las transferencias.
Craig Murray, ex número dos del departamento del África ecuatorial del Foreign Office y ex embajador inglés en Uzbekistán, destituido en octubre del año pasado, es otro personaje incómodo.

El ex diplomático aseguró que Craig Murray asesor legal del MI6 -como se conoce al servicio de inteligencia del Reino Unido- le dijo que “no hay nada en la ley que nos prive de obtener y usar material extraído bajo torturas siempre que nosotros mismos no seamos los responsables de las torturas”. El funcionario le comentó a Murray que la información de inteligencia obtenida de ese modo “es útil”.

El 6 de marzo pasado The New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) había enviado entre 100 y 150 presuntos terroristas a países como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Pakistán y Siria.

Michael Scheuer, ex analista de la CIA que ayudó a armar el programa durante el gobierno de William Clinton, declaró al programa televisivo 60 Minutos, de la cadena CBS, que la CIA entendía lo que significaba entregar a los sospechosos. “Esos países no tienen el mismo sistema legal que nosotros tenemos. Es encontrar a algún otro para que haga el trabajo sucio”, dijo Scheuer.