La agitación alrededor del tema de la Constitución europea se limita de manera significativa a la clase política de la Unión. La Constitución fue elaborada sin reparar en gastos y firmada el 9 de octubre de 2004 luego de numerosas modificaciones de último minuto. Desde entonces, los gobiernos de los Estados miembros y las grandes figuras en Bruselas sufren de ataques de pánico y de lúgubres visiones sobre la desaparición de la Unión Europea. Los electores llamados a dar su opinión no se dejan impresionar, como si la vida pudiera continuar sin la Constitución. Tienen razón, nadie la necesita.
El nuevo texto no cambia gran cosa con relación al Tratado de Niza. La Unión Europea puede seguir funcionando perfectamente sobre la base de ese tratado si la dirección política de los Estados miembros lo desea. Esta Constitución es también un statu quo en el plano sociopolítico. ¿Será porque el texto no cambia nada que Austria puede aprobarlo únicamente en el Parlamento? Con un referéndum popular nos situaríamos en el terreno de la constitucionalidad. Es también una cuestión de honestidad. Es una refundación de la Unión lo que va a tener lugar. Los cimientos anteriores y los contratos de incorporación pierden validez. No sólo serán renovados sino también sustituidos. En otras palabras, la Unión Europea y su colectividad, a la que nos unimos por decisión del pueblo, dejará de existir. La decencia democrática exigía un referendo. El problema es saber si una Constitución tan poco indispensable, pero al mismo tiempo no verdaderamente perjudicial, compensará el evidente aumento de la frustración de los ciudadanos cuando sea instituida en todas partes sin que la opinión de estos haya sido tenida en cuenta.
«Wider die apokalyptischen Reiter der EU-Verfassung», por Manfred Rotter, Der Standard, 10 de mayo de 2005.
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