Bolivia ha soportado la violencia estructural y social a lo largo de su historia. Las luchas de mineros, campesinos y sectores sociales ponen en evidencia la grave situación que vive, frente a la inercia y complicidad de gobiernos que han privilegiado a los sectores del poder y han dejado en el olvido intencionado al pueblo, que ha reaccionado a través de la resistencia social frente al empobrecimiento cada vez mayor de la población, la cual debe soportar la falta de políticas y programas que contemplen las necesidades básicas y recursos para salud, educación, trabajo y vida digna; un pueblo que ve cómo van aumentando el hambre, la pobreza y la exclusión social, mientras se llevan sus recursos. Cuando reaccionan frente a las injusticias, los acusan de subversivos y violentos por sus reclamos sociales, y la respuesta desde el Estado es la represión.
Gobiernos de muchos países están aplicando las llamadas "leyes antiterroristas", que justifican que cualquier protesta social se asocie con el terrorismo y no con el derecho de los pueblos.
El pueblo boliviano está sentado sobre grandes recursos y riquezas que le pertenecen, pero esos beneficios no le llegan y son saqueados por trasnacionales y la oligarquía, que acumulan y no distribuyen las ganancias.
La renuncia del presidente Carlos Mesa evidencia las fuertes presiones que llevaron al país a la ingobernabilidad y al aumento de las tensiones, generando caos y violencia; con la amenaza de un posible golpe militar apoyado por Estados Unidos para imponer a quien pueda proteger sus intereses económicos y políticos, como los hidrocarburos y, principalmente, el gas.
Lamentablemente ya hay un muerto y dos heridos víctimas de la violencia institucional.
En el contexto de esta situación, uno de los hechos preocupantes es el acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno del Paraguay para el ingreso de tropas estadunidenses con total inmunidad a ese país. La intervención del embajador estadunidense en Bolivia es signo de alerta, de la búsqueda de impedir que Evo Morales, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), pueda acceder a la presidencia de esa nación.
Existen antecedentes de alto riesgo; por ejemplo, el gobierno de Bush "ordena" al secretario general de la Organización de Estados Americanos que siga con atención el desarrollo de los acontecimientos en Bolivia y, de ser necesario, tome las "medidas adecuadas". No sería raro que tenga en mente, por la proximidad de tropas estadunidenses en Paraguay, una intervención semejante a la invasión en Haití, con las graves consecuencias que hoy está viviendo ese país, que debe soportar las tropas de ocupación, la violencia y el aumento de la pobreza.
Está a debate en el Parlamento, donde todavía no se han tomado decisiones, la convocatoria a una constituyente y el llamado a elecciones presidenciales adelantadas, que la misma Iglesia católica viene promoviendo con el fin de lograr la estabilidad constitucional y la normalización del país.
Luego de fuertes tensiones en el Parlamento y tras la renuncia de Hormando Vaca Diez y Mario Cossío, asume como presidente de Bolivia el titular de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, quien deberá convocar a elecciones anticipadas en un plazo de 90 días.
El dirigente del MAS, Evo Morales, reclama la nacionalización de los recursos del pueblo, los hidrocarburos y el gas, a lo que se oponen sectores empresariales aliados con el gobierno de Estados Unidos.
La violencia estructural y social ha dañado profundamente las condiciones de vida, y la reacción del pueblo es legítima al reclamar sus derechos, los cuales, sistemáticamente, le son negados.
Los acontecimientos se aceleran y cambian rápidamente. Esperemos que el sentido común, que se ha transformado en el menos común de los sentidos, permita a dirigentes políticos y organizaciones sociales encontrar caminos y alternativas para lograr el respeto a la soberanía del pueblo boliviano y reclamar cambios profundos en las instituciones del Estado. Esperamos que esos cambios que el pueblo reclama se realicen sin violencia, a través del diálogo y teniendo como centro el bien común.
El problema que vive Bolivia no es un hecho aislado del resto del continente, que viene sufriendo la imposición de políticas neoliberales por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento de Estado estadunidense, que exigen la privatización de empresas nacionales y de servicios y los recursos naturales.
El gran debate que se abre es analizar el tipo de democracia que viven los pueblos, más formal que real, delegativa y no participativa.
Cuando los pueblos votan, al día siguiente quedan en estado de indefensión. Al delegar el poder a quienes gobiernan, los ciudadanos quedan excluidos de las decisiones del Estado.
El sistema democrático impuesto está en crisis y es necesario revertir esa situación, pasar de democracias delegativas, que llevan a los pueblos a la indefensión y sometimiento, como son: la deuda externa y las privatizaciones de las empresas nacionales y los recursos naturales, que llevan a la dependencia y a la pérdida de la soberanía.
Como dicen los hermanos indígenas del Cauca, en Colombia, "hay que hacer caminar la palabra de la resistencia", recuperar el verdadero sentido de las palabras, hacia la construcción de democracias participativas, donde los grandes temas y problemas que hacen la situación de los pueblos, a su presente y futuro, se decidan a través de plebiscitos, consultas populares, referendos y disponer de la capacidad de revocatoria de mandatos a gobernantes y funcionarios que no cumplan su deber de ser servidores del pueblo.
No hay hechos aislados en el continente. Existen emergentes sociales a partir de la resistencia y participación social de los pueblos frente a las injusticias, como el alzamiento del pueblo boliviano.
Otros emergentes han surgido en varios países, como la reciente rebelión popular en Ecuador frente a un gobierno que traicionó a su pueblo, o el alzamiento popular en Argentina, ante un gobierno incapaz que llevó a una debacle económica y al aumento de la pobreza.
El continente se encuentra en estado deliberativo y debe promover acciones que lleven a los cambios que los pueblos requieran. Mientras, las políticas neoliberales pretenden globalizar la miseria, la marginalidad y la dominación.
El pueblo boliviano ha dado a través de su historia claros ejemplos de resistencia y dignidad, y hoy vuelve a alzar su voz para evitar el saqueo de sus recursos, lo que afecta el presente y futuro del país.
Los pueblos del continente deben estar en estado de alerta frente a las políticas impuestas por los centros del poder dominante y desarrollar la solidaridad y apoyo entre sí. Hoy es Bolivia, mañana pueden ser nuestros pueblos.
La Jornada
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