“Hacer que la democracia funcione para las Américas”

Buenos días a todos. Gracias, Marcela. Muchísimas gracias. Deseo darles las gracias a ustedes también por el destacable trabajo que han venido haciendo para intentar crear mayor transparencia, mayor rendición de cuentas.

Y a todos aquí, gracias, gracias, gracias por estar aquí esta mañana. Deseo agradecer a nuestro gentil anfitrión, la Universidad San Francisco de Quito. Qué espectacular, qué lugar tan espectacular. Gracias. (Aplausos).

Permítanme comenzar diciéndoles por qué he venido aquí, a Ecuador, en mi primera visita como Secretario a América del Sur. Hay un hilo conductor en toda la política de Estados Unidos, tanto nacional como exterior, y es trabajar para que la democracia funcione para todas las personas.

Ese es también el objetivo de este viaje. Porque la capacidad de nuestras democracias para cerrar la brecha entre lo que prometemos y lo que cumplimos depende en gran medida de lo que hagamos juntos para mejorarlas. Y ese “nosotros” incluye no sólo a los gobiernos, sino a las personas a las que servimos.

Y hay algo importante que aprender de Ecuador; de Colombia, a donde viajaré a continuación; y de la región en general, cuando se trata de entender los desafíos a los que se enfrentan las democracias, y cómo podemos superarlos.

Permítanme empezar con un ejemplo. Imaginemos un país en el que un líder es elegido en unas elecciones libres y justas, y luego se dedica a ir minando lenta pero inexorablemente los pilares de la democracia: atacando a la prensa libre, socavando la independencia de los tribunales, amenazando a los opositores políticos.

Ahora, imaginemos que ese líder trata de utilizar los resortes de la democracia para aprobar reformas antidemocráticas: eliminar los límites de los mandatos, llenar los tribunales, despedir a los legisladores. Esa es la historia de más de una democracia en nuestro hemisferio. Y es una de las formas en que las democracias pueden desintegrarse.

Hace una década, eso ocurrió en Ecuador.

Y sin embargo, en última instancia, ese esfuerzo no tuvo éxito. ¿Por qué? Instituciones como los tribunales y el Consejo Electoral se opusieron. También lo hicieron los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros defensores de la sociedad civil, incluidos profesores y estudiantes de esta universidad, que desafiaron las reformas en los tribunales. E incluso cuando fueron calumniados, amenazados y atacados públicamente, siguieron adelante.

Es más, decenas de miles de ecuatorianos salieron a la calle para protestar: sindicalistas, periodistas, estudiantes, personas indígenas, algunos de los cuales hicieron una caminata de 700 kilómetros a pie desde el Amazonas hasta Quito. E incluso cuando eran golpeados y detenidos por la policía, la gente seguía protestando.

Y aunque el presidente de entonces consiguió aprobar una serie de proyectos de ley antidemocráticos a lo largo de los años, otros fueron bloqueados, anulados, retirados ante la falta de apoyo. La democracia perseveró.

Otro ejemplo: En la primavera de 2020, mientras gran parte del mundo se bloqueaba en respuesta a la pandemia, COVID-19 arrasó con Ecuador. En Guayaquil, la tasa de mortalidad se disparó multiplicada por nueve. Los hospitales se vieron obligados a rechazar a los moribundos. Los cadáveres fueron abandonados en las aceras durante días. Un fabricante local empezó a fabricar ataúdes de cartón, porque las funerarias se habían quedado sin los de madera.

La emergencia de salud pública se vio agravada por algunos que trataron de sacar provecho de la escasez de suministros médicos vitales en Ecuador, como mascarillas, ventiladores respiratorios y desinfectantes. En abril de este año, el virus volvió a repuntar, y Ecuador tuvo la tasa de COVID-19 más alta de nuestro hemisferio.

Esta es otra forma en que las democracias pueden desintegrarse: al no cubrir las necesidades de vida o muerte de los ciudadanos en una emergencia.

Pero de nuevo, las cosas cambiaron.

La prensa libre y dinámica de Ecuador sacó a la luz el fracaso de la sanidad pública y la corrupción que contribuyó a ello.

El fiscal general del país dirigió una rigurosa investigación que descubrió pruebas de la connivencia entre funcionarios sanitarios y delincuentes para vender bolsas para cadáveres a los hospitales a un precio 13 veces superior. Varios exfuncionarios fueron finalmente acusados.

Y, a principios de este año, más del 80 por ciento de la población de Ecuador votó en unas elecciones que condujeron a un traspaso pacífico del poder entre partidos. El nuevo gobierno prometió vacunar a más de la mitad de la población del país en sus primeros 100 días y, junto con los trabajadores sanitarios, los líderes comunitarios, las empresas y muchos otros, alcanzaron el objetivo antes de lo previsto.

Aproximadamente 40.000 personas fueron vacunadas no muy lejos de donde estamos reunidos hoy, en la arena de la universidad, con la ayuda de personal universitario y estudiantes voluntarios. Y cada día se vacunan más ecuatorianos. Hoy, más de 11,1 millones de personas han recibido sus inyecciones.

También ha demostrado a los ecuatorianos que las democracias pueden ayudar a abordar algunos de los mayores retos a los que se enfrentan, y hacerlo abiertamente, en beneficio de todos. Esto es muy importante en un momento en que la confianza en la democracia, en nuestro hemisferio y en todo el mundo, está disminuyendo.

Para quienes observan desde fuera el historial de las democracias de las Américas en las últimas décadas, esa pérdida de confianza puede ser difícil de entender. Han pasado dos décadas desde que nuestras naciones se comprometieron a promover y defender la democracia en toda la región por medio de la Carta Democrática Interamericana. Los países hicieron este compromiso no por presión o por conformidad ideológica, sino porque varios países de la región habían intentado alcanzar el desarrollo social y económico mediante sistemas no democráticos… y fracasaron.

Y, aunque hay algunas excepciones, en general los gobiernos democráticos de la región han ofrecido un periodo de prosperidad, seguridad y estabilidad sin precedentes.

La clase media de América Latina ha crecido de manera constante y el número de personas que vive en la pobreza se ha reducido a la mitad. El nivel de vida y el acceso a la educación han aumentado. La mortalidad infantil y materna ha disminuido.

Y, sin embargo, para muchas personas que viven en las democracias de las Américas, no parece que el gobierno esté haciendo lo suficiente para abordar los mayores problemas a los que se enfrentan, o para seguir el ritmo de sus expectativas y aspiraciones.

Las economías han crecido, pero también la desigualdad. Y el crecimiento económico se ha construido con demasiada frecuencia sobre la devastación del medioambiente, contribuyendo a la crisis climática que estamos viviendo.

Además, el aumento del PIB y de los mercados bursátiles no ha ido acompañado de un aumento de las ayudas y protecciones que las familias trabajadoras necesitan para prosperar en una economía global cada vez más competitiva, como guarderías asequibles o un salario digno. No se ha creado una red de seguridad que ayude a las personas cuando la fábrica donde trabajan cierra, o si tienen que faltar al trabajo para cuidar a un hijo o padre enfermo.

Todos estos problemas se han visto agravados por COVID-19, que ha golpeado a esta región con más fuerza que a ninguna otra, y ha puesto de manifiesto lo vulnerables que son los logros de las últimas décadas. América Latina y el Caribe representan alrededor del 8 por ciento de la población mundial, pero la región tiene el 32 por ciento de las muertes relacionadas con COVID-19 en el mundo. Si se añade Estados Unidos, tenemos más de la mitad, más de la mitad, de las muertes por COVID-19 en el mundo.

Los efectos económicos también han sido devastadores. La economía de América Latina se contrajo casi un 8 por ciento el año pasado; de nuevo, el mayor descenso de cualquier región del mundo, y el número de personas que viven en la pobreza aumentó en 22 millones. Las escuelas de la región han permanecido cerradas más tiempo que cualquier otra, y dos de cada tres niños no han vuelto a las aulas.

Y como en todas partes del mundo, las comunidades desatendidas y marginadas son las más afectadas. Aquí en Ecuador, eso significa comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres y niñas, personas LGBTQI, personas de bajos ingresos, la mayoría de los cuales trabajan en el sector informal.

Al acelerar todos estos problemas de larga data, COVID-19 ha acelerado el escepticismo entre los ciudadanos de que la democracia pueda cumplir cuando más importa. El año pasado, el 70 por ciento de los latinoamericanos estaba insatisfecho con el funcionamiento de la democracia, frente a aproximadamente el 50 por ciento en 2013. Y no solo nuestros socios están experimentando esto. En mi país, en Estados Unidos, casi el 60 por ciento de las personas están insatisfechas con el funcionamiento de la democracia.

De modo que nos encontramos en un momento de ajuste democrático. Y la cuestión para todos los que creemos en la democracia y creemos que su supervivencia es vital para nuestro futuro común, la cuestión es, qué es lo que podemos hacer para que las democracias cumplan con los asuntos que más importan a la gente.

Así que hoy, con su permiso, me gustaría destacar tres cuestiones que Estados Unidos considera de importancia crítica para responder a este llamado, para hacer que funcionen para la gente, especialmente para nuestro propio hemisferio. Son aspectos que abordaremos con ideas, pero igual de importante es que venimos a escuchar con humildad.

La humildad es en parte porque sabemos que Estados Unidos no siempre ha practicado lo que predicaba en nuestro hemisferio, que ha habido momentos en nuestra historia en que hemos apoyado gobiernos en las Américas que no reflejaban la elección de sus pueblos y no respetaban sus derechos humanos.

El primer desafío, Marcela habló al respecto, el primer desafío es la corrupción, lo cual es una realidad diaria para personas de todo el mundo, incluyendo las Américas. Se calcula que el costo de la corrupción es el 5 por ciento del PIB mundial. Reduce el crecimiento, desincentiva la inversión, profundiza las desigualdades. Sin embargo, su mayor coste es la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos.

De hecho, si se observa la gran mayoría de los levantamientos civiles de amplia base en todo el mundo en los últimos años, el Maidan en Ucrania, la plaza Tahrir en Egipto; desde Rumanía a Túnez, desde Sudán a Guatemala; se encontrará en su núcleo una total repulsa a la corrupción.

Afecta a la gente en todos los aspectos de su vida cotidiana, y drena recursos del Estado que podrían utilizarse y dedicarse a una escuela, a un hospital, a algo que de hecho mejore la vida de las personas.

Por lo que Estados Unidos se está centrando en la forma de luchar más eficazmente contra la corrupción, que el presidente Biden ha designado por primera vez como un interés fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos tomando medidas enérgicas contra la financiación ilícita, incautando y congelando activos robados, y dificultando que quienes roban se escondan tras el anonimato.

Estamos reforzando las herramientas de que disponemos para exigir responsabilidades a los individuos y grupos corruptos, desde las sanciones específicas contra la corrupción hasta las acciones penales y civiles de aplicación de la ley, pasando por la denegación de visados a los funcionarios corruptos y sus familias.

Estas herramientas nos ayudarán a incrementar los costes de la corrupción mucho más allá de nuestras fronteras.

Pero como la corrupción no tiene fronteras, y como los actores corruptos son muy hábiles para explotar los eslabones más débiles de nuestro sistema mundial interconectado, ningún país puede luchar eficazmente contra la corrupción solo, ni siquiera con la ayuda de otros gobiernos. Necesitamos socios fuertes contra la corrupción en todas partes y en todos los ámbitos.

Por eso estamos desarrollando nuevas herramientas y programas para mejorar la capacidad de los gobiernos asociados, los periodistas de investigación, los defensores de la lucha contra la corrupción y las empresas. Por eso estamos profundizando en nuestra colaboración con la Unión Europea, el G7, la OCDE y otros grupos de países que comparten nuestro compromiso de hacer frente a esta lacra. Y es por ello que debemos atenernos junto con nuestros socios al Compromiso de Lima realizado en la Cumbre de las Américas de 2018, en el que todos los países se comprometieron específicamente a avanzar en la gobernanza democrática contra la corrupción con medidas concretas.

A través de estos esfuerzos, estamos analizando detenidamente qué es lo que mejor funciona en la lucha contra la corrupción, una cuestión que está en el centro de una revisión exhaustiva que los organismos de todo el Gobierno de Estados Unidos están llevando a cabo por instrucción del presidente Biden. Lo que aprendamos nos ayudará a orientar nuestra energía y nuestros recursos en el futuro, en nuestro país, en las Américas y en todo el mundo.

El segundo reto es la seguridad civil. Durante décadas, Estados Unidos ha realizado grandes inversiones para reducir la violencia en el hemisferio mediante la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Y con razón: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo.

Sin embargo, nuestro historial de asociación con las democracias de la región para mejorar la seguridad civil ha sido desigual. Esto se debe a que, con frecuencia, hemos tratado de solucionar este problema confiando demasiado en la formación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad, y demasiado poco en otras herramientas a nuestro alcance. Y nos hemos centrado demasiado en abordar los síntomas de la delincuencia organizada, como los homicidios y el tráfico de drogas, y demasiado poco en las causas profundas. Estamos trabajando para corregir ese desequilibrio.

Estamos haciendo más para ampliar las oportunidades económicas, especialmente para las poblaciones desatendidas que podrían verse arrastradas a la actividad ilícita porque sienten que no tienen otra opción. Estamos aumentando nuestra inversión en la prevención del abuso de sustancias, el tratamiento y la recuperación de quienes luchan contra la adicción, tanto para reducir el profundo daño que las drogas ilícitas infligen a nuestras comunidades, como para reducir la demanda en Estados Unidos que alimenta tanta violencia y actividad criminal. Apoyamos esfuerzos comunitarios para la prevención de la violencia que empoderan a los actores locales que están atrapados entre las organizaciones criminales violentas y las fuerzas de seguridad abusivas, y les damos las herramientas para reparar el tejido social de sus comunidades. Y seguimos invirtiendo en fortalecer el Estado de derecho, formando a fiscales y jueces que son cruciales para investigar y enjuiciar estos casos.

Este énfasis en las causas fundamentales está en el núcleo de una serie de diálogos de alto nivel sobre economía y seguridad que hemos convocado en las últimas semanas con el gobierno de México. El abanico de altos dirigentes de ambos países que han participado, procedentes de los ámbitos de la justicia, el comercio, la tesorería, el desarrollo, la seguridad nacional y la política exterior, refleja el enfoque integral que estamos decididos a adoptar. Nosotros y nuestros socios en Colombia aportaremos un enfoque similar al diálogo de alto nivel de mañana.

Y, como comenté ayer con el presidente Lasso, creemos que un enfoque igualmente holístico de la seguridad ciudadana, que no dependa excesivamente de las fuerzas de seguridad, tiene muchas probabilidades de ser eficaz también aquí en Ecuador.

Hemos visto el estado de excepción que el presidente Lasso declaró a principios de esta semana, y el presidente y yo tuvimos la oportunidad de dialogar sobre ello ayer. En lo que respecta a Estados Unidos, dejé claro que entendemos que hay momentos en los que las democracias necesitan tomar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero es esencial equilibrar esa necesidad con la de respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos. También es crucial que estas medidas se diseñen y apliquen de acuerdo con el Estado de derecho, con un alcance y una duración limitados, y sujetas a supervisión y revisión judicial. Las fuerzas de seguridad que llevan a cabo estas medidas deben respetar las normas internacionales, y rendir cuentas cuando no lo hagan. Sin estos límites, hemos visto cómo la excepción puede convertirse en la regla; cómo los esfuerzos destinados a proteger a los ciudadanos de una amenaza pueden dejarlos vulnerables a otra.

El presidente Lasso me aseguró que su gobierno está comprometido con el cumplimiento de estas normas que son tan importantes para el pueblo ecuatoriano y sus valores democráticos. Y dejé claro que el cumplimiento de estas normas es también una prioridad para Estados Unidos.

El tercer desafío es centrar nuestras democracias en abordar los retos económicos y sociales a los que se enfrentan nuestros pueblos. Ahora, esto debería ser obvio, pero la realidad es que a menudo hemos puesto más energía en fortalecer los derechos civiles y políticos, que son tan fundamentales e importantes, las elecciones libres y justas, el Estado de derecho, la libertad de expresión y de reunión, y menos en fortalecer los derechos económicos y sociales de las personas, como reforzar las normas laborales, ampliar el acceso a una educación y una sanidad adecuadas y ofrecer oportunidades más incluyentes. Y los ciudadanos en todo nuestro hemisferio exigen que atendamos a ambos y Estados Unidos escucha ese llamado.

Esta es la idea subyacente a los esfuerzos del presidente Biden para hacer inversiones en nuestras familias trabajadoras que no se han hecho en otras generaciones. Es la idea que impulsa inversiones masivas de Estados Unidos para mejorar las vidas y bienestar de los pueblos de las Américas. Desde 2020, hemos invertido más de 10.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe por medio de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. Eso, a su vez, aporta miles de millones más en inversiones del sector privado. Aquí en Ecuador, por ejemplo, estamos trabajando con el Banco de la Producción para catalizar 150 millones de dólares en préstamos a pequeñas empresas. Sabemos por nuestra experiencia, por su experiencia, es uno de los principales motores de crecimiento y la mejor manera de dar trabajo.

No solo hacemos estas inversiones. Lo estamos haciendo de forma transparente; que se trate a las comunidades locales como socios en lugar de sumirlas en un pernicioso ciclo de deuda; de manera que sean sostenibles para el medioambiente en lugar de extractivas; y que se respeten los derechos laborales y los derechos humanos.

Realizar este tipo de inversiones ayuda a desmontar ese mito que los gobiernos autoritarios gustan de contar sobre sí mismos: que son mejores para satisfacer las necesidades básicas de la gente. Los autócratas ofrecen a la población una falsa alternativa: puede tener derechos civiles y políticos básicos o puede tener un nivel de vida más alto. Pero a pesar de todas las promesas que han hecho los autócratas sobre la mejora del bienestar de la población, su historial cuenta un relato diferente.

Pero el hecho de que las democracias tengan mejores resultados en el hemisferio no significa que estemos haciendo lo suficiente por nuestra gente.

Esto es especialmente cierto para las poblaciones desatendidas. En nuestras democracias existe una profunda y antigua discriminación. Las raíces de esta injusticia son profundas, se remontan a la esclavitud y la colonización. Y la historia de Estados Unidos está inextricablemente ligada a esta historia, nos humilla, por el papel que nuestro país desempeñó en perpetuar la explotación y el racismo… y al mismo tiempo nos inspira, por las generaciones de estadounidenses, incluidas tantas personas en la actualidad, que han dedicado sus vidas a vencer el horrible legado del racismo y todas las formas de discriminación.

El racismo hace que las democracias sean menos prósperas, menos estables y menos equitativas. Fomenta la polarización y la desconfianza. Y priva a las democracias de la fuerza, la innovación y la creatividad que pueden extraerse de comunidades y lugares de trabajo diversos e inclusivos. Se requiere un esfuerzo concertado y urgente por parte de todas nuestras comunidades e instituciones para afrontar este reto. Incluidas las instituciones gubernamentales como la que dirijo, donde una de mis principales prioridades en el Departamento de Estado es garantizar que nuestros diplomáticos reflejen a Estados Unidos en toda su notable diversidad. Nuestra política exterior también será mejor por ello.

Creo que la Universidad San Francisco de Quito tiene algo que enseñarnos al respecto. Desde la fundación de esta institución, la universidad ha hecho de la promoción de la equidad y la inclusión una parte fundamental de su misión. Cada año, la universidad hace posible que cientos de estudiantes indígenas y afroecuatorianos estudien aquí, grupos que tradicionalmente han estado infrarrepresentados en la educación superior debido al subdesarrollo crónico y a la desigualdad de acceso a las oportunidades. Todos los estudiantes que asisten a esta universidad obtienen una mejor educación gracias a la mayor diversidad de su alumnado.

Por eso, aunque observamos verdaderos desafíos en nuestras democracias, no tenemos dudas sobre la mejor manera de abordarlos. Es sacar estos problemas a la luz y trabajar juntos, incluso con personas con las que no estemos de acuerdo, y esa es la manera de solucionarlos. Esta ha sido siempre la mayor fortaleza de la democracia: una capacidad para mejorarse a sí misma.

Estados Unidos está fundado sobre el principio básico de que nuestra misión nacional es formar una unión más perfecta. Y por definición, eso es un reconocimiento de que no somos perfectos y nunca lo seremos, y de que seguiremos esforzándonos para lograr cuadrar lo que hacemos con los ideales de nuestros fundadores.

No hay ninguna amenaza a la que nos enfrentemos que una mejor democracia, más democracia, no pueda solucionar; ningún desafío en el que un sistema cerrado sea mejor para la gente que uno abierto.

Y a pesar de todos los retos a los que se enfrentan las democracias, creo que tenemos motivos para ser optimistas. Especialmente en nuestro hemisferio, donde tenemos un grupo de socios profundamente integrados que no sólo comparten nuestros valores, sino que también están unidos por la cultura y la comunidad, y donde estamos bendecidos con una notable riqueza en recursos naturales y biodiversidad, siempre que los protejamos.

Pero, sobre todo, pienso que debemos ser optimistas por nuestra gente: el “demos” (pueblo) central a la democracia. Si observamos la marcha hacia adelante de cualquiera de nuestras democracias a lo largo del tiempo, veremos, una y otra vez, que ha sido impulsada no por los gobiernos, sino por los ciudadanos de a pie. Mujeres y hombres, a menudo jóvenes, a menudo con mucho que perder, que se comprometieron a mejorar la vida de sus familias y comunidades. Estas son las personas que sistemáticamente han cerrado la brecha entre lo que las democracias prometen y lo que cumplen.

Tenemos todas las razones para creer que los ciudadanos seguirán haciéndolo. La historia reciente de Ecuador demuestra que eso es cierto. También lo hace nuestra experiencia en Estados Unidos, donde nuestra democracia también ha sido puesta a prueba.

Y a pesar de todas sus frustraciones con la democracia, la mayoría de los habitantes del hemisferio comparten esa fe. Alrededor del 63 por ciento de los habitantes de América Latina sigue creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno, frente al 13 por ciento que opina lo mismo del gobierno autoritario.

De hecho, algunos observan las protestas y los movimientos de masas que critican a los gobiernos democráticos en las Américas o en otros lugares y lo ven como una señal de que la democracia está en declive. Yo lo veo como una señal de la fortaleza de la democracia. Veo personas que creen lo suficiente en su sistema como para intentar arreglarlo.

Nuestro mayor riesgo no es que nuestros ciudadanos sean demasiado críticos con la democracia, sino que dejen de preocuparse por ella. Que se rindan.

Y por eso confío en el futuro de la democracia en las Américas. Porque tenemos a las personas más extraordinarias trabajando para mejorar el sistema.

Personas como Diana Salazar Méndez. Fue criada al norte de la ciudad, en Ibarra, por una madre soltera que le inculcó desde pequeña la importancia de servir a su comunidad y, sobre todo, la integridad. Diana se pagó la universidad, trabajando de día y tomando clases de noche, escribiendo su tesis sobre la trata de migrantes africanos en Ecuador.

Dice que se sintió atraída por el trabajo de justicia social porque lo lleva en la sangre. A su tío se le impidió hacer carrera en el ejército por ser afroecuatoriano. Y después de terminar sus estudios de Derecho, Diana fue rechazada en múltiples ocasiones para ser nombrada fiscal por la misma razón.

Pero siguió en ello, acabó consiguiendo su primer puesto y desde entonces ha dedicado su carrera a pedir cuentas a los poderosos. Mafias. Políticos, incluidos expresidentes. Empresarios. Ha sido calumniada, amenazada, una vez estuvo a punto de perderse en el mar en una operación de interceptación de narcotraficantes. Pero se negó a dejarse intimidar. Al preguntarle por qué, dijo: “El que tiene la verdad no debe tener miedo”.

Hoy, Diana es, por supuesto, la Fiscal General de Ecuador. (Aplausos).

Y personas como Nina Gualinda, una líder de la comunidad indígena quichua de Ecuador. En 2001, Nina tenía sólo ocho años cuando una empresa petrolera vino a perforar en la tierra del Amazonas donde ella y su familia viven. Su madre y su tía lideraron la oposición de la comunidad al proyecto, y soportaron constantes amenazas y ataques por sus esfuerzos. Pero siguieron resistiendo, mediante la desobediencia civil, la organización y los pleitos legales, lo que dio a Nina una educación en materia de activismo.

Cuando, tras una década, el caso de su comunidad llegó por fin a la Corte Interamericana, Nina, de 18 años, intervino en la audiencia en nombre de la comunidad. El tribunal dictaminó que Ecuador debía consultar a las comunidades indígenas antes de autorizar a las empresas petroleras a hacer negocios en sus tierras. Casi una década después, Nina ayudó a liderar un grupo de mujeres indígenas en la recogida de más de 250.000 firmas exigiendo que el gobierno investigara los ataques sistemáticos contra las mujeres defensoras de la Amazonía. Una petición que fue entregada a la Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar.

Piensen en lo improbable que era que las trayectorias de estas dos extraordinarias mujeres se cruzaran. Una afroecuatoriana, que en su día fue rechazada para un puesto de fiscal por ser negra. Una líder indígena cuya lucha por dar voz a su comunidad en su futuro comenzó cuando vio su comunidad invadida cuando era una niña de ocho años.

Y, sin embargo, el encuentro de sus caminos es emblemático de la fuerza singular de las democracias para ser moldeadas por individuos. Una trabaja desde dentro del gobierno, la otra desde fuera, pero ambas proceden de lugares en los que había muchas probabilidades en su contra. La democracia funciona, evoluciona, se mejora a sí misma, gracias a personas como Diana y Nina. Personas que experimentan de primera mano las consecuencias de un sistema que no funciona como debería, que ven la brecha entre los principios de la democracia y sus prácticas, y deciden dedicar sus vidas a mejorarla de todos modos, para personas como ellas y para las generaciones venideras.

Y funciona porque no se rinden. Defienden tenazmente cada centímetro de progreso que se ha logrado, sabiendo que las fuerzas que buscan debilitar la democracia son igual de implacables. Los autócratas nunca dejarán de conspirar para hacerse con el poder; los corruptos nunca dejarán de buscar formas de beneficiarse a costa de los demás. Basta con mirar a nuestro alrededor.

Por eso es tan importante que todos y cada uno de nosotros, sobre todo las nuevas generaciones, todos ustedes, sigan comprometidos y traigan a otros hacia nosotros. Porque eso es lo que pasa con la democracia: es un proyecto que nunca está terminado.

Y mientras nuestras sociedades hagan posible que personas como Nina y Diana mejoren el sistema desde dentro, podemos estar seguros de que la democracia no sólo perseverará, sino que prevalecerá.

Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.