La propuesta de compra de coca por parte del gobierno a los campesinos, lanzada por el presidente Álvaro Uribe el 23 de julio en el Consejo Comunitario realizado en el Departamento del Meta, la cual ni siquiera ha encontrado eco en el gobierno estadounidense -su financiador real-, es la muestra palpable de la manera irresponsable como responde el actual gobierno a los requerimientos de los campesinos que se han visto abocados a plantar cultivos “ilícitos” como coca y amapola.

Los programas y acciones alternativos, anunciados e implementados dentro del Plan Colombia, cuya acción central es la fumigación con glifosato no se han cumplido, a pesar de que estos programas han sido impuestos como condicionamiento por parte del Congreso estadounidense a las normas que autorizan los desembolsos de la fumigación, las cuales señalan entre otras que:

• Los programas de desarrollo alternativo deben ser dirigidos a escala de pequeños campesinos comprometidos a erradicar manualmente sus cultivos de coca y sembrar otros productos.
• Debe existir un efectivo proceso de control y seguimiento, para que a los campesinos cuyos cultivos fueron erróneamente fumigados, sean compensados por los daños.*

Ilusiones, sólo ilusiones

Entre diciembre del 2000 y julio del 2001, el gobierno colombiano firmó acuerdos con 37.000 familias de Putumayo para apoyar el desarrollo alternativo, a cambio de la erradicación manual de los cultivos de coca. Catorce meses después de la firma de los primeros pactos, el gobierno había entregado la ayuda prometida a menos del 5% de estos campesinos. Fernando Castillo fue uno de los firmantes. Phillip Cryan reportero de la revista Pesticide Campaigner de la organización norteamericana Pesticide Action Network, cuenta las dilaciones y burlas a que se vio sometido él y las familias vinculadas a los proyectos alternativos.

Fernando accedió a un crédito con el cual sembró pimienta. En el año 2002, al perder el cultivo después de ser fumigado dos veces, sembró seis hectáreas de palma, como parte de un programa de desarrollo alternativo. En mayo de ese año este cultivo licito, también fue fumigado.

Castillo no fue el único en sufrir los efectos de la fumigación en sus cultivos «lícitos». Justamente luego de una jornada de fumigación -entre agosto y septiembre del 2002-, la oficina de la Defensoría del Pueblo del gobierno colombiano recibió 360 quejas oficiales de fumigaciones erróneas procedentes de campesinos participantes en programas de desarrollo alternativo, financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos –USAID-.

Un caso famoso fue el de las gallinas que se lanzaron en el Putumayo desde un avión, para ser distribuidas como parte de un programa de desarrollo alternativo. Las gallinas habían sido despojadas de su pico, como la mayoría de las aves criadas en forma industrial. La comida especial que se necesita para este tipo de animales, no fue entregada ni se conseguía en las zonas rurales de Putumayo. Los campesinos que las recibieron no tuvieron más alternativa que sacrificar a las pequeñas aves, ya que no tenían forma de alimentarlas.

En el pueblo de los Ángeles, cerca del hogar de los Castillo en el Placer, 70 de 140 familias salieron luego de fuertes fumigaciones a finales del 2002. Muchas fueron a otros sitios a plantar coca.

Compensación por fumigación errónea

Era impresionante el convencimiento del señor Castillo de que las cosas podrían mejorar, él había visto como el Amazonas perdía su vegetación, los brotes de la piel en los niños alcanzados por la fumigación de los aviones y sus quejas solo encontraron el silencio oficial, pero a pesar de esto, mantenía la esperanza. La mayoría de la gente desistió rápidamente de reclamar las compensaciones, sólo cuatro campesinos en todo el país habían sido beneficiados, hasta mediados del 2003, por esos «errores». Castillo estaba decidido a ser el quinto.

Desde las primeras fumigaciones en sus cultivos en noviembre del 2001, había documentado cuidadosamente los daños, enviado la información de daños en los cultivos, cantidades y costos a las autoridades locales y a la embajada de Estados Unidos en Bogotá. En el documento remitido en el 2003, el consideró las pérdidas totales por tres fumigaciones en 60 millones de pesos, “fue realmente mucho más” decía, pero solamente deseo reclamar las pérdidas que pude documentar”.

Un día de julio, cinco helicópteros sobrevolaron su finca, “Yo pensé, volvieron a fumigar otra vez”, dijo Lucía la esposa de Castillo. En cambio, los helicópteros aterrizaron y un grupo de soldados rodearon la finca. Varios oficiales del gobierno colombiano y estadounidenses bajaron y se acercaron, diciendo que ellos estaban allí para verificar los daños que Castillo había denunciado y que ellos solo contaban con 20 minutos en tierra, debido a lo peligroso de la zona en conflicto.

Días después le ofrecieron 5 millones de pesos en compensación. Le dijeron que solo se habían podido verificar los daños de la tercera fumigación (en mayo del 2003). Cuando preguntó si podría apelar la decisión, solicitando los 60 millones de pesos calculados en pérdidas, le advirtieron que tendría que esperar cinco años para su apelación y que “el proceso podría volverse contra usted”. Los oficiales no le explicaron que significaba esto último. “No teniendo educación” dijo Castillo durante una conversación “usted no sabe como defenderse, se asusta y termina aceptándo lo que le ofrecen”.

El señor Castillo pareció más viejo y cansado luego de su encuentro con los oficiales y se fue con solo un poco de lo que reclamó. Además de la destrucción masiva causada por la fumigación, el Plan Colombia parece haber triunfado en la destrucción de la persistencia, la fe y la voluntad de este campesino del Putumayo.

* Centro de Política Internacional : www. Ciponline.org/colombia/legis.htm y Grupo de Trabajo Latinoamericano. “Going to Extremes: The U.S. Funded Aerial Eradication Program in Colombia” Washington D.C. February 2004.

Nubia Carranza