Esta actitud, -que se ha vuelto costumbre del actual legislativo-, no tiene otra explicación que la de ceder a las presiones de los Estados Unidos. En diciembre del 2003 el Congreso de este país autorizó que los recursos que se entregarían a Colombia en el 2004, se podían usar para fumigar cultivos ilícitos en sus parques y reservas naturales.

La resolución 0013 de junio 2003, abre las puertas a la fumigación, ya que en el parágrafo 2 del artículo 1 determina «Teniendo en cuenta que existe evidencia de cultivos ilícitos al interior de estas zonas, lo que atenta contra su conservación y sostenimiento, se autoriza la aplicación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos –PECIG-en las mismas…».

La medida no se había aplicado hasta ahora debido a la fuerte oposición que desató en gran parte del país. Hasta El Tiempo señaló en editorial del 14 de marzo del 2004: «…blindar los parques nacionales, sin fumigarlos, sería anteponer a los Estados Unidos, por una honrosa vez, el interés nacional de un país con el segundo patrimonio ambiental del planeta».

Al dar vía libre a las asperciones aéreas de glifosfato, se deja de lado y echa por tierra de nuevo los programas de erradicación manual, -la más pertinente en estas zonas-, que ha demostrado sus beneficios y efectividad como en el caso de algunas regiones del Cauca, el Putumayo desde la década de los noventa y recientemente -2003-, en los territorios de las comunidades indígenas del Amazonas.

De acuerdo con el experto en seguridad nacional Andrés Villamizar P. «El gobierno ha basado su política antidrogas en más fumigación y extradiciones, pero el narcotráfico aumenta. La estrategia no está funcionando».

Al autorizar las fumigaciones sobre los Parques Nacionales, el Gobierno viola acuerdos internacionales reconocidos desde años atrás, al igual que la misma Constitución Nacional: El convenio sobre la diversidad biológica, la Constitución Nacional en sus artículos 58, 63, 79 y 80 , la Ley 99 de 1993 y el Decreto 622 de 1977 el cual contiene “los reglamentos generales aplicables al conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional..” y el cual en su artículo 30 numerales 1 y 2 prohibe: “el vertimiento, introducción, …de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daño en ellos”, así como “la utilización de cualquier producto químico de efectos residuales y de explosivos…”.

Veinte años de veneno
Colombia cumple veinte años de fumigaciones. Primero fue para «erradicar» la marihuana, que sigue multiplicada, además de sembrada prolificamente en los Estados Unidos. Luego fue bajo pretexto de la coca, para luego valerse de la amapola.

El paraquat 2-4 fue el químico que usaron en los años 80s. Traerían después el glifosato, y ahora amenazan con el hongo Fusarium oxysporum. Para 1986 un Comité de expertos en herbicidas, conformado por sectores científicos y académicos, recomendó no aplicar métodos químicos para la erradicación, sino como última alternativa.

Luego vino la Ley 30 de 1986, que en sus artículos 90 y 91 precisaba, para efectuar las fumigaciones, del concepto previo de los organismos de salud y ambiente.

Pese a estos llamados y normas, el ministro de Justicia Enrique Parejo González ordenó la primera fumigación, inexistiendo una entidad gubernamental que controlara la sustancia química aplicada.

Veinte años de fumigaciones realizadas en diversas partes del país, que no han reflejado su efectividad en la reducción de la producción de alcaloides, a pesar de que durante el año 2005 se han fumigado 118.209 hectáreas. Solo efectos adversos sanitarios, ambientales y sociales ha acumulado el país durante estas dos décadas.

Dirección Nacional de Estupefacientes.

Nubia Carranza