La lucha por el control del agua

El mundo

De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua del IDEAM, el 50 por ciento de la población urbana de Colombia sufre en la actualidad problemas de suministro de agua; cifra que se incrementará al 69 por ciento en el año 2.025.

A pesar de la riqueza del país en recursos hídricos, amplias zonas de su territorio presentan problemas de escasez del recurso. La concentración de la población en la cuenca hidrográfica del Caribe (que incluye la zona andina), y el modelo de desarrollo depredador de los ecosistemas [1] explican esta contradicción.

Pero paradójicamente la oferta del recurso hídrico en Colombia, comparado con el promedio mundial y de Suramérica, es bastante alto (ver cuadro)

Disponibilidad
del Recurso Hídrico - Oferta

Fuente: Rodrigo Marín. Presentación en lanzamiento Campaña Ecofondo

El país posee un caudal de 58 litros por segundo en un kilómetro cuadrado, tres veces más que el promedio suramericano y seis veces más que la oferta hídrica específica promedio del mundo. Se dispone de 50.000 m3 por año por persona, frente al promedio de Estados Unidos que es de 16.300 m3 y 7.700 m3 por persona por año en el resto del mundo. En relación con el consumo, este es desproporcionado: en la Unión Europea un habitante consume una media de 200 litros anuales, en Estados Unidos llega a 600, mientras en los países del Sur la media es de 20 por persona y día. No es extraño, por tanto, el interés de las multinacionales por este recurso.

Los intereses privados acaparan el agua

América del Sur posee recursos hídricos de gran importancia como el acuífero Guaraní que se encuentra entre Brasil, Paraguay y Argentina en medio de la selva tropical, uno de los más ricos del mundo. La cuenca de los ríos Amazonas –el más caudalosos del mundo- , Orinoco, Negro, Paraná y La Plata.

En el primer Taller Popular en Defensa del Agua, celebrado en abril del 2005 en Ciudad de México, se identificaron las transformaciones que vive la propiedad pública del agua en América:

– Privatización de sus servicios municipales, de las redes de distribución y plantas purificadoras.
– Apropiación de los territorios y biorregiones. Uso monopólico del recurso, protegidas por cambios en las legislaciones.
– Desviación de aguas, construcción de megaproyectos de infraestructura como distritos de riego y represas, proveyendo agua abundante para ganadería y agroindustria, a costa de las necesidades básicas de millones de indígenas y campesinos.
– Embotellamiento de agua.
– Monopolio de las tecnologías para extracción y purificación del agua.

De acuerdo con Sodepaz –ONG española-, en la última década los gobiernos de la región, presionados por la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional -FMI- y Banco Mundial -BM-) han privatizando el acceso al servicio de agua, alcantarillado, limpieza, exportación y tecnología relacionados con el agua. De hecho, la privatización del agua y la eliminación de subsidios fue una condición en el 30% de sus acuerdos por país en el 2000 y en el 40% de sus acuerdos en 2001.

Los dueños mundiales del comercio del agua

Los tratados de comercio global se convirtieron en la herramienta más importante para las multinacionales del agua. El Tratado de Libre Comercio para el Norte (NAFTA), el Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) definen el agua como una Mercancía [2]. En este contexto las empresas multinacionales disputan el manejo y rentabilidad de los servicios del agua.

En el primer nivel por área de influencia y capital se encuentran dos empresas francesas Vivendi Universal con presencia, hasta 2002, en 90 países. En Colombia, está presenste en el departamento de Córdoba.

La otra empresa es Suez Ondeo que hasta el 2.002 hacía presencia en 130 países. En Colombia realizó negocios como Ondeo Degremont quién construyó la Planta de Tratamiento del Salitre para el manejo de las aguas del río Bogotá. Esta empresa controla el 70% del mercado del agua a nivel mundial.

En el segundo nivel se encuentra la empresa estadounidense Neron Azurix y Bechtel expulsada por el pueblo de Bolivia en abril del 2.000.

En el tercer nivel están las empresas de capital inglés Severn Trent, Anglian Water y Kelda (Yorshire Water) con presencia en China, Alemania, Canadá y Holanda, y la estadounidense Water Works Company.

La privatización por el embotellamiento de agua es otro próspero negocio. Cuatro transnacionales (Coca-Cola, Pepsicola, Nestlé y Danone), controlan gran parte de este proceso. Estas compañías y sus filiales obtienen agua mediante subsidios estatales asombrosamente generosos y la venden en botellas de plástico a mil o diez mil veces lo que les costó conseguirla.

En el Reino Unido, la Agencia del Medio Ambiente señaló a muchas de estas empresas privadas de servicios públicos como las más dañinas del entorno. ANGLIAN Water, Northumbrian Water, Severn Trent Water, Wessex y Yorkhite Water, fueron denunciadas con éxito, 128 violaciones que comprendían desde filtraciones de agua hasta depuraciones ilegales de aguas fecales. Por su parte, empresas como la Betchel y Enron realizaron respectivamente 730 y 75 vertimientos de sustancias peligrosas entre 1990 y 1997 en Estados Unidos, de acuerdo a la Agencia del Medio Ambiente –EPA-.

En Inglaterra, el Instituto Regulador del Agua exigió a las empresas –filiales de Suez- que operaban el servicio de acueducto que redujeran las tarifas del agua y mejoraran la infraestructura del servicio. En respuesta, la empresa anunció que retrasaría los programas de inversión y que no se ajustaría a la normatividad ambiental de la Unión Europea.

La corrupción también forma parte de la operación de estas empresas. Por ejemplo, luego de una investigación judicial en la ciudad de Grenoble (Francia) se encontró que el servicio de agua había sido privatizado en 1989, para recompensar a la empresa Suez Lyonnaise Des Eaux por 19 millones de francos, cifra similar a la donada por ésta a la campaña donde se eligió al alcalde de la ciudad. Los funcionarios del estado implicados fueron a la cárcel y la ciudadanía se le otorgó el derecho de reclamar indemnizaciones cuando considerara que había sido perjudicada [3].

En Latinoamérica sus prácticas son tan o mucho más onerosas. Casos como el conocido en la ciudad de Bahía Blanca -Argentina- en la cual se le otorgó una concesión a Azurix por 30 años, lo confirman. En febrero de 2001, luego de las quejas públicas por su operatividad, la empresa aceptó invertir 30 millones de dólares para mejorar los servicios de suministro de agua y alcantarillado. Sin embargo en julio, dirigió una carta al gobierno de la provincia de Buenos Aires, señalando que la concesión no era rentable y en septiembre el director ejecutivo para América Latina realizó una reunión con el gobernador de la provincia y el ministro de Obras Públicas para pactar las condiciones de la renuncia a la concesión. El diario El Día informó que Azurix demandaría a la provincia de Buenos Aires por la suma de cuatrocientos millones de dólares [4].

En México –país que se pretende presentar como modelo de la privatización del agua-, los casos de Cancún y Saltillo muestran lo contrario. En la ciudad de Cancún, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix. Después de su quiebra, llegó Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, que financió la compra con un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Según la organización no gubernamental estadounidense Public Citizen, «las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe». En Saltillo, en el estado de Coahuila, el sistema fue concesionado a una compañía propiedad del municipio y de la corporación española Aguas de Barcelona. Durante los dos primeros años de la concesión, las tarifas subieron de 32% a 68%, en contra de los términos acordados, que establecen que los aumentos no debían superar la inflación. Informa Public Citizen que los miembros de la junta directiva que trabajan para el municipio no han podido imponerse a las decisiones tomadas por los integrantes españoles del consejo [5].

Lo mostrado hasta ahora en diversos países del mundo, es que el control de la empresa privada es muchísimo más dispendioso e ineficiente que el ejercido por el sector público. Las empresas privadas, amparadas en legislaciones internacionales, violan las normas nacionales e imponen sus criterios, en contra de la soberanía nacional y de los bolsillos de los usuarios.

Colombia

Las multinacionales del agua

De acuerdo con los datos que figuran en el Registro de prestadoras del servicio, de la Superintendencia de Servicios Públicos, las empresas extranjeras con presencia en Colombia en el sector de acueducto y alcantarillado son Aguas de Barcelona, socia de Aguas de Cartagena y Fomento de Construcciones y Contratos -F.C.C.-Vivendi Medio Ambiente S.A., socia de Proactiva, Monteria.

La empresa francesa Suez es accionaria de Hisusa, propietaria del 47.1% de Aguas Barcelona y participa adicionalmente con el 1.5% de esta empresa catalana en forma directa.

En Colombia también se han sentido los efectos nocivos de la presencia de las multinacionales de la operación del agua. En la semana del 22 de agosto el emporio español Aguas de Barcelona, operador del servicio del agua en Cartagena, puso en venta su participación correspondiente al 45.9% en Aguas de Cartagena -Acuacar-.

Aguas de Barcelona formó parte de Acuacar a partir de 1995, cuando entró a operar el servicio. Su resultado: un incremento del cubrimiento junto con el de las tarifas en un 27 por ciento.

¿Cuál es entonces la razón por la cual Aguas de Barcelona quiere retirarse de un negocio lucrativo? Cuando la Comisión de Regulación de Agua -CRAC-, contrató una interventoría (obligada por un fallo del Consejo de Estado), y expidió las normas que exigen la eficiencia de las empresas, se hicieron evidentes los problemas técnicos, comercial y administrativo del Acuacar.

Se le impuso, por lo anterior, un plan de mejoramiento a cinco años, el cual se incluyó en el contrato. Al año de realizada la evaluación de la empresa, según comunicación enviada en abril de 2005 por el alcalde de Cartagena al representante de la empresa española en Acuacar, se concluyó que Aguas de Barcelona incumplió el contrato, además de presentar un fuerte deterioro en el campo financiero.

Ante esta situación, Aguas de Barcelona venderá su participación posiblemente a la empresa de servicios públicos Aguas de Manizales, dejando a Acuacar en un estado de dificultades, ya que en los años siguientes se deberá cubrir los créditos adquiridos y se requerirá de mayores inversiones. La multinacional se va del país, dejándo las dificultades a los compradores de su parte, que curiosamente será como todo parece indicarlo una empresa estatal. ¿Qué dice la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad encargada de vigilar a estas empresas?

Existe por su parte, la compañía colombiana de agua Triple A, con presencia en Barranquilla, Santa Marta, Soledad y Puerto Colombia. La empresa está controlada por las compañías españolas Canal de Isabel II y Tecvasa, compañía privada de Valencia.

El caso de Santa Marta es muy diciente sobre la “eficiencia” del sector privado en la prestación de los servicios públicos. En 1989 se constituye la compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta (Metroagua). Su patrimonio pertenece en un 51% a la empresa Ecologistas en Acción, 36% a particulares locales y 13% al Distrito. Aunque Metroagua es mixta, sigue corta en sus operaciones: incapacidad para desarrollar proyectos, calidad muy irregular del agua que sirve a la ciudad, y racionamientos en temporadas de bajas precipitaciones.

En la localidad de Soledad -Atlántico- la empresa Técnicas Valencianas del Agua (Tecvasa) de España, que no tiene inversiones en su propio país, logró la concesión del servicio del agua por 20 años. Esta empresa fue creada en 1999 para concursar en las privatizaciones del agua en América Latina. A solo tres años de su creación contaba ya con cuatro filiales: Metroagua en Santa Marta (Colombia); Trile A dominicana (Santo Domingo, República Dominicana); Amagua en el cantón de Zamborondon (Ecuador) y Triple A Venezuela, en el Estado Zulia.

Ley de aguas

Como el resto de servicios públicos en Colombia, el agua vive el proceso hacia su privatización. En efecto, la Ley de Aguas, que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, radicado con el número 365 de 2005, impulsado por la parlamentaria Nancy Patricia Gutiérrez, ya pasó su primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Si continúa ese proceso, las multinacionales no sólo comprarían parte de las empresas prestadoras de este servicio, sino que con toda seguridad empezarán a adquirir las fuentes del vital líquido, al igual que a competir por las mayores empresas del ramo existentes en el país.

Si la comunidad no toma cartas en el asunto, proseguirá el proceso de enajenación de sus bienes -colectivos-, lo que se manifestará en el encarecimiento del servicio, en la exclusión del mismo de todos aquellos que no puedan cancelarlo, y el privilegio para quien ofrezca por su explotación industrial.

De hecho así está sucediendo con la privatización de algunos servicios que ha llevado a cabo la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, lo que ha significado mayores costos para sus usuarios -de acuerdo a un estudio del concejal Fernando Rojas-con un incremento entre los años 2001 - 2003, de 126 por ciento para el estrato 1, en 58 por ciento para el estrato 2 y en 55 por ciento para el estrato 3.