Quizás muchos colombianos se sorprendieron cuando se conoció que más de 20.000 campesinos que producen bienes agropecuarios de clima frío, principalmente del centro de Boyacá, del sur de Nariño y de los páramos de Cundinamarca, rechazaron en una consulta ciudadana las negociaciones que Colombia adelanta en el TLC con Estados Unidos. Ese resultado se debe a que estos campesinos no ignoran, ni tampoco sus líderes locales, sociales, gremiales y religiosos, que el gobierno le ha dado a sus productos en las mesas de discusión trato de “ropa vieja”, los ha sacado a remate, tanto al trigo, como a la cebada y a la papa, a la cual ni siquiera la clasifica como bien “sensible” al comercio.

Si los Hommes y demás reconocidos neoliberales miembros del combo “Philip Morris”, que alientan el TLC y que están subastando a la barata el mercado y el patrimonio nacionales, desconocían a estos productores o pensaron que se iban a dejar llevar al degolladero sin chistar, se equivocaron. “Tangua es trigo” o “Aquí todos dependemos del trigo”, como dice el alcalde del municipio de Ospina, son dos expresiones que contrarían desde 15 municipios del departamento de Nariño aquellas afirmaciones gubernamentales que justifican la entrega sin recato del mercado interno nacional de este cereal “porque ya nadie lo produce en el país” y que por eso hay “que eliminar toda protección de las importaciones”.

Igual sucede con la cebada que aún se da en Carmen de Carupa en Cundinamarca o en las tierras del centro de Boyacá. Pese a que el monopolio cervecero se confabuló con los gobiernos de turno para erradicarla del país, miles de productores persisten en su cultivo así ahora les sea rechazada en las puertas de la cervecería porque “no es importada”. Igualmente, el gobierno ha reconocido que no descarta hasta las importaciones de papa fresca en el TLC.

Los argumentos de Uribe y sus funcionarios y de algunos decanos de Economía son débiles. El principal es que el TLC, al eliminar los impuestos a los bienes gringos, traerá el “pan barato”. El caso del trigo ayuda a comprender que esto no es más que charlatanería. Veamos: Los aranceles que los molineros-importadores dejarían de pagar, merced al TLC, por importar un millón y algo más de toneladas de trigo al año valen 30 millones de dólares. Si se divide esa suma por 44 millones de colombianos, el promocionado “abaratamiento” llegaría a 68 centavos de dólar por colombiano al año, $1.500, lo que daría un abaratamiento de menos de $4 por día por ese concepto; algo que no tendría ninguna repercusión en el real acceso al pan para los ciudadanos y máxime si se sabe que el trigo es sólo el 15% de los costos del pan. Al hacer estas cuentas, se puede concluir que se trata es de ahorrarle 30 millones de dólares a las industrias molineras y a sus patrones de CARGILL, ADM o BUNGE.

Todo esto motivó la abultadísima votación en la Consulta contra el TLC; bien los 1.800 votos de Guaitarilla o los más de 1.100 en Toca o los 1.400 de Carmen de Carupa. No es difícil entender que el permitido ingreso de los cereales norteamericanos, sin ningún límite ni cortapisa, es algo así como echar una bomba de destrucción masiva sobre las miles de chagras sembradas de trigo que están en el cañón del río Guáitara, en la esquina sur de Colombia, o sobre las parcelas amarillas de Chivatá o Siachoque. La contradicción se ha vuelto antagónica.

¿Cómo se resolverá?

Aurelio Suárez Montoya