En tanto se acerca la firma del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno de Uribe arremete contra toda forma de expresión de inconformidad o discrepancia en torno a tan trascendental tratado. Con el ministro Botero a la cabeza, repartiendo mandobles para todo lado en acción desesperada, ratifica que no sólo está dispuesto a firmar lo que la superpotencia disponga sino que lo va a hacer pasando por encima de quien sea. Son varios los hechos de los últimos días que así lo evidencian.

El “endurecimiento” oficial contra la sociedad civil se empezó a concretar desde mediados de agosto en Washington, luego de la reunión presidencial en el rancho Crawford en Texas, cuando los negociadores colombianos dejaron de lado estrategias de negociación convenidas con algunos pocos gremios en el ya relegado “cuarto de al lado” y reclamaron autonomía plena para transar sin necesidad del visto bueno gremial; en eso fueron principalmente agresivos contra el sector agropecuario.

En los albores de la XII ronda de negociación en Cartagena, el ministro Botero descalificó las consultas ciudadanas sobre el TLC realizadas por las poblaciones indígenas y campesinas del Cauca, que cubren más de 130.000 personas, la de los cultivadores del 80% del arroz de Colombia en Tolima, Huila, Meta y Casanare y la de más de 20.000 productores de trigo en Nariño, de cebada en Boyacá y de papa y leche en Cundinamarca, así como las que han promovido las organizaciones sociales de Antioquia que hasta la fecha han recogido más de 115.000 votos. Según Botero se trata de verdaderas patrañas que no le merecen mínima consideración y así descarta ese ejercicio democrático; ahí no le vale que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

En la pasada semana el gobierno hizo mayor alarde de su actitud de franca represión frente a los oponentes al TLC. Cartagena fue tomada por las fuerzas militares, que hasta reprimieron el tránsito peatonal en algunas zonas, en un despliegue de persecución que llevó el cierre por una semana de la universidad y de escenarios donde se habían programado foros alternativos. La militarización de la Heroica tuvo la pretensión fallida de acallar la protesta de varias decenas de miles de voces de la Costa Atlántica que pese a todo se congregaron allí. No obstante, las manifestaciones en casi todas las ciudades del país fueron fustigadas y a ello se debió el asesinato en Cali, dentro de los predios de la universidad del Valle, del estudiante de Química con impedimentos físicos, Jhony Silva Aranguren. A ese crimen le siguió la amenaza verbal de Uribe, de convertir a los predios universitarios en objetivo militar “si es necesario”.

Finalmente, para mayores desgracias del gobierno, tres negociadores colombianos de la mesa de Propiedad Intelectual, Gilberto Álvarez Uribe, Luis Guillermo Restrepo Vélez y Juan Fernando García Echeverri renunciaron a seguir siendo parte del equipo. Botero salió de inmediato a calificarlos de “desleales”. El tropiezo mayor es que, como se desprende de la carta de renuncia de los tres funcionarios, cualquier cosa que se pacte, dentro de lo que se llama la “negociación política” y acatando la actitud intransigente de Estados Unidos, se asemejará “a adoptar un tratado de libre comercio con disposiciones semejantes a las acordadas por los países centroamericanos o Chile” lo cual sería “altamente inconveniente para el país”. La comunicación de renuncia se convirtió en sí misma en luz roja para el proceso de capitulación que el gobierno ha emprendido. ¿Quiénes serán entonces los verdaderos “desleales” con el país?

La confrontación entre los segmentos de la población colombiana que han acogido una actitud patriótica y nacionalista frente al TLC contrasta con el despotismo oficial que descalifica, conmina, reprime y ordena disparar contra la población inerme en aras de firmarlo. Cada día más colombianos comprenden los efectos nefastos que traerá para Colombia y por ello el afán y el desespero campean en los pasillos oficiales. Desde ahora y hasta el desenlace final, se agudizará la contradicción entre patriotismo y despotismo; igual a como ha sucedido en todos los tiempos y en todas las latitudes cuando existe el empeño reaccionario de imponer mandatos en contra del interés de las mayorías; el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos no será la excepción.

Aurelio Suárez Montoya