La Cumbre de Salamanca y la guerra contra el terrorismo

La XV Cumbre Iberoamericana, que se celebró el 14 y el 15 de octubre de 2005 en Salamanca, España, fue el escenario de una importante condena a la política de Washington para con Cuba [1]. Las 19 naciones latinoamericanas, España, Portugal y Andorra adoptaron dos resoluciones, una que estigmatiza el «bloqueo económico, comercial y financiero» estadounidense, y otra que denuncia la lucha contra el terrorismo de geometría variable, infligiendo así un severo revés político a la administración Bush[«Comunidad Iberoamericana reclama enjuiciar a Posada Carriles», Granma, 13 de octubre de 2005 (sitio consultado el 17 de octubre de 2005)]].

Luego de esta posición común sin precedente en la historia de las cumbres iberoamericanas, la embajada estadounidense de Madrid manifestó su descontento y deploró las decisiones tomadas por las naciones iberoamericanas contra las sanciones económicas impuestas a Cuba. [2]. Los participantes en la Cumbre exigieron también el juicio del terrorista de origen cubano, Luis Posada Carriles, protegido por la administración Bush, y que la prensa francesa todavía se atreve a calificar de «militante anticastrista» [3] y de «disidente» [4]. Pero es verdad que sus víctimas son cubanas y latinoamericanas y, por consiguiente, carecen de interés.

En Francia, Reporteros sin Fronteras (RSF), plegada desde hace mucho tiempo a la línea política anticubana de Washington [5], fue la única entidad europea que se declaró ofendida por las resoluciones tomadas durante la Cumbre de Salamanca y que reiteró las palabras de la embajada norteamericana en España. La organización se declaró «muy decepcionada por las concesiones hechas a Cuba». Para su secretario general, Sr. Robert Ménard, condenar las inicuas sanciones económicas de las cuales es víctima la población cubana no constituye un acto de justicia sino una «concesión» hecha al gobierno cubano. De la misma forma, exigir el juicio del peor terrorista del hemisferio americano, cuyas manos están impregnadas de sangre inocente, y reafirmar la lucha contra el terrorismo mundial, sea cual sea, no es la ilustración del respeto de principios jurídicos y morales, sino una simple respuesta a las «exigencias [...] del régimen autoritario de La Habana». El juramento de fidelidad de RSF a Washington ha superado desde hace tiempo las fronteras de la decencia[«Sommet ibéro-américain : Reporters sans frontières très déçue par les concessions faites à Cuba sans contrepartie», Reporters sans frontières,», 17 de octubre de 2005 (sitio consultado el 18 de octubre de 2005)]].

Incluso los aliados más fieles de Estados Unidos como Colombia unieron su voz a la de las demás naciones latinoamericanas en su condena inequívoca al terrorismo internacional. El señor Alvaro Uribe, presidente colombiano, subrayó que su país debía «firmar una declaración contra el terrorismo en cualquier lugar del mundo», refiriéndose implícitamente a la protección brindada por las autoridades estadounidenses a los terroristas de origen cubano [6].

Por su lado, el señor Ricardo Lagos, presidente chileno, fue más explícito: «Condenamos cuando atacan las torres gemelas – World Trade Center – en Nueva York, los trenes en Madrid o el metro en Londres, cuando atacan para frenar el desarrollo turístico en Bali, pero también cuando ponen bombas en aviones», en referencia al horrible atentado cometido por el señor Posada Carriles contra un avión comercial cubano en octubre de 1976, que había costado la vida a 73 [7] personas y cuya 29° aniversario acaban de conmemorar los cubanos [8].

La resolución contra el terrorismo exige, entre otras cosas, que el señor Posada Carriles sea juzgado o extraditado a Venezuela, país del cual tiene la nacionalidad y de cuya justicia huyó: «Reafirmamos el valor de la extradición como herramienta esencial en la lucha contra el terrorismo y exhortamos a aquellos Estados que han recibido solicitudes de extradición de terroristas presentadas por Estados miembros de nuestra Comunidad, que procedan a considerarlas debidamente, con pleno apego al marco legal aplicable». El texto enfatizó también la necesidad de poner fin a la impunidad de terroristas y a negar el asilo o el estatuto de refugiado a toda persona que hubiese cometido actos criminales[«Comunicado especial de apoyo a la extradición de Posada Carriles», Granma, 17 de octubre de 2005]].

El señor Posada Carriles, cuya extradición negó el juez William Abbott bajo el pretexto capcioso de que corría el riesgo de ser torturado en Venezuela, pidió el asilo político en Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Sr. Hugo Chávez, denunció esta mascarada de justicia y el «cinismo del Imperio». «En Guantánamo, torturan a la gente. Son [los Estados Unidos] los que torturan, que asesinan, que bombardean [y] que matan a niños» en Irak. El vicepresidente de Venezuela, Sr. José Vicente Rangel, calificó la decisión del señor Abbott de «vil y tan siniestra como el acto de terrorismo» de 1976, subrayando por la misma ocasión que, en realidad, «la decisión fue tomada por la familia Bush» [9].

Venezuela retó a Washington a que presentara una sola prueba de que el señor Posada Carriles corría riesgos de ser torturado de ser extraditado. Hasta hoy, no ha sido presentada. El señor Rangel también subrayó el extraño silencio del señor Bush con respecto a este asunto: «Bush no ha dicho absolutamente nada sobre la presencia de un terrorista» en su país mientras que por lo general «es tan locuaz en otros casos» de terrorismo [10]. Los vínculos que unen al padre del actual presidente de Estados Unidos, George H. Bush, con el señor Luis Posada Carriles, en la época en que era director de la CIA explican sin duda alguna el mutismo de la Casa Blanca.

En cuanto a las sanciones económicas ilegítimas impuestas a Cuba por Estados Unidos, la resolución estigmatizó el carácter «inaceptable [de] la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que afectan el bienestar de los pueblos y obstruyen los procesos de integración» [11]. El bloqueo económico contra Cuba ha sido condenado cada año desde hace 13 años por la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas que han exigido su supresión, en vano.

Por primera vez en la historia de las cumbres iberoamericanas, el término «bloqueo», utilizado por el gobierno cubano para referirse a las sanciones económicas, se sustituyó al calificativo «embargo» establecido por Washington para evocar el castigo infligido a los cubanos. La diferencia semántica efectuada por la Casa Blanca tiene como objetivo minimizar la gravedad y el alcance del estado de sitio en vigor desde 1960. El presidente de la Asamblea Nacional cubana, Sr. Ricardo Alarcón, expresó su satisfacción: «Es una decisión histórica [pues la comunidad iberoamericana] ha usado un lenguaje más preciso, más exacto, incluso avanzando hasta reclamar el fin de las medidas recientes» agresivas adoptadas por el presidente Bush en mayo de 2004 [12].

En efecto, la severidad de las sanciones económicas perjudica gravemente la integridad física y moral de la población cubana, lo que explica la unanimidad de la condena de los 22 cancilleres iberoamericanos [13]. El bloqueo contra Cuba afecta a la población de la Isla a todos los niveles, incluso en el sector de la salud. Por ejemplo, un niño cubano que necesita un transplante hepático puede morir pues el equipo descodificador del inmunodepresor Tracolimus, producido sólo por un laboratorio farmacéutico estadounidense, no puede exportarse a Cuba [14].

Del mismo modo, los laboratorios norteamericanos Abbot no respondieron a una demanda cubana relativa a la adquisición de un aparato, solo producido por ellos, indispensable para vigilar los niveles sanguíneos en pacientes niños que necesitan transplante hepático [15]. En total, de 1962 a 2004, el bloqueo costó 82 mil millones de dólares a la economía cubana, lo que representa más del doble del PIB del país [16]. En el campo de la salud, el bloqueo costó 75,7 millones de dólares sólo en el período que va de junio de 2004 a abril de 2005 [17].

El ministro de Salud, Sr. José Ramón Balaguer, declaró que «el bloqueo impuesto por los Estados Unidos ha causado enormes sufrimientos al pueblo cubano» [18]. En lo que se refiere a la enmienda aprobada por el Congreso estadounidense en 2000 que estipula que las sanciones económicas ne deben prohibir la venta de medicinas, el señor Balaguer se mostró escéptico: «Los obstáculos, las restricciones, dilaciones burocráticas [y] los permisos que debe otorgar el Departamento del Tesoro implica que en la realidad toda esa propaganda relacionada con el acuerdo del Congreso es falsa» [19]. Al respecto, la Asamblea Nacional cubana lanzó un llamamiento a los parlamentarios del mundo entero pidiéndoles exigir el fin de la agresión económica estadounidense contra Cuba [20].