La incorporación de Venezuela al Mercosur, como era de esperarse, abrió las compuertas para iniciar un debate en torno a la conveniencia o no, desde la visión siempre miope del intercambio comercial y la consabida protección a la producción nacional, dejando de lado diversas consideraciones de mayor trascendencia que efectivamente caracterizan, por un lado, a la decisión del Gobierno Nacional de incorporarse como miembro de ese proceso de integración subregional. Y, por el otro, a la adoptada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de hacer realidad el deseo expresado por las autoridades venezolanas desde junio del año 2001, en ocasión de la Cumbre Presidencial del Mercosur llevada a cabo en la ciudad de Asunción.

Es evidente que el cambio radical en la orientación de la política exterior venezolana en los últimos años aunada a la modificación de la correlación de fuerzas políticas experimentado en los cuatro miembros fundadores del Mercosur explican, sin más, la actitud hecha pública por el Gobierno del Uruguay en el ejercicio de la Presidencia pro-tempore de ese acuerdo de integración, al culminar la Cumbre Iberoamericana celebrada en Salamanca, España, el mes pasado. Sin embargo, dado el cariz adquirido en el debate nacional, bien vale realizar algunas reflexiones técnicas sobre el tema, antes de entrar a desentrañar las verdaderas motivaciones que, sin lugar a dudas, están conmocionando a la integración de América Latina y el Caribe.

Técnicamente, no es posible pertenecer simultáneamente a dos uniones aduaneras, es el primer argumento que se ha esgrimido en contra de la decisión anunciada, en otras palabras, no se puede pertenecer a la CAN y al Mercosur a la vez. En teoría, ellos sería verdad si ambos procesos las hubiesen constituido en forma efectiva. Por ahora, la unión aduanera andina convive con las casi estructurales excepciones que disponen Bolivia y Ecuador frente a la aplicación del arancel externo común (AEC), mientras que Perú ni siquiera forma parte de la zona de libre comercio subregional y, al igual que los dos países mencionados, continúa exceptuado de adoptar el AEC. En la merco sureña, por su parte, aún persiste la autorización para la adopción de excepciones que obstaculizan la plena aplicación de la tarifa común, así como tampoco ha sido posible conformar el territorio único aduanero, con lo cual no se ha perfeccionado el libre tránsito de mercaderías entre sus miembros.

Un segundo argumento utilizado es la capacidad de la industria nacional para competir con la de los países del Mercosur. Aparte de las reflexiones que podrían hacerse explícitas sobre el desarrollo industrial venezolano, cabe nada más pasearse por el Acuerdo de Complementación Económica puesto en vigencia en el marco de la ALADI en diciembre pasado por Venezuela y los cuatro Estados-Parte del Mercosur, para concluir que lo esencial del comercio entre los cinco países si no goza, está por gozar de la apertura plena de los respectivos mercados.

Entre otros, un tercer argumento al que han echado mano quienes critican la decisión del Gobierno de Venezuela es el del tipo de comercio que se ha logrado consolidar entre los países andinos bis a bis al que se realiza con los países del Sur. En más de una ocasión se ha hecho explícito que, en efecto, el comercio intra-Aladi está constituido por manufacturas con un grado de complejidad tecnológica bastante bajo; pero también, se ha precisado en forma reiterada que ese comercio, en consecuencia, no ha promovido la complementariedad entre las economías de la región y que su origen se encuentra más en la aplicación de los postulados del Consenso de Washington antes que en los acuerdos suscritos por los países.

Como esos tres argumentos se han hecho o podrían hacerse explícitos muchos más de la misma entidad y rebatibles con relativa facilidad, dejándose de lado otros que, como se indicara anteriormente, conllevan un peso específico político determinante para explicar la novedosa situación que ahora enfrentan los países involucrados en la negociación que recién se iniciará en diciembre próximo para cristalizar la incorporación de Venezuela al Mercosur.

Si es que prevaleciera el tecnicismo sobre la decisión política respecto a la incompatibilidad de membresía en los dos acuerdos subregionales, cuestionamiento invalidado de hecho y de derecho -demostrable con hechos factuales-, a raíz de los tratados de libre comercio que seguramente suscribirán antes de fin de año Colombia, Ecuador y Perú con los Estados Unidos de Norteamérica acarrearán, como consecuencia inmediata, la reforma casi plena de buena parte de la normativa andina, sobre todo de aquella vinculada con el afianzamiento de la identidad de la subregión, con el consecuente costo político que ello acarrearía. Si todo ello fuese de esa manera, los países andinos estarían perdiendo el gran mercado que representa, si no el primero, el segundo destino de sus exportaciones no tradicionales.

Caso contrario es lo que sucede en el Mercosur. La motivación fundamental de este proceso integracionista radica, desde su origen, en la acción política antes que en la comercial y que como lo ratificara en la reciente Cumbre de las Américas, no se presta a la jugarreta divisionista sin compensaciones que progresiva y paulatinamente viene imponiendo el imperio norteño para intentar estructurar un área de libre comercio hemisférica (ALCA) mediante la eventual sumatoria de acuerdos de índole bilateral.

Precisamente, esa raíz es la que explica, en términos generales, los logros que hasta el presente puede exhibir el Mercosur y que se ponen de manifiesto, entre otros aspectos, en la cooperación política que ha logrado estructurar entre sus Estados-Parte, que no solamente tiene visibilidad en la acción externa conjunta, sino que puede mostrar, y hasta con orgullo, la conformación de una zona de paz y la defensa de la democracia –sin apellidos, por cierto- como valores intrínsecos a su propia consolidación.

El estilo de integración desarrollado en el acuerdo subregional del Sur, en cualquier caso, se asemeja más al que viene postulando Venezuela en la conformación de la Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) en el cual, fundados en el principio de la solidaridad y sin perder de vista lo económico, se privilegia las acciones en aquellas áreas que contribuyen a situar al ser humano como sujeto y objeto de la integración a través del uso eficiente, eficaz y articulador de los recursos regionales disponibles y de la revalorización de la cooperación entre los estados. Esa concepción de la integración contrasta abiertamente con el devenir reciente de la CAN, proceso en el cual, a pesar de los denodados y reiterados esfuerzos desplegados, en particular, por el gobierno venezolano, cada vez más adquiere un matiz comercial antes que político y, aún menos, humano.

La incorporación de Venezuela al Mercosur, abre un camino, un sendero, una oportunidad, tal vez la primera, para comenzar a amalgamar intereses entre los dos bloques subregionales en áreas que trascienden los aspectos puramente comerciales. No obstante la significación política de ese hecho y la relevancia económica venezolana, la conformación de Unasur y todo su entorno, incluyendo el institucional, no puede librarse exclusivamente a la voluntad y decisión de cinco de sus miembros.

Para que se pueda aprovechar esta oportunidad es preciso identificar elementos concretos, reales, que al tiempo de afectar intereses, estimulen el despliegue de fuerzas centrípetas orientadas a concretar la integración de América del Sur.

Quizás esos elementos pudiesen comenzar a emerger a partir del proceso de negociación que deberá emprender Venezuela con sus socios merco sureños, cuya parte mas complicada, pero mas acorde con los fines antes propuestos, será la de determinar los parámetros que, en definitiva, regirán la instrumentación del ingreso al Mercosur. Seguramente surgirán ese momento, por ejemplo, las similitudes entre los AEC aplicados parcialmente por cada uno de los acuerdos subregionales que, eventualmente, podrían constituirse en el punto de partida de la tarifa externa común de Unasur.

Un segundo ejemplo podría constituirse a partir de la alteración de los márgenes de preferencia que deberán enfrentar las producciones andinas para continuar accediendo al mercado venezolano que sumado al costo político derivado de plantear y, a lo mejor, liderar la modificación radical de la CAN podrían motivar, si bien no a emular la actitud venezolana, sí a incorporarse a un proyecto de mayor envergadura que les permitiría consolidar, en lo posible, ventajas comerciales y avanzar en otros quehaceres de la integración Sudamericana, preservando los compromisos adquiridos con países de fuera de la región.

Ejemplos como los antes expuestos surgirán, no solo en el campo comercial, sino en otros que serán terreno fértil para la negociación que tendrá su punto de partida en la Cumbre Presidencial de Mercosur convocada para la ciudad de Montevideo en diciembre de este año. Negociación que como se aprecia, y dependiendo de la forma cómo se oriente, puede adquirir un carácter multipropósito por la oportunidad que le brinda a Venezuela de ratificar su papel de impulsora y constituirse en facilitadora del nuevo estilo de integración que está emergiendo en la región mediante la convergencia de los dos bloques subregionales, en la cual tendrá una activa participación Chile, y que, en su momento, deberá identificar los caminos que confluyan hacia la integración de Guyana y Surinam a la América Continental.

En síntesis, la incorporación de Venezuela al Mercosur está abriendo una serie de compuertas que no solo conducirán a la adhesión de un país a un tratado internacional de integración, sino que podrían comenzar a despejar el camino para la conformación de un verdadero proceso integracionista capaz de atender las acuciantes necesidades de nuestras poblaciones y conceder entidad internacional a América del Sur, nuestro Norte.

Juan Francisco Rojas Penso