Por más que lo nieguen los distintos gobiernos (desde Mahuad hasta Palacio) y los comandantes de las fuerzas militares, es evidente que el Ecuador se involucró desde un inicio en la ejecución del Plan Colombia, un plan estratégico político-militar y económico, financiado y controlado por los EEUU.
Desde el año 1999, fecha en que se firmó el acuerdo por el derrocado presiente Jamil Mahuad, la Base de Manta ha sido utilizada por Washington como plataforma logística y de inteligencia militar para desplegar las operaciones que se coordinan desde el Comando Sur, en un claro propósito de convertir a nuestro país en un punto de ofensiva para la aplicación del Plan Colombia.
Es evidente que la administración Bush busca a toda costa derrotar militarmente a las fuerzas guerrilleras de Colombia, que obstruyen su control de una región rica en recursos naturales y energéticos claves para su futuro inmediato, y en ese propósito busca implicar a las Fuerzas Armadas de la región, especialmente ecuatorianas, en el Plan Colombia, para de esta forma reducir al mínimo su inversión y seguras bajas militares propias. Las presiones para una participación conjunta militar con Ecuador son cada vez mayores, y bajo esas intenciones se pretende la entrega de una base militar en Galápagos y otra en San Lorenzo, esta última de carácter secreto, para ser utilizada por los marines gringos.
Periódicamente jefes militares de los Estados Unidos se trasladan hasta nuestro país para en forma de visitas “diplomáticas no programadas”, inspeccionar e instruir a sus tropas, pero fundamentalmente para dar órdenes a la oficialidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
En ese objetivo se han realizado varios recorridos (de los pocos que informan los medios de comunicación de nuestro país) por la frontera norte, principalmente en San Lorenzo y Sucumbíos, para verificar el desarrollo de las actividades militares –aunque ellos aducen que lo hacen “para conocer las necesidades de los pobladores de esta parte del país y emprender acciones comunitarias” repartiendo ínfimas ayudas sociales–, y proveer de suministros militares y municiones a los soldados ecuatorianos.
Órdenes desde el pentágono
En enero de 2004 James Hill, jefe del Comando Sur de EE UU de aquel entonces, mantuvo una reunión con treinta oficiales de las Fuerzas Armadas de Ecuador, para tratar temas sobre seguridad nacional y vigilancia de la frontera norte. En dicha cita uno de los oficiales afirmaba que la visita de Hill se la hacía por las facilidades que nuestro país brinda para los desplazamientos de los “altos comisionados” norteamericanos, para que realicen los respectivos monitoreos y así puedan estar debidamente informados sobre el desarrollo del Plan Colombia.
En febrero de ese mismo año, luego de una exposición en torno al Plan Colombia realizada por Hill a los miembros de las Fuerzas Armadas, se entregó un documento en el cual se establecían los objetivos y alcances de todas las actividades coordinadas por el Comando Sur y emprendidas con las FF AA ecuatorianas. En dicho documento, que se mantiene en secreto, se da a conocer las etapas, capacidades y necesidades del apoyo logístico militar que requieren las fuerzas norteamericanas para que la ejecución del plan cumpla con su objetivo. Y entre esas condiciones se encuentran la construcción de nuevos cuarteles, equipados y dotados de armamento necesario para la ejecución de operaciones especiales, aumento del número de tropas y cumplimiento total con los programas de entrenamiento, entre otras.
Bajo este panorama es fácil darse cuenta –aunque los grandes medios lo omitan– que en los enfrentamientos registrados en la frontera norte, de hecho, está inmiscuido el Ejército ecuatoriano, realizando operaciones previamente planificadas con el Comando Sur de los EE UU y que esto es de pleno conocimiento de las autoridades del Gobierno del Ecuador, aunque en sus declaraciones lo desvirtúen.
El ascenso del conflicto
Lo que se ha dicho hasta hoy sobre los acontecimientos del Plan Colombia apenas es una parte. El involucramiento del Ecuador se dio desde el momento en que se firmó el acuerdo de ocupación de la Base de Manta por parte de los EE UU, por eso no es de extrañarse la frecuencia con que trasladan tropas hacia el norte del país, con el argumento de que van a vigilar la frontera. Y para que esto sea posible tuvo que firmarse la paz con el Perú, aunque ella signifique un nuevo cercenamiento territorial para el Ecuador.
Cada día hay más militares que pobladores en esa parte del territorio y una forma de preparar el terreno para el conflicto han sido las fumigaciones, no en vano han creado un ambiente psicológico negativo en la gente, mediante la aplicación de una guerra bacteriológica, para generar un desplazamiento acelerado de los pobladores y eso se evidencia en la cantidad de gente que migra hacia las ciudades desde las fronteras del sur de Colombia y norte de Ecuador.
Las fumigaciones juegan un papel importante dentro la estrategia militar, principalmente en el Putumayo, en donde se pretende con esta medida sacar a los campesinos de esta región para iniciar la guerra en contra de las FARC, acción que es difícil de lograr porque ellos -los pueblos y comunidades campesinas de este sector- apoyan mayoritariamente la acción de la guerrilla.
Ésta y otras acciones son parte de la estrategia militar utilizada por los EEUU, que pretende así expandir sus alas para asegurarse el dominio de la región, pero principalmente sofocar cualquier movimiento popular y de izquierda que signifique un peligro para sus intereses. Y para esa tarea están en primera fila los soldados ecuatorianos que deberán defender con sus vidas intereses totalmente ajenos al país, cumpliendo con una política mercenaria, terrorista y atroz.
Queda claro entonces que la presión de los EE UU y del Pentágono es convertir al Ecuador en la plataforma estratégica para una ofensiva gringa.
Bush tras los pasos de Uribe y la regionalización del conflicto
El interés que tiene el gobierno norteamericano en sostener el Plan Colombia es innegable. En ese objetivo Bush ha utilizado la figura de Álvaro Uribe para persuadir a los gobiernos latinoamericanos de que la ejecución de la “guerra contra el narcotráfico debe unirlos a todos”, lo que para muchos significa la regionalización del conflicto y presión para una participación conjunta de las fuerzas militares de varios países sudamericanos, principalmente de los colindantes con Colombia, es decir Venezuela, Perú, Brasil y Ecuador.
Este pedido de “apoyo” a la lucha emprendida por la “sociedad colombiana” se muestra como un síntoma de debilidad, ya que es obvio que los objetivos planteados al inicio del Plan no se han cumplido y hoy Uribe debe hacer todo lo posible para que ese fracaso no se note, sobre todo estando cerca las elecciones, en las que quiere salir victorioso.
El convenio firmado en julio de 1999 entre Ecuador y EE UU para la concesión de la Base de Manta ha llevado a convertir al territorio nacional entero en un puesto de avanzada estratégico, en una plataforma de operaciones militares, de inteligencia, logística y de monitoreo del Plan Colombia. Por ello continúa siendo uno de los principales objetivos de la lucha popular de estos días. La propuesta de que el Convenio debe ser revisado en función de pedir algo a cambio es igual o tal vez más atentatoria a nuestra soberanía. La posición debe ser la de la culminación unilateral del Convenio, además del juzgamiento a quienes son responsables de su firma en el Ecuador.
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