En Medellín 70.000 familias tienen “mochado” el servicio de electricidad, y en todo el país son más de 500.000 familias, es decir, cerca de 3’000.000 de personas tienen este servicio fundamental suspendido por no tener como pagarlo.

Pañitos de agua tibia

Para solucionar esta problemática el Estado ha implementado soluciones que no son más que pañitos de agua tibia. Veamos algunas:

El Fondo de Energía Social (FOES), brinda subsidios a los sectores subnormales. Este Fondo cuenta con limitados recursos, en gran mayoría con destino marcado (Electrocosta y Electrocaribe). Con estos pagos y las mipymes, el gobierno ha aplacado la protesta social en la Costa Atlántica.

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) están trabajando un modelo de prepago, que se parece al consumo de carne en las familias pobres: solo una vez a la semana. Cuando cuentan con algún dinero pueden comprar tarjeta de energía por $ 2.000 o $ 5.000. De esta compra un porcentaje amortigua deuda y con la otra puede tener energía por unas pocas horas. La energía se volvió para muchos colombianos un artículo de lujo, raro, como la carne.

Financiaciones a largo plazo. Las empresas financian a las familias sus deudas, para que las paguen en 10 años, con cuotas de $ 2.000 o $ 3.000, más el servicio de cada mes. Los usuarios hacen un esfuerzo enorme, dejan de comer y pagan las primeras cuotas, pero se alcanzan de nuevo en el pago, repitiéndose el ciclo.

Pero, ¿porqué pasa esto? Algunos dicen que los usuarios son sinvergüenzas, que no les gusta pagar, lo que a todas luces no es cierto. ¿Cuál es la causa de los atrasos en los pagos?

  1. La situación de pobreza, miseria y desempleo que viven los colombianos, y que cada día se agrava más
  2. El alto consumo que tienen estos usuarios
  3. El altísimo costo del servicio

El primer punto lo vivimos todos, los únicos que no lo sabían son los asesores y economistas de Harvard que ahora se rasgan las vestiduras (El Tiempo, 4 dic/05) cuando descubren que con el modelo de Álvaro Uribe los ricos siguen incrementando su riqueza y los pobres su miseria.

Miremos con más detalle los puntos 2 y 3:

Punto 2. Aunque parezca absurdo, los usuarios de los estratos bajos gastan más energía que los estratos altos, ¿porque? Sus instalaciones y equipos eléctricos son de mala calidad, muchos son de segunda, regalos de sus patrones cuando a ellos no les sirve, no tienen el mantenimiento adecuado, son de tecnología vieja (el motor demanda más energía) y no tienen dinero para reponerlos por unos más ahorradores.

El punto 3, el altísimo costo del servicio, es el de mayor impacto y la principal causa de esta situación. Veamos: a partir de la constitución del 91, con las leyes 142 y 143 de 1994, se implementó el modelo neoliberal en los servicios esenciales, volviéndolos un negocio, entregando estas empresas a los capitales multinacionales. El Estado, a través de las Comisiones de Regulación, reglamentó y adecuó las condiciones para que estos inversionistas tengan alta rentabilidad.

En cuadro adjunto se puede observar el costo del servicio de energía eléctrica para algunas empresas. Detállese que las tarifas fluctúan entre $ 212 (EPM) y $ 330 (CEDELCA).

En este artículo tomamos para el análisis la energía más barata, que es la de EPM, discriminando lo que cobra por el servicio público y los costos reales o netos que realmente deberían cobrarse.

Los costos reales no son inventados, se estiman con criterios técnicos, por ejemplo:

Generación, con la tarifa que tenían estas empresas por Kwh cuando “competían entre si” proyectados a la fecha, antes de cartelizarse.

Transmisión, se conocen los altos márgenes de ganancias de ISA y el alto costo de gastos de funcionamiento. (gráf. 1)

Si el Estado colombiano tuviera como razón de ser el beneficio del pueblo, la tarifa de energía valdría en Medellín $ 170.38; pero vale $ 212.28, es decir el 25% más cara, y comparada con el Cauca casi el doble.

¿Qué solicitamos?

La disminución y reducción inmediata de los altos márgenes de ganancia de estas empresas, estableciendo una sola tarifa a nivel nacional, con el costo real de las mismas

Que en las comisiones de regulación los expertos correspondan a profesionales de altos niveles técnicos, y comprometidos con la defensa de los intereses populares.

Supresión de las roscas politiqueras, corruptas y ineficientes que manejan las 14 empresas que son propiedad estatal (Ministerio de Hacienda), asignando gerentes con claro perfil técnico, nombrado por asociaciones de profesionales o a través de una verdadera meritocracia.

Abolir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y que el control de gestión de estas empresas, esté en las asociaciones de usuarios, vocales de control, con su participación en las juntas directivas de las empresas con voz y voto.

Crear programas efectivos de uso racional de energía en los estratos bajos. Que el Estado asuma y financie a largo plazo el arreglo de las instalaciones eléctricas, la reposición a bombillos eficientes, el cambio de electrodomésticos de alto consumo mensual, como las neveras, por aparatos eficientes. Esto ligado a una campaña cultural para su uso.

¿Cómo hacerlo?

El Congreso nacional de servicios públicos domiciliarios, optó como estrategia trabajar para que el Congreso de la República cambie o derogue las leyes 142 y 143. Cambiar las leyes y crear un nuevo marco jurídico y de legalidad, para los servicios públicos es una necesidad apremiante.

Pero el capital multinacional y sus aliados nacionales no van a soltar su presa de buenas a primeras. Corresponde a los afectados hacer consciente su problemática, haciendo artífice de su propio destino, o de lo contrario seguir en la penumbra.

En ese camino, es necesario formar activistas o líderes en servicios públicos, que con un conocimiento básico ayuden a confrontar las empresas, organizando, educando a los usuarios y acompañándolos en sus reclamos.

Al mismo tiempo, promover campañas de desobediencia civil al no pago de la factura, oponiéndose a las políticas empresariales.

Estimular y concretar movilizaciones de los usuarios. Proyectar y realizar foros en barrios, empresas y universidades.

Daniel Quintero